07/04/19
VÍDEOS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
V098.- CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMPETENCIA.
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CORRESPONDE AL DERECHO NACIONAL ESTABLECER BAJO QUE PREMISAS UN OPERADOR EN SITUACIÓN CONCURSAL O SIMILAR DEBA SER EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
(45) “…el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2004/18 no persigue una aplicación uniforme de las causas de exclusión que en ella se mencionan a escala de la Unión, en la medida en que los Estados miembros están facultados para no aplicar en absoluto dichas causas de exclusión o bien integrarlas en la normativa nacional con un grado de rigor que podría variar según el caso, en función de consideraciones de carácter jurídico, económico o social que prevalezcan en el plano nacional. A este respecto, los Estados miembros pueden moderar o hacer más flexibles los requisitos establecidos en dicha disposición (sentencia de 14 de diciembre de 2016, Connexxion Taxi Services, C‑171/15, EU:C:2016:948, apartado 29 y jurisprudencia citada). (46) En tal caso, el Estado miembro afectado también puede determinar las condiciones en las que la causa de exclusión facultativa no se aplicará (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani y Guerrato, C‑178/16, EU:C:2017:1000, apartado 41). (47) Así pues, como ha señalado el Gobierno italiano, el hecho de que un operador económico sea objeto de un procedimiento concursal, con arreglo al artículo 45, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2004/18, no impide que la legislación nacional aplicable autorice a ese operador económico a participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos en las condiciones establecidas por dicha legislación.
[NOTA: De modo similar… Continuar leyendo.
04/04/19
943_04/04/19.- ADIF RECLAMARÁ DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS EMPRESAS SANCIONADAS POR PRACTICAS COLUSORIAS EN CONTRATOS LICITADOS POR ELLA. Dábamos cuenta el pasado 28 de marzo (ver Noticias Ref.-939), de la publicación de una Resolución por parte de la Comisión Nacional del Mercado y La Competencia (CNMC) que iniciaba expediente sancionador frente a 15 empresas y 14 directivos por formar varios carteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria del ADIF. De igual modo, el pasado 2 de abril, recogíamos la sentencia del TJUE en el Asunto C-724/17 (Ver aquí resumen), en la que se reconocía la posibilidad de que cualquier ente público reclamase a las empresas sancionadas por prácticas colusorias, o a las sucesoras de éstas, los daños y perjuicios que tales prácticas le hubieran podido causar. Pues bien, se acaba de publicar la noticia de que las empresas ADIF, y ADIF alta velocidad, encargarán un estudio para determinar los daños que aquellas… Continuar leyendo y acceder a la nota de prensa de ADIF.
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942_04/04/19.- EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PUBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, PUBLICA SU PRIMERA MEMORIA (2018). El pasado 2 de abril se cumplió un año del día en el que el TACGAL comenzó a ejercer sus funciones, por lo tanto, esta primera memoria 2018 se encuentra únicamente referida a sus primeros nueve meses de funcionamiento. Dado que, en años anteriores, y hasta abril de 2018, los recursos especiales que a día de hoy son competencia del TACGAL, lo eran del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cabe comparar las cifras de recursos presentados en ambos años naturales, resultando un incremento en el 2018 del 33,33% respecto al año 2017. La memoria ofrece un amplio abanico de datos de los que destacamos los dos siguientes: El promedio de días naturales que transcurren desde que se interpone el recurso especial hasta que se resuelve y notifica fue de 18,3 (12,4 días hábiles), siendo así uno de los tribunales más rápidos en resolver -sino el que más-. Además, llama la atención el siguiente dato que proporciona la memoria: “…el artículo 57.4 LCSP exige al órgano de contratación que deberá dar conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a las resoluciones estimatorias, lo cual se recuerda en las mismas. Pues bien, solo en el 44% de esas resoluciones estimatorias el TACGal recibió tal comunicación ulterior.” Lo que plantea una interesante cuestión,… Continuar leyendo y acceder a la Memoria 2018 del TACGAL.
03/04/19
(941) PUBLICADOS NUEVOS ÍNDICES DE PRECIOS APLICABLES A LA REVISIÓN DE PRECIOS / ACTUALIZADO NUESTRO ARCHIVO CON LOS ÍNDICES DE PRECIOS DESDE EL AÑO 2000. El BOE de 28 de marzo de 2018 ha publicado la Orden HAC/352/2019, de 20 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el segundo trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo (Ver aquí). Aprovechando esta publicación hemos actualizado el documento de elaboración propia con los datos de la actualización de índices dese el año 2000 (Descargar aquí).
