BIBLIOGRAFIA EN LA WEB SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2110) PRÓRROGAS FORZOSAS: CUANDO LA EXCEPCIÓN AMENAZA CON CONVERTIRSE EN REGLA. (La Resolución 377/2025 del Tribunal Català de Contractes reafirma el carácter restrictivo de la prórroga excepcional prevista en el artículo 29.4 LCSP.) José Miguel Muñoz Rivera. Noviembre 2025.

2109) EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA PRÓRROGA FORZOSA: LA NECESIDAD DE COMPENSAR EL COSTE REAL POR LA CONTINUIDAD SIN COBERTURA CONTRACTUAL. Diana Gordo Cano @DianaGordoC. Diciembre 2025.

2108) TELEFÓNICA VA A POR LANA, PERO SALE TRASQUILADA: PLANES DE IGUALDAD, «ARMA DE EXCLUSIÓN MASIVA» DE EMPRESAS LICITADORAS EN CONCURSOS PÚBLICOS. Cristóbal Molina Navarrete. Diciembre 2025.

2107) NO TODA MODIFICACIÓN ALTERA SU NATURALEZA GLOBAL. STJUE 16 DE OCTUBRE DE 2025. Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma. Noviembre 2025.

2106) CONTRATO MENOR: AUTO LIMITACIÓN DE USO Y PRESTACIONES RECURRENTES DE ESCASA CUANTÍA. Fernando Aradas García. @FerAradas. Noviembre 2025.

2105) LA DIVISIÓ EN LOTS I LA LIMITACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I L’ADJUDICACIÓ MÚLTIPLE (LA DIVISIÓN EN LOTES Y LA LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN MÚLTIPLE). Rosa Maldonado Camats. Noviembre 2025.

2104) LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. (La cesión obligatoria de derechos en los contratos públicos: implicaciones del artículo 308.1 LCSP y los límites a la protección moral del autor.) José Miguel Muñoz Rivera. Octubre 2025.

2103) LAS BONDADES DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN. M. P. Batet. @mpbatet. Noviembre 2025.

2102) EL ARTE (Y EL RIESGO) DE MODIFICAR LA ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Un análisis a la luz de la Resolución nº 1178/2021 del TACRC y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.) José Miguel Muñoz Rivera. Octubre 2025.

2101) LA IMPORTANCIA DEL DESGLOSE DE COSTES: UNA ADVERTENCIA SERIA PARA LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN. Diana Gordo Cano @DianaGordoC. Noviembre 2025.

 NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1389.- 02/02/26.- NUEVA ORDEN MINISTERIAL PERMITIRÁ INCLUIR OBRAS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN DETERMINADOS SUBGRUPOS PARA LA OBTENCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS.  La Orden Ministerial HAC/34/2026,, aprobada a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, tras analizar el bajo volumen de licitaciones y el escaso número de empresas clasificadas en ciertos subgrupos de obras, aprueba la relación de subgrupos de clasificación -que figura en el anexo de la Orden- para los que, exclusivamente a efectos de acreditar la experiencia (solvencia técnica) para obtener la clasificación, se considerará la obra ejecutada en los diez años anteriores al inicio del procedimiento de clasificación o revisión, más la ejecutada en el año en curso (en lugar del plazo general de cinco años). El objetivo es garantizar un nivel adecuado de competencia, incrementar la concurrencia y facilitar el acceso de más empresas (especialmente pymes) a las licitaciones en esos subgrupos. La disposición final primera establece que la norma constituye normativa básica al amparo… Continuar leyendo -incluida nota crítica- y acceder al texto de la O.M.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO C-812/24

USO DE MEDIOS DE UNA FILIAL ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADA: HAY RECURSO A CAPACIDADES AJENAS Y EL DEUC ES SUBSANABLE

En el presente asunto, en Portugal, una empresa presenta oferta a un contrato para el que contará con una empresa filial participada por ella al 100%. En base a esta circunstancia no presenta declaración de subcontratación ni declaración de compromiso por parte de la empresa filial, así como tampoco el DEUC de esta última. Esta licitadora es clasificada en primer lugar. Un competidor impugna la clasificación considerando que, en base a los hechos relatados, la empresa clasificada en primer lugar debió ser excluida.

