NOTICIAS (763): Recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley 9/2017. / (762): Creada la comisión interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.

15/01/18
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763.- RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  El Gobierno de Aragón inició en diciembre de 2017 los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la Nueva Ley de Contratos del Sector Publico. Para ello, presentó el requerimiento a la Administración del Estado para que se modifiquen aspectos sustanciales de la Ley; de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concretamente, utilizó el procedimiento previsto en el artículo 33.2 para, a través de la cooperación, intentar una solución concertada que permita la modificación de la ley y, de este modo, evitar el recurso. No obstante, por la entidad de la impugnación, parece inevitable que el Tribunal Constitucional tenga que decidir sobre la LCSP’17. Un recurso que substanciaría en cuestiones de competencia, debido a que la competencia del Estado solo alcanza a …. Continuar Leyendo en la fuente de la noticia: Blog globalpoliticsandlaw de Julio González.

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762. CREADA LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS ECOLÓGICOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado viernes 12 de enero, un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. La creación de este órgano colegiado, que se adscribe al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del que formarán parte al menos un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, tiene el objetivo de garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública. A través de esta decisión, el Gobierno pretende dar un impulso definitivo a los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la Administración General del Estado lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación. Asimismo, tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización. Todo ello se enmarca dentro de una estrategia… Seguir leyendo.