T.9.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE EN LOS CONTRATOS

 
 Rv. 01. Actualizado a fecha 12 de febrero de 2014
(01/08/16) IMPORTANTE NOTA PREVIA:La versión (Rv.01) que aquí se pude ver/descargar, se encuentra en gran parte y desfasada, a raíz de cambios habidos en la normativa y fundamentalmente a la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Véase este trabajo de elaboración propia en el que se analiza el impacto de la referida norma.
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ÍNDICE

1.- NORMATIVA

2.- INTRODUCCIÓN. ALCANCE DEL ESTUDIO

3.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TRLCSP POR LA LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

3.1.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

3.2.- LA CLASIFICACIÓN COMO SUSTITUTA DE LA SOLVENCIA

3.3.- SUBSTITUCIÓN/INTEGRACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CON LA DEL SUBCONTRATISTA

4. EXCEPCIONES Y EXENCIONES A LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN

4.1.- EXCEPCIONES

4.1.1.- POR REAL DECRETO

4.1.2.- POR QUEDAR DESIERTO UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PREVIA

4.1.3.- DETERMINADOS CONTRATOS DE SERVICIOS

4.2.- EXENCIONES

4.2.1.- EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES MIEMBROS DE LA U.E. Y A.E.E.E.

4.2.2.- AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS, U ÓRGANO DE GOBIERNO AUTONÓMICO

4.2.3- UNIVERSIDADES PÚBLICAS, AGENCIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

5.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN A OTROS ACTORES

5.1.- EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITADOR O CANDIDATO

5.2.- CESIÓN DEL CONTRATO

5.3.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL SUBCONTRATISTA A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN.

6.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN EL RESTO DE CONTRATOS

7.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DISTINTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POR ENTIDADES Y EMPRESAS QUE OPEREN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES

8.- RELACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CON LA CAPACIDAD DE OBRAR, Y LA  HABILITACIÓN 

8.1.- CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE OBRAR

8.2.- CLASIFICACIÓN Y HABILITACIÓN

9.- DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN -GRUPOS/SUBGRUPOS Y CATEGORÍA- EXIGIBLE EN UN CONTRATO

9.1.- DETERMINACIÓN DEL GRUPO O SUBGRUPO EXIGIBLE

9.1.1.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN UN GRUPO COMPLETO

9.1.2.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN UN SOLO SUBGRUPO

9.1.3.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN VARIOS SUBGRUPOS

9.2.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA

9.2.1.- CONCEPTO DE CATEGORÍA

9.2.2.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA EXIGIBLE AL LICITADOR

9.2.3.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA EXIGIBLE AL SUBCONTRATISTA

9.3.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE EN LOS CONTRATOS LICITADOS POR LOTES

9.4.- CONSECUENCIAS DEL ERROR EN LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN

9.5.- MOMENTO Y PERIODO EN EL QUE EL LICITADOR DEBE OSTENTAR LA CLASIFICACIÓN REQUERIDA

10.- CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES

10.1.- PRESUPUESTOS DE LA ACUMULACIÓN: CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y CAPACIDAD DE OBRAR

10.1.1.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA UTE

10.1.2.- CAPACIDAD DE OBRAR DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA UTE

10.2.-PROCEDIMIENTO DE ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES

10.2.1.- INTERPRETACIÓN SOBRE LA NORMATIVA DE ACUMULACIÓN DE LOS INFORMES  MEH_410/2002.   y CAT_03/2004.

10.3.- UNIONES TEMPORALES EN LAS QUE PARTICIPAN EMPRESARIOS EXTRANJEROS.3

10.4.- AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO

10.5.- DIVERSAS CUESTIONES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN RELACIÓN A LA ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES EN LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

ANEXO I. DOCTRINA JUNTAS CONSULTIVAS y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS SOBRE EXIGENCIA Ó IMPROCEDENCIA DE CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUBGRUPOS EXIGIBLES

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1.- NORMATIVA

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T.R.L.C.S.P. / L.C.S.P.

R.G.L.C.A.P.

ARTÍCULO

TÍTULO

ARTÍCULO

TÍTULO

54 / 43

Condiciones de aptitud

9

Capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la C.E.

59 / 48

Uniones de empresarios

11

Determinación de los criterios de selección de las empresas

62 / 51

Exigencia de solvencia

25

Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras

63 / 52

Integración de la solvencia con medios externos

26

Categorías de clasificación en los contratos de obras.

64 / 53

Concreción de las condiciones de solvencia

27

Clasificación en subgrupos

65 / 54

Exigencia de clasificación

28

Clasificación en grupos

66 / 55

Exención de la exigencia de clasificación

29

Clasificación en categorías

67 / 56

Criterios aplicables y condiciones para la clasificación

36

Exigencia de clasificación por la Administración

70 / 59

Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones

37

Grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de servicios

74 / 63

Medios de acreditar la solvencia

38

Categorías de clasificación en los contratos de servicios

149 / 133

Sucesión en el procedimiento

46

Exigencia de la clasificación por la Administración.

227 /210- D.A. 28

Subcontratación

52

Régimen de la acumulación de las clasificaciones en las U.T.E.

D.A. 1ª / =

Contratación en el extranjero

133

Indicación de la clasificación de las empresas en los contratos de obras en relación con los proyectos

D.A. 6ª / D.A. 8ª y 9ª

Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas

D.A. 4ª

Modificación de las categorías de clasificación de empresas

D.A. 7ª / D.A. 10ª

Exención de los requisitos para los Organismos Públicos de investigación en cuanto adjudicatarios del contrato

Ax II

Trabajos incluidos en cada uno de los subgrupos de clasificación de contratos de servicios

D.T. 4ª / D.T. 5ª

Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas

 

Ax. II / =

Servicios a que se refiere el artículo 10

 

Abreviaturas

 

TRLCSP.-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

RGLCAP.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

LCSP.- Ley 30/2007, de 30 de octubre,  de Contratos del Sector Público.

TRLCAP.- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

LCE.- Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Ley 25/2013 ó Ley de Facturación Electrónica.- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

MEH_xx/xxxx; AND_xx/xxxx; BAL_xx/xxxx; CAN_xx/xxxx; CAT_xx/xxxx; EXT_xx/xxxx; GAL_xx/xxxx; VAL_xx/xxxx.- Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, Andalucia, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y, Valencia.

TA_CENTRAL_xx/xxxx; TA_AND_xx/xxxx; TA_ARA_xx/xxxx; TA_CyL_xx/xxxx; TA_MAD_xx/xxxx. Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales…. Central (Estado); Andalucía; Aragón; Castilla y León, Madrid.

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2.- INTRODUCCIÓN. ALCANCE DEL ESTUDIO

“La clasificación empresarial es una forma de acreditar la capacidad técnica y la solvencia económico-financiera de las empresas, con carácter previo y general, y sirve para que el órgano de contratación tenga conocimiento de las personas con solvencia contrastada y adecuada para ejecutar correctamente el contrato de que se trate.” (BAL_11/2008).

Uno de los requisitos exigibles para poder contratar con las Administraciones Públicas es el de poseer -y  acreditar- la solvencia económica, financiera, y técnica o profesional precisa para la ejecución del contrato (Art. 54 TRLCSP). El modo en que la solvencia será acreditada, se establece por el órgano de contratación a través de los pliegos del contrato, de acuerdo con los medios previstos en la Ley.  (Respecto a la solvencia exigible en los contratos ver Tema 6.- Capacidad, solvencia, habilitación y compatibilidad).

(Nota: Cualquier referencia que a lo largo del presente tema se haga a la “solvencia” –en singular- se entenderá referida tanto a la económica y financiera como a la técnica o profesional).

La clasificación sólo es exigible en determinados tipos de contratos de obras y servicios. En consecuencia, no es exigible clasificación en los contratos de concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, y colaboración entre el sector público y el sector privado. Si se trata de un contrato mixto de obras y servicios sólo será exigible un tipo de clasificación, concretamente el correspondiente a la prestación que tenga más importancia desde un punto de vista económico, según criterio establecido en el artículo 12 del TRLCSP. De acuerdo con igual criterio, cuando se trata de un contrato mixto entre un tipo de trabajo para el que es exigible clasificación (esto es, una obra o un servicio), y otro tipo distinto (suministro, gestión de servicios, concesión de obras públicas, colaboración público-privada), para el que no es, se exigirá clasificación si la prestación de mayor importancia es una obra o un servicio y no se requerirá en caso contrario.

Exige la Ley que, como regla general, el requisito de solvencia sea sustituido por el de la clasificación  en los contratos de obras cuyo valor estimado iguale o supere los 500.000 euros, y en los de servicios de valor estimado igual o superior a los 200.000 euros. En este último caso, y tras la modificación introducida en el artículo 65 del TRLCSP por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (en lo sucesivo Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica), se prevé la eliminación de la exigencia de clasificación en este tipo de contratos tras un futuro desarrollo reglamentario de la Ley.

La exigencia de clasificación puede excepcionarse para determinados contratos, o no exigirse a determinados participes en el procedimiento de contratación –exenciones-. En circunstancias especiales el gobierno de la nación podrá demandar clasificación en contratos donde en principio no es exigible la misma.

Dado que la clasificación sustituye a la solvencia en contratos de elevado importe, es lógico, y así lo prevé la Ley, que también pueda producirse la acreditación de la solvencia a través de la clasificación en aquellos contratos de importe inferior (a 500.000 –obras-, o a 200.000 –servicios-), en los que la clasificación no es exigible. En todo caso, presupuesto de tal sustitución es que la clasificación se posea para el mismo tipo de actividad que la que es objeto del contrato licitado.

Cabe plantearse si además, siendo o no exigible, tal sustitución se extiende más allá de la solvencia, en concreto, si la existencia de clasificación por parte de una empresa acredita también su capacidad de obrar y/o su habilitación.

En ciertos casos, la obligación de encontrarse clasificado puede extenderse a otros actores (sucesor en el procedimiento, cesionario, subcontratista) intervinientes en la contratación

La clasificación no es única, no estamos aquí ante una especie de autorización o habilitación que o bien se tiene o bien no se tiene, sino que contiene diversos matices. De inicio cabe ya diferenciar una clasificación para obras y una clasificación para servicios. Dentro de cada uno de estos tipos, se distingue a su vez, determinadas clases de actividades y subactividades, que se concretan en los denominados grupos y subgrupos. Finalmente cada  subgrupo (o grupo) debe reflejar una determinada categoría, que acredita, dentro de aquella actividad o subactividad, el tamaño o importancia de los trabajos a ejecutar.

Así por ejemplo:

• No sólo se exigirá clasificación sin más, sino que tal exigencia se referirá a un tipo de trabajo, por ejemplo obras,  siempre que el valor estimado del contrato supere los 500.000 euros.

• No bastará sólo que se requiera clasificación en obras sino que habrá de concretarse el tipo de obra para el que se exige, así por ejemplo edificación (grupo C) o, de forma más detallada uno o varios trabajos específicos de edificación (por ejemplo subgrupo C7: “Aislamientos e impermeabilizaciones”).