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02/04/19
TODA ADMINISTRACIÓN TIENE EL DERECHO A RECLAMAR A LAS EMPRESAS SANCIONADAS POR PRÁCTICAS COLUSORIAS, O A LAS SUCESORAS DE ÉSTAS, EL PERJUICIO QUE TALES PRÁCTICAS LES HAYA CAUSADO
Nos hacemos eco de esta importante sentencian del TJUE que ciertamente paso desapercibida hasta la publicación por parte de Mercedes Fuertes López, de su artículo Responsabilidad por los sobrecostes de los contratos, al que enseguida nos remitiremos. El asunto se plantea en los siguientes términos: El Ayuntamiento de una ciudad finlandesa presentó una demanda de daños y perjuicios contra varias empresas de asfaltado al considerarlas responsables de los elevados costes que hubieron de soportar en la contratación de la pavimentación de sus calles, ante la existencia de pactos colusorios (acuerdos de reparto del mercado y del territorio, pactos de fijación de precios para falsear la competencia, etc.) en su día acreditados. Además, se daba aquí la particularidad de que no todas las empresas demandadas por el Ayuntamiento eran las mismas que habían ejecutado los trabajos, sino otras pertenecientes a los mismos grupos empresariales, dado que, con posterioridad a la ejecución de los trabajos/imputación de las empresas, se habían producido operaciones de restructuración empresarial (absorción, fusión, escisión, creación de filiales, liquidación, disolución, etc.)…. Sobre cual fue el pronunciamiento del TJUE -que evidentemente se deduce del título/resumen de esta sentencia-, véase este artículo de la catedrática Mercedes Fuertes.
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01/04/19
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29/03/19
(940) MEMORIA 2018 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN. Esta Memoria de actividades comprende las actuaciones del TARCCYL durante el año 2018. Se pretende no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del Tribunal durante el año 2018, sino también dar cuenta de los criterios empleados y de la doctrina más relevante, tanto respecto de cuestiones relativas a materias de fondo como procedimentales; y específicamente en este periodo, brindar una visión práctica de alguno de los problemas de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. A destacar, por su novedad, al ir más allá de los apartados típicos de estas memorias (organización, actividad, doctrina,) los apartados 3) El éxito del modelo español de tribunales de recursos contractuales; 4) Novedades normativas. La regulación del recurso especial en materia de contratación en la LCSP; 7) El reto de la profesionalización en materia de contratación pública; y 9) Recomendaciones. Acceder a la Memoria 2018 del TARCCYL.
28/03/19
(939) LA CNMC SANCIONA (MULTA Y EXDTE. PROHIBICIÓN DE CONT.) A 15 EMPRESAS Y 14 DIRECTIVO POR FORMAR VARIOS CÁRTELES PARA EL REPARTO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE ADIF. Ciertamente, lo que más nos ha llamado la atención de la noticia, es que además de a las empresas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sanciona a 14 directivos, a los cuales identifica ya en su nota de prensa. Además de la multa propuesta (118 millones de euros en total), y tal vez, finalmente, más importante que ella, es el hecho de que por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se “activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”. Al respecto cabe recordar que en su informe 15/2018, la Junta Consultiva de Contratación Pública (que no -sólo- Administrativa) del Estado (JCCPE), considera que las prohibiciones de contratar adquieren firmeza cuando… Continuar leyendo, acceder a la nota de prensa y resolución, y ver nuestro comentario.
27/03/19
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
CONCEPTO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. SOBRE SI LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EN AMBULANCIA DEBEN O NO SER CONSIDERADOS COMO CONTRATOS SARA
Esta sentencia define el concepto de entidades sin ánimo de lucro en los siguientes términos: “(59) constituyen «organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro», en el sentido del artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24, [ídem redacción al artículo 19.2.f LCSP] las organizaciones o asociaciones que tienen como objetivo desempeñar funciones sociales, carecen de finalidad comercial y reinvierten los eventuales beneficios con el fin de alcanzar el objetivo de la organización o asociación.” Señala por otra parte en su apartado 60, que las organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, tampoco han de considerarse equivalentes a aquellos operadores a los que se reservan determinados contratos (ver artículo 77.2 de la Directiva y D.A. cuarta de la LCSP], esto es, en el ámbito español, los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, así como tampoco cooperativas u organizaciones que… Continuar leyendo.
26/03/19
(938) CIRCULAR CONJUNTA, DE LA ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO Y DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOBRE CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL CÓMPUTO DEL REQUISITO DE ACTIVIDAD EXIGIDO POR LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN AQUELLAS ENTIDADES QUE SEAN CONSIDERADAS MEDIOS PROPIOS. Para que una entidad tenga la consideración de medio propio personificado, exige la LCSP, entre otros requisitos (Art.32.2.b) “Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo [a cuyo fin] se tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo…” Pues bien, teniendo en cuenta las dudas suscitadas respecto a la forma de cómputo del requisito de actividad,…Continuar leyendo y acceder a la circular.