JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Asunto C-568/24

DOCTRINA DEL TJUE SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA MENCIÓN «O EQUIVALENTE»

PLANTEAMIENTO: Un hospital (rumano) licitó un robot quirúrgico exigiendo, mediante especificaciones técnicas, que fuera de tipo modular y móvil, con determinados requisitos de peso, ocupación del suelo y disposición de brazos, sin incluir la mención «o equivalente». Un proveedor de robots de tipo monobloque impugnó dichas especificaciones por restrictivas y discriminatorias. El tribunal nacional planteó al TJUE diversas cuestiones prejudiciales que fueron respondidas en el sentido siguiente:

DOCTRINA DEL TJUE: 1. Transparencia e igualdad de trato (arts. 18.1, 42.1-2 y 49 Directiva 2014/24): Los principios de transparencia e igualdad de trato no obligan al poder adjudicador a justificar objetivamente las especificaciones técnicas en el propio anuncio de licitación ni en los pliegos. El principio de transparencia solo exige que la documentación sea clara, precisa e inequívoca, de modo que los licitadores puedan comprender su alcance. La obligación de justificación está vinculada al principio de proporcionalidad —que el grado de detalle sea necesario para alcanzar los objetivos perseguidos— pero puede hacerse valer con posterioridad, incluso en vía contenciosa. Exigir motivación sistemática en el momento de la publicación impondría una carga administrativa desproporcionada e invadiría el amplio margen de apreciación del poder adjudicador. El legislador de la UE solo ha impuesto esa obligación de motivar en pliegos cuando lo ha querido expresamente (p. ej., decisión de no dividir en lotes, art. 46).

2. Especificaciones técnicas y mención «o equivalente»…. Continuar leyendo y acceder a la sentencia.

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1395.- 14/04/2026.- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OTRAS LEYES CON INCIDENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA POR LA LEY 1/2026, DE 8 DE ABRIL, INTEGRAL DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. El día 9 de abril de 2026 se ha publicado en el BOE esta Ley, que pretende actualizar el marco normativo de la economía social, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales.

Por lo que se refiere a la contratación pública, por una parte, la disposición final segunda modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), relativa a los contratos reservados, incrementando el porcentaje de reserva en los contratos de ámbito estatal del 10% actual al 15%.

En el apartado 3 se añade….Continuar leyendo. 

BIBLIOGRAFIA EN LA WEB SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2130) IMPOSIBILIDAD DE DESISTIR DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CUANDO LAS CAUSAS ESTÁN PREVISTAS EN LOS PLIEGOS. José Miguel Muñoz Rivera. Febrero 2026.

2129) LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: GUÍA COMPLETA SOBRE ACOPIO DE MATERIALES. Legalcor. ¿?

2128) A VUELTAS CON EL INFORME JURÍDICO PRECEPTIVO (O NO) EN LOS CONTRATOS MENORES. Concepción Campos Acuña. @mccamposacunha. ¿Enero 2026?

2127) ADJUDICACIÓN DIRECTA EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: LÍMITES Y REQUISITOS. LIFE Sector Público. Noviembre 2025.

2126) MODIFICADOS DE OBRA; USO Y ABUSO por @javierLafuente14. Diciembre 2025 2026

2125) EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA CONFORME A DERECHO LA RESERVA DE CONTRATOS A FAVOR DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL EN LA LCSP. José Antonio Moreno Molina. Octubre 2025.

2124) LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL SI PUEDE SER UN CRITERIO AUTOMÁTICO. Diana Gordo Cano @DianaGordoC. Diciembre 2025.

2123) LAS MEJORAS COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. José Miguel Muñoz Rivera. Febrero 2026.

2122) ANULACIÓN DE CONTRATO. EFECTOS Y CONSECUENCIAS. Fernando Aradas García. @FerAradas. Febrero 2026.

2121) COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y SANIDAD. Julio González García. @jvglezgarcia. Diciembre 2025.

ACCEDER A ESTAS Y OTROS 2120 ENTRADAS ORDENADAS TEMÁTICAMENTE

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Roj: STS 881/2026 – Sentencia 206/2026 – ECLI:ES:TS:2026:881 (Ref.- S0258)

DATOS: Fecha: 23-02-2026. / Normativa de referencia: LCSP. / Aplicable a: Todos los contratos.