• No es suficiente con que se demande clasificación en un grupo o subgrupo determinado dentro de un tipo de expediente, es necesario que se exija una determinada categoría según la importancia económica del trabajo a efectuar, pues efectivamente, siguiendo el ejemplo, no es lo mismo que el valor del edificio a ejecutar sea de 500.001 euros, o sea superior a 2.400.000 euros. En el primer caso se exigirá la categoría “d”, y en el segundo la categoría “f”. De igual modo si en un contrato de obras de importe superior a 500.000 euros, los trabajos correspondientes a “Aislamientos e impremeabilizaciones” no supera los 60.000 euros se requerirá la categoría “a” en el subgrupo C7, si superan los 60.000 pero no los 120.000, la categoría “b”, etc.

• En definitiva, la clasificación que se requerirá en los ejemplos anteriores será:  “Ca” ó “Cf”, ó “C7a” ó “C7b”.

La clasificación exigida para un contrato es la que debe poseer la empresa que participa en el proceso de contratación. Para ello previamente las empresas participantes habrán acreditado ante un órgano distinto al de contratación, concretamente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, o ante ciertas Juntas Consultivas autonómicas, cumplir ciertos requisitos y niveles de solvencia. En función de tal acreditación las Juntas Consultivas le otorgarán una determinada clasificación en ciertos grupos y subgrupos con determinadas categorías. El modo en que la empresa obtiene la clasificación NO es objeto de estudio en el presente tema.

Por lo tanto, para que una empresa pueda participar en un procedimiento de contratación en el que es exigible clasificación, requiere que se encuentre previamente clasificada en los grupos y subgrupos, y con la categoría, exigible en el contrato. Cabe sin embargo la posibilidad de que un licitador –titular de un expediente de clasificación-  tome parte en el procedimiento de contratación sin que posea la clasificación (grupo/subgrupo y categoría) exigida, siempre y cuando lo haga en compromiso de constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otra u otras empresas que disponiendo igualmente de clasificación, o bien alcancen por sí solas la clasificación (grupo/subgrupo y categoría) exigida en el contrato, o bien la alcancen conjuntamente con el resto de empresas que componen la UTE a través de un proceso denominado de acumulación de clasificaciones.

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3.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TRLCSP POR LA LEY 25/2013 DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 28/12/13), introdujo diversas modificaciones de significativa importancia en el TRLCSP (ver aquí alcance), concretamente en lo que afecta a los medios en que se ha de acreditar la solvencia y, en lo que aquí interesa, en la eliminación de la exigencia de clasificación en los contratos de servicios.

Sin embargo, y a la espera de un pronunciamiento al respecto por parte de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, cabe afirmar, en base fundamentalmente a una reciente circular de la Abogacía del Estado, (ver aquí) que [1] la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios NO se encuentra vigente en la actualidad.

Veremos sin embargo como las variaciones introducidas por la Ley 25/20123, afecta a otros aspectos de la clasificación, en concreto:

• [2] Clarifica el modo en el que la clasificación puede sustituir a la solvencia en aquellos contratos en los que aquélla no es exigible.

• [3] Elimina del texto legal la posibilidad de que la clasificación del contratista pueda ser suplida por la del subcontratista. Es discutible sin embargo que tal posibilidad haya sido definitivamente erradicada en la contratación pública, dada la existencia de una norma reglamentaria de similar alcance al párrafo ahora suprimido. (Esta cuestión se analizará en el apartado 3.3).

Veamos como afectaron las modificaciones introducidas por la Ley 25/2013 en lo que a la clasificación se refiere, al TRLCSP.

Artículo 65.1 TRLCSP. Redacción anterior a la modificación por la Ley 25/2013:

“1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.”

Artículo 65.1 apartados a) y b) TRLCSP. Redacción dada por la Ley 25/2013:

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

C) …”

Disposición transitoria cuarta TRLCSP. Redacción dada por la Ley 25/2013 (en color azul texto modificado)

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, [esos contratos]  continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis de dicho texto refundido entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.

No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.”

En los apartados siguientes se analizarán los tres aspectos que han sido objeto de modificación.

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4.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

Expresamente establece la nueva redacción del artículo 65.1.b), la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios:

“Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.”

Ahora bien, la redacción del párrafo primero de la disposición transitoria cuarta, plantea la duda de si actualmente tal mandato se encuentra vigente:

“El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.”

Según criterio de la Abogacía General del Estado (en lo sucesivo AGE), en su circular ABO_001/2014, en la actualidad, en tanto no se desarrolle reglamentariamente las normas que definan los subgrupos y grupos de clasificación, continúa siendo exigible clasificación en los contratos de servicios. Se manifiesta la Abogacía en relación a este asunto en los siguientes términos:

“… la nueva disposición adicional cuarta del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013, establece las siguientes previsiones:

- Mantiene la vigencia transitoria del artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP, en tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario de continua referencia. En consecuencia, la entrada en vigor del nuevo apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013 y en los aspectos relativos al ámbito de aplicación y exigibilidad de la clasificación, no se producirá hasta la aprobación de las normas reglamentarias que establezcan los grupos, subgrupos y categorías en los contratos de obras y servicios, manteniendo hasta entonces su vigencia el artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP.

- El último párrafo de la nueva disposición transitoria cuarta del TRLCSP mantiene la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, indicando que resultan aplicables, sin necesidad de desarrollo reglamentario, los límites cuantitativos a los que se venía supeditando la exigencia de clasificación. En consecuencia, no es exigible la clasificación de los contratos de obras cuyo valor es timado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros. (…)”

(Comentario: Estando plenamente de acuerdo con la interpretación llevada a cabo por la AGE, a la espera de la interpretación que sobre esta cuestión lleve a cabo la JCCA del Estado, y a riesgo de que de que a corto plazo se apruebe una norma reglamentaria que lo desmienta, cabe afirmar que esta modificación del TRLCSP, cuyo propósito es el de favorecer la participación de las PYMES en la contratación pública, tiene más alcance político-mediático que técnico. En efecto, siendo la finalidad de la norma en este punto lisa y llanamente la eliminación de la clasificación en los contratos de servicios, no se alcanza a comprender por qué se hace necesario un desarrollo reglamentario para concretar dicha supresión).

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Por lo tanto, actualmente, en tanto no exista un desarrollo reglamentario de la norma, la clasificación como regla general es exigible en aquellos contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 200.000 euros. La excepción la constituye aquellos contratos a los que hace referencia el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que establece.

“Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. Se exceptúan de este requisito los contratos comprendidos en las categorías 6 y 21 del artículo 206 y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.” (Art. 25.1 TRLCAP).

Debe señalarse que el importe actualmente vigente a partir del cual es exigible clasificación en los contratos de servicios es de 200.000 euros de valor estimado, y no el de 120.202,42 euros de presupuesto, al que hace referencia el artículo 25.1. del TRLCAP, dado que, a pesar de que la disposición transitoria cuarta del TRLCSP en su primer párrafo efectivamente se remite al artículo 25.1. del TRLCAP, en su tercer párrafo aclara:

“No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.”

(Nota: En el mismo sentido circular AGE anteriormente reproducida).

Por lo tanto, la vigencia del artículo 25.1 del TRLCAP se circunscribe actualmente al señalamiento que realiza de los contratos de servicios en los que no es exigible la clasificación independientemente de su importe, esto es:

- Los comprendidos en la categoría 6: Servicios financieros (Servicios de seguros y servicios bancarios y de inversiones).

-  Los comprendidos en la categoría 21: Servicios jurídicos.

- Los comprendidos en la categoría 26 (Esparcimiento, culturales y deportivos) que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

Ahora bien, como se verá en el siguiente desarrollo, son muchos más los tipos de contratos de servicios a los que afecta tal  exclusión, pudiéndolos agrupar del siguiente modo:

a).- Respecto a los contratos de consultoría y asistencia, que el TRLCAP y la normativa anterior contemplaba de manera diferenciada de los contratos de obras y de los de servicios, tal y como afirma el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución TA_CENTRAL_178/2012 y diversos informes de la JCCA del Estado (MEH_09/2011, MEH_33/2010, MEH_51/2009, MEH_32/09 y, MEH_37/2008), la interpretación integradora de los artículos 65.1, y D.T. cuarta del TRLCSP y, artículo 25.1 TRLCAP, lleva a concluir que actualmente, en aquellos contratos de servicios que en el TRLCAP eran considerados como contratos de consultoría y asistencia, no puede exigirse clasificación sea cual fuere su importe: “… cabe afirmar que en los contratos administrativos de servicios (entendiendo por tales los definidos en el artículo 10 del TRLCSP), en tanto no se produzca el correspondiente desarrollo reglamentario, debemos aplicar el artículo 25.1 del TRLCAP, lo que obliga a distinguir dos modalidades distintas dentro del actual contrato administrativo de servicios, que recibían en el TRLCAP un tratamiento diferenciado: el contrato de consultoría y asistencia definido en el artículo 196.2 del TRLCAP, por un lado, y el contrato de servicios definido en el artículo 196.3 del TRLCAP, por otro lado. Y ello por cuanto el artículo 25.1 del TRLCAP únicamente establece la exigencia de clasificación respecto de los contratos de servicios “stricto sensu”, es decir, los comprendidos en el ámbito del artículo 196.3 del TRLCAP y, en consecuencia, el desarrollo reglamentario articulado por el Real Decreto 1098/2001 no resulta aplicable a los contratos que el TRLCAP consideraba como de consultoría y asistencia.”

 

b).- El mismo planteamiento y criterio cabe aplicar para aquellos otros contratos que, no siendo de consultoría y asistencia, tampoco eran considerados de servicios por el TRLCAP, pero que actualmente si tienen tal calificación. Así por ejemplo, en relación a los contratos de servicios cuya prestación tenga por objeto la gestión de servicios sociales, (no confundir con los contratos de gestión de servicios, categoría de contrato público típico), en particular la ayuda a domicilio, el informe MEH_51/2009,  después de reconocer que tal servicio si se encuentra recogido entre los señalados en el Anexo II del TRLCSP (categoría 25), no le encuentra acomodo en ninguno de los grupos o subgrupos que recoge el artículo 37 RGLCAPNi siquiera en el grupo N, -Servicios Cualificados-, o en el U, -Servicios Generales-, cabe incluirlos, pues tanto uno como otro, hacen referencia en sus distintos subgrupos a actividades de naturaleza muy diferente a la contemplada en los contratos que se están analizando. Resulta así que, por una parte la Ley califica a estos contratos como contratos de servicios y, por otra, las normas de desarrollo de la anterior Ley de Contratos, aún vigentes, no contemplan supuesto alguno que permita otorgar clasificación a ninguna de estas empresas. (… ) Por consiguiente, para aquellos contratos respecto de los cuales la legislación anterior no exigía clasificación por no calificarlos como contratos de servicios, sigue sin ser exigible ésta hasta tanto no se dicten las nuevas normas reglamentarias que la desarrollen y establezcan los grupos y subgrupos en que deban estar clasificadas las empresas que desarrollen tales actividades.”