Las cuestiones prejudiciales que se plantean ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto son las siguientes:

1) ¿Debe interpretarse el artículo 63, apartado 1, de la Directiva [2014/24] en el sentido de que constituye un “recurso a las capacidades de otras entidades” una situación en la que un operador económico desea hacer uso, en la ejecución de un contrato, del equipamiento de una empresa (persona jurídica independiente) cuyo capital social posee al 100 % y en la que uno de los administradores es también administrador del operador económico?

2) Si se considera cumplido el requisito normativo relativo al recurso a las capacidades de otras entidades, ¿Debe sancionarse con la exclusión del procedimiento de contratación el hecho de que el operador económico no presente, junto con la oferta, el [DEUC] de la empresa que posee al 100 %?

La respuesta del TJUE a estas cuestiones se establece en los siguientes términos: …. Continuar leyendo y acceder a la sentencia. 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

STS 4310/2025 (Sentencia 1226/2025) – ECLI:ES:TS:2025:4310 (Ref.- S0254)

DATOS: Fecha: 01-10-2025. / Ley vigente: LCSP y Ley de Seguridad. / Aplicable a: Servicios de seguridad

LA SUBCONTRATACIÓN NO SUPLE LA FALTA DE HABILITACIÓN PROFESIONAL DEL CONTRATISTA PRINCIPAL EN LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD PRIVADA

En el presente asunto la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si, en el marco de la adjudicación de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, es posible la subcontratación de determinados servicios de seguridad, siempre que la empresa subcontratada disponga de la habilitación necesaria al efecto, cuando la empresa contratista principal carezca de la habilitación profesional legalmente exigida para realizar las prestaciones objeto de aquella subcontratación.

Se identifica como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, las contenidas en los artículos 65.2 y 140.4 en relación con el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y los artículos 18 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y 2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada en relación con el artículo 14.3 del mismo reglamento.

La cuestión parte de una resolución del TACP de Canarias, quién acorde con la doctrina del TACRC consideró que es plenamente ajustado a la normativa en vigor con relación a la contratación de servicios de vigilancia privada, el realizarla con una empresa habilitada como tal aun cuando no tenga la autorización específica para alguna de las actividades incluidas en la prestación siempre que estas se desarrollen por una empresa subcontratada que si cuente con ella.

Tal Resolución fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quién estimo el recurso considerando que para realizar todas y cada una de las prestaciones que integran el objeto del contrato no es suficiente con la inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada, sino que además la licitadora debe contar con habilitación legal para todas y cada una de tales prestaciones. Esto es un requisito legal que,… Continuar leyendo y acceder a la sentencia. 

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1388.- 23/01/26.- EL OBCP PROPONE SUSTITUIR LAS DIRECTIVAS DE 2014 POR UN REGLAMENTO EUROPEO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. El Observatorio de Contratación Pública ha publicado una propuesta integral para reformar la contratación pública europea en el marco de la consulta de la Comisión Europea sobre las Directivas de 2014. El informe sostiene que la contratación pública debe pasar de ser un procedimiento administrativo a una herramienta estratégica de inversión, dada su relevancia económica. Critica el agotamiento del modelo basado en Directivas por la fragmentación normativa, la burocracia y el predominio del precio. Como eje central, propone sustituirlas por un Reglamento europeo de aplicación directa, reforzar los principios de buena administración y resultado, regular de forma específica la colaboración público-privada y establecer un régimen singular para la contratación sanitaria centrado en el valor clínico. Acceder al informe completo a partir de este enlace.

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BIBLIOGRAFIA EN LA RED SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2100) EL PRINCIPI D’UNITAT D’OBRA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. (EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE OBRA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA). Élia Vilaseca Arqués. Octubre 2025.

2099) LA INCOMPATIBILIDAD DEL LICITADOR DEL ARTÍCULO 70 LCSP Y SU INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS. Mª Luisa Marabotto. Octubre 2025.

2098) LA RECOMENDACIÓN DE LA JCCPE SOBRE EL ARTÍCULO 68 LCSP: ENTRE LA PRUDENCIA INTERPRETATIVA Y EL VACÍO NORMATIVO EUROPEO. José Miguel Muñoz Rivera. Octubre 2025.

2097) EL PRECIO COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS. Julio González García. @jvglezgarcia. Octubre 2025.