SI SE EXCLUYE UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA, HAY QUE PROCEDER A RECALCULAR LAS PUNTUACIONES

La cuestión casacional planteada era determinar, una vez apreciada y excluida una oferta anormalmente baja (art. 149 LCSP), si procede:

(i) Limitarse a adjudicar al siguiente licitador según el orden de la clasificación inicial (tesis recurrente: clasificación única e inmodificable), o

(ii) Realizar una nueva valoración de las ofertas económicas restantes (recalculando las puntuaciones) y efectuar una nueva clasificación con todos los criterios del pliego (tesis de la sentencia recurrida y ahora consolidada por el TS).

La doctrina jurisprudencial finalmente fijada por el Tribunal Supremo (Fundamento Cuarto) señala que cuando el pliego establece criterios múltiples (no solo el precio) y la puntuación de la oferta económica depende de la oferta más baja (puntos máximos a la más baja + puntuación proporcional al resto), los arts. 149.6 y 150.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) deben interpretarse en el sentido de que es conforme a Derecho:

1º) Realizar una primera valoración económica de todas las ofertas presentadas únicamente para detectar si alguna incurre en presunción de anormalidad y tramitar el procedimiento del art. 149 LCSP (esta valoración inicial no equivale a la “clasificación” del art. 150.1).

2º) Si se excluye la oferta anormalmente baja,… Continuar leyendo y acceder a la sentencia. 

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1394.- 25/03/26.- MODIFICADA LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incorpora a la Ley una nueva DA 57.ª que crea un régimen especial para concesiones destinadas a vivienda social o a precios asequibles sobre suelo o inmuebles públicos. Estos contratos siguen la regulación general de concesión de obras/servicios, pero con importantes salvedades. Se permite un plazo máximo de hasta 80 años, vinculado al período de recuperación de la inversión. La Administración no tiene que redactar anteproyecto ni proyecto (arts. 248 y 249). El órgano de contratación aprueba un estudio de viabilidad económico‑financiera sin información pública ni informes preceptivos de la ONE ni del Comité de Precios;… Continuar leyendo y acceder al Real Decreto-ley. 

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1393.- 23/03/26.- GUÍAS FACILES PARA ENTEDER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. La herramienta “Guías fáciles CSP” ofrece una introducción clara y estructurada a la contratación pública, orientada a facilitar la comprensión de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público desde un enfoque práctico y accesible. Su objetivo es simplificar conceptos complejos mediante explicaciones directas, organizadas de forma progresiva.

Las guías abordan los elementos esenciales del sistema: tipos de contratos, umbrales SARA, cálculo del valor estimado, presupuesto base de licitación y precio del contrato. Asimismo, explican los requisitos de solvencia, la clasificación empresarial y la adscripción de medios. Se analizan también los principales procedimientos de adjudicación (abierto, simplificado, restringido, negociado), junto con cuestiones clave de ejecución, garantías, duración y modificaciones contractuales.

El contenido se presenta en distintos formatos (web, PDF, audio y vídeo),…,Continuar leyendo y acceder a las guías.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Asunto C-210/24

EL TJUE AVALA LOS INCREMENTOS SALARIALES COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN EN CONTRATOS PÚBLICOS

Resuelve esta sentencia una cuestión prejudicial planteada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) en relación con la legalidad de un criterio de adjudicación basado en el incremento de la masa salarial del personal adscrito al contrato.

El litigio trae causa de un contrato de servicios de ayuda a domicilio, con valor inferior a los umbrales de la Directiva 2014/24/UE, pero al que la normativa española (LCSP) extiende la aplicación de dicha Directiva. El pliego otorgaba hasta 40 puntos a las ofertas que propusieran aumentos salariales por encima del convenio sectorial, imponiendo además al adjudicatario la obligación de concretar esos incrementos mediante negociación colectiva y formalizar un convenio de empresa.

En primer lugar, el TJUE declara la admisibilidad de la cuestión prejudicial, pese a tratarse de un contrato no sujeto directamente a la Directiva, al existir un interés de la Unión en garantizar una interpretación uniforme cuando el Derecho nacional remite a la normativa europea.

En cuanto al fondo, el Tribunal analiza el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE, relativo a la identificación de la oferta económicamente más ventajosa. Subraya que la Directiva permite incluir criterios sociales, siempre que estén vinculados al objeto del contrato.