(Nota: Ver en Anexo I más supuestos de este tipo).

c).- La anterior redacción del artículo 65.1 TRLCSP señalaba: “…. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II “  Ya con esta redacción se planteaba la duda de determinar si en aquéllas categorías que no eran coincidentes con las que hace referencia el artículo 25.1 TRLCAP (categoría 6, 21, y ciertos contratos de la 26), esto es, categorías 8, 27 y resto de contratos de la 26, habría de entenderse también excluida la exigencia de clasificación, o si la remisión al artículo 25.1 TRLCAP excluía la aplicación de las excepciones contempladas en el artículo 65.1.

Dada la actual redacción del artículo 65.1 TRLCSP, que recordemos, elimina toda referencia a categorías de servicios excluidas de la exigencia de clasificación, debería llegarse necesariamente a la conclusión de que actualmente sí es exigible la clasificación en los contratos de servicios de importe igual o superior a 200.000 euros, de las categorías 8, 27 y resto de la 26, dado que las mismas ni son excluidas por el artículo 25.1 del TRLCAP ni por el artículo 65.1., del TRLCSP en su redacción actual.

Sin embargo, y a la espera del criterio al respecto de la JCCA del Estado, considero que continua siendo plenamente valido el argumento que a favor de la no exigencia de clasificación para tales categorías manifestó aquella Junta Consultiva en su informe MEH_09/2011: que se exija la clasificación en las categorías 8, 26 en su totalidad y 27, se requiere que se creen los subgrupos necesarios y se incluyan en ellos un número suficiente de empresas, lo que aún no se ha producido.”

(Nota: En igual sentido, con remisión a ese y otros informes anteriores de la JCCA del Estado, las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad de Madrid TA_MAD_128/2012, y TA_MAD_124/2012. En cualquier caso, es obvio señalar que todos estos pronunciamientos son anteriores a la modificación del artículo 65.1 del TRLCSP por la Ley 25/2013).

Por lo tanto, y a modo de conclusión sobre este punto, cabe establecer que actualmente no es exigible clasificación en los siguientes contratos de servicios:

a) Los considerados por el TRLCAP como contratos de consultoría y asistencia.

b) Los no considerados por el TRLCAP como contratos de servicios (ciertos contratos administrativos especiales, privados, de gestión de servicios, etc.), pero si por el TRLCSP.

c) Los correspondientes a las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II del TRLCSP.

d) El resto de contratos de servicios de valor estimado inferior a 200.000 euros.

(Nota: Véase diversos ejemplos en el Anexo I del presente tema).

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5.- LA CLASIFICACIÓN COMO SUSTITUTA DE LA SOLVENCIA

Así como la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios (subapartado anterior), y la eliminación  -en el TRLCSP- de la posibilidad de suplir la clasificación exigida por la del subcontratista (subapartado siguiente), son novedades introducidas por la Ley 25/2013, el modo en el que la clasificación sustituye a la solvencia introducido por la citada norma (vía supresión del párrafo en que se contemplaba), no cabe calificarlo sino como un modo de concretar la doctrina legal sobre la materia, doctrina que ya había sido perfilada por pronunciamientos de Juntas y Tribunales. En definitiva la nueva redacción del artículo 65.1. del TRLCSP sobre este punto, no varía el criterio existente al respecto sino que concreta y mejora la interpretación del alcance en cuanto al modo en que la clasificación sustituye a la solvencia.

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Planteamiento general

“Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.” (Art. 62.1 TRLCSP)

Dado que la clasificación sustituye a la solvencia en contratos de elevado importe, es lógico, y así lo prevé la Ley, que también pueda producirse la acreditación de la solvencia a través de la clasificación en aquellos contratos de importe inferior (a 500.000 –obras-, o a 200.000 –servicios-), en los que la clasificación no es exigible.

Sin embargo no todo tipo de clasificación puede sustituir a la solvencia, la Ley exige que exista correspondencia entre la clasificación de la que es titular la empresa y la naturaleza del contrato.

Por otra parte, se verá como en el procedimiento restringido, la clasificación puede no sustituir a la solvencia sino acumularse a la misma, esto es, pueden ser exigidas ambas.

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Acreditación de la solvencia mediante la clasificación en contratos en los que ésta no es exigible

“La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.” (Art.74.2.TRLCSP).

Si la clasificación es el único modo de acreditar la solvencia en aquellos contratos en los que por su naturaleza e importe es exigible, resulta lógico que la misma pueda utilizarse como prueba de solvencia en otros contratos de menor importe económico, y en los que, precisamente debido a esa menor cuantía, la clasificación no es exigible.

La clasificación acreditará así en estos casos, tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica o profesional (MEH_010/1996). Ahora bien, hasta la reciente modificación del TRLCSP por la Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica, cabía preguntarse si en la expresión empleada por el artículo 74.2 del TRLCSP “…del mismo tipo…”, el término “tipo” hacía referencia a la distinción entre obras y servicios, o si por el contrario se refería a grupos o subgrupos de clasificación. En el primer supuesto la clasificación de la empresa como contratista de obras, le permitiría acreditar la solvencia respecto a cualquier contrato de obras en los que aquélla no fuera exigible (e igual razonamiento en los contratos de servicios). Por el contrario, si se equiparaba “tipo” a grupo o subgrupo, solamente se acreditaría la solvencia a través de la clasificación cuando el empresario ostentara la clasificación en obras o servicios de igual naturaleza a las que son objeto de cada contrato. De aceptar esta última interpretación –que en definitiva es la recogida en la nueva redacción del TRLCSP-, surgirá inmediatamente la cuestión de saber quién o de qué modo se determinan los grupos o subgrupos clasificatorios que acreditaban la solvencia para cada contrato en el que la clasificación no es exigible.

Sobre esta cuestión diversos informes de Juntas Consultivas (MAD_004/1999 y, MAD_006/2001,…) ya consideraban posible la acreditación de la solvencia a través de la clasificación en aquellos contratos en que esta no fuera exigible, siempre y cuando tal posibilidad se encontrase contemplada en el PCAP. Posteriormente, y ya de forma expresa, el  informe de la JCCA de Galicia GAL_002/2012(sólo en gallego), considero que no era suficiente la clasificación genérica en obras o servicios, sino que se hacía necesario que la clasificación se poseyera en los mismos subgrupos que correspondían a la naturaleza de las obras o servicios a ejecutar, estableciendo unas pautas de actuación al respecto.

Esta es la postura que tras la reforma por la Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica se recoge en el artículo 65 del TRLCSP. Así para los contratos de obras:

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.” (Art.65.1.a. 2º pafo.TRLCSP).

Aunque referido al contrato de servicios habrá de entenderse también aplicable al contrato de obras, el modo en el que el artículo 65.1. b) del TRLCSP detalla, el presupuesto para que tal sustitución pueda darse:

“(…) En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. (…)”(Art.65.1.b..TRLCSP).

Por lo tanto, en los contratos de obras o de servicios en los que la clasificación no es exigible, el PCAP deberá establecer a partir del código CPV del contrato, el grupo o subgrupo de clasificación en el que se encuadraría el contrato. El licitador o candidato que se encuentre clasificado en tal grupo o subgrupo, acreditará su solvencia con la simple presentación del certificado de clasificación, independientemente de la categoría que ostente en tal grupo o subgrupo.

(Comentario: Resultando obvia la última afirmación –no exigencia de categoría mínima-, pues tal requerimiento sería tanto como exigir clasificación para el contrato, no han sido infrecuentes –sobre todo a nivel local-, que los PCAP exigieran como sustituto de la solvencia no sólo la clasificación en un determinado grupo o subgrupo, sino también que se ostentase una determinada categoría dentro del grupo o subgrupo. Siendo a todas luces ilícito tal requerimiento, no deja sin embargo de poner de manifiesto una discordancia importante entre clasificación exigida en el contrato y clasificación acreditada por la empresa.

En efecto, tomando como ejemplo la clasificación en obras, la LCAP exigía la misma en obras de presupuesto igual o superior a 120.202,42 euros (20 millones de pesetas). Posteriormente este importe se elevo –ahora en valor estimado- en el año 2007 (LCSP) a 350.000 euros y, por último, en el año 2013 (TRLCSP la modificación introducida por la Ley 14/2013) a 500.000 euros. Por el contrario, la obtención de clasificación en cualquier subgrupo con la categoría mínima “a”,  se hace depender desde sus inicios y sin variación alguna, de que se acredite haber ejecutado obras del mismo tipo, pero sin que sea necesario que su importe supere una cuantía mínima –véase artículos 26 y 27 RGLCAP-.

De lo anterior resulta que una empresa que para la aprobación de su expediente de contratación haya acreditado, por ejemplo, tan sólo haber ejecutado obras de un tipo concreto por importe de 5.000 euros –o menos-, obtendrá la clasificación en la categoría “a” de ese subgrupo, y con tal categoría podrá presentarse sin necesidad de acreditar su solvencia, a obras de igual naturaleza por importe de, por ejemplo, 499.999 euros, ósea, unas 80 veces la solvencia técnica que acredito en su expediente.

La conclusión a la que cabe llegar, es que es conveniente que en el anunciado desarrollo reglamentario, se establezca una cuantía mínima en los trabajos a partir de la cual se pueda obtener clasificación, y se haga por un importe que guarde cierta correspondencia con el mínimo a partir del cual es exigible clasificación. La alternativa a ello sería la de recoger en la norma esas prácticas de ciertas administraciones locales a las que nos hemos referido, de posibilitar el requerimiento no sólo de clasificación en un grupo o subgrupo determinado, sino también con una categoría proporcionada al importe de los trabajos a ejecutar.)

Es de reseñar que la clasificación puede sustituir a la solvencia, pero no a los medios de concreción de las condiciones de solvencia a los que hace referencia el artículo 65 del TRLCSP.

1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f), o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.”  (Art. 64 TRLCSP).

En los contratos mixtos en los que la clasificación no es exigible por no ser la prestación principal una obra o un servicio, no cabe que la solvencia sea acreditada a través de la clasificación.

[Doctrina: “En el caso que nos ocupa el contrato ha sido calificado como contrato mixto, dado que incluye prestaciones de servicios de mantenimiento y el suministro de energía eléctrica. La prestación más importante desde el punto de vista económico es el suministro de energía eléctrica. Esto supone que para determinar las normas que deben observarse en su adjudicación se atenderá a las previstas en el TRLCSP para este tipo de contratos (suministro) y entre ellas figuran los medios para acreditar la solvencia, no estando prevista para este tipo de contratos su acreditación mediante la clasificación, por lo que será necesario acreditar la solvencia económico y financiera y la técnica o profesional por alguno de los medios que el TRLCSP establece con carácter exhaustivo para los contratos de suministro.” (TA_MAD_157/2013), y en igual sentido TA_ARA_068/2013.]

(Nota: En el momento en que sea operativa la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios, es evidente que esta regla se excepcionará en aquellos contratos mixtos de obra y servicios, en las que la prestación principal sea esta última, pues aun no exigiéndose clasificación, el participe podrá acreditar su solvencia a través de la misma).

