NOTICIAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. AÑO 2020.

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1113_22/10/20.CONSULTA VINCULANTE D.G.T. ¿LAS CANTIDADES QUE ABONE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE DESISTIMIENTO O NO INICIO DEL CONTRATO, ESTÁN SUJETAS A IVA? Nos hacemos eco de esta consulta vinculante de 27/05/20 a la Dirección General de Tributos. En este supuesto, el ayuntamiento consultante plantea la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de las cantidades satisfechas a los contratistas al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de suministro, en caso de desistimiento de la Administración antes del inicio del suministro o de suspensión del inicio por plazo superior a cuatro meses, de acuerdo con el artículo 306.a) de la Ley 9/2017, así como también en los casos de desistimiento una vez iniciada la ejecución o en caso de suspensión por plazo superior a ocho meses, según el artículo 306.b de la Ley 9/2017. En los mismos términos para los contratos de servicios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 313.1.a), b) y c) en relación con el artículo 313.3 de la ley 9/2017, y para los contratos de obras en el artículo 246, apartados tercero y cuarto de la misma ley 9/2017. Concluye sobre esta cuestión la D.G.T. señalando que: “…parece que las cantidades percibidas por el contratista en los diferentes supuestos consultados no suponen la contraprestación de unos servicios sujetos al Impuesto sino una indemnización de daños y perjuicios, que está no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.” Acceder aquí a la Consulta.

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1112_15/10/20.- PUBLICADA LA MEMORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2019. Tras ocho años de funcionamiento, la Memoria de actividades del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid tiene por objeto dar cuenta de su actividad durante el año 2019, y del cumplimiento de los objetivos que legalmente le corresponden, así como de las propuestas de actuación para el futuro. Documento de 44 páginas. Acceder aquí a la Memoria 2019.

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1111_14/10/20.- DIEZ PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA ANALIZANDO DIVERSOS ASPECTOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Aunque a alguna ya habíamos hecho singular referencia con anterioridad, hemos “descubierto” diversas publicaciones de la Unión Europea -en formato pdf- respecto a concretos aspectos de la contratación pública. No todas son actuales, pero si todas posteriores a la aprobación de las directivas europeas de contratación del año 2014. La mayor parte de ellas sólo se encuentran disponibles en inglés, pero todas ellas abordan aspectos interesantes en materia de contratos públicos. Os los ofrecemos ordenadas por fecha de publicación:

1º) 2020. HACER QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE FUNCIONE. 71 CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS. Ingles.

2º) 2020. COMPRAR POR IMPACTO SOCIAL. BUENAS PRÁCTICAS EN TODA LA UE. Inglés.

3º) 2019. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA DE LA UE PARA EL TRANSPORTE. INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE CRITERIOS. Inglés.

4º) 2019. MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Inglés.

5º) 2018. COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE DE ALIMENTOS. Inglés.

6º) 2017. APOYO DE LA POLÍTICA DEL MERCADO INTERIOR PARA EL CRECIMIENTO. ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE LA APLICACIÓN REAL DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA TRANSFRONTERIZA CONJUNTA POR PARTE DE COMPRADORES PÚBLICOS DE DIFERENTES ESTADOS MIEMBROS. Inglés.

7º) 2017. CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES. TEMA 8, FINANZAS PÚBLICAS, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS DE LA UE. Ingles.

8º) 2016. BALANCE DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, LOS SISTEMAS Y LAS PRÁCTICAS EN TODA LA UE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA QUE PARTICIPAN LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (ESI). Inglés.

9º) 2015. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Inglés, castellano y otros.

10º) 2014. OPORTUNIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PÚBLICA EN LOS SECTORES RELACIONADOS CON LAS TIC EN EUROPA. Inglés.

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1110_09/10/20.- SEIS COMUNICACIONES, RESOLUCIONES Y DICTÁMENES DE LA COMISIÓN Y EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES, CON INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. El día 23 de septiembre de 2020 la Comisión ha publicado la siguiente Comunicación: 1º) Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (COM (2020) 609 final).

Por otro lado, el día 1 de octubre de 2020 se han publicado en el DOUE, entre otras, las siguientes resoluciones y dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: 2º) Resolución del Comité Europeo de las Regiones – Marco financiero plurianual revisado y Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (2020 / C 324/01); 3º) Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre «Las prioridad del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025 Acercar Europa a sobre Ciudadanos a través de sobre pueblos, sobre ciudades y sus regiones» (2020 / C 324/02); 4º) Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la «Aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC): la perspectiva regional y local» (2020 / C 324/04); 5º) Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Hacia una hoja de ruta para un hidrógeno limpio – Contribución de los entendido locales y regionales a una Europa climáticamente neutra (2020 / C 324/07); 6º) Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Intensificar la actuaciones de la UE para Proteger y restaurar los bosques del mundo (2020 / C 324/08).

Para ver la relación de estos instrumentos con la contratación pública y acceder a los mismos, cliquear aquí en la fuente de la noticia -Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña-.

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1109_08/10/20.- SE CONFIRMA LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. PRIMERAS REACCIONES AL ANUNCIO. Tal y como adelantamos el pasado día 5 de octubre (Noticias, Ref.- 1108), el Presidente del Gobierno anuncio ayer miércoles, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, con el que se guiara la ejecución hasta 2023 de 72.000 millones de euros provenientes de fondos europeos, que trabajan en un real decreto ley para eliminar todos los cuellos de botella y trabas administrativas” actuales: “Vamos a modificar aquellos aspectos, por ejemplo, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley General de Subvenciones o de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”. 

El denominado Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras, y aunque todas ellas pueden incidir en la contratación pública, entendemos que será a través de la segunda de ellas, que recibirá un 12% de los recursos, y que se centra en impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, con la que se pretenderá dar nuevo impulso a la contratación pública, tan deteriorada en su niveles de inversión en el presente año. (Ver aquí nota de prensa de La Moncloa / Ver aquí información periodística).

A esta misma cuestión se refirió posteriormente la Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quién además, anunció la aprobación de una nueva Ley para modernizar la Administración y mejorar la coordinación con las comunidades. Calvo ha explicado que el Gobierno aprobará esta nueva ley mediante un real decreto, dado que lo considera urgente, pero ha garantizado que posteriormente se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios. (Ver aquí). [Nota: Dado el contenido de la información, hemos de suponer que la Ley de la Administración que señala la noticia, se refiere a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.]

Ha habido ya una primera reacción ante la anunciada modificación de las leyes de contratación pública y subvenciones por parte del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes han reclamado  que se garantice el control del gasto público asociado a los fondos europeos de recuperación. En un comunicado, la asociación ve “imprescindible” este control, que a su juicio pasa por reforzar instituciones como la Intervención General del Estado (IGAE) y suspender la externalización de auditorías.(Ver información periodística).

[Nota/Añadido (12:00 h.). Véase este artículo de José María Gimeno Feliu en OBCP, en el que aboga, NO por una modificación de la LCSP, sino por dictar una Ley singular para la contratación de estos proyectos financiados por Europa].

1108_05/10/20.- SE APUNTA UNA INMEDIATA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO CON EL FIN DE GESTIONAR DE MODO MÁS ÁGIL LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN EUROPEA QUE RECIBIRÁ ESPAÑA. Durante estos últimos tres meses, hemos dado cuenta de la tramitación que se sigue en el Congreso de los Diputados  con la finalidad -entre otras- de introducir modificaciones en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (Ver aquí -entradas 1092 y 1091-). Así mismo nos hemos hecho eco de la publicación en el BOE de una modificación de la Ley de contratación pública que no ha sido tal (Ver aquí referencia 1105), pues ya se encontraba modificada por el Real Decreto-Ley 16/2020 de 29 de abril, posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados.

Pues bien, con ocasión de la intervención del presidente del Gobierno en la clausura del II Foro La Toja-Vínculo Atlántico, el pasado 3 de octubre, Pedro Sánchez anunció (Véase este vídeo, minuto 18:10 y siguientes, o léase aquí la transcripción de la conferencia  -página 8-), que con la finalidad de facilitar la gestión de los fondos provenientes del Fondo de Recuperación Europea, se darán a conocer este miércoles 7 de octubre las líneas maestras del Plan de Recuperación y Resiliencia que España negociará con la Unión Europea, así como los programas principales del Fondo de recuperación europeo. Entre esas actuaciones anunció ya la próxima aprobación mediante un Real Decreto Ley, de aquellas medidas que eliminarán las principales barreras legales y operativas de la administración para gestionar los fondos europeos con eficacia y poder facilitar la absorción de esos fondos (Véase esta nota de prensa de La Moncloa).  Tales medidas, sin duda, hacen referencia -entre otros aspectos- a la simplificación de trámites en la contratación pública. A ese respecto el diario El Confidencial bajo el título El Gobierno agilizará la contratación pública para no perder parte de los fondos de la UE, da cuenta de la intención del Gobierno de introducir modificaciones normativas que agilicen tanto los procedimientos de licitación pública como la ejecución de los contratos. El citado artículo recoge la opinión de la patronal CEOE y de expertos en la materia (Javier Vázquez Matilla –@Javiervazquezma– y Elisa de la Nuez). (Acceder aquí o aquí a la noticia de El Confidencial), sobre el camino que debe orientar esta reforma de la Ley.

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1107_01/10/20.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMNISTRATIVA DE CATALUÑA (2018) Y DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN (2018-2019). Tratándose de memoria de actividades, no incluye ninguna de las dos un extracto de la doctrina de estos órganos, pero resulta de interés los datos estadísticos y otras referencias de actividad que ofrecen. Acceder aquí a la Memoria Anual 2019 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa; / Acceder aquí a la Memoria 2018-19 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

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1106_24/09/20.- TRES DICTÁMENES DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. El día 18 de septiembre de 2020 se han publicado en el DOUE, los siguientes dictámenes del CESE, que incluyen contenidos relacionados con la contratación pública:

1º) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un mercado único para todos» (2020 / C 311/02).

2º) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2020 (2020 / C 311/05).

3º) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Plan de Inversiones para una Europa Sostenible – Plan de Inversiones del Pacto verde Europeo (2020 / C 311/09).

Para ver la relación de estos dictámenes con la contratación pública y acceder a los mismo, cliquear aquí en la fuente de la noticia (JCCA de Cataluña).

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1105_20/09/20.- MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP): LO QUE APARECE Y NO ES (ERRORES), Y LO QUE SE ESCONDE Y PUEDE SER (CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS). Ayer sábado se publicó en el BOE la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Su contenido es de sumo interés en el ámbito que su título indica, pero va más allá de la contratación pública objeto de nuestra web. Ahora bien, respecto a la contratación pública hay tres notas (dos de ellas errores) a destacar:

Primera. – Supuesta modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Señala el Preámbulo de la Ley que: “Con la disposición final séptima se introduce una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.” Lo cierto es que no existe tal modificación, salvo que consideremos como tal cambiar “5” por “cinco” y “7” por “siete”. Lo que hace la nueva Ley 3/2020, es reiterar la modificación de la Ley 9/2017 -Art.159.4 en sus apartados d) y f)- que había sido ya introducida por la disposición final 3 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Cabe recordar que este RDL 16/2020 seria posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de mayo.

Segunda. – Error en la modificación de la Ley 29/1998 (LJCA). De errónea -y siempre (y únicamente) refiriéndose a contratación pública- debe considerarse también la modificación del artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dado que a pesar de la modificación, este precepto conserva la anterior redacción, y continua así refiriéndose a una Ley de contratación ya derogada hace nueve años, al indicar que: “1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: (…) k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.”

Tercera. – ¿Alcanza la disposición adicional séptima a la contratación pública? Señala la DA séptima de la nueva Ley 3/2020: “DA7ª. Cambio extraordinario de las circunstancias contractuales. El Gobierno presentará a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, en un plazo no superior a tres meses, un análisis y estudio sobre las posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus. El estudio incluirá los datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en los contratos privados.”

La primera impresión se orienta a considerar que este precepto se refiere únicamente a los contratos privados (lo que ya de por si incidiría en los contratos privados de las Administraciones y en los contratos del resto de entes del Sector Público que no son Administraciones Públicas). Así parece desprenderse además de las enmiendas introducidas o que se pretendieron introducir en la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2020 (Ver aquí). Ahora bien, ¿Puede la positivización de un principio/regla del derecho limitarse únicamente a los contratos privados, sin incidir en modo alguno en la contratación pública? Lo veremos….

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1104_17/09/20.- LA CNMC SANCIONA A 33 EMPRESAS Y UNA ASOCIACIÓN POR CREAR UN CÁRTEL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera acreditada la existencia de una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, dado que las empresas crearon una trama para repartirse y encarecer los concursos. El total de las sanciones se eleva a 3,36 millones de euros, a los que hay que sumar 15.000 euros a la asociación que articuló el acuerdo. Además, la CNMC activa nuevamente el procedimiento para aplicar la prohibición de contratar con la Administración de las empresas multadas, remitiendo la resolución sancionadora a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. La decisión de la CNMC puede ser recurrida en vía contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Leer más en la fuente de la noticia (CNMC).

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1103_04/09/20.- PUBLICADA LA MEMORIA DE ACTIVIDAD 2019 Y LA DOCTRINA DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DEL PAÍS VASCO (OARC). En la Memoria 2019 del OARC, se recogen datos relativos a su actividad en lo que se refiere a la resolución de recursos especiales: número de recursos (213), tipo de resoluciones impugnadas por poder adjudicador (39% Autonómica, 36% local; 9% sociedades públicas; 8% Universidades y otras AA.PP.), por tipo de contrato (servicios 72% Suministros 22%, Obra 2%,…) acto recurrido (anuncio y pliegos 29%; Exclusión y otros actos de trámite 28%; Adjudicación 39%…) etc. etc.

Además, en la Memoria 2019 se reseñan otro tipo de actividades complementarias realizadas por el OARC a lo largo del año: actividad divulgativa, de coordinación, página web, programa informático etc.

Al igual que en años anteriores, lo que nos ha parecido más destacado es el documento relativo a la Doctrina del OARC, documento de 99 páginas que parte de un índice temático perfectamente estructurado en aproximadamente 100 apartados-. De reseñar igualmente que este documento tiene carácter cumulativo, incluyendo no sólo la doctrina basada en resoluciones del año 2019, sino también resoluciones del año 2018, esto es, desde que se encuentra vigente la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 1º) Acceder aquí a la Memoria 2019 del OARC. 2º) Acceder aquí a la Doctrina 2019 (y 2018) del OARC. 3º) Acceder aquí a los documentos citados en euskera, y a otros documentos anteriores del OARC.

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1102_10/08/20.- DECIMONOVENA (19ª) ACTUALIZACIÓN DEL APARTADO COVID-19 Y CONTRATACIÓN PÚBLICA. Se incluye en esta ocasión catorce (14) nuevos hiperenlaces: Una (1) norma estatal; Tres (3) informes de Juntas Consultivas; Siete (7) nuevos artículos; Tres (3) nuevos vídeos. Acceder aquí a las novedades. Acceder aquí al apartado Covid-19 y Contratación pública con las novedades ya incorporadas.

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1101_06/08/20.- ACTUALIZAMOS EL APARTADO PLIEGOS TIPO DE LA LCSP: MÁS DE 50 NUEVOS MODELOS. Destacamos de las novedades introducidas las siguientes:  Pliegos de la Dirección General de Carreteras ()Ministerio de Fomento); Pliegos de la Junta de Andalucía adaptados a la presentación electrónica; Pliegos publicados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Pliegos aprobados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Islas Baleares;  Guías para la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la Generalidad de Cataluña. Además de modelos de la Diputación de Girona, destacamos un nuevo subapartado que hemos creado al final del apartado Pliegos tipo de la LCSP, en el que se recogen modelos/guías/utilidades para la elaboración de pliegos, comenzando con las siguientes dos novedades: Modelo guía para incorporación de cláusulas sociales, laborales y medioambientales en la contratación pública, y modelos de pliegos en determinados tipos de contratos reservados. Acceder al apartado modelos de pliegos.

1100_03/08/20.- NUEVOS INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. Han sido publicados 12 nuevos informes, a los que añadimos (+1) otro anterior al que o habíamos hecho referencia con anterioridad. Acceder al apartado Informes Juntas Consultivas.

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1099_29/07/20.- ARAGÓN, PIONERA EN ADJUDICAR EN EUROPA UN CONTRATO PÚBLICO MEDIANTE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN. Como  una excepción a nuestra regla, nos hacemos hoy eco de una noticia que se recoge en el periódico eldiario.es, y que de un modo claro y sencillo explica las ventajas que derivan del empleo de la tecnología blockchain en la contratación pública. Recogemos alguno de los contenidos del artículo antes de remitiros al mismo: La utilización del sistema de este sistema de tecnología blockchain, pionero en la Unión Europea, aporta un valor añadido a la acción de la Administración pública en términos de “transparencia y eficiencia” (…) En primer lugar, permite consultar si las empresas contratistas han cumplido los plazos de presentación. Después, es el algoritmo el que emite una propuesta de adjudicación”. En este sentido, se limitan los errores en la valoración de las ofertas y no hay riesgo de que ninguna persona altere el proceso. Además, la tecnología blockchain agiliza el proceso para adjudicar un contrato, que podrá resolverse en horas o minutos, prescindiendo de la convocatoria y reunión de las mesas de contratación….  la implantación de este sistema ha supuesto para las arcas del Gobierno de Aragón un desembolso de 70.000 euros…Continuar leyendo el artículo completo.

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1098_03/01/20.– PUBLICADO EN EL BOE EL TIPO LEGAL DE INTERÉS DE DEMORA APLICABLE A LAS OPERACIONES COMERCIALES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE NATURAL DEL AÑO 2020. En el BOE de 27 de junio de 2020 se ha publicado Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020, que fija el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2020 en el 8,00 por 100. Acceder al BOEAcceder aquí a todos los tipos de interés de demora desde el año 2011 hasta la actualidad.

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1097_20/07/20.EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE APRUEBE EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN. La Comisión de Hacienda, en su sesión del día 30 de junio de 2020, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que se proceda al desarrollo reglamentario de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En la proposición -ver también la exposición de motivos- se señala:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Continuar realizando todos los trámites que permitan la aprobación, a la mayor brevedad posible, de los desarrollos reglamentarios precisos para la adecuada aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público que afecta a un número muy elevado de operadores económicos y entidades del sector público, de forma que se garantice plenamente la calidad, que sea conforme con el ordenamiento jurídico, y que puedan valorarse todos los intereses afectados. Se prestará especial atención a aquellos aspectos del Reglamento vigente que se apartan de la Ley o suscitan dudas en su aplicación, así como de aquellos aspectos novedosos de la Ley que así lo requieren.