El TJUE adopta… Continuar leyendo y acceder a la sentencia.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Roj: STS 6080/2025 – Sentencia 1716/2025 – ECLI:ES:TS:2025:6080 (Ref.- S0257)

DATOS: Fecha: 23-12-2025. / Normativa de referencia: LCSP. / Aplicable a: Todos los contratos.

LA PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN FINAL CONOCIDA POR EL CONTRATISTA INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN.

Resuelve aquí el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el contratista -una UTE- de una obra contra la sentencia del TSJ del País Vasco que confirmó la resolución administrativa por la que se aprobó la certificación final de obra civil, con saldo favorable a la Administración por importe aproximado de 3,4 millones de euros.

El litigio se centra en la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el contrato y reconocer un saldo a su favor en la certificación final de obra (CFO). La UTE contratista sostenía que dicho derecho había prescrito, fijando como dies a quo la fecha de recepción de la obra (28 de abril de 2015) y negando eficacia interruptiva a determinadas actuaciones administrativas previas a la aprobación formal de la certificación.

El Tribunal Supremo confirma, en primer lugar, que el plazo de prescripción aplicable es el de cuatro años previsto en el artículo 44.2.a) del Decreto Legislativo 1/1997, Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, al tratarse del ejercicio de una potestad administrativa de reconocimiento o liquidación de un derecho de naturaleza pública. Rechaza la aplicación supletoria de los plazos civiles.

En cuanto al dies a quo, la Sala declara que el cómputo debe iniciarse desde la recepción de la obra, como hito que permite a la Administración proceder a su medición y certificación final, descartando que el plazo comience con la liquidación definitiva o con la oposición del contratista al saldo.

La cuestión casacional se concreta en determinar si la comunicación de una propuesta de certificación final a ADIF puesta en conocimiento del contratista, tiene eficacia interruptiva del plazo de prescripción conforme al artículo 44.3.a) del citado Texto Refundido… Continuar leyendo y acceder a la sentencia. 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Roj: STS 395/2026 -Sentencia 72/2026- ECLI:ES:TS:2026:395. (Ref.- S0256)

DATOS: Fecha: 28-01-2026. / Normativa de referencia: LCSP y Directivas comunitarias. / Aplicable a: Todos los contratos.

LA EXCLUSIÓN DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA CONTRATACIÓN RESERVADA NO VULNERA LA DIRECTIVA 2014/24/UE.

Se resuelve aquí el recurso de casación interpuesto por CONACEE y CETIP contra la sentencia del TSJ de Cataluña que confirmó el Acuerdo del Govern de 3 de julio de 2018, por el que se fijaba el porcentaje de contratación reservada a favor de Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social, excluyendo a los CEE de iniciativa empresarial.

La cuestión con interés casacional consistía en determinar si la disposición adicional cuarta y la disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), al reservar contratos exclusivamente a CEE de iniciativa social, vulneran los principios de igualdad de trato y proporcionalidad del artículo 18.1 de la Directiva 2014/24/UE, en relación con su artículo 20, tal como fue interpretado por la STJUE de 6 de octubre de 2021 (C-598/19).

Las entidades recurrentes sostenían que el legislador español había introducido un requisito adicional no previsto en el artículo 20 de la Directiva —la exigencia de “iniciativa social”— que excluye a operadores que cumplen el umbral mínimo del 30 % de trabajadores con discapacidad y cuya plantilla, en el caso español, alcanza al menos el 70 %, conforme al artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Alegaban vulneración de los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la Unión, así como discriminación y desproporción al basarse la exclusión en la forma jurídica o en la existencia de ánimo de lucro. Continuar leyendo y acceder a otras sentencias e hiperenlaces. 

NOTA PREVIA: Se ha publicado ya la sentencia del Tribunal Constitucional a la que hacíamos referencia en nuestra noticia Ref.- 1390. Puedes acceder a la misma a partir de la noticia cliqueando aquí.

NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1392.- 27/02/26.- LA CNMC PROPONE REFORZAR LA COMPETENCIA Y PREVENIR COLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EUROPEA.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica sus propuestas para la revisión de las Directivas de contratación pública de la Unión Europea con el objetivo de incrementar la competencia en los procesos de licitación y prevenir prácticas anticompetitivas detectadas en estudios recientes como el del Tribunal de Cuentas Europeo, que muestran una disminución de participantes y un aumento de procedimientos con un único licitador. Su enfoque se articula en tres pilares: (…) Continuar leyendo y acceder a resumen y documentación.