[Doctrina / Comentario: Un supuesto especial de elaboración jurisprudencial lo constituye el contemplado en la sentencia STSJ CAT 5625/2002, a la que hace referencia el informe CAT_08/2005. Esta sentencia analiza el supuesto de un contrato mixto de obras y gestión de servicios, en el que la prestación más importante la constituye esta última, por lo que de acuerdo con las reglas que establece la Ley al respecto habría de aplicarse las normas del contrato de gestión de servicios y, en consecuencia, no haber sido requerida clasificación. Ahora bien, en el caso analizado el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no fue impugnado en su momento, y que en consecuencia paso a ser ley del contrato, si exigía la clasificación en obras por parte de los licitadores. Al contrato se presenta entre otras una unión temporal de empresas, uno de cuyos integrantes –empresa consultora y de servicios-, carece de la clasificación exigida. Se acredita igualmente que tal empresa no participará en la ejecución de la obra sino en la fase posterior de gestión del servicio.

Con los antecedentes señalados, el tribunal realiza el siguiente pronunciamiento: “Cuanto antecede no puede obviar, sin embargo, que los pliegos de condiciones económico-administrativas administrativas particulares requerían efectivamente la clasificación como contratista de obras (cláusula 7ª). Ahora bien, en tal caso, resulta aplicable la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1990, que acertadamente invoca la Administración demandada, de la que se desprende que, en el caso de contratos mixtos como el de autos, no resulta exigible la clasificación como contratista de obras a aquellas empresas integrantes de una unión temporal que se limitan a intervenir en la fase de explotación, sin tomar parte en la realización de la obra. En consecuencia, el hecho de que la entidad “XX, S.A.” carezca de la clasificación como contratista de obras no determina la invalidez de la adjudicación, de modo que debe desestimarse en su integridad el presente recurso.”

Comentario: A la vista del artículo 67.5 del TRLCSP: -En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten…”-, es ciertamente dudoso que tal criterio pueda ser mantenido hoy en día. Además, cabe señalar que, tratando de identificar la sentencia del Tribunal Supremo a la que hace mención la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,-pues sólo señala su fecha pero ningún otro dato-, ésta parece referirse bien a la sentencia STS 11240/1990, bien a la sentencia STS 5722/1990. Pues bien, en ambas, lo que se analiza es la falta de calificación –que no de clasificación- de una de las empresas integrantes de la UTE.).]

 

Exigencia de acreditación de la solvencia además de la clasificación

A pesar de la regla general que posibilita que la clasificación sustituya a la solvencia en contratos en los que aquélla no es exigible, la Ley prevé que en el procedimiento restringido, la clasificación no sustituye a la solvencia sino que se acumule a ella:

“En los contratos de obras y en los de servicios en los que sea legalmente obligatorio el requisito de la clasificación, cuando el procedimiento de adjudicación sea el restringido, se indicarán también en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios [de solvencia] a que hace referencia el párrafo anterior, sin perjuicio de la acreditación del requisito de clasificación.” (Art. 11 RGLCAP).

Tal exigencia es debida a que en este procedimiento bifásico, en la fase de selección de participantes, la entidad pública busca un determinado perfil de contratantes a los que invitar a participar, perfil que por sí solo es posible que la clasificación no pueda definir, de ahí que deba apoyarse para ello en otros criterios de solvencia de entre los establecidos por la ley.

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3.3.- SUBSTITUCIÓN/INTEGRACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CON LA DEL SUBCONTRATISTA

Una de las principales novedades que ha supuesto la modificación del TRLCSP por la Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica, y tal vez la que haya pasado más desapercibida, ha sido la supresión del segundo párrafo del artículo 65.1 del TRLCSP que disponía:

“(…) En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 % del precio del contrato.” (Art.65.1, 2º pfo. TRLCSP SUPRIMIDO).

Así como en lo relativo a la exigencia o no de clasificación en los contratos de servicios, y en lo referente a los medios de acreditación de la solvencia, puede existir debate en cuanto a la vigencia de la nueva redacción, al menos hasta que se pronuncie al respecto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, no cabe duda de que la supresión del citado párrafo segundo del artículo 65.1 es plenamente operativa: Por una parte, porque simple y llanamente ha desaparecido del TRLCSP; Por otra, porque ninguna disposición transitoria hace referencia a la misma.

La desaparición del citado párrafo (al menos en interpretación de quién esto subscribe), no aclara sin embargo el alcance que habrá de darse a dicha eliminación, toda vez que el RGLCAP mantiene preceptos de similar contenido (singularmente el artículo 36.3 RGLCAP) al ahora suprimido, preceptos que no han sido derogados expresamente por la Ley 25/2013, sin que tampoco quepa afirmar que la redacción resultante del TRLCSP tras la reforma sea contraria a tal regulación reglamentaria, en cuyo caso podría hablarse de una derogación tacita de los preceptos reglamentarios. Por último, ni la exposición de motivos de la  Ley 25/2013 (que no hace referencia ni a esta ni a ninguna de las modificaciones introducidas en el TRLCSP), ni la tramitación parlamentaria aclaran nada al respecto, desconociéndose así cual ha sido la finalidad de tal supresión.

En tanto se encontraba vigente el párrafo ahora suprimido, han sido escasos los pronunciamientos de los órganos competentes sobre la materia. Cabe destacar el criterio de la Audiencia Nacional contrario a la posibilidad de que la clasificación del subcontratista sustituyese a la del potencial contratista, si bien se manifestó algún voto particular favorable a ello.

[Doctrina: “La interpretación de este precepto [Art. 54 LCSP; actual artículo 65 TRLCSP] no ha estado exenta de problemas, en la medida en que si bien se admite la subcontratación, sólo parece que se admita este instrumento para suplir la clasificación respecto de una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional. A pesar de las dudas interpretativas que el precepto plantea – y que se han reflejado en distintas Resoluciones del TARC -, hemos de decantarnos en sentido de que la clasificación sólo puede ser suplida mediante la contratación respecto de la parte de las prestaciones que hayan de realizarse por empresas especializadas, pero no con carácter general.

El propio informe del Ministerio de Interior de fecha 13 de enero de 2012 unido al ramo de prueba, manifiesta ser el criterio del Ministerio entender que la subcontratación es posible siempre que ambas empresas tengan la clasificación para la actividad subcontratada. Pues bien, aún cuando tal criterio no vincula a esta Sala ha de ser tenido en cuanta, de una parte porque ha de garantizarse la unidad de criterio en la aplicación de las normas, y de otra, porque este criterio parece el más conforme a la norma aplicable.

Efectivamente, del artículo 54 antes citado, resulta que la regla general es que es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, siendo excepciones los casos en que no se exige clasificación. Por ello han de ser interpretadas, tales excepciones, en sentido estricto. Así las cosas, la posibilidad de subcontratar para suplir la clasificación se circunscribe, en el precepto citado, a los casos en que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional; y sólo en tal caso es posible acudir a tal instrumento para suplir la clasificación.” (SAN 108/2013).

“El artículo 54.1 sólo contempla la posibilidad de subcontratar la ejecución de porciones de obras que exijan la intervención de empresas especializadas “que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional” , lo que no es el caso de las obras litigiosas. De hecho, la propia denominación de las clasificaciones exigidas en el Pliego de Cláusulas que pretendía suplir el hoy demandado es suficientemente explícita, cuando se refiere a: “instalaciones eléctricas sin cualificación específica” y “ventilación, calefacción y climatización” ; por lo tanto, la posibilidad contemplada en el artículo 54.1 no resulta aplicable al presente caso.

El propio Tribunal Administrativo en su resolución afirma que el artículo 54.1 párrafo segundo “no resulta de aplicación al supuesto que venimos examinando, en cuanto el artículo se refiere a sectores especializados y añade que ello viene a confirmarse con la simple lectura de la denominación de las clasificaciones que la recurrente trataba de suplir” . La posibilidad de subcontratar no significa poder suplir la clasificación exigida en el Pliego de Cláusulas a través de subcontratistas y, por otra parte, la posibilidad de subcontratar no exime al contratista de acreditar la clasificación exigida. La subcontratación está sujeta a la reunión de los requisitos establecidos en el artículo 210.2 de la Ley 30/2007 que en ningún momento contempla la posibilidad de suplir una falta de clasificación del contratista por el subcontratista.”(SAN 4559/2012).

“La clasificación exigida en el pliego es: C2F, C9E, I9E y J2E. [la empresa] sostuvo que el supuesto que contemplamos se encuentra incluido en el artículo 54.1 segundo párrafo, [Art. 65.1 segundo pfo TRLCSP] puesto que las dos últimas clasificaciones hacen referencia a empresas especializadas, concretamente respecto de “Instalaciones eléctricas sin cualificación específica” e “Instalaciones mecánicas de ventilación, calefacción y climatización”, que son las que se subcontratan y sin que, según afirma, la parte de obra contratada es del 14,92% del total cumpliendo con ello el límite del artículo 210.2 e) de la Ley 30/2007 . (…) Desde este punto de vista, la subcontratación no sería contraria a la previsión de la cláusula 7, pues el límite viene referido al artículo 54.1 de la Ley [Art.65.1 TRLCSP], que expresamente permite la subcontratación con empresas especializadas, que es la interpretación realizada por la recurrente.

Aún cuando se niega en la resolución impugnada el carácter especializado de los trabajos cuya subcontratación se pretende, los son, puesto que el contrato adjudicado lo es de demolición y construcción, correspondiente al Grupo C (…) y los trabajos que se pretenden subcontratar corresponden a los Grupos I y J (…)

Pues bien, siendo grupos distintos hemos de entender que se encuentran en la referencia del artículo 54.1 de la Ley 30/2007 : “… por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación…” (SAN 4559/2012. Voto particular).]

Aunque con distinto ámbito, alcance y requisitos, el artículo 65.1.2º.pfo. TRLCSP era considerado como una concreción de la posibilidad de integración de la solvencia con medios externos prevista en el artículo 63 TRLCSP y referido a la solvencia:

“Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.” (Art.63 TRLCSP).

La supresión del párrafo 2º del artículo 65.1. del TRLCSP, sitúa de nuevo en el primer plano el artículo 36.3 del RGLCAP que, referido al contrato de obras (el artículo 46 lo extiende al de servicios), en su párrafo 3º dispone:

“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen (…): 3.- Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 % del precio del contrato.” (Art.36.3. RGLCAP).

El contenido del suprimido apartado segundo del artículo 65.1 TRLCSP era similar pero no igual al del artículo 36.3 RGLCAP, en particular, la posibilidad contemplada en la ley se configuraba como un derecho del licitador independiente de que el pliego previese o no tal posibilidad (BAL_010/2008), en tanto en el precepto reglamentario se configura como una potestad del órgano de contratación (“…podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares…”). El contenido del artículo 36.3 del RGLCAP, se encuentra así más próximo al del artículo 227.7 TRLCSP:

“Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 % del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. (…)”

En definitiva, la posibilidad de substitución de la clasificación del contratista por la del subcontratista depende ahora, (dando por hecho que la supresión del apartado segundo del artículo 65.1 del TRLCSP, no supone la derogación de la norma reglamentaria –Artículo 36.3-), por una parte, de que así se encuentre prevista en los pliegos, y por otra, que las actividades en donde pueda darse tal substitución gocen de substantividad propia y se trate de actividades que deban ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o se encuentren clasificadas, precisamente en actividades para cuya obtención se exija una habilitación determinada.