2. Continuar desarrollando medidas y actuaciones de apoyo a las Entidades Locales, que se ven perjudicadas por la complejidad y cantidad de nuevas obligaciones que se imponen a los poderes adjudicadores. Reforzar, especialmente, las medidas de formación en el manejo de las herramientas de licitación electrónica puestas a disposición de todos los órganos de contratación del sector público que alojan su perfil de contratante en la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

3. Promover el diseño y aprobación a la mayor brevedad de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, teniendo en cuenta a los distintos actores que se verán afectados por la misma (Entidades Locales, Comunidades Autónomas, sociedad civil, organizaciones empresariales y sindicales, tercer sector,…), para establecer medidas que permitan cumplir objetivos como la prevención de la corrupción y la correcta aplicación de la normativa de contratación, la mejora de la eficiencia económica en la contratación en el Sector Público, el impulso de la contratación electrónica, impulsar la participación de las PYME y utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación.» Ver aquí -página 21 y siguientes- la Proposición no de Ley / Ver aquí -página 15 y siguientes- las recientes -13/07/20- dos propuestas de modificaciones a dicha Proposición no de Ley.

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1096_16/07/20.- MEMORIA Y DOCTRINA 2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Como en años anteriores el objetivo perseguido con esta memoria es poner de manifiesto la actividad desarrollada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) en el año 2019, resaltando las actuaciones desplegadas por el mismo en el ejercicio de las competencias que le son propias, así como otras de carácter instrumental encaminadas al conocimiento y difusión en las materias encomendadas. Destaca en su presentación el hecho de que la aprobación de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ha repercutido de manera más que notable en el incremento de recursos presentados, lo que ha obligado a un mayor esfuerzo al objeto de conjugar la condición de recurso rápido y eficaz con el exigible y riguroso estudio en su resolución.

La Memoria contiene los tradicionales apartados relativos a recursos humanos y organización, informe de actividad, objetivos para el presente año y otros. Como en otras ocasiones, de especial relevancia nos parece la doctrina que se contiene en el apartado VIII de la Memoria, que a lo largo de 12 páginas (44 a 55) hace referencia a los principales criterios adoptados por el Tribunal en sus resoluciones durante el año 2019. Acceder aquí a la Memoria Anual 2019 del TARCJA.  Acceder aquí a Memorias anuales anteriores de este mismo Tribunal.

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1095_15/07/20.- CNMC: GUÍA [PRÁCTICA] DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE) EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. [Previo: Sobre esta cuestión véanse los artículos 71.1.b., y 72.5 de la LCSP]. Al título de la guía le hemos añadido por nuestra parte el calificativo de “práctica”, pues es esa a nuestro entender la nota más destacada de esta guía elaborada por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se señalan los criterios que la misma considera más adecuados para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento eficaz que sirva a los objetivos señalados en la misma: la prevención de infracciones, y el establecimiento de los medios para detectar y reaccionar ante las infracciones que no hayan podido ser evitadas.

Estos criterios son: A. Implicación de los órganos de administración y/o los principales directivos de la empresa; B. Formación eficaz; C. Existencia de un canal de denuncias; D. Independencia y autonomía del responsable de diseño y control de las políticas de cumplimiento; E. Identificación de riesgos y diseño de protocolos o mecanismos de control; F. Diseño del procedimiento interno para la gestión de denuncias y la gestión de la detección de infracciones. La guía finaliza (página 17 y siguientes) en lo que nos parece su parte más interesante señalando un ejemplo de indicadores comúnmente aceptados para examinar la eficacia de un programa de compliance, e indicando un hiperenlace a otros ejemplos de indicadores. Acceder aquí a la Guía.

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1094_10/07/20.- MEMORIA Y DOCTRINA 2019 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN. Conjuntamente a la memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León, el TARCCYL ha publicado su Memoria de actividad correspondiente al año 2019. De los diversos apartados de la misma, destacan  en nuestra opinión el resumen de su doctrina que se recoge en la página 100 y siguientes de ese documento, y en el que se abordan cuestiones tales como los supuestos de inadmisión, cuestiones sobre solvencia, el problema del arraigo territorial, necesidad de que los pliegos contengan los parámetros objetivos para identificar los casos en que una oferta se considera anormal o desproporcionada, el precio del contrato, la problemática de los costes salariales, subrogación de personal, valoración de los certificados de calidad, criterios de adjudicación sociales y medioambientales, etc.

De especial interés para los entes públicos es el apartado IV.3 (páginas 130 y 131), que como su propio título señala, recoge de modo resumido las irregularidades recurrentes en las que incurren los órganos de contratación. La Memoria del TARCYL, finaliza con recomendaciones, datos estadísticos y un índice de las resoluciones abordadas a lo largo del año 2019. Acceder a partir de esta página a la memoria 2019 del TARCCYL.

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1093_09/07/20.PUBLICADO EN EL BOE (08/07) REAL DECRETO LEY (26/2020) QUE REGULA LAS CONDICIONES PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓMICO DE DIVERSOS TIPOS DE CONTRATOS DE CONCESIONES. Se trata del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que, por una parte, en su artículo 24, concreta -según señala su exposición de motivos- un marco claro y detallado de los parámetros a considerar para llevar a cabo el reequilibrio económico de los contratos de gestión (sic) de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general con el fin de paliar las consecuencias del COVID-19. Por otra parte, en su artículo 25, y a partir del marco general previsto en el artículo 34.4 del RDL 8/2020, regula las condiciones de reequilibrio económico en determinadas concesiones de obras que presentan características similares entre sí, pero también diferentes de otros contratos (por ejemplo los regulados en el artículo 24). A tales efectos, se concretan los criterios que se deben aplicar para apreciar la imposibilidad, total o parcial, de ejecución del contrato y, en su caso, las condiciones de reequilibrio que procede adoptar en los tres siguientes tipos de contratos: concesiones para la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje; concesiones para la conservación y explotación de las autovías de primera generación; y las concesiones de las áreas de servicios de la Red de Carreteras del Estado.

Aprovechamos esta entrada para hacer referencia al documento elaborado por la CCIES (Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos) bajo el título Plan de inversión en concesiones para la reconstrucción de la economía (propuestas de programas de actuación urgente en vivienda, infraestructuras, equipamientos y servicios, claves en la respuesta social y económica), y que tiene por objeto lograr un intenso estímulo sobre la actividad económica mediante un programa de inversiones sufragado íntegramente desde el sector privado.

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1092_08/07/20.- EDITADA UNA NUEVA VERSIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOSDado el número de descargas (>4.500) que ayer se realizaron del cuadro-resumen que hemos elaborado sobre las modificaciones de la LCSP actualmente en tramitación en sede parlamentaria, y animados por las felicitaciones que nos han llegado por correo y vía Twitter (las agradecemos todas), hemos decidido dar un paso más y mejorar el manejo del documento, y así: 1º) Hemos fusionado el cuadro-resumen y el texto del Boletín de las Cortes Generales (en la parte que contiene las enmiendas), en un solo documento; 2º) Hemos insertado hipervínculos a todos los preceptos de la Ley afectados e, igualmente, 3º) Hemos insertado hipervínculos desde cada número de enmienda del cuadro-resumen a la parte del documento que contiene la enmienda. Buscamos con estas acciones mejorar la sencillez y rapidez en el manejo del  documento. Que os sea de utilidad. Descargar aquí nueva versión (08/07) esquema-resumen.

[Nota: ¿Sabéis como abrir un hipervinculo en una ventana nueva?: Cliquear sobre el enlace con la tecla “control” (Ctrl) pulsada].

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1091_06/07/20.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ACTUALMENTE EN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Como continuación de la noticia que dimos en el día de ayer, hemos elaborado un documento, (resumen del Boletín Oficial de las Cortes Generales –ver aquí-) que recoge los artículos de la LCSP que se pretenden modificar, el número de enmienda o enmiendas que pretenden modificarlo, la página del BOCG en el que se recoge, la síntesis del cambio introducido (modificación, supresión, adicción, etc.), y la justificación de cambio -completa o parcial (alguna de ellas se desarrolla en varias páginas del BOCG)- que se introduce. Acceder aquí a la tabla-resumen (nueva versión 08/07).

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1090_06/07/20.- SE ESTÁ TRAMITANDO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA (PROBABLEMENTE) IMPORTANTE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 52 PROPUESTAS DE CAMBIO QUE AFECTAN A 32 PRECEPTOS (1ª parte de la noticia). Dimos cuenta el pasado mes de febrero (Ver aquí la referencia de la Noticia  1026), de la aprobación por el Parlamento español de la nueva Ley de Sectores Especiales a través de la convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores…” En un acuerdo ciertamente sorprendente y por práctica unanimidad (335 votos a favor y 4 abstenciones) se convino entonces, además de su convalidación, la tramitación del contenido del RD-L. ya aprobado, como proyecto de Ley por la vía de urgencia. Debemos recordar que el R.D-ley 3/2020, viene a constituirse como una suerte de RD-L ómnibus, por el que en una sola norma, se incorporaron a la normativa estatal seis directivas comunitarias (Directiva 2014/25/UE, Directiva (UE) 2016/97, Directiva (UE) 2016/2341, Directiva (UE) 2018/1910, Directiva (UE) 2019/475, Directiva (UE) 2017/1852), cuyo plazo de transposición había sido superado ampliamente.

La aprobación y posterior convalidación del RD-L., supuso también la introducción de tres modificaciones en la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, concretamente en sus artículos 118, 331, y en su disposición final primera (ver aquí el alcance exacto de esta modificación). Pues bien, con la nueva tramitación -urgente- que se está llevando a cabo (ver aquí información sobre el estado actual de la misma), los diversos grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de modificación (además de a la Ley de Sectores Especiales -y el resto de normas-), a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se trata concretamente de 52 enmiendas que afectan a 32 preceptos. Aquí, en este Boletín Oficial de las Cortes Generales, podéis ver todas las enmiendas y artículos afectados. En todo caso, salvo novedad, mañana martes 07 de julio, detallaremos en una nueva entrada, nominativamente, los artículos de la LCSP afectados, y las enmiendas que pretenden su modificación.

[Nota/comentario/sugerencia: Si bien varias de las enmiendas propuestas, vienen motivadas por “mejoras técnicas” a introducir en base a informes de Juntas Consultivas o sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos comprobado que no se han tomado en cuenta las sentencias más actuales del TJUE, bajo cuya luz, determinados preceptos de la LCSP se presentan como contrarios a las Directivas comunitarias de contratación (así la sentencia C-472/19, de 11 de junio de 2020, respecto al artículo 72 –ver aquí sentencia y análisis-; la sentencia C-267/18, de 3 de octubre de 2019, respecto al artículo 73 –ver aquí sentencia y análisis-; o la sentencia C-526/17, de 18 de septiembre de 2019, en relación a la regulación de las prórrogas de concesiones de autopistas –ver aquí sentencia y análisis-).]

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1089_02/07/20.- OIRESCON: NUEVAS Y ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LOS INFORMES PUBLICADOS A RAIZ DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. Durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) ha publicado, y mantenidos actualizados, dos documentos relativos al Compendio de disposiciones sobre contratación pública durante el Estado de Alarma y, el Informe especial de Supervisión del Principio de Publicidad en los Contratos de Emergencia formalizados durante la declaración del estado de emergencia. Pues bien, esta pasada semana la OIRESCON ha publicado lo que será la última revisión/actualización de dichos documentos, a los que se puede acceder cliqueando en los enlaces anteriores, o desde nuestro apartado Coronavirus vs. Contratación Pública. Cabe recordar que, además de los documentos anteriores, la OIRESCON también ha publicado -en edición única (11/06)- la Guía de reactivación de la contratación pública tras el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos

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1088_02/07/20.- CESA EN SU PUESTO, LA DIRECTORA DE LA OIRESCON MARÍA JOSÉ SANTIAGO FERNÁNDEZ. Aunque nada se señala en la página de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), a través de la web de TRAGSA (fuente: @PacoBlancoL), hemos tenido noticia de que el  Consejo de Administración del Grupo Tragsa ha aprobado el nombramiento de María José Santiago Fernández como nueva directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal, lo que, evidentemente, supondrá que (una vez publicado su cese) dejará de prestar servicios como  presidenta de la OIRESCON. Tal y como se señala en la web de Tragsa la hasta ahora presidenta de la OIRESCON había desempeñado diversos cargos de responsabilidad, principalmente en la Junta de Andalucía, prestando sus servicios como Letrada jefe de la Consejería de Agricultura y Pesca (1999-2004), de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes (2004-2008),de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2008-2011) y Vocal del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva de la Secretaría General para el Deporte (2006-2010). Acceder aquí a la  noticia en la web del Grupo Tragsa.

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1087_30/06/20.- NUEVOS INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. El pasado 9 de junio dimos cuenta (Ref.- 1083) de lo que hasta la fecha era el último informe de la JCCP del Estado, relativo en aquella ocasión a la acreditación del mantenimiento de la solvencia técnica o profesional ante las medidas COVID-19, pues bien, debemos añadir ahora dos nuevos informes, el informe 22/2020 relativo a la dación de cuenta al Consejo de Ministros en los contratos tramitados por emergencia, y en el que se concluye que la exigencia de dar cuenta al Consejo de Ministros de los acuerdos adoptados en los procedimientos de emergencia del artículo 120 de la LCSP no es aplicable a las sociedades mercantiles estatales o a las fundaciones del sector público estatal, y el informe 23/2020 en el que se analiza el Anteproyecto de Ley de Residuos y suelos Contaminados, y en el que se propone rectificar diversos aspectos del texto con el fin de adaptar el mismo a la normativa sobre contratación pública.

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1086_22/06/20.- MEMORIA 2019 Y DOCTRINA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE C.P DE NAVARRA, Y MEMORIA 2019 DEL T.A.C.P. DE LA C.A. DE GALICIA (TACGAL). Por lo que se refiere a la Memoria del Tribunal gallego (TACGAL), destaca el incremento en el número de recursos interpuesto en los últimos tres años: 159 en 2017, 212 en 2018, y 342 en 2019. Otro aspecto destacado de la actividad de este tribunal -a nuestro entender el que más-, es el de la rapidez en la resolución de los recursos: 6,12 días hábiles desde que reciben el expediente (18,82 días naturales en total desde que se interpone el recurso hasta que notifica su resolución). La suma del valor estimado de los contratos objeto de resolución fue de 2.220 millones de euros en el 2019. Más de la mitad de los recursos lo fueron contra actos del Gobierno Autonómico, siendo estimados total o parcialmente, aproximadamente el 25% de los interpuestos (porcentaje que se eleva al 34% si no se consideran los recursos inadmitidos). Como siempre, si se analiza la tipología de los contratos, resulta irrisorio el porcentaje de recursos especiales interpuestos frente a actos derivados de contratos de obras: 1,50 % (Servicios 59%, Suministros 26%, etc.), porcentaje similar al del resto de Tribunales Administrativos (excepto el navarro -ver más adelante-). del que, evidentemente, no son responsables los tribunales de recursos contractuales, sino al legislador que fijo en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un umbral de acceso al recurso especial de los actos relativos a contratos de obras, treinta veces superior a aquellos referidos a contratos de suministros o servicios (V.E >3.000.000 €, frente a V.E.>100.000 €). Acceder a la Memoria del TACGAL en Gallego y/o en Castellano.

Por lo que se refiere al documento publicado por el T.A.C.P. de Navarra, en cuanto a datos estadísticos se refiere, lo que más llama la atención es el descenso en el número de recursos especiales, pues al contrario de lo que suele ser habitual en todos los tribunales, que se incrementan año a año, aquí ha descendido en un 15%, de los 101 interpuestos en el 2018, a los 85 tramitados en el 2019. Cabe recordar, que Navarra es la única Comunidad Autónoma que cuenta con una norma de contratación pública propia (Ley Foral, 2/2018, -que derogo la anterior Ley Foral 6/2006), y que, aunque similar a la LCSP (como lo son -o debieran ser- todas las que derivan de las directivas europeas de contratación) guarda diferencias respecto a ella, también respecto a la regulación del recurso especial (denominado en la Ley Foral reclamación especial). Una de las más destacables es que en Navarra la reclamación podrá interponerse contra todos los contratos con independencia de que superen o no los umbrales comunitarios, de lo que deriva, por ejemplo, que las reclamaciones especiales relativas a contratos de obras sean seis veces superiores a las que se interponen ante el TACGAL. La Memoria del TACP de Navarra incluye un análisis (20 páginas) de su doctrina. Acceder aquí a la Memoria 2019 del TACP de Navarra.

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1085_12/06/20.- OIRESCON: GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. Este documento de 57 páginas, de indudable interés, no se limita a señalar el modo en que se ha de realizar el cómputo de los plazos una vez levantada su suspensión por el Real Decreto 537/2020, sino que va mucho más allá pretendiendo servir de apoyo a los órganos de contratación, ofreciéndoles los recursos y opciones disponibles en el marco legal vigente y minimizar las dudas que las circunstancias actuales pueden provocar. Además, el documento también se dirige a los operadores económicos, en aras de una mayor información y seguridad jurídica en los contratos públicos afectados por las medidas y actuaciones derivadas de la crisis del COVID-19. A destacar, a nuestro modo de ver, por su novedad, el apartado V. Efectos sobre los contratos en fase de ejecución suspendidos por la situación provocada por el covid-19. Acceder aquí a la Guía de la OIRESCON.

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1084_10/06/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (10/06) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (18ª ENTREGA). 16 nuevos hiperenlaces: 2 Informes de la JCCE; 1 Informe de la Abogacía General del Estado y 1 informe actualizado de la OIRESCON; 2 Notas/Normativa Autonómicas; 6 Artículos; 2 Vídeos; 4 Repositorios actualizados. Ver aquí SÓLO las novedades de esta decimosexta entrega. Ver aquí (apartado Covid-19 vs. Contratación pública), las novedades ya integradas en su apartado correspondiente.

