24/01/17

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(594) FIJADA PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO C-555/14, UNA DE LAS DECISIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE MAYOR REPERCUSIÓN ECONÓMICA PUEDE SUPONER EN DÉCADAS PARA EL ESTADO ESPAÑOL. El calendario judicial de la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado para el 16 de febrero el dictado de la sentencia sobre el asunto C-555/14.

Sobre la liquidación de las deudas que las Administraciones Pública mantenían con sus contratistas, primero el Real Decreto-Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (Ver aquí), y posteriormente el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (Ver aquí), establecieron (Art. 9 R.D-L 4/2012 y Art.6 R.D-L 8/2013) la posibilidad de liquidar de modo rápido las mismas adhiriéndose al sistema previsto en tales normas. Ahora bien, el acreedor, al adherirse a ese mecanismo que preveía el pago «acelerado» del principal adeudado con arreglo a un contrato, debía renunciar a su derecho al cobro de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. Suponía por lo tanto no sólo la extinción del principal, sino además, la de los intereses, y costes de cobro en los que hubiera incurrido y que en su caso podrían haberle sido reconocidos vía judicial. En conjunto, a través del Fondo de Financiación del Pago a Proveedores, se abonaron facturas por importe de 66.900.000.000 euros.

En base a una reclamación presentada por un contratista, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, planteo (Ver aquí) al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:… Continuar Leyendo.