Se plantea así la cuestión de determinar qué actividades exigen una habilitación especial para la obtención de la clasificación en las mismas.

Establece el artículo 54.2 TRLCSP que: “Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.”  Tal y como señala la JCCA del Estado (MEH_01_2009), “La habilitación empresarial o profesional (…) hace referencia más que a la capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio de la profesión de que se trata. Ciertamente las disposiciones que regulan estos requisitos legales para el ejercicio de actividades empresariales o profesionales tienen en cuenta para otorgársela que el empresario en cuestión cuente con medios personales y técnicos suficientes para desempeñarlas, pero esta exigencia se concibe como requisito mínimo. (…) En consecuencia, el título habilitante a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 citado [54.2 TRLCSP],  es un requisito de legalidad y no de solvencia en sentido estricto. Lo que pretende el legislador al exigirlo es evitar que el sector público contrate con quienes no ejercen la actividad en forma legal.”

La exigencia de esta condición legal de aptitud se extiende a todas aquellas actividades cuyo ejercicio está supeditado a algún tipo de habilitación profesional o administrativa, bien se derive del ejercicio de actividades profesionales restringidas a determinados profesionales colegiados, (Abogacía, Arquitectura, Ingenierías Medicina, etc.), o bien se refiera a actividades empresariales sujetas a autorización (financieras, seguros, trabajo temporal, etc.).

En el caso de los contratos de obras  puede hablarse de una actividad central o nuclear –la ejecución de obras propiamente dicha-, y de actividades complementarias o especializadas respecto a aquellas, que se encuentran integradas en ciertos subgrupos de los grupos de clasificación I.-Instalaciones eléctricas; J.-Instalaciones mecánicas y; K.- Especiales. Para poder desarrollar estas actividades las leyes exigen en ciertos supuestos, estar en posesión de determinados títulos habilitantes y, la JCCA del Estado, requiere que la empresa acredite tales títulos para otorgarle la clasificación en esos mismos subgrupos. Se trata de los siguientes títulos y subgrupos a los que dan acceso:

Título Habilitante

Subgrupos

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensión.
(R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión)

I1,  I6,  I8

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Alta Tensión.
(R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09)

I2,  I3,

I4, I5

Inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría General de Comunicaciones.

(R.D. 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación)

I7,  I8

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de aparatos de elevación y manutención
(R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos)

J1

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en Edificios
(R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)

J2

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras frigoristas
(R.D. 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias)

J3

Certificado de inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de protección contra incendios
(R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios)

K9

Cabe concluir así, que será para este tipo de actividades en principio para los que los pliegos puedan prever la acreditación de la clasificación del contratista por la de su subcontratista.

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4.- EXCEPCIONES Y EXENCIONES RESPECTO A LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN

Excepciones y exenciones alcanzan un mismo resultado práctico, cual es la no exigencia de clasificación a quienes toman parte en un procedimiento de contratación en la que en principio la clasificación es exigible, pero, en la configuración que de las mismas recoge el TRLCSP, en tanto las excepciones se centran en el objeto del contrato y, en consecuencia, la exclusión de la obligación de encontrarse clasificados afectará a todos los participantes, las exenciones sólo beneficiaran a ciertas entidades en las que concurran determinadas circunstancias.

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4.1 EXCEPCIONES

4.1.1.- Por Real Decreto

“Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias especiales concurrentes en los mismos.” (Art.65.3. TRLCSP).

Realmente, los tipos y subtipos (grupos y subgrupos) de actividades para los que es exigible clasificación se establecen reglamentariamente –no por ley,- y en este sentido cualquier modificación de los mismos tendrá lugar por Real Decreto. Cabe por ello entender que el precepto reproducido,  tiene por finalidad un objeto más delimitado, como es la de excepcionar la exigencia de clasificación respecto a las actuaciones contenidas en un plan o proyecto determinado, en el que se lleva a cabo obras en las que en principio por su importe si sería exigible la clasificación.

Nótese que a diferencia de otros modos de exceptuar la exigencia de clasificación, en concreto la exención prevista en el artículo 66.2 TRLCSP, en el supuesto aquí analizado, la facultad de concretar tal excepción, corresponde en exclusiva (“Por Real Decreto…”) al Gobierno de la Nación, no al de las Comunidades Autónomas.

Destacar igualmente que el precepto no sólo prevé la excepción de no exigencia de clasificación en aquellos contratos en los que por su valor estimado debería exigirse, sino también en el supuesto contrario, esto es, la posibilidad de exigencia de clasificación mediante Real Decreto en aquéllos supuestos en los que por su importe en principio no debería ser exigible.

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4.1.2.- Por quedar desierto un procedimiento previo

“Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 75, 76 y 78.” (Art.65.4 TRLCSP).

Incorporado por primera vez este apartado a la LCAP por la Ley 6/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, y del Orden Social, persigue dar la flexibilidad necesaria que no impida la contratación cuando no hayan concurrido a un procedimiento licitadores con la clasificación requerida, si bien el legislador se ha preocupado de reseñar que la exclusión de tal exigencia de clasificación, en absoluto supone que no se haya de acreditar la solvencia.

Véase la coincidencia de este precepto, en cuanto a su finalidad, con el artículo 170.a) y c) del TRLCSP que permite la adjudicación de un contrato mediante procedimiento negociado:

“Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente. (…)”.

Al respecto, el informe MEH_07/2003 entiende posible combinar el contenido de ambos preceptos, de modo que, existiendo un previo procedimiento abierto o restringido en el que se ha exigido clasificación y ha quedado desierto, el órgano de contratación puede tramitar ahora un procedimiento negociado –Art.170.c)-, en el que además no se exija clasificación –Art.65.4-.

(Nota: Por el contrario, el informe BAL_11/1998, niega la posibilidad de combinar ambos preceptos, por entender que la no exigencia de clasificación supone una modificación de un elemento sustancial).

(Comentario: Cabe suponer –“Quien puede lo más, puede lo menos”- que el órgano de contratación podrá optar, no por suprimir la exigencia de clasificación, sino por rebajar la categoría exigible).

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4.1.3.- Determinados contratos de servicios

Supuesto ya analizado en el apartado 3.1.

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4.2.- EXENCIONES

Como quedo apuntado, las exenciones se encuentran referidas no a la generalidad de los participantes en el procedimiento de contratación, sino a cierto tipo de entidades en las que concurren determinadas características.

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4.2.1.- Empresarios no españoles miembros de la U.E. y A.E.E.E.

“No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.” (Art.66.1. TRLCSP).

“Las referencias a Estados miembros de la Unión Europea contenidas en esta Ley se entenderá que incluyen a los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.”  (Disposición adicional decimocuarta TRLCSP).

“1.- La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I de este Reglamento, en función de los diferentes contratos. 

2. Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 25.2 [Art. 66.1 TRLCSP] de la Ley deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada.” (Art.9 RGLCAP).

(Nota: Por lo tanto, lo que a continuación se reseñe respecto a los Estados miembros de la Unión Europea, es predicable de aquellos otros, que no perteneciendo a la misma, son signatarios  del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sobre acreditación de solvencia de empresas extranjeras, comunitarias y firmantes del A.E.E.E., ver Tema 6.- Capacidad, solvencia, habilitación y compatibilidad).

Las empresas pertenecientes a la Unión Europea estarán capacitadas para contratar con el Sector Público español siempre y cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito (Art. 58 TRLCSP).

A estas empresas no les  será exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una UTE, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia (Art.66.1 TRLCSP). En aquellos supuestos en que siendo exigible la clasificación concurran en UTE, empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (Art. 59.4 TRLCSP).

Si bien a las empresas comunitarias no le es exigible la clasificación, nada impide que estas tramiten y obtengan en España su propio expediente de clasificación como empresa contratista de obra y/o servicios, en cuyo caso les será exigible la clasificación y aplicable el régimen previsto en la Ley de igual modo que si se tratase de empresas españolas (“Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley [acreditación de solvencia por empresa comunitaria] deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada.” Art.9.2. RGLCAP).

A las empresas extranjeras no comunitarias, les será exigible del mismo modo que a las españolas, el encontrarse clasificadas.  Ahora bien, de lo dispuesto en la Disposición adicional primera, 1.b) TRLCSP, cabe interpretar que tal requisito puede ser excluido en aquellos supuestos en que el contrato se formalice y ejecute en el extranjero. Al respecto la JCCA del Estado en su informe MEH_26/1996, consideró: “En cuanto a la exigencia de clasificación a empresas extranjeras no comunitarias, hay que tener en cuenta que a las mismas no se refiere el artículo 117.1.b) [LCAP] para remitir, al resto de la Ley, la regulación de las condiciones de capacidad y solvencia. Si a esta circunstancia se añade el criterio interpretativo de flexibilidad que debe utilizarse en relación con el artículo 117, fácilmente puede concluirse que el requisito de la clasificación no será exigible a empresas extranjeras no comunitarias en contratos que se celebren y ejecuten en el extranjero, siendo elemento decisivo de la solución que se apunta la imposibilidad o extraordinaria dificultad de que, en estos casos, las empresas extranjeras no comunitarias puedan obtener en España la correspondiente clasificación.”

(Nota: D.A.1ª.1.b) “Los contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero, (…) se regirán por las siguientes normas: (…) b.- Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las Leyes del Estado en que se celebre el contrato, para empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en esta Ley.”  Artículo 117.1.b) LCAP “A los contratos que se celebren y ejecuten en el extranjero, (…) se les aplicarán las siguientes reglas: Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las leyes del Estado en que se celebre el contrato, para determinar las condiciones de capacidad y solvencia de las empresas españolas y de las pertenecientes al resto de Estados miembros de la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en esta Ley.).

Cabe interpretar igualmente que el requisito de la clasificación tampoco será exigible a las empresas extranjeras no comunitarias, aun cuando el contrato celebrado en el extranjero se ejecute en España, en el supuesto previsto en la D.A. primera. 5º) TRLCSP:

“Los contratos formalizados en el extranjero que deban ejecutarse total o parcialmente en España y que estén vinculados directamente a la realización de programas o proyectos de cooperación en materia cultural o de investigación o de cooperación al desarrollo, podrán adjudicarse por procedimiento negociado sin publicidad y con sujeción a las condiciones libremente pactadas por la Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste sea absolutamente indispensable para la ejecución del proyecto o programa, por requerirlo así las condiciones de participación en los programas o proyectos de cooperación, y así se acredite en el expediente.”

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4.2.2.- Autorización del consejo de ministros, u órgano de gobierno autonómico

“Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos, la contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y entidades de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser autorizada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la autorización será otorgada por los órganos que éstas designen como competentes.” (Art.66.2. TRLCSP).