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1083_09/06/20.- INFORME DE LA JUNTA CONSULTIVA DEL ESTADO. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: ACREDITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL ANTE LAS MEDIDAS COVID-19. La pasada semana -como siempre y para no variar, desde el año 2017, en un informe no fechado- la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha publicado este informe en relación al mantenimiento de la solvencia técnica o profesional de las empresas clasificadas (aproximadamente 15.000), ante las medidas adoptadas frente al coronavirus, concretamente, la suspensión de los plazos administrativos que se decretó con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, hasta el levantamiento de dicha suspensión el 1 de junio. La cuestión que se plantea, es cómo debe fijarse la fecha final del plazo de tres años al que se refiere el artículo 82.2 de la LCSP, cuando el mismo se cumple estando vigente el estado de alarma y, para aquellos supuestos en el que el cómputo de tres años finaliza en fechas posteriores al levantamiento de la suspensión (01/06), si cabe ampliar los plazos por igual periodo que el de duración de la suspensión de plazos (79 días). En su informe la JCCPE concluye que: “El plazo para la justificación del mantenimiento de la solvencia técnica o profesional se ha suspendido por el periodo de tiempo en que ha producido efectos la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de modo que el citado plazo se reanuda, el 1 de junio de 2020, por el tiempo que restaba cuando se declaró el estado de alarma. En caso de que el plazo venciese con posterioridad al levantamiento de su suspensión se reanudará añadiéndole todo el periodo que haya durado la suspensión de plazos.” Acceder aquí al informe.

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1082_04/06/20.- NORMATIVA CON INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:  REAL DECRETO LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MÍNIMO VITAL. SELLO DE INCLUSIÓN SOCIAL. El día 1 de junio de 2020 se ha publicado en el BOE esta Ley, que tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas (artículo 1). En cuanto a la contratación pública, cabe destacar la disposición adicional primera, relativa a la colaboración de las empresas en el tráfico de los beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad, que prevé la regulación mediante reglamento del Sello de Inclusión Social con lo que se distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tráfico de los beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión en la participación activa en la sociedad. En particular, se prevé que los empleadores de beneficiarios del ingreso mínimo vital serán reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social y que “la condición de figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de la su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147. 2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público… Seguir leyendo aquí en la fuente de la noticia (gencat) y/o Acceder aquí a la disposición adicional primera del RDL 20/2020.

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1081_02/06/20.- INFORME DE LA ABOGACIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL CÓMPUTO DE PLAZOS. El pasado 28 de mayo, se publico este informe de la AGE, en el que da respuesta a diversas cuestiones relativas sobre este asunto, llegando a las siguientes conclusiones: Primera.- El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo establece la regla general de reanudación del cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante el estado de alarma. El reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos sólo tendrá lugar cuando una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma expresamente lo prevea.

Segunda.- La reanudación (o, excepcionalmente, el reinicio) del cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante el estado de alarma tendrá lugar “con efectos desde el 1 de junio de 2020”, y no desde la finalización del estado de alarma.

Tercera.- La aplicación sistemática del artículo 9 del Real Decreto 537/2020 y de las distintas normas aprobadas durante la vigencia del estado de alarma a las que se alude en este informe determina que: a) El cómputo de los plazos de la mayor parte de los procedimientos administrativos que se han suspendido durante la vigencia del estado de alarma se reanudará con efectos de 1 de junio de 2020 (siempre que no se haya aprobado durante el estado de alarma una norma con rango de ley que establezca expresamente el reinicio del cómputo de los plazos de ese concreto procedimiento). b) El computo de los plazos de los procedimientos de recurso administrativo y los procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan y que se hubieran suspendido durante la vigencia del estado de alarma se reiniciará a partir del 1 de junio de 2020, es decir, volverán a contarse los plazos desde el principio, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación del acto o resolución impugnada, por existir una norma con rango de ley (la disposición adicional octava, apartado 1, del Real Decreto-ley 11/2020), que así lo prevé. c) Se exceptúan de la regla anterior los plazos para la interposición de recurso especial en materia de contratación a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, introducido por la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2020, que no se consideran suspendidos y continúan computándose en los términos establecidos en la LCSP.

Cuarta.- El plazo de un mes para la interposición de los recursos de alzada y reposición (artículos 122.1 y 124.1 de la LPACAP, respectivamente), comenzará a computarse íntegramente (se reiniciará) desde el 1 de junio de 2020.

Quinta.- Se aprecia fundamento jurídico suficiente para sostener que, en la reanudación de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses se han de contar como días hábiles.

Sexta.- El artículo 9 del Real Decreto 537/2020 contiene una regla especial con arreglo a la cual a las 0:00 horas del día 1 de junio de 2020 se reanuda (o, en su caso, se reinicia) el cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante la vigencia del estado de alarma, sin que resulte aplicable la regla general del artículo 30.3 de la LPACAP, ni proceda, en consecuencia, atender, como día inicial, al día siguiente al 1 de junio de 2020.

Acceder aquí al informe de la Abogacía General del Estado.

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1080_01/06/20.- HOY 1 DE JUNIO SE REANUDAN/REINICIAN LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS SUSPENDIDOS A RAÍZ DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19. En su día, dimos cuenta ya de ello de modo detallado en nuestro apartado Noticias (Ref.-1076). Como no podía ser de otro modo, en contratación pública se aplica la normativa general prevista para la reanudación de los procedimientos administrativos y/o los plazos de caducidad de acciones y derechos, y/o los plazos para recurrir en procedimientos desfavorables o de gravamen. A ello debemos añadir la especificidad prevista para los recursos especiales en materia de contratación en la disposición adicional octava del RDL 17/2020, y que resumimos en su momento en la referencia 1073 de nuestro apartado Noticias. A nuestro entender, los mejores análisis/resúmenes de la reanudación/reinicio de plazos administrativos los podéis encontrar en los siguientes esquemas y artículos:

1º) En este esquema elaborado por Juan Carlos Melian (@jcarlosmelian).
) En este otro esquema elaborado por Ignacio Sáez Hidalgo (@isaezhidalgo).
3º) Del mismo autor (@isaezhidalgo), este artículo;
4º) Este artículo de Diego Gómez Fernández (@diegogomabogado).

 

[Nota: Cabe recordar, como bien indica Juan Carlos Melian, en su esquema que, por lo que se refiere al recurso especial, la postura del OARC –ver aquí nota del 22 de mayo (y otras dos anteriores)- es distinta de la de la Abogacía General del Estado (referencia 1073)].

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1079_28/05/20.- 13 NUEVOS INFORMES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO / GUÍA GENERAL PARA PETICIÓN DE INFORMES A LA JCCPE . Nos hacemos eco de la publicación ayer miércoles de 13 nuevos informes de la JCCA del Estado, entre los que destaca por su actualidad, el primero de ellos relativo a la licitación de contratos durante el estado de alarma. Aprovechamos además esta entrada para hacernos eco de la publicación por parte de esta Junta Consultiva de la Guía general para petición de informes a la JCCPERelación de informes:

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1078_25/05/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (25/05) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (17ª ENTREGA). 22 nuevos hiperenlaces: 2 Normas estatales; 1 Informes de la Abogacía General del Estado y 1 informe actualizado de la OIRESCON; 3 Normas/Notas de organismos autonómicos; 10 Artículos; 1 Vídeo; 4 Repositorios actualizados. Ver aquí SÓLO las novedades de esta decimosexta entrega. Ver aquí (apartado Covid-19 vs. Contratación pública), las novedades ya integradas en su apartado correspondiente.

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1077_24/05/20.- SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBRAS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES. Centrábamos ayer nuestra atención (ver noticias Ref.- 1076), en la Resolución del Congreso de los Diputados, que recogía el BOE, por la cual se prorrogaba el estado de alarma y, en lo que aquí más interesa, se levantaba la suspensión de los plazos administrativos y procesales. Pero, además, el BOE de ayer sábado 23 de mayo, ordenaba el levantamiento de la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, posteriormente modificada por la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, en todas las unidades territoriales en fase I y posteriores (actualmente toda España). Se trata de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que en su disposición adicional quinta señala: “Disposición adicional quinta. Condiciones para el desarrollo de actividades relacionadas con obras de intervención en edificios. / 1. Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. / 2. En la realización de las obras a que se refiere el apartado anterior se garantizarán en todo caso las medidas adecuadas de higiene y la distancia mínima de seguridad entre personas de dos metros.” Acceder aquí a la Orden SND/385/2020.

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1076_23/05/20.PUBLICADO EN EL BOE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.  El pasado miércoles 20 de mayo, el Congreso autorizo la prorroga del estado de alarma solicitado por el Gobierno. Esta solicitud incluía la derogación de las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 463/2020, relativas a la suspensión de plazos procesales y administrativos. Pues bien, en el Boletín Oficial del Estado de hoy sábado 23 de mayo, se recoge, en la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el levantamiento de la suspensión de estos plazos en los siguientes términos:

“Noveno: Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.

Décimo: Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. [Nota: Véase disposición adicional octava del RDL 11/2020].

Undécimo. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.” 

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1075_21/05/20.- EL CONGRESO AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y, EL LEVANTAMIENTO DE LAS SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES. En la solicitud de autorización se incluía la derogación de las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, relativas a la suspensión de plazos procesales y administrativos (ver noticia 1074), por lo que, dado que no se ha introducido modificación alguna en la solicitud, y a falta de publicación en el BOE, habremos de entender que se ha aprobado la reanudación de los plazos administrativos (a partir del 01/06) y procesales (a partir del 04/06).

Ver aquí el texto de la prorroga solicitada, que ha sido aprobada sin modificación alguna.

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1074_20/05/20.- EL GOBIERNO SOLICITARÁ AL CONGRESO EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES. El Consejo de Ministros acordó en su reunión de ayer martes 19 de mayo, solicitar al Congreso de los Diputados la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, relativa a la suspensión de plazos administrativos, con efectos desde el lunes 1 de junio de 2020, fecha en la cual, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudaría. En posterior rueda de prensa, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa (ver en este vídeo de su intervención a partir del minuto 02:50), y el Ministerio de Justicia (ver aquí nota de prensa) señalaron que, de igual modo, se cursará al Congreso la solicitud para la derogación de los plazos procesales que recoge la disposición adicional segunda del citado Real Decreto 463/2020, con efectos en este caso desde el jueves 4 de junio.

En el BOE publicado hoy 20 de mayo, NO se hace referencia al tema (cabe se publique número extraordinario a lo largo del día, una vez se apruebe por el Congreso -informaremos-).

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1073_19/05/20.NUEVO INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO SOBRE LA SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE PLAZOS ¿Y NUEVO CAMBIO NORMATIVO? Comenzando por la segunda parte del titular, resulta incuestionable -son innumerables los ejemplos- la estrecha vinculación existente entre los informes elaborados por la titular de la Abogacía General del Estado y los cambios inmediatos que tienen lugar en la normativa (de contratación pública al menos) que se publica frente al coronavirus covid-19, cuando aquélla pone de manifiesto en sus informes las contradicciones o incorreciones técnicas en la regulación normativa. Es el caso del presente informe, en el que, después de tratar de ajustar e incardinar (misión imposible a nuestro entender) el alcance de tres normas (DA3ª del RD 463/2020; DA8ªRDL 11/2020; DA8ª del RDL 17/2020) señala: “…sin perjuicio de que, de lege ferenda, se considere conveniente una regulación clara y unitaria que evite los inconvenientes de la actual dispersión normativa…” expresión esta,  que nos hace albergar la esperanza de que, mañana miércoles -o próximamente-, se recoja en el BOE un cambio normativo, que establezca  una regulación clara y unitaria sobre la materia.

El denso informe de veintiuna páginas aborda un buen número de las cuestiones que se han planteado a raíz de la publicación en el BOE el pasado miércoles 6 de mayo, de la disposición adicional octava del RDL 17/2020 (véase a modo de ejemplo las que hemos planteado en nuestro apartado noticias, referencia 1070). Tratar de analizar los motivos manejados por la AGE en este informe, resultaría arduo, pues ya de por si, inevitablemente farragoso es el propio informe, al tratar de casar normas contradictorias, así que, excluyendo toda interpretación, vamos a limitarnos a hacer referencia a las conclusiones (no todas ellas recogidas en el apartado conclusiones) a las que llega el informe.

1º) El cómputo del plazo para interponer los recursos especiales contra actos de procedimientos de contratación cuya continuación se haya acordado al amparo del apartado 4 de la DA 3ª del RD 463/2020, (esto es, por acuerdo motivado del órgano de contratación basado en la concurrencia de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, por razones de protección del interés general o de funcionamiento básico de los servicios) no se ha suspendido durante la vigencia del estado de alarma y, en tales casos, el plazo para interponer recurso especial continúa computándose en los términos de la LCSP (apartado 3 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, introducido por la disposición final décima, apartado sexto, del Real Decreto-ley 15/2020).

2ª) La DA 8ª del RDL 17/2020 implica el levantamiento ex lege de la suspensión de términos e interrupción de plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades del sector público que se tramiten electrónicamente, levantamiento que también alcanza, conforme al último párrafo, a los recursos especiales correspondientes a dichos procedimientos de contratación.

3ª) El cómputo del plazo para interponer recurso especial en materia de contratación, para todos los restantes procedimientos de contratación cuya suspensión se haya levantado por acuerdo motivado expreso del órgano de contratación –incluidos los que se han reanudado por aplicación del apartado tercero de la DA 3ª del RD 463/2020– se entiende reanudado por el periodo que reste.

4ª) El levantamiento de la suspensión de los procedimientos de contratación, en los supuestos indicados en los que la continuación del procedimiento no se imponga ex lege, debe ser objeto de publicación y, a ser posible, de notificación a los posibles interesados,

5ª) La expresión “A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 462/2020…” permite entender que el Real Decreto-ley 17/2020 efectúa una declaración legal y general de levantamiento de la suspensión de plazos de los procedimientos de contratación tramitados electrónicamente, que suprime la necesidad, impuesta en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de que los órganos de contratación acuerden motivada y singularmente la continuación de tales procedimientos.

Acceder AQUÍ al informe de la Directora de la Abogacía General del Estado  (Fuente: INAP Social).

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1072_17/05/20.SIETE (7) PRONUNCIAMIENTOS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES CON INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. El apartado noticias, de la J.C.C.A. de Cataluña ha recopilado siete resoluciones y dictámenes aprobadas por el Parlamento Europeo (P.E.) y el Comité Europeo de las Regiones (C.E.R.), durante los meses de marzo y abril, con referencia a la contratación pública. A varios de ellos hemos aludido ya en nuestra web. Esta es la relación:

1) Resolución del P.E. sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común.

2) Resolución del P.E. sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico.

3) Resolución del P.E. con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las empresas sociales y solidarias (Ver también nuestro apartado noticias referencia 1050).

4) Resolución del C.E.R. El Pacto Verde en colaboración con los entes locales y regionales. (Ver también nuestro apartado noticias referencia 1015).

5) Dictamen del C.E.R. El potencial del sector ferroviario para la aplicación de las prioridades políticas de la UE.

6) Dictamen del C.E.R. Trabajo en plataformas digitales: retos normativos en las esferas local y regional.

7) Dictamen del C.E.R. Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018..

Puede verse aquí -en catalán y castellano- el análisis que hace la web de la JCCA de Cataluña de la vinculación de estos pronunciamientos con la contratación pública, así como acceder a cada uno de los siete dictámenes/recomendaciones.

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1071_13/05/2020.- ÚLTIMAS NOVEDADES (13/05) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (16ª ENTREGA). 22 nuevos hiperenlaces: 1 Normas estatales; 2 Informes de la Abogacía General del Estado y 1 informe actualizado de la OIRESCON; 7 Normas/Notas de organismos autonómicos; 1 Esquema; 6 Artículos; 4 Repositorios actualizados (2 eliminados). Ver aquí SÓLO las novedades de esta decimosexta entrega. Ver aquí (apartado Covid-19 vs. Contratación pública), las novedades ya integradas en su apartado correspondiente.

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1070_11/05/20.- CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (RDL 17/2020). (4) DUDAS QUE DEBERÍAN SER ACLARADAS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. No cabe duda de que entre las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, (se puede ver un estudio detallado de todas ellas en este documento), destaca, por los el número -miles- de expedientes a los que puede afectar, la que se refieren a la continuación de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma, regulado en la disposición adicional octava del citado RDL 17/2020, y que establece: “A los efectos previstos en…. [la DA.3ª pto 4 RD 463/2020]…, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, (…), siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.  /  Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.  /  Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.” Expondremos a continuación tales dudas:

1º) ¿Los plazos en la tramitación de los recursos especiales se reanudan o se reinician? Si siguiendo el razonamiento de la Abogacía General del Estado en este informe concluimos que si a pesar de la expresión utilizada (“…se acuerda el levantamiento de la…interrupción de los plazos…”), los plazos en los procedimientos de contratación se reanudan y no se reinician, habría que considerar que en base a lo que dispone el tercer párrafo de la D.A. 8ª RDL 17/2020, (“Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan…”), los plazos en los recursos especiales también se reanudan (no se reinician). Ahora bien, ello supondría no tomar en consideración lo dispuesto en el apartado 1 de la D.A. octava del RDL 11/2020, que señala: “1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa (…), en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma…” De acuerdo con este último precepto, los plazos en relación a los trámites del recurso especial se reinician, no se reanuda. Así lo han entendido los tribunales del recursos especiales del País Vasco -ver aquí- y de la Comunidad de Madrid -ver aquí-.

2º) En particular ¿Los plazos en la tramitación de los recursos administrativos ordinarios se reanudan o se reinician? Si se llegase a la conclusión de que en el caso de los recursos especiales los plazos se reinician, parece obvio que lo mismo debiera ocurrir con los recursos administrativos ordinarios.