2096) LA RESOLUCIÓN TACRC 1530/2025 VALIDA “HEREDAR» LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA TRAS UNA ESCISIÓN. Diana Gordo Cano @DianaGordoC. Noviembre 2025.

2095) ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: ¿DERECHO A OBTENER COPIA? ¿DERECHO AL ACCESO TELEMÁTICO DEL MISMO? ¿ES POSIBLE LIMITAR EL ACCESO A SOLO PRESENCIAL? José Miguel Muñoz Rivera. Junio 2025.

2094) CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PREVISIÓN DE PRÓRROGA Y DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Fernando Aradas García. @FerAradas. Octubre 2025.

2093) LA IMPOSIBILIDAD DE SUBCONTRATAR SIN HABILITACIÓN PROFESIONAL: LÍMITES A LA INTEGRACIÓN DE LA APTITUD EMPRESARIAL. Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma. Octubre 2025.

2092) ¿QUÉ RECURSOS SE PUEDEN INTERPONER FRENTE A UN ANUNCIO DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA? Administrativando abogados. @Admiabogados. Noviembre 2025.

2091) ¿QUÉ RECURSOS CABEN FRENTE A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO? Administrativando abogados. @Admiabogados. Noviembre 2025.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO C-692/23

EL TJUE ENDURECE EL “IN HOUSE” CONJUNTO: EL 80 % SE MIDE SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL GRUPO.

La petición prejudicial se centra en la interpretación del art. 12.3.b) [«Artículo 12 Contratos públicos entre entidades del sector público (…) 3. Un poder adjudicador que no ejerza sobre una persona jurídica de Derecho público o privado un control en el sentido del apartado 1 podrá, no obstante, adjudicar un contrato público a dicha persona jurídica sin aplicar la presente Directiva si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes: (…) b) que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que la controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores;»]  y 12.5 [«5. Para determinar el porcentaje de actividades al que se hace referencia en el apartado 1, párrafo primero, letra b), en el apartado 3, párrafo primero, letra b), y en el apartado 4, letra c), se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados por la persona jurídica o el poder adjudicador considerado en relación con servicios, suministros y obras en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato. (…)»] de la Directiva 2014/24/UE, en particular del requisito de que la entidad controlada dedique más del 80 % de sus actividades a los cometidos encomendados por los poderes adjudicadores que la controlan. El litigio surge porque AVR (empresa privada) impugna la adjudicación directa de contratos de recogida y tratamiento de residuos domésticos no reciclables a entidades controladas conjuntamente por otros entes públicos (BAR, municipios BAR, Irado y AF). El artículo 12.3 de la Directiva 2014/24, permite la adjudicación directa bajo control conjunto si concurren control análogo, el umbral de actividad del 80 % y la ausencia de capital privado directo, y el art. 12.5 fija que dicho umbral se calcule, entre otros criterios, por el promedio del volumen de negocios. En los hechos, consta que la entidad pública AF cuya finalidad es el tratamiento de residuos, es la sociedad matriz de un grupo cuyas filiales desarrollan también actividades en el mercado; AF elabora cuentas consolidadas e integra el volumen de negocios del grupo y, además, explota un vertedero por encargo municipal en el que se depositan residuos no domésticos. La cuestión decisiva es determinar cuál es el volumen de negocios que debe tomarse en consideración para el umbral del 80 % cuando la entidad controlada es matriz de un grupo: … Continuar leyendo el resumen y acceder a la sentencia.

 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

STS 5965/2025 (Sentencia 1672/2025) – ECLI:ES:TS:2025:5965 (Ref.- S0253)

DATOS: Fecha: 17-12-2025. / Ley vigente: TRLCAP a LCSP 2007. / Aplicable a: Todos los contratos (especialmente referido al de servicios)

NO CABE QUE LA ADMINISTRACIÓN ALEGUE PRESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA CUANDO SU PROPIA INACTIVIDAD IMPIDE FORMALIZAR LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS

El Tribunal Supremo establece que en los contratos administrativos de servicios, el plazo de prescripción para reclamar el pago no comienza con la mera finalización material de la prestación, sino desde la completa extinción de la relación contractual mediante actos concluyentes de la Administración.

Basándose en su jurisprudencia consolidada sobre contratos de obras, el Tribunal fija como “dies a quo” del plazo de prescripción: (i) la liquidación definitiva del contrato cuando ésta existe; (ii) en ausencia de liquidación formal, cuando se produzcan actos concluyentes de la Administración que evidencien el fin de la relación contractual, siendo el más característico la devolución de las garantías definitivas.