La exención se dirige aquí a participes singulares pues en “…interpretación reiterada de esta Junta, exigen un examen concreto, caso por caso, de las razones determinantes de la no exigencia de clasificación y de la capacidad de la empresa para ejecutar el contrato, examen que, por la generalidad con que el supuesto se plantea, es decir, dispensa para todos los concurrentes, resulta imposible realizar” (MEH_28/1992). Véase sin embargo la matización introducida por el informe BAL_06/1998, que, en relación al contrato sometido a informe, dispensa de la exigencia de clasificación a todas las empresas que concurran en UTE con otras que si posean clasificación: “…se deduce que la dispensa de clasificación no se pretende con carácter general para todos los licitadores, ni siquiera para el caso de que el adjudicatario resultara un solo empresario, para él cual si se exige la clasificación. La dispensa interesada solo se limita al supuesto de que el adjudicatario sea una UTE, en la cual concurran junto a empresas debidamente clasificadas otras que no lo estén, justificándose ésta dispensa en razón al objeto del contrato (mixto) y en el interés público.” La dispensa parcial solicitada en este caso fue informada favorablemente.

(Nota: Sin embargo, de modo aun más amplio, el informe de la JCCA VAL_01/2006, se mostró favorable a la exención previa de todos los licitadores participantes en un contrato, amparándose en razones de interés público. Parece totalmente discutible ese pronunciamiento, que alcanza por la vía del 66.2, la excepción prevista en el 65.3. TRLCSP, -Por Real Decreto- reservada al gobierno de la nación).

A diferencia de lo dispuesto en el artículo 65.3, (excepción por Real Decreto), el artículo 66.2 TRLCSP prevé que tal posibilidad de dispensa sea concedida en su ámbito de actuación por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que será habitualmente el Consejo de Gobierno previo informe de la Junta Consultiva Autonómica correspondiente. Supuesto de no existir dicha Junta Consultiva Autonómica NO cabe solicitar informe a la JCCA del Estado (MEH_24/2001),

Se ha considerado por la JCCA del Estado (Informe 06/78 –no hay hiperenlace-), que esta competencia supone también la de autorizar la contratación con empresas clasificadas en categoría inferior a la exigida en los pliegos. Sin embargo, parece –no queda del todo claro-, que el informe  AND_02/1991, se pronuncia en sentido contrario a esta posibilidad.

Ver en las siguientes referencias, según el resultado de la contestación a los supuestos concretos planteados, por una parte, informes de las JCCA favorables (VAL_02/2005VAL_01/2005, MAD_02/2003, MAD_07/2002, VAL_03/2002, BAL_003/2002, MAD_001/2001, BAL_08/2000, MEH_12/1997, MAD_05/1996, MEH_11/1992, MEH_29/1991, MEH_09/1991, AND_05/1989), -normalmente justificándolo en la reconocida solvencia del licitador, tratarse de un licitador único, o el ser una entidad perteneciente al sector público-, y por otra inforemes desfavorables (VAL_01/2012, VAL_12/2004, MEH_24/1992, MEH_08/1992, MEH_23/1991MEH_15/1991; AND_02/1991, MEH_01/1991, AND_07/1990), a esta dispensa.

Se plantea la cuestión de conocer si la exclusión puede operar igualmente cuando la convocatoria es efectuada por una Administración Local.

Si bien en su día, bajo la vigencia de la Ley de Contratos del Estado, se llego a barajar la posibilidad de que el Pleno de los ayuntamientos fueran competente para establecer tal excepción, la sentencia  STS 2978/1999, dejo claro la falta de competencia para acordar la exención por parte de cualquier órgano de la Administraciones Locales.

Asentado lo anterior, cabe ahora preguntarse si en estos supuestos, debe ser el mismo órgano que es competente para acordar la exención cuando se refiera a licitaciones autonómicas, el competente para autorizar la exención en procedimientos de contratación locales, o si directamente no cabe siquiera que la Administración local solicite tal dispensa por hallarse esta posibilidad excluida del ámbito del artículo 66.2 del TRLCSP.

Antes de hacer mención a la doctrina de las Juntas Consultivas al respecto, es de hacer notar el modo en el que la LCSP vario el contenido del precepto respecto al del TRLCAP. En efecto, mientras en este último –y en la previa LCAP- se señalaba “…En el ámbito de las Administraciones de las Comunidades Autónomas…”, en la LCSP, y actualmente en el TRLCSP, se establece: “…En el ámbito de las Comunidades Autónomas…” La eliminación de la referencia a “la Administraciones de” las CC.AA., permite entender que ahora la competencia del órgano autonómico competente es más amplia que antes, pues no se referirá tan sólo a su propia administración (la autonómica), sino al ámbito territorial de la CC.AA., incluyendo así las Administraciones locales.

Sin embargo, resulta cuando menos curioso constatar, como bajo la vigencia de la LCAP, la Junta Consultiva de Baleares consideró efectivamente posible la dispensa también en los expedientes licitados por una Administración local, y por el contrario, bajo la vigencia de la LCSP y el TRLCSP, la JCCA del Estado considera que no cabe tal dispensa.

 “…Sobre si existe posibilidad de que, por aplicación analógica con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, la Corporación pueda contratar una determinada obra –aplicando la excepcionalidad prevista en el artículo 25.3 de la Ley 13/95- a una empresa que no haya obtenido previamente la clasificación correspondiente. (…)La respuesta a esta consulta debe ser afirmativa, en aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la LCAP, (este precepto se refiere a la clasificación de las empresas que contratan con las Administraciones Públicas y el Ayuntamiento solicitante debe enmarcarse, lógicamente, entre las entidades que integran la Administración Local, por tanto, Administración Pública del artículo 1.2 , también de la LCAP).” (BAL_07/1998).

 “Del texto [Art.66.2]se aprecia que el legislador circunscribe la excepción a la contratación de la Administración General del Estado y a la de las Comunidades Autónomas, sin que por tanto pueda aplicarse en la contratación de la Administración local, ya que tal referencia no se encuentra reseñada ni en el artículo 66, aludido, ni en la disposición adicional segunda del Texto refundido en la que se describen y regulan las especialidades de las normas de tal ámbito, lo que implica que no encontrándose regulada la aplicación de la excepción a las entidades locales, como se ha descrito y estando referida la aplicación de la excepción a la propia Administración no es posible extender los efectos de la excepción más allá de la misma.” (MEH_062/2011)

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4.2.3.- Universidades públicas, agencias y organismos públicos de investigación

Universidades

“No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.” (D.A. sexta TRLCSP).

 “Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.” (Art. 83.1 L.O. 6/2001)

No es la participación en procedimientos de contratación como un licitador o candidato el modo en que habitualmente se establecerán las relaciones contractuales entre Administraciones Públicas –las universidades públicas lo son (Art.3.2.c. TRLCSP)-, o entre éstas y el resto de entidades del Sector Público, sino a través de los llamados convenios de colaboración a los que hace mención el artículo 4.1.c. TRLCSP, -precisamente para excluirlos del ámbito de la Ley-, ó a través de las encomiendas de gestión (Ver Tema 3.-Ejecución por la Administración y expediente de contratación), figuras ambas que, en lo que aquí interesa, conllevan la no exigencia de clasificación por parte de la entidad que ejecute la prestación.

Con todo, la ley no excluye la participación de las Universidades en los procedimientos de contratación en el modo previsto en el TRLCSP, si bien no cabe obviar que tal intervención ha planteado problemas desde la perspectiva del derecho de la competencia, denunciándose en diversas ocasiones ante el Tribunal de Defensa de la Competencia tal participación como un comportamiento de competencia desleal. Sin embargo, tanto la Comisión Nacional de la Competencia (Expediente 2787/07 Resolución sobre la Universidad Politécnica de Madrid de 22 de febrero de 2008), como la jurisprudencia (STS_ 6543/2005), como la doctrina de las JCCA  (MEH_39/96 y MEH_68/96) han considerado tales actividades como amparadas por la Ley.

En cualquier caso, la disposición adicional sexta se constituye como una excepción al régimen general de la clasificación de contratistas previstos en el TRLCSP y, en consecuencia, debe ser objeto de interpretación restrictiva.

Cuando se haga efectiva la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios, y aun no limitándose la actividad de los entes enumerados en el artículo 83.1 de la L.O. 6/2001 a este tipo de contratos, lo cierto es que de servicios son en su mayor parte los contratos en los que participan las universidades públicas, por lo que la exención establecida en la disposición adicional sexta tendrá menor operatividad.

(Nota: Para un estudio más completo de este apartado, véanse los artículos 30 ter, 82, 83, y la Disposición adicional vigésima primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En particular, puede provocar cierta confusión la disposición adicional vigésimo primera de la citada Ley Orgánica  que establece que “En los supuestos del artículo 83 no será exigible la clasificación como contratistas a las Universidades para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones públicas.”, mencionando las Universidades en general –no exclusivamente a las Universidades Públicas tal y como hace la D.A. sexta TRLCSP-, sin embargo, sólo a estas últimas se refiere, pues el artículo 83 al que hace mención se encuentra dentro del Titulo XI “del régimen económico y financiero de las Universidades Públicas”).

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Agencias y Organismos Públicos de Investigación

“Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de Investigación y organismos similares de las Comunidades Autónomas no necesitarán estar clasificados ni acreditar su solvencia económica y financiera y la solvencia técnica para ser adjudicatarios de contratos del sector público.” (D.A. séptima.1. TRLCSP).

Es aplicable aquí lo apuntado para las Universidades Públicas, si bien a diferencia de la regulación respecto a éstas, (que se limita a los supuestos previstos en el artículo 83.1 de la Ley Orgánica 6/2011), la exención aquí se extiende a todo tipo de contratos (obvia decir que en cualquier caso la exención alcanza a la solvencia y en su caso a la clasificación, pero no a la capacidad de obrar, por lo que el objeto social de la Agencia u Organismo Público se ha de corresponder con el objeto del contrato).

Además de eximirlas de acreditar su clasificación –o solvencia-, en su párrafo segundo, la disposición adicional séptima exime igualmente a tales entidades de la obligación de constituir garantías.

(Nota 1: Para un estudio más completo de este apartado, véanse a nivel estatal los artículos 34.3 y 36 de la  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación, y los artículos 24, Disposición adicional segunda, y Disposición adicional quinta, de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos).

(Nota 2: Véase aquí inventario de Entes Públicos).

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Posibilidad de exención en relación a otras entidades del Sector Público

Cabe preguntarse si además de las universidades públicas, agencias estatales y organismos públicos de investigación, otros entes pertenecientes al Sector Público se encuentran exentos de cumplir la exigencia de clasificación.

Como quedo apuntado, el modo habitual de encauzar las relaciones, entre las Administraciones y demás entes del Sector Público, será la vía de los convenios de colaboración y de las encomiendas de gestión. Ahora bien, tratándose de entidades (habitualmente bajo la forma de empresa pública) que son medio propio y servicio técnico de una Administración, sin bien han de realizar para ésta la parte esencial de su actividad a través de las encomiendas de gestión, hay otra parte de su actividad -la no esencial- que pueden desarrollar para otros entes como participantes en un procedimiento de contratación pública. Dado que estas entidades son creadas por otros entes públicos, pudiera considerarse que la solvencia de las mismas se encuentra suficientemente acreditada y, en consecuencia, no debería serle aplicable a las mismas el sistema de clasificación previsto en la normativa de contratación pública, cuyos criterios y reglas  de obtención parten del presupuesto de que el solicitante sea una empresa.