3º) Antes de reanudarse/reiniciarse el plazo, se exige un acto positivo por parte del órgano de contratación/Tribunal de recursos especiales, o tal R/R, ha tenido lugar ya con la entrada en vigor del RDL 17/2020 (07/05). A la vista de lo señalado en la D.A. 8ª RDL 17/2020, (“…se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos…”), no debe haber duda de que el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar ex lege, el 7 de mayo, fecha de entrada en vigor de la señalada norma. En todo caso, y dejando a un lado que el principio de seguridad jurídica hubiera aconsejado que se publicase en el procedimiento de licitación de cada contrato, un anuncio en tal sentido, ha de tenerse en cuenta que, por ejemplo, la Plataforma de Contratos del Sector Público establece, en una instrucción anterior, una previsión -ver aquí, que parece contradecir, a menos parcialmente esa afirmación (“Les informamos que la reanudación de los procedimientos que se encontraran en plazo de presentación de ofertas supondrá, en los casos en que medie convocatoria de licitación, la publicación de nuevo de los anuncios de licitación y de pliegos. En caso contrario, requerirá del envío de la invitación a licitar.”).

4º) En los procedimientos no tramitados electrónicamente, y una vez se hayan presentado las ofertas, ¿Puede el órgano de contratación decidir se continúe la tramitación por medios electrónicos y, de este modo, amparándose en la D.A. 8ª RDL 17/2020, continuar el procedimiento de contratación? Cabe recordar que el RDL dispone que la continuación en el procedimiento de licitación tendrá lugar “siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos”. Aun hoy en día -al menos a 31/12/19-, la mayor parte de los procedimientos NO se tramitaban electrónicamente, por lo que si no cabe que “den el salto” para continuar tramitándose electrónicamente, miles de ellos quedarán “varados” a la espera del levantamiento del estado de alarma (incluso resulta ciertamente discutible que -en base a lo dispuesto en el artículo 152 LCSP– puedan desistir del procedimiento e iniciar uno nuevo de tramitación electrónica).

[Comentario: Nos unimos a los qué, con uno u otro fundado argumento –ver aquí– consideran que si cabría admitir esta posibilidad, si bien ha de reconocerse la dificultad por la falta de previsión al respecto en los pliegos de estos procedimientos no electrónicos. De todos modos, cabe recordar que diversas normativas autonómicas han dispuesto -se encontrase previsto o no en pliegos- la celebración de mesas de contratación pública de forma telemática o no presencial, y que las notificaciones electrónicas deben realizarse electrónicamente, ya desde el año 2016.]

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1069_07/05/202.- PRIMEROS COMENTARIOS / ANÁLISIS A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR EL REAL DECRETO-LEY 17/2020. Dábamos cuenta ayer de la publicación en el BOE, del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, que ha introducido importantes modificaciones en el régimen de la contratación pública, repercusiones que hemos recogido/sistematizado en este documento (disponible en formato html y pdf). Como toda nueva norma -más si como las que últimamente se publican se caracterizan por la urgencia en su aprobación-, se generan dudas a las que responder.  Por ello traemos hoy los que nos han parecido los más interesantes análisis (de urgencia) realizados en el día de ayer. Se trata de: 1º) Esta nota explicativa (8 páginas) del abogado Javier Vázquez Matilla. 2º) Este estudio (12 páginas) llevado a cabo por SDP abogados, el cual, además, compara los textos de la anterior y nueva redacción de las normas afectadas por los cambios. 3º) Este comentario realizado desde el despacho de abogados Sánchez Garrido y, 4º) Este análisis del abogado Esteban Umerez.

Reseñar por último que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, ha actualizado, incorporando el RDL 17/2020, su documento Impacto en la contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma como consecuencia del covid-19

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1068_06/05/2020.- SE REANUDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SUSPENDIDOS, PERMITIENDOSE INICIAR OTROS NUEVOS. El Consejo de Ministros dio ayer vía libre a la reanudación de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades pertenecientes al Sector Público que se encontraban suspendidos, así como a la puesta en marcha de otros nuevos procedimientos, siempre y cuando en ambos casos su tramitación se realice por medios electrónicos.

El Gobierno, mediante una disposición adicional incorporada al Real Decreto-ley 17/2020 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del COVID-2019, posibilita, en los términos antes mencionados, la continuidad de los procedimientos de contratación que estaban suspendidos como consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, permitiendo además el inicio de nuevos procedimientos de contratación por parte de las entidades del Sector Público si esto se lleva a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se extiende también a los recursos especiales en materia de contratación que procedan.

Se modifica el artículo 34 (Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19) del RDL 8/2020. 

Se modifica el artículo 33 de la Ley 9/2017 relativo al régimen de los encargos a medios propios. 

Se recogen medidas en materia de contratación pública de apoyo a las artes escénicas y la música.  

Podéis ver AQUÍ un análisis pormenorizado sobre el alcance de las modificaciones introducidas.

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1067_05/05/2020.- ÚLTIMAS NOVEDADES (05/05) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (15ª ENTREGA). 25 nuevos hiperenlaces: 2 Normas estatales; 1 Informe; 6 Normas autonómicas; 2 Esquemas; 8 Artículos; 5 Repositorios actualizados; 1 Repositorio nuevo. Ver aquí SÓLO las novedades de esta decimoquinta entrega. Ver aquí (apartado Covid-19 vs. Contratación pública), las novedades ya integradas en su apartado correspondiente.

Nota: A partir de esta semana, dentro del apartado Covid-19 vs. Contratación pública, los subapartados I (Normativa estatal), II (Informes organismos estatales), III (Normativa e informes autonómicos) y, VI (Repositorio), se actualizan en el momento en que tenemos noticia de nuevos cambios. Semanalmente, junto con los de resto de subapartados, se da noticia de todas las actualizaciones.

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1066_02/05/20.- INFORME DE LA OIRESCON SOBRE EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR EMERGENCIA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación aborda en este informe especial de 43 páginas (2 de conclusiones) la supervisión del cumplimiento de los requisitos del principio de publicidad que, como principio vertebrador de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se exige respecto a los contratos adjudicados por tramitación de emergencia. El Informe se refiere a los contratos adjudicados por trámite de emergencia desde la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID19 -y cuyo objeto esté relacionado con las actuaciones directamente relacionadas con dicha crisis-. Este informe será periódicamente actualizado. Acceder aquí al informe.

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1065_30/04/20.- INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 16/2020, NUEVA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 159.4., DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Justo una semana después de haberse modificado el artículo 159.4.d de la LCSP por la disposición final 7 del Real Decreto-ley 15/2020, se modifican las letras d) -nuevamente- y f) del apartado 4 del citado artículo por la disposición final 3 del Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Sobre el alcance de esta última modificación se señala en el preámbulo del RDL que: “Con la disposición final tercera se introduce una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.”

En efecto, si comparamos las tres versiones (1.Texto original-2.T.Modificado por RDL 15/2020-3.T. Modificado por RDL 16/2020) del artículo 159.4,  (Ver aquí comparativa elaborada por Esteban Umerez) apreciamos como en esta tercera versión (segunda modificación), se realizan ajustes técnicos que no precisan mayor explicación en  cuanto a las variaciones introducidas en el párrafo primero del apartado d) y en el apartado f). Por su parte, la eliminación de la segunda parte del segundo párrafo del apartado d), es igualmente lógica, toda vez que la posibilidad de no celebrar acto público ya se encontraba prevista en el artículo 157.4 (“4. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.”), para todos los procedimientos abiertos, siendo precisamente -hasta la modificación introducida la pasada semana por el RDL 15/2020- el artículo 159.4.d, el que contenía la única excepción. Por ello, con eliminar esta excepción, basta para extender la previsión del 157.4, también a este procedimiento simplificado ordinario, por lo que resultaba redundante su reiteración (tal y como se recogía en la segunda versión -primera modificación-).

Además, la exigencia de que la ausencia de acto público habría de encontrarse prevista en el PCAP (“A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.”) cabía considerar impedía que, allí donde la apertura telemática fuera posible, no cabría hacerla por faltar la previsión que la anterior versión exigía que contuviesen los pliegos publicados con anterioridad a la introducción de esa modificación.

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1064_27/04/20. ÚLTIMAS NOVEDADES (27/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (14ª ENTREGA). 26 nuevos hiperenlaces: 1 norma estatal; 1 informe de la Abogacía General del Estado; 9 normas autonómicas; 10 artículos doctrinales; 1 vídeo; Actualizados los 4 repositorios de normativa. Ver aquí SÓLO las novedades de esta decimocuarta entrega. Ver aquí (apartado Covid-19 vs. Contratación pública), las novedades ya integradas en su apartado correspondiente.

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1063_23/04/20.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR EL RDL 15/2020.  El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, (RDL 15/2020) publicado en el BOE de 22 de abril de 2020 -y que entra en vigor hoy 23 de abril- modifica en dos aspectos el régimen vigente de la contratación pública en España.

1º) En primer lugar modifica el artículo 159.4.d de la LCSP, abriendo la posibilidad de que en el procedimiento abierto simplificado, al igual que en el resto de procedimientos abiertos -incluido el procedimiento simplificado sumario- la apertura del sobre o sobres que contiene/n los criterios NO sujetos a juicio de valor se haga mediante medios electrónicos. El artículo 159.4.d queda ahora redactado en los siguientes términos:

“d) La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.”

[Nota. Redacción anterior del artículo 159.4. d)

d) La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.”]

2º) En segundo lugar, y en relación a los procedimientos de los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, se añade un apartado 3º a la  Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de modo tal que no afectará a la posibilidad de interponer dicho recurso la suspensión de plazos prevista en la D.A. tercera del R.D.463/2020, siempre y cuando se trate de contratos en los que la continuación de su procedimiento de contratación haya sido acordada por venir referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En definitiva, no se suspenden los plazos para interponer el recurso especial en materia de contratación en la tramitación de los contratos del tipo señalado. El apartado introducido señala:

“3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la citada disposición adicional tercera.

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley.”

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1062_22/04/20.- CONSEJO DE EUROPA: HOJA DE RUTA COMÚN EUROPEA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA COVID-19. En este documento, considera el Consejo de Europa indispensable planificar la fase en la que los Estados miembros podrán reanudar las actividades económicas y sociales de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se sobrecarguen los sistemas sanitarios. Esto requerirá un planteamiento bien coordinado en la UE y entre todos los Estados miembros.  La hoja de ruta que ahora se establece contiene recomendaciones para los Estados miembros, con el objetivo de preservar la salud pública al tiempo que se suprimen gradualmente las medidas de contención para reanudar la vida comunitaria y volver a poner en marcha la economía. No supone una señal de que puedan levantarse inmediatamente las medidas de contención, sino que busca informar las actuaciones de los Estados miembros y proporcionar un marco que garantice la coordinación transfronteriza y a escala de la UE. En lo que a contratación pública se refiere, después de reconocer que las primeras semanas de la crisis se han caracterizado por una competencia entre las contrataciones a escala nacional, regional y europea, por perturbaciones en las cadenas de suministro, declara ahora que la contratación conjunta y la igualdad de acceso a las vacunas, una vez estén disponibles, guiarán la acción de la Comisión. De igual modo señala que la contratación conjunta para la adquisición a gran escala de las posibles terapias relacionadas con la COVID-19 se encuentra en una fase avanzada de preparación, y recuerda que la Comisión también ha intensificado sus esfuerzos mediante la puesta en marcha de acciones conjuntas de contratación pública de diversos suministros médicos, incluidos los kits de pruebas. El 1 de abril de 2020, publicó asimismo las Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis de la COVID-19 para la adquisición de suministros, servicios y obras necesarias para hacer frente a la crisis [C(2020) 2078]. Además, el 8 de abril de 2020, adoptó un Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19, con el fin de garantizar el suministro y la distribución adecuada de productos y servicios esenciales escasos durante el brote del COVID19 [C(2020) 3200]. Ese mismo día, adoptó Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de COVID-19 [C(2020) 2272 final]. Acceder aquí al documento “Hoja de ruta…”

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1061_21/04/20.- INFORME DE LA ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, SOBRE SI BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, CABE PRESCINDIR DEL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS. Se da en la LCSP una regulación un tanto incongruente, dado que para el procedimiento abierto en general se posibilita el que la apertura de la oferta económica se haga por medios electrónicos (Art.157.4 LCSP), en tanto que, singularmente, para el procedimiento abierto simplificado debe existir en todo caso un acto público de apertura (Art.159.4.d LCSP). La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ya se pronunció sobre esta cuestión en su informe 69/18, señalando que en todo caso habría de tener lugar el acto público de apertura, aun fuese mediante celebración on line. Ahora bien, y esta es la pregunta a la que se da respuesta en este informe de la Abogacía General del Estado ¿Cambia en algo esta interpretación -a la vista sobre todo de las dificultades que pueden darse para los integrantes de la Mesa de contratación- en el estado actual de alarma en el que nos encontramos? Acceder aquí al Informe AGE_17/04/20_7470.

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1060_20/04/20.– ÚLTIMAS NOVEDADES (20/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (13ª ENTREGA). 28 nuevos hiperenlaces: 2 informes de la Abogacía General del Estado; 9 normas autonómicas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, La Rioja); 1 estudio, 13 artículos, 1 vídeo, 3 actualizaciones de repositorios. Acceder aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas en cada subapartadoo ver a continuación las novedades de esta 13ª entrega:

RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES(13/04) Abogacía General del Estado. INFORME sobre la respuesta legal que proceda dar a las solicitudes formuladas por algunas empresas contratistas de obras para que, como consecuencia del permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020), se levante acta de suspensión las obras y se les reconozca el derecho a ser indemnizadas por ello. / (14/04). Abogacía General del Estado. INFORME sobre la aplicación del RDL 8/2020 a entidades integrantes del sector público que no celebran “contratos públicos”.

NORMATIVA AUTONÓMICA: 1) ANDALUCÍA. (15/04) RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo del artículo 11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)2) ARAGÓN. (03/004) ORDEN HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón3) CANARIAS. (17/04) RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19. / (03/04). DECRETO LEY 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-194) CANTABRIA. (23/03) RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. / (16/03) RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo5) GALICIA. RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2020, en relación con las medidas que deben adoptarse en el período de vigencia de la declaración de estado de alarma y de situación de emergencia sanitaria para la celebración de mesas de contratación y la realización de otros trámites necesarios en relación con los procedimientos de adjudicación de contratos del sector público autonómico que deban continuar en aplicación de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. Castellano / Galego6) LA RIOJA. (25/03) RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.

BIBLIOGRAFÍA; CB063 (17/04) ESTUDIO: REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. Jose Mª Gimeno Feliu. (26 páginas). / CB062 (18/04) CORONAVIRUS: ¿HASTA DÓNDE LLEGO TRAMITANDO? Hilario M. Hernández Jiménez. / CB061 (17/04) ALGUNAS LECCIONES DEL COVID-19 A LA REGULACIÓN Y A LA GESTIÓN PÚBLICA. Julio Tejedor Bielsa. / CB060 (17/04) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y COVID-19: SUSPENSIÓN Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. Carmen Mulet. / CB059 (16/04) LA MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO PÚBLICO DE SUMINISTRO EN PLENA PANDEMIA. Julian López. / CB058 (16/04) TRANSPARENCIA Y CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19. Eduardo Gamero Casado. / CB057 (16/04) LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NO ESTÁN SUSPENDIDOS. Victor Almonacid. / CB056 (15/04) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Juan Carlos Garzón Martínez. / CB055 (15/04) REFLEXIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN CONTRATACIONES RELACIONADAS CON EL COVID-19. Javier Miranzo Díaz. / CB054 (14/04) EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, ¿LA INDEMNIZACIÓN DE LOS GASTOS SALARIALES INCLUYE LOS GASTOS SALARIALES DE LOS SUBCONTRATISTAS? Carlos Pérez Ramos. / CB053 (14/04) LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA A LA VISTA DE LAS ORIENTACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA CRISIS DEL COVID-19. Irene Fernández Puyol y Blanca Lozano Cutanda. / CB052 (14/04) PREGUNTAS Y RESPUESTAS: LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE ALARMA. María Pilar Batet Jiménez. / CB051 (13/04) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EN CASOS DE IMPERIOSA URGENCIA. COVID-19. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 1 DE ABRIL DE 2020. Infonalia. / CB050 (13/04) EL CARÁCTER EXCEPCIONAL DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. Jaime Pintos Santiago.

VÍDEOS: CV005 (17/04). CONTRATACIÓN PÚBLICA VS. COVID-19. Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma.

REPOSITORIO1) OIRESCON (13/04)COVID-19 y Estado de Alarma. Impacto en la Contratación Pública. 2) ABOGACÍA ESPAÑOLA (17/04)La respuesta legal e institucional al COVID19. Manual para abogados y abogadas.(Bloque 8). 3º) URIA MENÉNDEZ (17/04)Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19.

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1059_20/04/20.- ESTUDIO DEL PROFESOR GIMENO FELIU (26 Páginas): Reflexiones sobre la función estratégica de la contratación pública en el contexto de la crisis sanitaria covid-19.
Nota: 
Recordamos que, dentro del ciclo de conferencias organizadas por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (@aepda), bajo el título EL DERECHO PÚBLICO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19Bajar programa de conferencias a partir de esta página y acceder aquí al canal Youtube, el próximo miércoles 22 de abril a partir de las 18:30 h., el profesor José Mª Gimeno Feliu, abordará el tema de LA INCIDENCIA DE LA CRISIS DEL COVID19 SOBRE EL DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

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1058_17/04/20.AVANCE DE CONTENIDOS DEL APARTADO COVID-19 VS. CONTRATACIÓN PÚBLICA. Todas las semanas actualizamos este apartado (a veces dos veces por semana), avanzando previamente los documentos que nos parecen -hasta la fecha de especial relevancia. Es esta ocasión se trata de: 1º) La actualización (a 13 de abril) que realiza el OIRESCON de su documento “Impacto en la contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma como consecuencia del covid-19 –Acceder aquí al documento actualizado-.” 2º) Informe del 13 de abril de la Abogacía General del Estado sobre la respuesta legal que proceda dar a las solicitudes formuladas por algunas empresas contratistas de obras para que, como consecuencia del permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020), se levante acta de suspensión las obras y se les reconozca el derecho a ser indemnizadas por ello. –Acceder aquí al informe de la AGE-. 3º) Informe de la AGE de 14 de abril, sobre la aplicación del RDL 8/2020 a entidades integrantes del sector público que no celebran “contratos públicos” –Acceder aquí al informe de la AGE-. 

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PRÓXIMAS CONFERENCIAS ON LINE / WEBINARS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. El viernes 17 de abril, Javier Vázquez Matilla, @Javiervazquezma ofrecerá en su canal Youtube -ver aquí-, a partir de las 12:00 horas, una nueva conferencia (la tercera), sobre la CONTRATACIÓN PÚBLICA VS. COVID-19. Como en anteriores ocasiones podéis enviar vuestra pregunta a formacion@javiervazquezmatilla.com.