La sentencia critica la interpretación literal del artículo 25 LGP que haría prescribir derechos del contratista mientras la Administración mantiene intactos los suyos, aplicando prescripción a favor de quien impide con su inactividad la terminación formal del contrato. El Supremo subraya que el artículo 110 del TRLCAP (aplicable al caso) (Ídem artículo 210 de la actual LCSP) exige con carácter general un acto formal y positivo de recepción o conformidad para constatar el cumplimiento, no solo en contratos de obras sino también en servicios.

La doctrina rechaza que se trate de contratos de tracto sucesivo donde cada prestación genere prescripciones independientes,… Continuar leyendo el resumen y acceder a la sentencia.

BIBLIOGRAFIA EN LA RED SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2090) MEDIOS PROPIOS, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA. Julio González García. @jvglezgarcia. Septiembre 2025.

2089) CONTRATO MENOR: PREVISIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN Y LA CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PRESTACIONES SIMILARES O IDÉNTICAS. Fernando Aradas García. @FerAradas. Septiembre 2025.

2088) UN PRONUNCIAMIENTO CLAVE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71.1.D DE LA LCSP (RESOLUCIÓN 268/2025 -PLANES DE IGUALDAD-). José Miguel Muñoz Rivera. Septiembre 2025.

2087) VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, ¿DERECHO O DEBER DEL LICITADOR? José Miguel Muñoz Rivera. Septiembre 2025.

2086) ABAST DE LA PRERROGATIVA D’INTERPRETACIÓ I DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DELS CONTRACTES (ALCANCE DE LA PRERROGATIVA DE INTERPRETACIÓN Y DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LOS CONTRATOS). Rosa Maldonado Camats. Septiembre 2025.

2085) ¿OBLIGATORIEDAD DE PREVER EL 10% ADICIONAL POR INCREMENTOS DE UNIDADES EN EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DE PRACTICAR RETENCIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DEL ART. 301.2 LCSP? Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma. Septiembre 2025.

2084) DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO EN CONTRATOS DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA: ¿RESERVA DE ACTIVIDAD A ARQUITECTOS SUPERIORES O MONOPOLIO COMPETENCIAL? Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma. Agosto 2025.

2083) A VUELTAS CON LA VIGENCIA DE LOS PLANES DE IGUALDAD. ¿PUEDE PACTARSE LA ULTRAACTIVIDAD? A PROPÓSITO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE 16 DE OCTUBRE DE 2025. Patricia Nieto Rojas. Noviembre 2025.

2082) EL RÉGIMEN SOLIDARIO DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS EN LA UTE: LA RESOLUCIÓN NÚMERO 311/2025 DEL TACP DE MADRID. (La exigencia de responsabilidad solidaria como requisito esencial para la validez de las garantías en los procesos de licitación pública.) José Miguel Muñoz Rivera. Septiembre 2025.

 2081) AVISO A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN: LOS TRIBUNALES AVALAN EXIGIR EXPERIENCIA PROFESIONAL AL EQUIPO QUE PRESTARÁ EL SERVICIO. Diana Gordo Cano @DianaGordoC. Octubre 2025.

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NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1387.- 02/01/26.– PUBLICADO EN EL BOE EL TIPO LEGAL DE INTERÉS DE DEMORA APLICABLE A LAS OPERACIONES COMERCIALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2026. El BOE del pasado 28 de junio de 2025, ha publicado la Resolución de 25 de junio de 2025, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre del año 2026 (Ver aquí), fijándolo en el 10,15 por 100, esto es, igual tipo de interés que el señalado para el segundo semestre de 2025, 1 punto por debajo del establecido para el primer semestre del 2025 (11,15%),  2,10 puntos por debajo del señalado para el segundo semestre de 2024 (12,25 %), y 2,35 puntos por debajo del señalado para el primer semestre del año 2024 (12,50 %). Cabe recordar que este, es el tipo de interés aplicable a los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, esto es, por ejemplo, el índice que se emplea para determinar la cuantía de los intereses que debe abonar una entidad pública en el supuesto de demora en el pago de las cantidades que le son facturadas por el contratista en un contrato sujeto a la normativa de contratación.

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