Sin embargo la ley no parece admitir tal posibilidad. Por una parte porque no la recoge en su articulado, y por otra, porque precisamente sí exime a las universidades públicas, agencias y organismos públicos de investigación y no a otros entes, que como aquéllos pertenecen al Sector Público. Por lo tanto cabe concluir que al resto de entidades que forman parte del Sector Público les será exigible la clasificación como a cualquier otro licitador cuando pretenda ofertar un contrato administrativo.

En cualquier caso, siempre cabrá la posibilidad de que respecto a tales entidades, el órgano de contratación solicite la dispensa al Consejo de Ministros o al Gobierno Autonómico correspondiente (Art.66.2. TRLCSP). Sin que pueda afirmarse que se trata de una doctrina consolidada, si puede apreciarse una cierta tendencia por parte de las  JCCA favorable a esa dispensa en los casos en los que tales entes no sean sociedades mercantiles (MEH_12/1997) y contrarias cuando lo sean (VAL_01/2012), ya que en este caso, el que sea una sociedad pública, no constituye impedimento legal alguno para obtener la clasificación, como en la práctica lo acredita la clasificación de entidades como la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa)la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (correos), la Agencia EFE, etc.

(Nota 1: Sobre la dificultad de que ciertos tipos de entes del Sector Público cuenten con un expediente de clasificación ver los informes MEH_62/2011,-que incluye referencias a muchos otros-, el informe CAT_02/2001, y el informe MEH_39/1996,).

(Nota 2: Sobre los distintos tipos de colaboración entre entidades del sector público véase Tema 3.- Ejecución por la Administración y expediente de contratación).

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5.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN A OTROS ACTORES

La clasificación es exigible a aquel que como licitador o candidato participa en el procedimiento de contratación de un contrato de obras o en un contrato de servicios, en consecuencia también al contratista, y en su caso (ver apartado 3.3), al subcontratista.

Eventualmente la clasificación puede exigirse a otros actores que intervengan en la contratación o ejecución del contrato.

5.1.- EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITADOR O CANDIDATO

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.” (Art.149 TRLCSP).

Así pues, la extinción de la empresa no supondrá la exclusión del licitador o candidato del procedimiento de contratación si se da alguno de los supuestos contemplados en el artículo 149 TRLCSP, que prevé en fase de licitación consecuencias similares a las que el artículo 85 TRLCSP establece en fase de ejecución contractual.

“En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.” (-Art.85 TRLCSP-).

Nótese, que el artículo 85 TRLCSP, a diferencia del 149, no requiere de modo expreso para que tenga lugar la sustitución de la empresa extinguida por la nueva, que ésta acredite su clasificación, aunque si su solvencia.

(Nota/Comentario: Durante el procedimiento conducente a la adjudicación del contrato, sí bien la solvencia de la empresa resultante de la fusión, ó de la empresa escindida, ó de la beneficiaria de la absorción, ó la adquiriente del patrimonio, podrá ser acreditada con la de la empresa extinguida, tratándose de la clasificación, realmente la nueva sociedad resultante de la fusión no podrá acreditar por sí la clasificación exigida en el pliego, pues en ese momento, y hasta que trámite el correspondiente expediente de clasificación ante la JCCA, carecerá de ella. Igual ocurrirá con la sociedad absorbente, salvo que dispusiera previamente por si, de la clasificación requerida. En el supuesto de escisión total –desaparición de la empresa originaría y aparición de dos o más empresas nuevas-, tal acción debe tener como consecuencia la tramitación de un nuevo expediente para cada una de las empresas resultantes o, en caso de escisión parcial, deberá suponer la tramitación de un nuevo expediente de clasificación para la empresa escindida, y la revisión de las clasificación de la empresa que permanece, al variar las circunstancias que en su momento se tuvieron en cuenta para concederle la clasificación  –Art. 70.4 TRLCSP-.

Por todo ello cabe preguntarse si la expresión empleada por el artículo 149 del TRLCSP “…siempre que… acredite su…clasificación en las condiciones exigidas en el pliego” se ha de exigir a la sociedad que sustituye a la ahora extinguida, en cuyo caso, como se ha apuntado, sólo podrá acreditarse por la sociedad absorbente que previamente disponía de ella y, en consecuencia, en el resto de los supuestos las empresas que sustituyen a la primitiva no podrán continuar en el proceso de contratación, o si por el contrario, la norma impone una suerte de ficción jurídica en el sentido de entender que la sociedad sustituyente goza al menos de la misma clasificación que la de la sociedad sustituida, y que por el mero hecho de la sustitución y para ese procedimiento en concreto, se considera por la Ley que la empresa escindida, beneficiaria de la absorción o adquiriente del patrimonio dispone, sin necesidad de trámite alguno, de la misma clasificación que la sociedad extinguida. La interpretación del artículo 149 TRLCSP a la luz del artículo 85 TRLCSP, parece inclinarse por esta segunda opción. Sin embargo, del informe MEH_07/1992, puede deducirse una postura que exige de forma previa a la sucesión, la tramitación o revisión del expediente de clasificación, que evidentemente no podrá tener lugar –por falta de tiempo material- a la par que se tramita la licitación. Con todo, cabe apuntar que el citado informe  MEH_07/1992 se emitió vigente la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, que no contenían un precepto similar  al ahora analizado. Otros informes respecto a este tipo de operaciones societarias –MEH_48/1999,MEH_30/2001-, no aportan luz sobre la cuestión debatida).

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5.2.- CESIÓN DEL CONTRATO

La clasificación será igualmente exigible al cesionario de un contrato en el caso de que le hubiese sido requerida al cedente” (Art. 65.2 TRLCSP).

(Nota: Sobre la cesión del contrato, véase el Tema 21.- Subcontratación y cesión del contrato).

La exigencia en su caso de clasificación al cesionario se recoge igualmente en el artículo 226 del TRLCSP, al señalar éste los requisitos de la cesión

(Nota: Son requisitos para la cesión valida de los contratos, además de la clasificación del cesionario (o, de no exigirse ésta, su solvencia): Que las cualidades técnicas y personales del contratista no hayan sido una razón determinante para la adjudicación del contrato; Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado; Que la cesión no suponga una alteración sustancias de las características del contratista, si éstas constituyen un elemento esencial del contrato; Que sea autorizada de forma previa y expresa por el órgano de contratación; Que se hubiere ejecutado al menos un 20% del importe del contrato; Que no se encuentre incurso el cesionario en prohibición de contratar; Que se formalice en escritura pública).

La cesión del contrato, careciendo el cesionario de la clasificación exigible es considerada acto nulo de pleno derecho, aun cumpliéndose los demás requisitos, en especial la autorización del órgano de contratación, pues la autorización del mismo no convalida tal defecto (STS 8521/2004).

Cabe preguntarse si tal exigencia debe darse también en aquéllos supuestos en que la cesión tiene lugar en un momento de la vida del contrato en el que la cuantía de los trabajos pendientes de ejecutar son residuales o en cualquier caso inferiores a la cantidad a partir del cual es exigible clasificación (500.00 –obras- ó 200.000 –servicios-).

Cabe igualmente plantear si siendo inicialmente varias las clases de trabajos a ejecutar y la clasificación por ello exigida, el encontrarse clasificado en todos los grupos y/o subgrupos inicialmente requeridos, es exigible igualmente al cesionario cuando en el momento de la cesión ha sido ya ejecutado alguno de los tipos de trabajos cuya existencia inicial determino tal exigencia (por ejemplo cuando requiriéndose inicialmente clasificación en explanaciones y edificación, el primer tipo de trabajo ha concluido, pretendiéndose ahora la cesión de contrato a empresa que si cuenta con la clasificación/categoría requerida en edificación, pero no en explanaciones).

El informe CAT_002/2013, responde negativamente a la primera de las cuestiones y, las razones al respecto recogidas en dicho informe, habrán de entenderse plenamente aplicables al segundo supuesto: “Si se tiene en cuenta la literalidad de los artículos 226.2.c y 65.2 del TRLCSP,… se observa que no introduce ningún tipo de límite ni de matización respecto de la exigencia de clasificación en la cesión de contratos (…) A favor de esta interpretación, que deriva de la literalidad de los preceptos, se encontraría el hecho que cualquier interpretación de los requisitos que deben  concurrir para poder ceder el contrato tiene que ser restrictiva con el fin de evitar que se puedan vulnerar los principios que informan la contratación pública y, en especial, el principio de concurrencia (…) el hecho de que la empresa cesionaria deba subrogarse en el lugar que ocupaba la empresa cedente hace necesario que sus características económicas y técnicas sean similares y es por este motivo que la Ley exige que si al contratista principal se le había exigido disponer de la correspondiente clasificación empresarial, este requisito también se le pida al cesionario del contrato.”

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5.3.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL SUBCONTRATISTA A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN

Por último, ya se ha visto en el subapartado anterior que la clasificación será exigible al subcontratista, en aquellos casos en que la subcontratación se imponga por parte del órgano de contratación (Art. 36.3 RGLCAP y 227.7. TRLCSP) en un contrato en el que es exigible la clasificación en actividades que a su vez requieren una habilitación específica.

Además, de modo similar a lo que ocurre con el contratista, la norma prevé la posibilidad de que el subcontratista acredite su solvencia técnica o profesional a través de su clasificación.

“(…) b. En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. (…)”  (Art.227.2.b. TRLCSP).

La expresión utilizada “…la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación…” parece no dejar lugar a dudas en cuanto a que la clasificación que acredita la solvencia técnica del subcontratista, se requerirá en aquellos grupos/subgrupos de igual naturaleza a los que vayan a ser objeto de subcontratación, no siendo suficiente la genérica clasificación en obras o servicios, pero sin que tampoco se exija la clasificación en todos los grupos/subgrupos que fueron requeridos al contratista, sino sólo en los que son propios de la especialidad a ejecutar por el subcontratista.

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6.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN EL RESTO DE CONTRATOS

“La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.” (Art. 65.1.c. TRLCSP).

Por lo tanto:

a) La clasificación es exigible en los contratos de obras.

b) Igualmente, la clasificación es, en la actualidad, exigible en los contratos de servicios. En el momento en el que desarrollo reglamentario de la Ley elimine la exigencia de clasificación en los contratos de servicios, la acreditación de la solvencia podrá llevarse a cabo a través de la clasificación, tal y como tiene lugar hoy en día con cualquier otro tipo de contrato de obras o servicios en los que no es exigible la clasificación.

c) En el resto de contratos, ni es exigible, ni puede emplearse como medio de acreditación de la solvencia. El contexto en el que se inserta este apartado c) del artículo 65.1., y la propia expresión incluida en el mismo “…no será exigible ni aplicable…”, es indicativo de que en estos supuestos, ningún tipo de clasificación acreditará la solvencia en estos contratos, aun en el supuesto de que una parte importante del mismo consista en la ejecución de una obra o servicio, interpretación que por otra parte ya venía siendo dictada por la doctrina de las Juntas Consultivas (MEH_04/1996 , MEH_41/1995,  MEH_02/2008 y MEH_49/1997).