Damos cuenta también de las tres jornadas (dias 14, 16, y 22 de abril) que está celebrando la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), bajo el título EL DERECHO PÚBLICO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19. Bajar programa a partir de esta página y acceder aquí al canal Youtube que ofrece las conferencias. A destacar la participación el próximo 22 de abril del profesor José Mª Gimeno Feliu, que abordará el tema de LA INCIDENCIA DE LA CRISIS DEL COVID19 SOBRE EL DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Y dado que no todo va a ser Covid-19 (esperemos), hacemos referencia a una tercera conferencia que tendrá lugar el día 16 a las 12:00 horas, impartida a través de PECOP por María José Hernández, (@mjose_hm) bajo el descriptivo título DEFIENDE TUS DERECHOS EN LAS LICITACIONES. SI NO ESTÁS DE ACUERDO RECURREPuedes apuntarte a partir de esta página.

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1056_15/04/20.GOBIERNO DE NAVARRA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES. PREGUNTAS (30) Y RESPUESTAS FRECUENTES. Estamos ante un documento (descargar aquí en pdf -25 páginas-) que, hemos de reconocer, no tiene un encaje pleno en una web como contratodeobras.com: su contenido sólo se refiere en parte a la contratación pública, tiene por destinatarios a los municipios de una sola Comunidad Autónoma que, además, es la única con competencia plena y diferenciada a la del resto del Estado en materia de contratación pública. Frente a ello creemos no equivocarnos si afirmamos que es un documento que, en un 90%, puede ser empleado por cualquier municipio del Estado (en especial por los pequeños municipios), incluso  respecto a las consultas realizadas en materia de contratación pública (el documento diferencia en todo momento la normativa aplicable). Y, sobre todo, es de esos tipos de documentos que nos gustan y agradecemos, por formular preguntas concretas y dar respuestas directas y prácticas, desde la primera (Posibilidad de celebración de sesiones telemáticas), a la trigésima (¿Pueden los vecinos ir a sus huertos de uso particular a regarlos y dar de comer a los animales?).

Ver aquí otras noticias

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1055_13/04/20.ÚLTIMAS NOVEDADES (13/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (12ª ENTREGA). En esta ocasión incluimos un 1 informe de la Abogacía del Estado; 1 Informe y 1 Nota de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 10 normas de 5 Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, Galicia, Islas Canarias y Navarra); 1 Estudio completo (99 páginas) y 3 artículos, y 1 nueva página en el apartado Repositorio. Acceder aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas en cada subapartado) NOVEDADES:

RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES: 1º) (09/04 -fecha probable-) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Tramitación de emergencia de los contratos por los que se instrumentan medidas de lucha contra el COVID-19. 2º) (07/04) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado INFORME DE 7 DE ABRIL DE 2020 de la JCCPE en relación con la suspensión de la tramitación y del cómputo del plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación durante el estado de alarma en el caso de los contratos amparados por la disposición adicional 3ª.4 del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. 3º) (07/04) Abogacía General del Estado. Informe sobre la posibilidad de realizar abonos a cuenta de las indemnizaciones de daños y perjuicios previstas en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

NORMATIVA AUTONÓMICA: 1º) ANDALUCÍA: (09/04) DECRETO-LEY 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). / (01/04) DECRETO-LEY 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). / (30/03) DECRETO-LEY 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 2º) CATALUÑA. (09/04) DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. Catalá / Castellano. 3º) GALICIA: (08/04) RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre iniciación, continuación y aprobación de expedientes de contratación y de subvenciones. Galego / Castellano. / (08/04) RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, de continuación de procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones que estuviesen en tramitación en el momento de entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Galego / Castellano. / (08/04) RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre continuación de la ejecución de contratos celebrados por el sector público autonómico. Galego / Castellano. 4º) ISLAS CANARIAS: 07/04) RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2020, por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 5º) NAVARRA: (09/04) LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). / (09/04) LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

BIBLIOGRAFÍA: (07/04) LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: CONSECUENCIAS PARA LA LICITACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO. Carlos Borrego. (99 páginas). / (11/04) ESQUEMA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS. by M.P. Batet. / (01/04) L’ESTAT D’ALARMA PER LA COVID-19. COM AFECTA LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. Rosa Maldonado Camats. / CB035 (11/04 -actualizado-) LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS POR LA CRISIS DEL COVID-19 RD 463 465 Y 476/20 Y RDLEY 11/20. Diego Gómez Fernández. @diegogomabogado.

REPOSITORIOS: JAIME PINTOS SANTIAGO. Normograma: COVID 19 y la Contratación Pública.

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1054_12/04/20.- PLAN ESTRATÉGICO DE LA OIRESCON 2020-2024. Nos hacíamos eco el pasado 3 de abril de 2020 (Noticias. Ref.- 1045), de la compilación y sistematización de normativa e informes publicados en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, llevados a cabo por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON). En esta ocasión, hacemos referencia a su Plan Estratégico 2020-2024, documento de cuarenta y ocho (48) páginas editado con la finalidad de dar cumplimiento a los fines y objetivos atribuidos a la OIRESCON por el artículo 332 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En este documento, además de objetivos de funcionamiento ad intra (Puesta en marcha de la oficina, dotándola de medios personales y materiales, incluidos medios y herramientas informáticos que permita un desempeño eficiente de sus tareas) y ad extra (Fomento de las relaciones institucionales  de carácter institucional, destacan la regulación que se pretende llevar a cabo de la contratación pública mediante el estudio y análisis de los distintos escenarios en los que se encuentran las actuaciones, tanto interpretativas como de aplicación de la normativa, a los efectos de proporcionar instrumentos prácticos que permitan salvar los inconvenientes para la correcta aplicación de la normativa, en particular, en lo referido a los posibles obstáculos a la concurrencia. Son otros objetivos a destacar de este Plan Estratégico, la prevención y lucha contra la corrupción en materia de contratación, el promover e incentivar la profesionalización de las personas que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación pública, el fomentar la existencia de foros de comunicación cooperación con los operadores económicos del mercado de la contratación, etc.. Acceder aquí al Plan estratégico de la OIRESCON 2020-2024.

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1053_12/04/20.- NUEVOS INFORMES DE LA ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO EN RELACIÓN A LA INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL COVID-19. Dado que aun tardaremos unos días (lunes 13/04), en actualizar el apartado Covid-19 vs. Contratación Pública, adelantamos, por su trascendencia, dos de los documentos que se incluirán en dicha actualización. Se trata por una parte de este informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en relación con la suspensión de la tramitación y del cómputo del plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación durante el estado de alarma en el caso de los contratos amparados por la disposición adicional 3ª.4 del real decreto 463/2020. Dicho informe considera que la exención de la suspensión de los procedimientos referentes a los contratos públicos que son indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios ha de alcanzar también al procedimiento para el análisis de las posibles irregularidades cometidas en su seno, es decir, al recurso especial en materia de contratación que contra el mismo proceda, considerando conveniente una modificación legal para este tipo de procedimientos con el fin de que los órganos competentes para resolver el recurso especial dispongan de una habilitación legal clara y expresa para tramitar aquellos recursos correspondientes a procedimientos en los que previamente el órgano de contratación haya acordado motivadamente la no aplicación de la regla general de suspensión del procedimiento.

Por otra parte este informe de la Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, relativo a la la posibilidad de realizar abonos a cuenta de las indemnizaciones de daños y perjuicios previstas en el artículo 34 del RDL 8/2011 y en la que aquélla concluye señalando que resulta improcedente el abono a cuenta y durante el período de suspensión de los contratos a que se refiere el artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de las indemnizaciones previstas en dicha disposición legal.

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1052_11/04/20.- PUBLICADA (08/04) GUÍA DE ACTUACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA POR CAUSA DEL COVID-19 EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documente que analiza, estudia y complementa los riesgos derivados de los trabajos previstos a ejecutar. El riesgo de contagio por el COVID-19 no está recogido ni en el Proyecto ni en el Estudio de Seguridad y Salud y, por ello, tampoco está recogido en el mencionado Plan se Seguridad y Salud. Independientemente de lo anterior, es de obligado cumplimiento el mencionado RD 463/2020, como cualquier otra directriz marcada por el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Trabajo, dentro del conjunto de normas y ámbito regulatorio y, en concreto, el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2”, publicado por el Ministerio de Sanidad. El contratista, titular del centro de trabajo, deberá establecer un procedimiento de actuación en cada obra, siguiendo el mencionado procedimiento. Esta guía que de modo conjunto publican la Confederación Nacional de la Construcción y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, pretende servir de base para facilitar la elaboración de dicho procedimiento por cada empresa contratista. Acceder aquí a la Guía.

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1051_10/04/20.- NUEVA VERSIÓN (3.0) DE LA GUÍA DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (PCSP): FORMALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS CONTRATOS. Recientemente (26/03/20) la PCSP ha editado una nueva versión de la Guía de Servicios de Licitación Electrónica para Órganos de Contratación II, a la que añade el subtitulo; Propuesta de adjudicación, Requerimiento de Documentación y Firma del Contrato Electrónicos. En ella se documenta cómo el órgano de contratación debe realizar el requerimiento electrónico de documentación al mejor valorado, como paso necesario para proceder a la adjudicación del contrato. De igual modo, se describe el proceso de remisión del contrato al licitador para su firma electrónica y la forma de visualizar su contenido para su posterior publicación en el anuncio de formalización. Para poder hacer uso de estos servicios por el Órgano de Contratación, es requisito inexcusable tener alojado su perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Acceder aquí a la versión 3.0 (26/03) de la Guía.

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1050_10/04/20.- APROBADO EL 8 DE ABRIL DE 2020 LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 5 DE JULIO DE 2018, CON RECOMENDACIONES DESTINADAS A LA COMISIÓN SOBRE UN ESTATUTO PARA LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (2016/2237(INL)) (2020/C 118/24). Son varias las referencias que se hacen en este documento a la contratación pública [considerando “AF”, “AI29” y “AI 31”], entre los que destaca el considerando “AI35” el cual señala: “Observa, [El Parlamento Europeo] a este respecto, que la economía social sigue enfrentándose a dificultades en cuanto al acceso a la contratación pública, como los obstáculos relacionados con el tamaño y la capacidad financiera; reitera la importancia de una aplicación efectiva del paquete de reformas en materia de contratación pública por los Estados miembros con el fin de conseguir una mayor participación de estas empresas en los procedimientos de licitación de los contratos públicos, mediante una mejora de la difusión de las normas en materia de adjudicación de contratos, los criterios y la información en relación con las licitaciones, así como mediante la mejora del acceso a los contratos para dichas empresas, incluidas cláusulas y criterios sociales, la simplificación de los procedimientos y la elaboración de las licitaciones de modo que resulten más accesibles para los operadores más pequeños;” Acceder aquí a la Resolución del Parlamento.

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1049_09/04/20.- LOS 40 PRINCIPALES ERRORES TÍPICOS DE LOS LICITADORES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Excelente, como siempre, el trabajo elaborado por el equipo de Melian abogados, quienes a lo largo de varias semanas han recogido los que entienden son los errores más comunes de las empresas a la hora de licitar para el sector público. En esta página puedes ver el índice de los 40 errores señalados, y acceder a partir de la misma al análisis singular de cada uno de ellos, en los que se desarrolla el error y las consecuencias negativas que para el contratista se derivan de tales errores y, en ciertos casos, el modo de enmendarlos.

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1048_08/04/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (08/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (11ª ENTREGA). En esta ocasión incluimos un 1 informe de la Abogacía del Estado; 1 Nota informativa de la D. G. Racionalización y Centralización Contratación; 11 Normas autonómicas; 11 artículos; y 3 repositorios de actualización periódica, con los que creamos un nuevo subapartado (VI.- Repositorios de actualización periódica). Acceder aquí al apartadoCOVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas).

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES (02/04) Abogacía General del Estado. Informe sobre los efectos que se derivan del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo en relación con los siguientes contratos. (23/03) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Nota informativa sobre la tramitación y ejecución de contratos basados en acuerdos marco del sistema estatal de contratación centralizada como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS. 1º) ARAGÓN ORDEN HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 2º) CASTILLA-LA MANCHA. (06/04) Orden 48/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la contratación electrónica. 3º) CATALUÑA. (03/04) INSTRUCCIÓ 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública sobre la declaració de suspensió i la tramitació dels pagaments dels contractes de neteja i de seguretat i vigilància en el marc de les mesures en matèria de contractació pública adoptades per fer front a la pandèmia del covid-19. (03/04) NOTA COMPLEMENTÀRIA A LA INSTRUCCIÓ 4/2020 Tramitació dels contracte d’emergència per motiu del context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19. (03/04) INSTRUCCIÓ CONJUNTA de la Direcció General d’Assessoria Jurídica, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i la Intervenció General sobre el procediment a seguir per a presentació de garanties en les modalitats d’aval i assegurança de caució a la Caixa General de dipòsits durant el període de vigència de l’estat d’alarma. (31/03) INSTRUCCIÓ 04/2020 Tramitació dels contractes d’emergència per motiu del context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19. 4º) GALICIA. (31/03) RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. Castellano / Gallego. 5º) ISLAS BALEARES. (28/03) DECRETO LEY 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Castellano / Catalán. 6º) ISLAS CANARIAS. (03/04) DECRETO LEY 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 7º) VALENCIA. (29/03) RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma.

IV.- BIBLIOGRAFIA: ESTUDIOS/ARTÍCULOS, ESQUEMAS/INFOGRAFÍAS, ETC. CB046 (07/04) SOBRE EL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS DERIVADOS DEL REAL DECRETO 463/2020. Antonio Cano Murcia. CB045 (07/04) CONTRATOS DE CONCESIÓN Y COVID-19. ¿UNA SOLUCIÓN AD HOC PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓMICO? Ximena Lazo Vitoria. @LazoVitoriaCB044 (06/04) LA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS EN LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. ESPECIAL REFERENCIA A AENA. José M. Ramírez Mora. CB043 (06/04) DE LAS ORIENTACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA CRISIS DEL COVID-19 Y DE SUS IMPLICACIONES EN EL CASO ESPAÑOL. Isabel Gallego Corcoles. @Isabel_GallegoCCB042 (03/04) #COVID19: GUÍA PRÁCTICA DE TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE EMERGENCIA. Jaime Pintos Santiago. @pintos_jaimeCB041 (03/04) ALCANCE EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN TRÁMITES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. Derecholocal.es CB040 (03/04) CONTRATACIÓN PÚBLICA DURANTE LA CRISIS DE COVID-19 O SIMILARES. Ana Lucia Jaramillo Villacís y Ana Isabel Peiró Baquedano. CB039 (02/04) LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS. Antonio García Jiménez. CB038 (01/04) LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS EN TIEMPOS DE ALARMA: CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO OBJETIVO DEL RECURSO ESPECIAL. Isabel Gallego Corcoles. @Isabel_GallegoCCB037 (31/03) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EMERGENCIA. Ximena Lazo Vitoria. @LazoVitoriaCB036 (30/03) REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. Jose Mª Gimeno FeliuCB025 (01/04 -Actualizado-) MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA COVID-19 GUIA RÀPIDA. Direció General de Contractació Pública. @contractaciocat.

VI.- REPOSITORIOS DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA. 1º) CONTRATODEOBRAS.COM. Covid-19 y contratación pública2º) OIRESCON. COVID-19 y Estado de Alarma. Impacto en la Contratación Pública. 3º) ABOGACÍA ESPAÑOLA. La respuesta legal e institucional al COVID19. Manual para abogados y abogadas.(Bloque 8). 4º) URIA MENÉNDEZ. Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19.

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1047_06/04/20.– COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: ORIENTACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL USO DEL MARCO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA RELACIONADA CON LA CRISIS DEL COVID-19 (2020/C 108 I/01). “COVID-19 es una crisis sanitaria que exige soluciones rápidas e inteligentes y agilidad para hacer frente a un enorme aumento de la demanda de bienes y servicios de tipo similar, al mismo tiempo que algunas cadenas de suministro se ven perturbadas (…) La presente guía se centra especialmente en la contratación pública en casos de extrema urgencia, que permite a los compradores públicos comprar en cuestión de días, incluso de horas, en caso necesario. Precisamente en una situación como la actual crisis del COVID-19, que presenta una urgencia extrema e imprevisible, las Directivas de la UE no contienen restricciones de procedimiento. (…) En concreto, el procedimiento negociado sin publicación [Art.32 Directiva 2014/24/UE] permite que los compradores públicos adquieran suministros y servicios en el plazo más breve posible (…) En la práctica (…) el procedimiento puede constituir una adjudicación directa de facto sujeta únicamente a limitaciones físicas o técnicas relacionadas con la disponibilidad real y la velocidad de entrega.”

En el apartado 2 se refiere a la posibilidad de acortar plazos en los procedimientos abiertos y restringidos, más en los casos de urgencia. En el apartado 2.3 se refiere al procedimiento negociado sin publicación en casos de extrema urgencia, analiza todos y cada uno de los requisitos exigidos por las Directivas de contratación, con lo que se concluye que en la actual situación es plenamente aplicable este procedimiento. (Acceder aquí a la Comunicación de la Comisión).

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1046_03/04/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (03/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (10ª ENTREGA). El pasado miércoles 1 de abril se publicó el RDL 11/2020 que modifica el artículo 34 del RDL 8/2020 y deroga parcialmente la D.A. tercera del RD 463/2020). (Sobre el alcance de las modificaciones, ver este estudio de elaboración propia). Se trata de una ley que marca un HITO en la regulación de la reciente normativa que sobre contratación pública ha sido aprobada para hacer frente a la pandemia del coronavirus (covid-19). Y hablamos de “norma hito” (al igual que consideramos como tales el RD 463/2020 y el RDL 8/2020), en el sentido de que su entrada en vigor dejará obsoleta en gran parte la normativa estatal y autonómica, informes oficiales y doctrina, anteriores a su publicación. Por lo tanto, mucha cautela y perspectiva al visionar normas, informes, o publicaciones doctrinales anteriores al 1 de abril. En esta décima entrega, incluimos los siguientes siete (7) documentos/hiperenlaces:  

I.- NORMATIVA ESTATALReal Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (modifica el artículo 34 del RDL 8/2020 y deroga parcialmente la D.A. tercera del RD 463/2020). (Sobre el alcance de las modificaciones, ver este estudio de elaboración propia). 

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES(01/04) Abogacía General del Estado. Informe relativo a consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS. 1).- CATALUÑA. ACORD GOV/55/2020, de 31 de març, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim de l’Estratègia catalana de contractació pública. / ACUERDO GOV/55/2020, de 31 de marzo, por el que se aprueban los objetivos y el contenido mínimo de la Estrategia catalana de contratación pública. 2º) EXTREMADURA.- DECRETO-LEY 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19

IV.- BIBLIOGRAFÍA. CB035 (02/04) LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS POR LA CRISIS DEL COVID-19 RD 463 465 Y 476/20 Y RDLEY 11/20. Diego Gómez Fernández. @diegogomabogado(02/04) CB034 CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DURANTE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID19. Francisco Manuel Bastardo Yustos(02/04) CB033. ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE CÓMPUTO DE PLAZOS, POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2020. www.contratodeobras.comAcceder aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas).

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1045_03/04/20.- COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE NORMATIVA E INFORMES POR LA OIRESCON. la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), ha elaborado diversos documentos, con la finalidad de compilar y sistematizar la normativa en materia de contratación pública generada con motivo de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus (covid-19), así como de clarificar sus implicaciones, todo ello con el objetivo de constituir una herramienta útil tanto para los órganos de contratación, como de los contratistas y operadores económicos en general, cuyas actividades tengan relación directa o indirecta con la contratación pública. La compilación de disposiciones se lleva a cabo de tres modos: cronológica, sistemática, y territorialmente. Además, bajo el título Impacto en la contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma como consecuencia del covid-19recopila los criterios de otros organismos estatales y autonómicos sobre los efectos de la declaración del estado de alarma sobre la ejecución de los contratos públicos, la no suspensión de los contratos públicos, las actuaciones consideradas de emergencia, etc.

Ciertamente, no podemos dejar de mostrar nuestra extrañeza por la función asumida por la OIRESCON, de mero recopilador de normas y criterios de otros órganos, dejando de lado la que, creemos, debería ser su función principal en estos momentos: “…aprobar instrucciones fijando las pautas de interpretación y de aplicación de la legislación de la contratación pública, así como elaborar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación, si de la supervisión desplegada se dedujese la conveniencia de solventar algún problema, obstáculo o circunstancia relevante”(Artículo 332.7.d LCSP).

 

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1044_02/04/20.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE CÓMPUTO DE PLAZOS, POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2020 (DOCUMENTO DE ELABORACIÓN PROPIA).  Como continuación del resumen de urgencia que elaboramos en el día de ayer, comparando la redacción anterior y la actual del artículo 34 del RDL 8/2020, y del artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, hoy, además de añadir una referencia a la modificación introducida por el RDL 11/2020, en el modo de cómputo de los plazos de los recursos administrativos, analizamos de modo detallado el alcance  (y no alcance) de las modificaciones introducidas en materia de contratación pública por el señalado RDL 11/2020. Acceder aquí al documento.

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1043_01/04/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (01/04) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (9ª ENTREGA). A la espera de que se haga efectiva una modificación del articulo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, que dé respuesta a los múltiples interrogantes que su redacción actual plantea, y de los que son buena prueba los innumerables informes de la Abogacía General del Estado, o las dudas planteadas por gestores de la Administración, operadores económicos y asesores, os hacemos llegar una nueva entrega con 11 nuevos hiperenlaces/documentos que se añaden al apartado COVID-19 y Contratación Pública subdivididos en: de Normativa estatal (1); Resoluciones y comunicaciones de organismos estatales (2); Normativa y resoluciones/informes autonómicos [Cataluña (2), Islas Canarias (1) y Valencia (1)]; Bibliografía (3) y Vídeos (1). A destacar un informe de la Inspección de Trabajo, sobre los contratos de trabajadores adscritos a un contrato público que cabe suspender. Acceder aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas).

I.- NORMATIVA ESTATAL BÁSICA. REAL DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (D.A. Cuarta y quinta).

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES: (30/03) Abogacía General del Estado. Interpretación del artículo 34.4 [concesión de obras y C. de servicios] del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19(27/07) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Informe del Área de coordinación de inspecciones provinciales de trabajo (apartado 6.3. Fuerza mayor en la contratación pública. Contratos de trabajo que pueden suspenderse).

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS1) CATALUÑA. (28/03) DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19(28/03) ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19. ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19. 2) ISLAS CANARIAS. (30/03) ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN sobre medidas de actuación en la contratación del sector público de la comunidad autónoma de canarias durante la situación de alarma provocada por el coronavirus covid-193) VALENCIA. DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19.

IV.- BIBLIOGRAFIA: ESTUDIOS/ARTÍCULOS, ESQUEMAS/INFOGRAFÍAS, ETCCB032 (31/03) DIVERSOS MODELOS (ACTUALIZACIÓN PERMANENTE) PARA ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS QUE DERIVAN DE LA NUEVA NORMATIVA. COSITAL Network. CB031 (31/03). INDEMNIZACIONES A ABONAR POR LA SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS POR COVID19. Javier Vázquez Matilla. @JaviervazquezmaCB030 (30/03) ¿HABRÁ QUE DESCONTAR EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE DE LOS GASTOS SALARIALES A INDEMNIZAR POR SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS? Esteban Umerez Argaia. @eumrzVÍDEOS. CV003(27/03) COVID-CONTRATACIÓN PÚBLICA INDEMNIZACIONES. Javier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma.

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1042_31/03/20.- PUBLICADA EN EL BOE LA HAC/304/2020, DE 3 DE MARZO, SOBRE LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 Y EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo (Abrir aquí). El régimen de revisión de precios de contratos del sector público se encuentra regulado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. De conformidad con esta regulación, la aprobación de los índices de precios es competencia de la Ministra de Hacienda previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, informe que ha sido aprobado en su reunión del pasado 8 de marzo de 2019. En breve incorporaremos los datos a nuestro Informe de elaboración propia que contiene la evolución de los índices de precios desde el año 2001.  

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1041_30/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (30/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (8ª ENTREGA).En esta nueva entrega os hacemos llegar 20 nuevos enlaces correspondientes a: 1 normas estatales; 5 informes de la Abogacía del Estado; 3 normas autonómicas; 7 artículos/estudios; 1 infografía; 3 vídeos.  Podéis acceder aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública, en donde podréis ver estas mismas novedades ya incorporadas. Como podréis comprobar hemos introducido ciertos cambios en este apartado para facilitaros la navegación por él.

I.- NORMATIVA ESTATAL BÁSICA.  (28/03) REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (Disposición final segunda que modifica el artículo 16 del REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19.

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES 1º) (26/03) Abogacía General del Estado. Cuestiones sobre disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020. 2º) (18/03) Abogacía General del Estado. Consulta sobre si los supuestos del apartado 6 del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 (que quedan exceptuados del régimen de suspensión de los apartados 1 y 2), cabe acordar una suspensión “ordinaria” del contrato al amparo de la LCSP (artículos 190 y 208). 3º) (18/03) Abogacía General del Estado. Informe sobre varias cuestiones relacionadas con la suspensión de algún trámite en el procedimiento de contratación. Necesidad de dar audiencia a todos los licitadores. Suspensión por interposición de recurso especial ante el TARC. 4º) (18/03) Abogacía General del Estado. Informe sobre modificación de un contrato de limpieza. 5º) (18/03) Abogacía General del Estado. Consulta sobre si procede al cerrarse edificios administrativos la suspensión de contratos como seguridad o limpieza.

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS1º) EXTREMADURARESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020, por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 2º) PAÍS VASCO. (27/03) CIRCULAR 2/2020, de 26 de marzo, de la dirección de patrimonio y contratación, sobre las medidas en materia de contratación pública establecidas en el artículo 34 del real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. 3º) MELILLA. (29/03) DECRETO nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la contratación de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el covid-19, en el ámbito de la administración de la ciudad autónoma de Melilla.

IV.- BIBLIOGRAFIA: ESTUDIOS / ARTÍCULOS, ESQUEMAS / INFOGRAFÍAS, ETCCB029 (29/03) CRISIS CORONAVIRUS: ¿PUEDO CONTRATAR POR EL TRÁMITE DE EMERGENCIA DE LA LCSP? Melian Abogados. @melianabogados; @jcarlosmelianCB0289 (29/03) MIS REFLEXIONES SOBRE EL ALCANCE DE ALGUNOS CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA: NECESIDAD DE INTERPRETAR Y/O FLEXIBILIZAR CIERTOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y DEL CONTROL. Álvaro García Molinero. @AlvaroGmolineroCB027 (28/03) RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN #ESTADODEALARMA. Concepción Campos. @mccamposacunhaCB026 (25/03) ¿QUÉ SUCEDE CON LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD AL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19? Consuelo Doncel Rodríguez@ConsueloDRCB025 (25/03) MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA COVID-19 GUIA RÀPIDA. Direció General de Contractació Pública. CB024 (21/03) PRINCIPALES INTERROGANTES EN LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ACORDADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO. Pérez-Llorca Abogados (37 páginas). CB023 (20/03) EFECTOS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN TRAMITACIÓN Y LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON OCASIÓN DEL CORONAVIRUS José Manuel Martínez Fernández. CB022 (18/03) MEDIDAS IMPORTANTES SOBRE SUSPENSIÓN E INDEMNIZACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS POR EL COVID19. Esteban Umerez Argaia. @eumrz.

V.- VÍDEOS. 1º) CV003 (27/03). LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO ALARMA. José Manuel Martínez Fernández. 2º) CV002 (26/03). COVID PAUTAS PRACTICAS. Javier Vázquez Matilla @Javiervazquezma. 3º) CV001 (18/03). LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICAJavier Vázquez Matilla. @Javiervazquezma.

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1040_30/03/20.- PUBLICADO EL REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, QUE INTRODUCE a través de su disposición final segunda MODIFICACIONES EN EL ARTÍCULO 16 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19. Tal y como señala en su preámbulo el nuevo RDL 9/2020 introduce una modificación del artículo 16 del RDL 7/2020, al objeto de ampliar la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19, previsto en el mismo, a todo el sector público. Asimismo, se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 pueda realizarse a justificar, si resultara necesario. Por otra parte, dicho artículo también se modifica con la finalidad de completarlo y de hacer más efectiva la contratación, los libramientos de fondos, así como los pagos, en el ámbito de la Administración en el exterior para facilitar las medidas que se adopten por la misma frente al COVID-19. Todo ello, cumpliendo los requisitos formales previstos en este real decreto-ley.

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1039_27/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (27/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (7ª ENTREGA). En lo que se refiere a novedades, os traemos un nuevo informe/nota de la Abogacía General del Estado, así como normativa y tres resoluciones/comunicaciones autonómica (Aragón y Cataluña). A destacar -por su posible alcance general, el informe elaborado por la Direció G. de Contractació Pública de la Generalitat, relativo a los efectos en materia de contratación pública de las medidas normativas aprobadas frente al impacto del COVID-19. Respecto a este documento, además del texto del informe, sólo en catalán, os hacemos llegar -elaboración propia- las conclusiones del mismo traducidas al castellano. Accede aquí al apartado COVID-19 y Contratación Pública (novedades ya incorporadas).

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES: (21/03) Abogacía General del Estado. Consulta sobre la suspensión de los contratos de limpieza si se cierra el edificio.

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS: ARAGÓN: (25/03) DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de AragónCATALUÑA: A) (24/03) Direció General de Contractació Pública: INFORME sobre els efectes en matèria de contractació pública de les mesures normatives aprovades per fer front a l’impacte del covid-19 (Ver también aquí en castellano las conclusiones -elaboración propia-). B) (25/03) Direció General de Contractació Pública: Els actes d’obertura de sobres virtuals o telemàtics.

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1038_26/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (26/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (6ª ENTREGA). Abundantes y muy interesantes las novedades que incorporamos hoy que se resumen en los siguientes documentos: una (1) nota de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado; cinco (5) informes de la Abogacía del Estado; una (1) Nota del Ministerio de Política Territorial; seis (6) normas autonómicas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Baleares); seis (6) artículos También puedes encontrar estos documentos en la sección “COVID-19 y Contratación Pública” clasificados e integrados en su apartado correspondiente.

II.- RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES: (23/03) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en relación con las licitaciones de los contratos públicos(23/03) Abogacía General del Estado. Improcedencia de indemnizar al contratista, al amparo del artículo 34.1 del RDL 8/2020, por los costes salariales soportados por el subcontratista(21/03) Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Nota informativa sobre la posibilidad de que los órganos representativos locales y de gobierno (plenos, juntas de gobierno, comisiones de pleno), así como otros órganos colegiados locales (como juntas de contratación) puedan reunirse de manera telemática y adoptar acuerdos durante el estado de alarma(21/03) Abogacía General del Estado. Nota sobre la aplicación del régimen de dispensa de garantías en los abonos a cuenta prevista en el artículo 16.2 del Real Decreto- ley 7/2020, en la redacción dada por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, a la contratación de emergencia de las CCAA(19/03) Abogacía General del Estado. Consulta sobre el artículo 34.1 del RD-L 8/2020 (párrafos primero y séptimo) [suspensión no automática de los contratos de ….] (19/03) Abogacía General del Estado. Consulta sobre si el artículo 34 del Real Decreto-l 8/2020, resulta aplicable a las sociedades estatales (y fundaciones del sector público)(19/03) Abogacía General del Estado. Nota sobre la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 a procedimientos sujetos a normativa comunitaria o internacional.

III.- NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS ANDALUCÍA (22/03) DECRETO-LEY 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económ co, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19). PDF(17/03) DECRETO-LEY 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). PDF. Nota: El texto de este DL ha sido modificado por el DL 5/2020 (ver arriba). CASTILLA-LA MANCHA. (24/03). CIRCULAR Nº 1/2020 de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la Interpretación en materia de Contratación, en el ámbito de la Administración Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y entidades del sector público regional (20/03) DECRETO 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero  y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19CATALUÑA (25/03) DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. (También en castellano). Ver este artículo -en castellano- relativo al alcance de la normativa catalana publicada hasta la fecha.  ISLAS BALEARES DECRETO LEY 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Castellano. Catalán.

IV.- DOCTRINA: ARTÍCULOS, VÍDEOS, ESQUEMAS, ETC. CV021 (25/03) DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19. Recopilatorio contratodeobras.com. @contratodeobrasCV020 (25/03) LA CRISIS SANITARIA COVID-19 Y SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. José María Gimeno Feliu (páginas 42 y siguientes). CV019 (25/03) COVID-19 PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. SDP Estudio legal. @SdPEstudioLegalCV018 (25/03) MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA. Federico Castillo Blanco. @acalslCV017 (23/03) ESTADO DE ALARMA: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE LICITACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Gómez Acebo y Pombo. @gomezacebopomboCV016 (21/03) NOTA SOBRE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 34.4   DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE MEDIDAS URGENTES ECONÓMICAS Y SOCIALES SOBRE EL COVID 19, EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS.  Cámara de Concesionarios de Infraestructuras Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).

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1037_26/03/20.- 2 CONFERENCIAS, EN DIRECTO E INTERACTIVAS. 1º) Hoy jueves 26 de marzo a las 12:00 horas, conferencia de Javier Vázquez Matilla, bajo el título Pautas prácticas de actuación en contratación pública durante el Estado de Alarma (Covid-19). Mañana viernes 27 de marzo a las 12:00 horas, conferencia interactiva de José Manuel Martínez Fernández, bajo el título Contratación pública en el estado de alarma, (Requiere inscripción -gratuita- previa).

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1036_25/03/20.- DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19. DOCUMENTO COMPLETOCliquear aquí– Hemos elaborado este documento de 12 páginas y 61 cuestiones con la inestimable ayuda de unos cuarenta seguidores que nos han hecho llegar su duda, -o sus múltiples dudas en muchos casos- que hemos tratado de sistematizar en el presente documento. Reiteramos que no se trata de que nosotros demos respuesta a las preguntas, sino de tratar de ordenarlas y sistematizarlas, para ayudar a los órganos competentes (OIRESCON o Juntas Consultivas) a conocer cuales son las inquietudes de los actores de la contratación pública, o para que quién tenga legitimidad para ello, se las haga llegar. A destacar dos de estas preguntas por reiteradas, y que no hemos visto que hayan sido abordadas, ni siquiera por la Abogacía del Estado, que creemos está realizando en este campo una labor encomiable (lástima que la AGE no publique estos informes en su web, y haya que ir “persiguiéndolos por las esquinas”): 1º) ¿Cabe la suspensión parcial del contrato? 2º) A efectos de indemnización ¿Cuál es el alcance que debe darse al concepto de gastos salariales?

Quienes nos han hecho llegar sus preguntas, son en su mayor parte trabajadores de entes públicos, pero también nos han enviado correos, empresarios, abogados y otro tipo de asesores. Puede ocurrir que alguno de ellos no vea reflejado en el documento sus preguntas. Ello puede obedecer bien a que hemos considerado que la pregunta se encontraba mal formulada por no tener en cuenta lo que ya se señala en la normativa, bien por ser preguntas demasiado específicas sobre un determinado tema carente de interés general o, en fin, porque no hemos sabido encontrar la verdadera intención de lo que se preguntaba, y hemos preferido “aparcar” la pregunta. En todo caso a estos seguidores (y sólo a estos) que tan amablemente nos han enviado sus preguntas, de no verla reflejada en el documento, pueden enviárnosla nuevamente, y trataremos de explicarle más detalladamente el porque de su no publicación y/o nuestra opinión sobre el tema.

En el documento se hace referencia -y se puede acceder- a cuatro nuevos documentos: una nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a tres informes de la Abogacía General del Estado. Mañana jueves los incorporaremos, junto con otros dos informes más de la AGE, al apartado COVID-19 y Contratación Pública.

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1035_24/03/20.DUDAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS APROBADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19 Esta noticia se integra en la noticias siguiente (Ref.- 1036).

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1034_23/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (22/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (5ª ENTREGA). RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES. (20/03). Abogacía General del Estado. Informe. Consulta sobre la forma en la que habrá de procederse en el momento que pierda vigencia la suspensión de los plazos previstos por el RD 463/2020. Interpretación de la disposición adicional tercera.

NORMATIVA AUTONÓMICA y RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS. 1º) CATALUÑA. (22/03) Tribunal Catalán de Recursos contractuales: Afectación en la tramitación de recursos debido al coronavirus. 2º) GALICIA. RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19. 2º) ISLAS BALEARES. (18/03) Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de aquello que dispone el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo.

DOCTRINA: ARTÍCULOS, VÍDEOS, ESQUEMAS, ETC. A) (22/03) Infografía/artículo. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CONFORME AL R.D. 8/2020. Melián abogados@melianabogados@jcarlosmelian. B) (20/03) CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA ANTE LA CRISIS SANITARIA COVID-19. Álvaro García Molinero. @AlvaroGmolinero. C) (¿20/03?) LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS ES APLICABLE A TODOS LOS CONTRATOS VIGENTES. Esteban Umerez Argaia. @eumrz.

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1033_20/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (20/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (4ª ENTREGA). En “respuesta” a la por ahora imparable propagación del coronavirus (COVID-19), continúan diariamente las novedades normativas y disposiciones de autoridades sobre la materia y, por ende, los artículos y trabajos doctrinales publicados en interpretación de esa normativa. Trataremos en breve -y siempre y únicamente, referido a la contratación pública- de abrir en nuestra web un nuevo apartado/página en el que se sistematicen estas novedades. Mientras tanto nos hacemos eco de las novedades normativas y doctrinales habidas en las últimas 24 horas, en esta cuarta entrega.

NORMATIVA: 1º) ESTADO a) Código electrónico del BOE: Crisis Sanitaria COVID-19. b) Nota sobre la aplicación de la ampliación de plazo o prórroga previstas en el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020 a los contratos menores. 2º) CATALUÑA. A) DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. B) Comunicado sobre el funcionamiento técnico de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública dada la situación de estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo3º) NAVARRA. DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 4º) COMPENDIO NORMATIVO de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19. Uria Méndez.

DOCTRINA: A) Guía sobre cuestiones jurídicas clave relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19. Uria Méndez. B) COVID-19 problemas específicos en la ejecución de los contratos del sector público. SDP Estudio legal. C) Repercusiones del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en materia de Contratación. Acobur. D) Aplicación práctica de la Suspensión de plazos administrativos en el Estado de Alarma. Concepción Campos.

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1032_19/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (19/03) SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (3ª ENTREGA). Continuamos “subidos a la ola” del impacto que la declaración del estado de alarma está teniendo en la contratación pública, con nuevas normas diarias. La de ayer –Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 de singular importancia. Aquí podéis ver el extracto normativo de este R.D.-l, en lo que afecta a la contratación pública (Preámbulo, articulado, disposiciones finales). Sobre interpretación de esta norma disponemos ya:

A) De este vídeo de Javier Vázquez Matilla que, bajo el título de La incidencia del COVID-19 en la contratación pública, ha sido seguido ayer en directo por más de 2.000 personas, analizando no sólo el contenido del R.D.-l. 8/2020, sino también el resto de normativa aprobada con motivo de la pandemia del coronavirus.

B) El artículo de José Mª Gimeno Feliu publicado en OBCP: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y contratación pública.

Nos hacemos eco de otros pronunciamientos de autoridades sobre este tema, en concreto:

1º) Circular 1/2020, de 16 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación sobre efectos de la suspensión de términos y la interrupción de plazos en la contratación del sector público de la comunidad autónoma de Euskadi. Es encomiable la claridad de exposición, y por eso mismo, es una lástima que se límite únicamente a la fase de licitación de los contratos. Quedamos a la espera (y animamos) una segunda entrega relativa a la fase de ejecución, que complemente las disposiciones del R.D.-l 8/2020.

2º) La Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, ha suprimido la nota publicada anteayer en su web (contractacio.gencat.cat) relativa al alcance de la suspensión de plazos, y cuyo contenido efectivamente, daba la impresión de ser confuso. Nos parece de especial interés, en la medida en que pueda servir de guía para otras administraciones, el (sólo en catalán) Acuerdo del Gobierno, de fecha 12/03/2020, por el que se declara de emergencia la contratación de suministros y de servicios en el marco de la estrategia de respuesta a la epidemia del SARS-CoV-2 por el que se declara de emergencia la contratación de determinados servicios.

3º) Damos cuenta de las medidas del plan de choque adoptadas por el Ayuntamiento de Riba-roja, un pequeño municipio (25.000 habitantes) de la provincia de Valencia, puntero en contratación pública. Consideramos que las medidas implementadas en este municipio (Ver aquí), pueden servir de guía a otros municipios.

4º) Reseñamos por último la Nota informativa del TARCCYL en relación con su actividad por la crisis del COVID-19.

Por lo que se refiere a artículos doctrinales (que serán incorporados en breve al apartado de nuestra web BIBLIOGRAFÍA), reseñar los siguientes: A) Reflexiones sobre la evolución de la crisis del COVID-19 y las posibles medidas adicionales para optimizar la gestión en materia de contratos públicos. German Bouso Darriba. B) Coronavirus: ¿hasta dónde llego tramitando? Hilario M. Hernández Jiménez. C) Tramitación de emergencia de contratos públicos relativos al COVID 19. María José Hierro Romero. D) La suspensión de los plazos administrativos por la crisis del COVID-19 (RD 463/2020 y RD 465/2020). Diego Gómez Fernández.

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1031_18/03/20.REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA El contenido de esta noticia de alcance se ha integrado en la referencia 1032.

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1030_18/03/20.- HOY MIERCOLES 18/03 A LAS 12:00 HORAS CONFERENCIA / EXPOSICIÓN DE JAVIER VÁZQUEZ MATILLA SOBRE EL IMPACTO DEL COVID 19 EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.  El contenido de esta noticia de alcance se ha integrado en la referencia 1032.

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1029_17/03/20.- ÚLTIMAS NOVEDADES (17/03) SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Como era de esperar en un tema tan complejo como el de la contratación pública, la D.A. tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, del que dimos cuenta ayer (Noticias Ref.-1028) ha dado pie a diversas y no en todo caso homogéneas interpretaciones sobre su contenido, y así:

1º) El criterio interpretativo de la Abogacía del Estado que considera: a) Que la suspensión afecta a TODO el sector público, incluidas por tanto también las entidades del sector institucional. b) La suspensión es la regla general, y el acuerdo de no suspensión la excepción, de lo que se deriva que: b1) Al producir la suspensión efectos ex lege, no necesita publicarse, en tanto b2) la excepción, esto es, los acuerdos de no suspensión que, de forma motivada, adopten las entidades del sector público, si deben publicarse.

2º) El criterio de la Dirección General de Patrimonio del Estado (responsable de la Plataforma de Contratos del Sector Público -PLACSP-), que puede ser considerado como desarrollo del anterior, aunque centrado en el efecto que tiene para los órganos de contratación la tramitación de los procedimientos de contratación pública en la PLACSP.

3º) El criterio del Gobierno de La Rioja que considera que todos los procedimientos de contratación quedan en suspenso, en la fase en la que se hallen, dado que todos los plazos han quedado interrumpidos mientras dure el estado de alarma.

4º) El criterio de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,… Ultima hora: Se ha eliminado la nota publicada en la web  contractacio.gencat.cat, nota cuyo contenido ciertamente no parecía demasiado acertado.

5º) La nota del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco (OARC / KEAO), en relación únicamente, a su trabajo como órgano competente para la resolución de recursos contractuales.

En el ámbito doctrinal, añadimos (a los tres referenciados ayer) un nuevo artículo, en esta ocasión de María Pilar Batet, (@mpbatet) titulado Los contratos públicos en el Estado de Alarma. Y pasado mañana miércoles, asiste en directo a las 12:00 horas, a la emisión de un programa/vídeo por parte de Javier Vázquez Matilla (@Javiervazquezma), bajo el título El impacto del Covid-19 en la contratación pública.

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1028_16/03/20.- SUSPENSIÓN GENERAL DE PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS. En el recientemente publicado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (coronavirus) se acuerda entre otras medidas la suspensión de los plazos procesales (Disposición adicional segunda) y la suspensión de los plazos administrativos (Disposición adicional tercera), disposiciones adicionales que, evidentemente, no podemos sino recomendar que se lean en su totalidad, pues ambas -aun siendo breves en cuanto a extensión- contienen excepciones y singularidades a tener en cuenta, y que, por ejemplo, nos lleva a afirmar que cabe no se suspendan múltiples procedimientos de contratación pública de servicios y suministros en relación a personas tuteladas o dependientes de Administraciones Públicas -Cuestión que por cierto plantea si la suspensión requerirá (D.A.3ª 3.) o no (D.A. 3ª.4.), acuerdo previo del órgano competente. Sobre esta cuestión, además del referido R.D. 463/2020, véase: 1º) La Nota de Prensa del Consejo de Ministros (Ministerio de Política Territorial y Función Pública) sobre la suspensión de plazos. 2º) El comunicado del Consejo General del Poder Judicial (previo al R.D. 463/2020, pero que cabe considerar interpretación del mismo). 3º) Los siguientes tres artículos: A) Impacto de la declaración del estado de alarma en el funcionamiento de la Administración Local. Victor Almonacid. @NoSoloAytos B) La incidencia en las entidades locales del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de Consuelo Doncel Rodríguez, @ConsueloDR. C) Contratación de emergencia y Coronavirus: requisitos y posibilidades. Concepción Campos. @mccamposacunha.

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1027_27/02/20.INFORME DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: ESPAÑA CONTINÚA SU MEJORA EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019. La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, ha supuesto la subida de cuatro puntos en relación con el año pasado. Mientras que en 2018 España obtuvo 58/100 puntos, este año la puntuación es 62/100. Para comprender estos resultados hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. La puntuación obtenida este año por España indica, al menos de forma indiciaria, que -en términos de percepción de expertos- las primeras sentencias recaídas en varios de los escándalos de corrupción aflorados en los últimos años, así como la moción de censura a la que se ha visto expuesta el anterior gobierno como consecuencia de una de las sentencias más importantes y de repercusión internacional conllevando por primera vez en democracia a un cambio de gobierno, han tenido un impacto importante. No obstante, ello no permite afirmar que España haya mejorado en la implementación de mecanismos de prevención de la corrupción, ni que todavía se hayan llevado a cabo las reformas legales necesarias. Con esta calificación, España ocupa la posición 30 entre los 180 países estudiados en el IPC de este año… Continuar leyendo en la fuente de la noticia (Transparency International) y acceder al análisis completo de los resultados

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1026_21/02/20.EL PARLAMENTO TRAMITARÁ COMO PROYECTO DE LEY LA NORMATIVA DE SECTORES ESPECIALES. Como recordareis, el pasado 5 de febrero de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores…” Pues bien, el Pleno del Congreso ha aprobado ayer (185 votos a favor, 136 en contra y 18 abstenciones) la convalidación del citado Real Decreto-Ley.

Cabría pensar que con esta convalidación se pone punto y final a la transposición de las directivas europeas de contratación pública, y a los cambios introducidos en la normativa de contratación por el señalado R.D.-L., y así es, en parte. La nueva normativa se encuentra ya en vigor desde el 6 de febrero y, evidentemente, continuará estándolo con la convalidación que ha tenido lugar ayer. Ahora bien, ayer también se aprobó -y en este caso por práctica unanimidad (335 votos a favor y 4 abstenciones)- tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia, por lo que ahora este texto se enviará a la comisión competente del Congreso, donde se debatirán las enmiendas que presenten los Grupos Parlamentarios, para posteriormente ser remitido al Senado. El hecho de que se tramite como ley implica que se puedan introducir modificaciones, en la tramitación parlamentaria que ahora se inicia.

Cabe reseñar que la posición contraria a la convalidación por parte del Grupo Parlamentario Popular, y del G.P. de Vox, así como la abstención del G.P. de Ciudadanos, obedece fundamentalmente al cambio introducido en la regulación del contrato menor, que elimina ciertos controles sobre el mismo La posición del Gobierno (Ministra Nadia Calviño), por el contrario, considera que la regulación existente hasta la fecha se ha demostrado “desproporcionada” puesto que si bien en su día se estableció para combatir el fraude, el hecho cierto es que  puede conllevar una restricción injustificada de la concurrencia en los consistorios pequeños, ya que disponen de menos contratistas potenciales y eso provoca que no se puedan completar algunas licitaciones. Sobre los cambios introducidos véase los dos vídeos que analizan el cambio de la regulación del contrato menor en el apartado noticias, referencia 1023. Véase igualmente la posición contraria a la modificación de la regulación que sostiene en esta entrevista el profesor Gimeno Feliu. Para seguir la tramitación Parlamentaria cliquear en este enlace. Véase aquí vídeo del debate de la tramitación parlamentaria.

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1025_20/02/20.- LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA NUEVAS GUÍAS CON CRITERIOS ECOLÓGICOS A EMPLEAR POR LOS PODERES ADJUDICADORES EN SUS LICITACIONES. De la importancia creciente de los criterios medioambientales en la contratación pública da buena cuenta la nueva normativa (comenzando por las directivas de 2014, y las nuevas leyes de contratación), que día a día se incorporan en Europa (ver por ejemplo en nuestro apartado noticias referencias 951 y 1015), y en España (Ver Referencia 914). Pues bien, estos documentos de contratación pública ecológica (GPP por sus siglas en inglés –Green Public Procurement-) que ahora se incorporan, tienen por finalidad facilitar a los órganos de contratación la inclusión de requisitos ecológicos en los documentos de licitación pública, pretendiendo alcanzar un buen equilibrio entre el desempeño ambiental, las consideraciones de costos, la disponibilidad del mercado y la facilidad de verificación, las autoridades contratantes pueden elegir, de acuerdo con sus necesidades y nivel de ambición, incluir todos o solo ciertos requisitos en sus documentos de licitación.

A los dieciséis estudios/guías publicados hasta la fecha, se incorporan ahora tres nuevos relativos al Mantenimiento del espacio público, Transporte por carretera, y Servicios de catering y máquinas expendedoras. La mayor parte de estos documentos se encuentran publicados en español. Acceder aquí a los diecinueve estudios/guías.

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1024_196/02/20.- NUEVE (9) DICTÁMENES, Y RESOLUCIONES DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR) Y DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO CON INCIDENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PUBLICA.  1º) Dictamen del CDR. Informe sobre aplicación de la contratación pública (2020 / C 39/09). Publicado el 5 de febrero, en este Dictamen, entre otras recomendaciones políticas, el CDR señala que “la posibilidad introducida en las Directivas sobre contratación pública de 2014 que los poderes públicos adjudicatarios tengan en cuenta objetivos estratégicos de adjudicación en la contratación pública puede dar lugar, en algunos casos, a una «mejor contratación» desde el punto de vista del órgano de contratación “, considerando, sin embargo,” la carga administrativa resultante de ello para los entes locales debe ser proporcional a la utilidad que la contratación pública puede aportar en interés de los ciudadanos “. Asimismo …. Continuar leyendo en la fuente de la noticia (gencat) y acceda al dictamen.

2º a 7ª ) Otras Resoluciones y dictámenes del C.D.R. Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el Semestre Europeo de 2019 y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020 (2020 / C39 / 02) /*/ Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Recomendaciones para el diseño eficaz de estrategias de desarrollo regional más allá de 2020 (2020 / C39 / 03) /*/ Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – «Una Europa sostenible de aquí a 2030: seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático» (2020 / C 39/06) /*/ Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Aplicación del paquete sobre energía limpia: los planes nacionales de energía y clima como instrumento para el enfoque de gobernanza local y territorial sobre el clima y la energía activa y pasiva (2020 / C39 / 07) /*/  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Contribución de las regiones y ciudades en el nuevo marco político de la UE para las pymes (2020 / C 39/08) /*/ Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Aplicar el Acuerdo de París mediante una transición energética innovadora y sostenible a escala local y regional (2020 / C 39/16)… Ver resumen de estos pronunciamientos en la fuente de la noticia (gencat), y acceder a ambos dictámenes.

8º a 9º) Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo. /*/ Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un papel más constructivo para la sociedad civil en la aplicación de la legislación medioambiental» (2020 / C 47/07) /*/ Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del Plan de acción para la economía circular »(2020 / C 47/14 )… Leer el alcance de ambos dictámenes en la fuente de la noticia (gencat), y acceder a ambos dictámenes.

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1023_13/02/20.- VIDEONOTICIA: ANÁLISIS DE LA NUEVA REGULACIÓN DEL CONTRATO MENOR. El recientemente publicado (05/02) Real Decreto-ley 3/2020, además de transponer la Directiva de los Sectores Especiales 2014/25/UE, ha introducido un par de modificaciones en la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (Véase nuestra referencia 1018), la de mayor repercusión, los cambios introducidos respecto a la regulación del contrato menor. Pues bien, aquí os dejamos un vídeo de tres minutos del prestigioso abogado Javier Vázquez Matilla, en el que se analiza de modo detallado el alcance de esta modificación.  Dejamos también aquí un segundo vídeo, donde, de un modo didáctico/formativo se describe la figura del contrato menor.

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1022_13/02/20.- TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LA LEY 31/2007 Y EL RD LEY 3/2020. La editorial Wolters Kluwer, en su revista El Consultor Contratación Administrativa, ha publicado este documento que, por el momento, puede descargarse aquí libremente en formato pdf. Se trata de una tabla de equivalencias del articulado de la hasta el día 6 de febrero vigente Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y la nueva norma que se recoge en el Real Decreto-ley 3/2020 publicado el 5 de febrero. 

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1021_12/02/20.-EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA IMPLANTARÁ LA LICITACIÓN 100% ELECTRÓNICA PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. El Ayuntamiento de Barcelona pretende implantar en el segundo trimestre de 2020 la tramitación electrónica de todos los procedimientos de licitación. El portal de licitaciones electrónicas del Ayuntamiento será la única vía para poder participar en las licitaciones del Ayuntamiento de Barcelona y sus entes dependientes, de modo tal que los trámites de presentación de ofertas, apertura de sobres, mesas de valoración y otros necesarios hasta la formalización del contrato se llevarán a cabo por medio de este portal. Antes de implementarla definitivamente, se hará una prueba piloto con una duración aproximada de 4 meses en determinados contratos. Creemos, -no lo podemos afirmar de modo categórico- que con su implantación, el Ayuntamiento de Barcelona sería el primero de los grandes municipios (> 500.000 habitantes) de España, en implantar la licitación totalmente electrónica.  Acceder aquí a la fuente de la noticia. Más información en este artículo del diario La Vanguardia.

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1020_11/02/20.- ESTUDIO DE LA CNMC SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA, (NOMINADO PARA LOS ANTITRUST WRITING AWARDS 2020). Este informe de 65 páginas, elaborado en el año 2019, contiene datos muy interesantes sobre la contratación pública en España, así por ejemplo el gasto según el sector público al que pertenece el ente contratante ( 49,1% local; 28,2 estatal; 22,8 autonómico), por tipo de contrato (31,0% servicios; 24,5€ suministros; 20,6% Concesión de servicios; 20,0% obras; 2,8% concesión de obras; 1,1% resto), tipo de procedimiento (…), licitadores participantes (…) etc. A destacar igualmente las conclusiones a las que llega el estudio (página 49) y las recomendaciones que realiza a los entes públicos (52), en base a aquellas. Reseñar por último que Si os gusta nuestro trabajo, podéis votar por él hasta el 20 de abril aquí: Antitrust Writing Awards 2020.

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1019_10/02/20.- DIVERSAS NOTAS/REFLEXIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN DE LA NUEVA NORMA REGULADORA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SECTORES ESPECIALES. [Primera nota previa: NO se analizará la nueva regulación de los contratos menores -véase para ello Ref.- 1018-] [Segunda nota previa: NO se analizará el fondo de la norma, sino aspectos circunstanciales de la misma]. Destacamos diversas circunstancias que concurren en la recientemente publicada Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

1º) En primer lugar, en lo que se refiere a la nueva normativa que regula la contratación de los sectores especiales, nos llama la atención el título de la norma aprobada: Libro Primero: Transposición de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. ¿Cómo es posible dicho título, y dicha finalidad, si hace poco más de dos años se aprobó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014? Esto es, ¿Cómo cabe transponer una directiva que -según parece- ya se encontraba transpuesta por la LCSP desde hace más de dos años? Debe señalarse al respecto que, en la tramitación parlamentaria de la Ley de Sectores Especiales, que se llevo a cabo junto con la tramitación de la actual Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se hacía mención a la transposición de la Directiva 2014/23/UE. El preámbulo del Real Decreto-ley 3/2020 nos aclara -parcialmente- la razón de su título: “Asimismo, el presente real decreto-ley da transposición a la Directiva 2014/23/UE en lo atinente a la licitación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en los sectores de la energía, los transportes y los servicios postales, por parte de los poderes adjudicadores que no merezcan la consideración de Administración Pública, las empresas públicas, así como entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos.”

2º) Las leyes relativas a la contratación pública cabe considerarlas como normas especiales y singulares en razón de la materia que regulan. Por ello llama la atención que se apruebe una norma cuyo contenido resultará indivisible en el futuro, toda vez que de manera continuada abarca una norma de contratación pública (Artículos 1 a 126), una segunda norma que regula los seguros privados y planes y fondos de pensiones (artículo 127 a 213), y una miscelánea de normas que modifican normas de carácter fiscal (artículos 214 a 218). Más extraña incluso resulta la ubicación de las disposiciones adicionales, siendo las diez primeras relativas a materia de contratación pública, de la undécima a la decimoquinta se refieren a la normativa de seguros, y la decimosexta y decimoséptima vuelven a abordar cuestiones de contratación pública. Algo similar ocurre con las disposiciones transitorias, donde además se incluyen cuestiones relativas a materia tributaria. Ídem con las disposiciones finales.

3º) Por lo que se refiere al contenido de la nueva norma de contratación, el mismo parece coincidente, al menos en cuanto a numeración y título de los artículos, con el contenido en el Proyecto de Ley aprobado en el Congreso (Ver aquí), si bien el Real decreto-ley señala que si bien “se ha elaborado a partir del texto aprobado por la Ponencia de la Comisión de Hacienda del Congreso, se han excluido del mismo aquellas disposiciones que no encontraban justificación directa en la transposición de las Directivas europeas.”

4º) Por último, señalar que esta normativa relativa a los sectores especiales entrará en vigor (salvo en un par de artículos) a los 20 días de su publicación en el BOE, por lo tanto, el 25 de febrero de 2020. Como siempre (disposición transitoria primera), los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley se regirán por la normativa anterior, entendiendo a estos efectos que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos de condiciones.

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1018_06/02/20.- PUBLICADO EN EL BOE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (REGULACIÓN DEL CONTRATO MENOR Y ARTÍCULO 331). Además de la transposición parcial de dos de las Directivas de contratación (ver noticia anterior 1017), el Real Decreto Ley 3/2020 modifica el artículo 118 de la LCSP relativo al Expediente de contratación en contratos menores, suprimiendo por una parte la exigencia de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 euros en el caso de obras y de 15.000 euros en el caso de servicios y suministros; y eliminando la exigencia de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los mencionados umbrales, en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. Se modifica igualmente el segundo párrafo del apartado 3 de la disposición final primera de la LCSP, relativa a los títulos competenciales, para adaptarlo a esta nueva redacción del artículo 118.

Además, el Real Decreto-ley modifica la redacción del artículo 331 de la LCSP relativo a la aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para matizar que la documentación remitida al Comité de cooperación con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con sus obligaciones de información a la Comisión Europea ha de incluir la información referida a los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes, en caso de que “durante el periodo temporal a informar hubieran tenido alojada la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto hubiera establecido la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial”.

Véase información sobre estos cambios en OBCP; JCCA de Cataluña, Jaime Pintos, y primeros comentarios sobre su alcance de Julio González García, Concepción Campos

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1017_06/02/20.- PUBLICADO EN EL BOE EL REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE TRANSPONEN PARCIALMENTE LAS DIRECTIVAS 2014/25/UE Y 2014/23/UE. La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. En estos momentos, en España, se da un significativo retraso en la transposición de determinadas normas. Es por ello que, en primer lugar, este real decreto-ley tiene por objeto la transposición parcial a la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y dar transposición también parcial a la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

El plazo de transposición de estas Directivas expiró el 18 de abril de 2016, sin que dicha transposición se hubiera completado, a pesar de que determinadas materias reguladas en las mismas se habían transpuesto ya a través de determinadas modificaciones puntuales del entonces vigente TRLCSP, y posteriormente por la LCSP. El 7 de diciembre de 2017 la Comisión Europea interpuso contra el Reino de España dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que declare que España ha incumplido las obligaciones, y en los que se solicitaba una importante sanción diaria por el incumplimiento. Estos procedimientos están llegando a su fin, por lo que es de esperar que sendas sentencias previsiblemente condenatorias sean dictadas en próximas fechas. Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la completa incorporación al ordenamiento jurídico español de las citadas Directivas, y en cumplimiento de la Decisión del Consejo de 2016, se considera imprescindible acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a su transposición urgente, lo que previsiblemente determinará que los recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decaigan por pérdida de su objeto y, en cualquier caso, debería evitar la imposición de sanciones económicas a España.

La Directiva 2014/25/UE fue parcialmente transpuesta por la Ley 9/2017 en lo que respecta a la contratación por parte de las Administraciones Públicas en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; por lo que el presente real decreto-ley viene a completar la transposición de esta Directiva en lo que se refiere a la contratación en los citados sectores por parte de las entidades del sector público que no son Administración Pública y por las empresas privadas con derechos especiales o exclusivos. Por otra parte, la Directiva 2014/23/UE también fue parcialmente transpuesta por la Ley 9/2017 en lo que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios en el ámbito general; por lo que este real decreto también viene a completar la transposición de la Directiva 2014/23/UE en lo que se refiere a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios relativos a las actividades que están sujetas al presente real decreto-ley (agua, energía, transportes y servicios postales). Acceder aquí al Real Decreto-ley 3/2020. Véase comentario de Julio González García.

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1016_03/02/2020.- ¿CÓMO SERÁN LAS RELACIONES FUTURAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y REINO UNIDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA? Aunque no haya habido novedades normativas de calado desde octubre de 2019 -fecha en la que publicamos nuestra última entrada en relación a este asunto (Noticias Ref.-992)- consideramos que con la salida de la Unión Europea del Reino Unido de Gran Bretaña, es de interés recordar cuales son las reglas que regularán la futura relación de éste con aquélla en materia de contratación pública. Lo primero que cabe señalar es que como en muchas otras materias que derivan de esta salida, hoy (mañana, pasado…), no se producirá cambio alguno, siendo la regulación de aplicación exactamente la misma que la vigente a 31 de enero. Será a partir de la finalización del denominado periodo transitorio (31 de diciembre de 2020) cuando se comenzara a aplicar los cambios, regulados respecto a esta materia en los artículos 75 a 78 del Acuerdo, el cual establece que, respecto a los procedimientos de contratación iniciados (fecha de convocatoria de la licitación) por los entes del sector públicos de los Estados miembros o del Reino Unido con anterioridad a la finalización del periodo transitorio, – incluidos los procedimientos que utilicen sistemas dinámicos de adquisición y los procedimientos en los que la convocatoria de licitación se realice mediante un anuncio de información previa, un anuncio periódico indicativo o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación-, la aplicación de la normativa europea de contratación. Se establece, además, una regulación específica respecto a los Acuerdos marco (Art. 76.1.b), y los procedimientos sin publicidad (Art.76.3). Adjunto acompañamos los tres documentos de aplicación, siendo el Acuerdo, el que contiene (artículos 75 a 78) la regulación a la que hemos hecho referencia.

1) Decisión (UE) (UE) 2019/1750 DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2019 por la que se modifica la Decisión (UE) 2019/274 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

2) ACUERDO sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

3) Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido 2020/C 34 /01.

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1015_24/01/20.- PLAN DE INVERSIONES DEL PACTO VERDE EUROPEO. CRITERIOS ECOLÓGICOS OBLIGATORIOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA. (COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de Inversiones para una Europa Sostenible Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo.COM/2020/21 final.)

El Pacto Verde Europeo es la respuesta de la Unión Europea a los retos climáticos y medioambientales que constituyen la tarea definitoria de esta generación (…) El Plan de Inversiones para una Europa Sostenible es el pilar de inversión del Pacto Verde Europeo. (…) dicho Plan movilizará, con cargo al presupuesto de la UE y a sus instrumentos asociados, al menos 1 billón EUR en inversiones sostenibles durante la década entrante,

El P.V.E. posibilitara: la creación de un marco para que se lleven a cabo inversiones públicas y privadas, proporcionando al sector público orientación y los medios apropiados para realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la Comisión colaborará con los Estados miembros con el fin de analizar y comparar las prácticas de presupuestación verdes. (…) La Comisión propondrá criterios ecológicos mínimos obligatorios o metas para la contratación pública en las iniciativas sectoriales, la financiación de la UE o la legislación sobre productos específicos. Estos criterios mínimos constituirán, de facto, una definición común de lo que ha de entenderse por «compra verde», permitiendo reunir datos comparables de los compradores públicos y sentando las bases para evaluar el impacto de los contratos públicos ecológicos. Se animará a los poderes públicos de toda Europa a que tengan en cuenta criterios ecológicos y empleen etiquetas en sus contratos públicos. La Comisión apoyará estos esfuerzos con orientación, actividades de formación y la difusión de buenas prácticas. Al mismo tiempo, los compradores públicos deberán aplicar metodologías de cálculo del coste del ciclo de vida siempre que sea posible. La Comisión pide a todas las instancias participantes, incluida la industria, que desarrollen dichas metodologías fiables. (…) La Comisión propondrá nuevas normas y orientaciones para la contratación pública ecológica. (..) y propondrá un instrumento de control para la contratación pública sostenible que garantice la ecologización de los proyectos de infraestructuras públicas. (…)  Los inversores públicos contarán con un apoyo a medida sobre la manera de llevar a la práctica sus proyectos. El instrumento de control para la contratación pública sostenible, de creación reciente —sobre la base del mecanismo voluntario ex ante existente para grandes proyectos de infraestructuras—, les ayudará a aprovechar todas las posibilidades para ecologizar su contratación pública y garantizar la sostenibilidad de los proyectos y la observancia de las más estrictas normas medioambientales a la largo de la cadena de suministro. Acceder aquí a la comunicación de la Comisión.

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1014_22/01/20.- RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PAQUETE DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (2017/2278(INI)). En este documento –ver aquí-, publicado en el DOUE el pasado 13 de enero, el Parlamento Europeo realiza una serie -sesenta y nueve (69)- de consideraciones y reflexiones sobre contratación pública. En este documento de elaboración propia, hemos tratado de resumir aquellas (16) que nos han parecido de mayor interés. Véase también aquí el resumen que sobre esta Resolución ha elaborado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.

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1013_21/01/20.- PARA LA CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO SÓLO TENDRÁ EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (OBRAS) Y TRES (SERVICIOS) AÑOS. Dábamos cuenta el pasado 2 de enero de la publicación de nuevos informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, entre ellos el informe 74/18 relativo al periodo a considerar para acreditar la solvencia técnica en los expedientes de contratación. Pues bien, este informe tiene a nuestro entender una singular importancia para los operadores económicos de obras y servicios. En primer lugar, porque afecta a todas las empresas clasificadas (17.000 aprox.) y, singularmente, de modo inmediato, a aquellas empresas que, a día de hoy, aún no han tramitado la nueva clasificación “por letras” (7.500 aprox.). En segundo lugar, porque a pesar de ser una informe que expresa el parecer de una Junta Consultiva, pudiendo calificar así inicialmente su carácter como consultivo, lo cierto es que la JCCPE, es el único órgano competente para aprobar y revisar los expedientes de clasificación a nivel estatal, por lo tanto, lo que se señala en el informe es el criterio que inexorablemente se va a aplicar a partir de estos momentos a todos los expedientes de clasificación que sean concedidos o revisados, precisamente, por la JCCPE.

La cuestión -que con todo detalle se puede ver en el informe-, se resume en determinar si la experiencia que se considerará a efectos de obtener (y mantener) la clasificación, es de 5 o 10 años en los contratos de obras, y de 3 o 5 años en los contratos de servicios. Digamos que hasta la publicación de este informe 74/18, precisamente por ciertas dudas de interpretación que cabría plantearse -y que ahora el informe resuelve- se aplicaba el criterio más favorable para quién solicitaba la clasificación, esto es, se tomaba en consideración la experiencia de los últimos 10 años en los expedientes de obras y de los últimos 5 años en los expedientes de servicios, con lo cual indudablemente cabía obtener una clasificación más variada (mayores grupos y subgrupos), y más alta de la que ser obtendría si únicamente se considerasen 5 y 3 años respectivamente.

El caso es que, con este nuevo informe, la JCCPE, cambia su criterio o, por mejor decir -ya que nunca había establecido con anterioridad un criterio al respecto-, abandona el que se vino aplicando en los últimos años, vigente el TRLCSP -y dos años de LCSP-, de modo tal que a partir de ahora sólo se considerara la experiencia de los últimos 5 y 3 años. Ciertamente cabría calificar esta nueva postura de discriminatoria respecto a aquellos expedientes otorgados o revisados bajo la vigencia de la nueva Ley 9/2017, en la que se ha tenido en cuenta un periodo más amplio de experiencia. Acceder aquí al informe 74/18.

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1012_20/01/20.- (¡¡POR FIN!!) SE PUBLICAN LOS ESQUEMAS DE LA LEY (9/2017) DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE MANUEL FUEYO BROS. En contratodeobras.com podemos dar fe que, durante la vigencia del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una de las páginas más visitadas de nuestra web, ha sido la de los Esquemas de Manuel Fueyo, y lo ha sido por la rigurosidad y acertada selección y presentación de sus contenidos. Como certeramente Jesús Colás Tena en el prólogo de la nueva obra, los Esquemas de Manuel Fueyo son autenticas síntesis de cuanto contiene y dispone la Ley de Contratos del Sector Público formuladas por quién desde antiguo es un observador de cuanto sucede en la contratación pública, de cuanto se escribe sobre contratación y de cuanto se opina sobe ella.

Por todo ello estamos ante una obra imprescindible para los profesionales del área de contratación pública de todas las Administraciones y entes públicos, de las empresas licitadoras, de los despachos de abogados, de los opositores, o de cualquiera que pretenda introducirse en el proceloso mundo de la contratación acompañado de una inmejorable base gráfica en la que resolver sus dudas. Disponible en formato papel en Amazon por 25 euros.

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1012_03/01/20.- PUBLICADO EN EL BOE EL TIPO LEGAL DE INTERÉS DE DEMORA APLICABLE A LAS OPERACIONES COMERCIALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE NATURAL DEL AÑO 2020. En el BOE de 30 de diciembre de 2019 se ha publicado esta Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que fija el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2020 en el 8,00 por 100. Acceder al BOE. Acceder aquí a todos los tipos de interés de demora desde el año 2011 hasta la actualidad.

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1011_03/01/20.- PUBLICADOS EN EL BOE LOS LIMITES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTRATOS A EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020. Como ya dimos cuenta en su momento (Ver noticias, Ref.-996), después de sido fijados por la Comisión Europea a través de un Reglamento, los nuevos umbrales han sido ahora publicados en el BOE mediante la Orden HAC/1272/2019. Los cambios introducidos, vigentes desde el 1 de enero de 2020 son los siguientes:

1º) Respecto a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

a) La cifra de 5.548.000 euros se sustituye por la de 5.350.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a); 318.b).

b) La cifra de 221.000 euros se sustituye por la de 214.000 euros, en los artículos 21.1b); 22.1.b); 23.1.b); 318.b).

c) La cifra de 144.000 euros se sustituye por la de 139.000 euros en los artículos 21.1.a); 22.1.a).

2º) Respecto a la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

a) La cifra de 5.548.000 euros se sustituye por la de 5.350.000 euros, en el artículo 16, letra b).

b) La cifra de 443.000 euros se sustituye por la de 428.000 euros, en los artículos 16.a) y 95.1 y 2.

3º) Respecto a la Ley 24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

a) La cifra de 443.000 euros se sustituye por la de 428.000 euros, en el artículo 5, letra a).

b) La cifra de 5.548.000 euros se sustituye por la de 5.350.000 euros, en el artículo 5, letra b). Acceder al BOE.

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