Tampoco podrá requerirse clasificación en los contratos administrativos especiales y en los privados que lleve a cabo una Administración Pública (MEH_75/2004).

Tratándose de contratos mixtos, (“Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.”-Art.12 TRLCSP-), será exigible la clasificación, cuando la prestación de mayor importe sea una obra, y el valor estimado del contrato en su conjunto supere los 500.000 euros.

Por último, ha de reseñarse que  la clasificación tampoco será exigible en la tramitación de emergencia  (MEH_24/2001).

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7.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DISTINTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POR ENTIDADES Y EMPRESAS QUE OPEREN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES

“Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65.La exigencia de clasificación por tanto, tiene aquí carácter potestativo.” (Art. 65.5 TRLCSP).

“… XXX es una entidad pública empresarial… y como tal, no tiene la  condición de Administración Pública a los efectos del TRLCSP…  siendo ello así, es evidente que no le resultaría, en ningún caso, de aplicación lo dispuesto en el artículo 65.1 TRLCSP –que impone, efectivamente, el requisito de la clasificación para celebrar determinados contratos con las Administraciones Públicas-, sino el artículo 65.5 TRLCSP,…[en el que]…El empleo del verbo “podrán” revela inequívocamente que la exigencia de clasificación es puramente potestativa, conclusión que se refuerza si se compara la redacción del precepto transcrito con la del artículo 65.1 TRLCSP, en el que se alude a aquélla como un “requisito indispensable.” (TA_CENTRAL_039/2013).

Tratándose de entidades o empresas contratantes que operan y se ven sometidas a la regulación contenida en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, (Artículos 23 a 31, Anexos IV y X),  pueden potestativamente establecer y gestionar un sistema propio de clasificación de operadores económicos o remitirse a cualquier otro que estimen responde a sus exigencias, asegurando en este caso la publicidad de los criterios de clasificación, y la no discriminación entre los aspirantes de dicho sistema propio. Ahora bien, en cualquier caso, tendrán validez, en función de cada tipo de contrato, las clasificaciones efectuadas por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, según intervengan en los procedimientos de contratación entidades contratantes dependientes o vinculadas a una u otra de las citadas Administraciones o en función, asimismo, de la Administración que haya autorizado la actividad que desarrolla.

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8.- RELACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN CON LA CAPACIDAD DE OBRAR, Y LA  HABILITACIÓN

8.1.- CLASIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE OBRAR

Los argumentos que justifican la imposibilidad de que la clasificación acredite la capacidad de obrar de los licitadores se recogen en el extenso  informe de la JJCA de Baleares BAL_011/2008. Destaquemos del mismo los siguientes apartados:

“5.- (…) Además, en muchas ocasiones un objeto contractual no puede ser englobado en un único subgrupo, ni en un único grupo general. En estos supuestos debe tenerse en cuenta que la exigencia de clasificación tiene que modularse para evitar unos requerimientos exagerados en aspectos no tan significativos del conjunto del objeto contractual. Así, se deben aplicar las reglas establecidas en los artículos 36.2 b y 46 del Reglamento. De acuerdo con estos artículos, el número de subgrupos exigibles en un contrato de obras, salvo casos excepcionales, no puede ser superior a cuatro, y, como criterio general, tan solo las partes del objeto contractual que tengan una significación económica superior al 20 % del precio total requieren clasificación. En el caso de que el objeto de un contrato sea un servicio, se puede requerir un máximo de dos subgrupos. Todo esto pone de manifiesto que la exigencia en un contrato determinado de uno o más subgrupos de clasificación empresarial puede no abarcar la totalidad de las prestaciones objeto de un contrato, ya sea porque no están encuadradas en los subgrupos exigidos, ya sea porque se trata de un contrato mixto.

6.- (…) Así, debe tenerse en cuenta que un subgrupo puede contener diversas actividades o ámbitos de actuación de una misma actividad, especialmente en lo que se refiere a la clasificación de servicios, tal como se indica en el anexo 2 del Reglamento, y, por tanto, puede contener o bien una relación de trabajos conexos entre sí o bien trabajos cuya ejecución sea independiente. El contenido diverso de estas actividades, y el hecho de que varias actividades se agrupen en un mismo subgrupo, tiene como consecuencia la clasificación del empresario en el subgrupo completo siempre que el empresario acredite que dispone de los medios técnicos, personales, materiales, económicos y financieros necesarios para ejecutar alguno de los trabajos incluidos en un subgrupo determinado, que acredite la experiencia en la ejecución de trabajos incluidos en el subgrupo solicitado, así como que acredite que dispone de un objeto social que incluye los trabajos en que la empresa se quiere clasificar. Cabe recordar que la normativa no prevé clasificaciones parciales o limitadas a algunos de los trabajos de un mismo subgrupo. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que existe un subgrupo de clasificación de empresas de servicios, el subgrupo U7, relativo a “otros servicios no determinados”, que si bien no tiene un contenido indeterminado, acoge los trabajos o las actividades no asignados a un subgrupo concreto pero que son objeto de un contrato de servicios. Por tanto, la obtención de la clasificación empresarial en este subgrupo puede tener lugar con la acreditación de objetos sociales y la ejecución de trabajos de naturaleza muy diversa, de forma que se puede afirmar claramente que la acreditación de este subgrupo de clasificación ante un órgano de contratación sin la acreditación simultánea del objeto social de la empresa por cualquiera de los medios que se indican en el artículo 61.1 de la LCSP no permite al órgano de contratación tener conocimiento del objeto social de la empresa ni asegurarse de que la empresa dispone de los medios y la experiencia adecuados para ejecutar las prestaciones comprendidas en el objeto de un contrato determinado, que de hecho pueden ser muy diferentes de los que han permitido al empresario obtener la clasificación en el subgrupo U7.

En cuanto a la clasificación de obras, hay diversos subgrupos con un contenido indeterminado, como son los subgrupos D5, E7, F7, G6, I9 y J5, que corresponden, respectivamente, a obras de ferrocarriles, hidráulicas, marítimas, de viales y pistas, de instalaciones eléctricas y de instalaciones mecánicas sin cualificación específica, si bien el grupo en que se encuadra cada uno de estos subgrupos corresponde a obras perfectamente delimitadas.

7.- (…) En conclusión, la persona jurídica que concurre a la licitación de un contrato para el que se exige una determinada clasificación, aunque acredite que está debidamente clasificada, si sus estatutos o reglas fundacionales no comprenden las prestaciones objeto del contrato, deberá ser excluida de la licitación por falta de capacidad de obrar.”

En general (Art.57.1. TRLCSP), para que las personas jurídicas puedan contratar con el sector público, las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en sus fines, objeto o ámbito de actividad, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales.

Este requisito de capacidad no se puede sustituir por la clasificación, que es una forma de acreditar la capacidad técnica y la solvencia económico-financiera del empresario, pero no de acreditar su capacidad de obrar. La simple acreditación de estar clasificado en los subgrupos exigidos en un expediente de contratación puede no ser suficiente para acreditar que el empresario, persona jurídica, posee el objeto social adecuado para llevar a cabo las prestaciones de aquel contrato. En tanto que la clasificación exigida para un contrato puede no coincidir plenamente con la totalidad del objeto del contrato, por el contrario el objeto social de la empresa si ha de abarcar la totalidad del objeto del contrato y así:

Si se tratase de contratos mixtos obra/otro u servicio/otro, la clasificación sólo sería exigible en su caso (Art.12. TRLCSP), si la obra o servicio constituye la prestación principal –de mayor cuantía- objeto del contrato. Pero precisamente al no ser exigible clasificación respecto a otro tipo de actividades distintas de la ejecución de la obra o el servicio, pudiera resultar que el objeto social del licitador no comprenda las demás prestaciones para las cuales la clasificación no es requerida, pero sí la coincidencia entre el objeto social de la empresa y el objeto del  contrato.

Incluso dentro de un contrato de igual naturaleza, clasificación exigida y objeto del contrato pueden no coincidir debido a la limitación que impone la ley al número máximo de subgrupos exigibles (cuatro en los contratos de obras y dos en los de servicios), siendo factible que el objeto contractual abarque más de esas cuatro o dos actividades sobre las que se exige clasificación.

Particularmente en los contratos de servicios existen ciertos subgrupos que cabe calificar de excesivamente amplios, por lo que la simple exigencia de clasificación supondría habilitar para la ejecución a empresas cuya actividad nada tiene que ver con el objeto del contrato. Así por ejemplo la clasificación en el subgrupo Q2 permite licitar contratos relativos al “Mantenimiento y reparación de vehículos automóviles, incluso barcos y aeronaves”, el ser exigible sólo la clasificación supondría que un taller mecánico de automóviles debidamente clasificado pudiera presentarse a la licitación de un contrato de reparación de aeronaves.

Por todo lo anteriormente expuesto cabe concluir que, independientemente de su clasificación, las empresas participantes en una licitación habrán de acreditar su capacidad de obrar por alguno de los modos previstos en el artículo 72, en particular, si se tratase de empresas españolas, “La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.”

(Nota: Sobre la capacidad de obrar en las empresas que integran una UTE ver en el presente tema el Apartado 10.1.2. Capacidad de obrar de las empresas participantes en una UTE)

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8.2.- CLASIFICACIÓN Y HABILITACIÓN

Cabe igualmente plantearse si la clasificación acredita la habilitación, o si por el contrario aun en el caso de exigir aquélla, también habrá de ser requerida ésta. Lo cierto es que para que una empresa obtenga la clasificación, es necesario que acredite encontrarse legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, según señala el artículo 67.2 TRLCSP, por lo que cabría deducir que obtenida por el empresario la clasificación, queda por ello acreditada su habilitación respecto al subgrupo en la que se obtuvo.

Ahora bien, el precepto citado, en el mismo sentido, exige que para obtener la clasificación, la empresa ha de acreditar su capacidad de obrar y, según hemos visto en el apartado anterior, ello no presupone en un proceso de licitación, la acreditación de la capacidad en base a la clasificación. Además, las mismas cuestiones planteadas en el anterior apartado respecto a la capacidad de obrar, pueden reproducirse respecto a la habilitación. Lo expresa el informe MEH_01/2009 en los siguientes términos: “…  La habilitación empresarial o profesional  (…) hace referencia más que a la capacitación técnica o profesional, a la aptitud legal para el ejercicio de la profesión de que se trata. Ciertamente las disposiciones que regulan estos requisitos legales para el ejercicio de actividades empresariales o profesionales tienen en cuenta para otorgársela que el empresario en cuestión cuente con medios personales y técnicos suficientes para desempeñarlas, pero esta exigencia se concibe como requisito mínimo. Por el contrario, cuando la Ley de Contratos del Sector Público habla de solvencia técnica o profesional, por regla general lo hace pensando en la necesidad de acreditar niveles de solvencia suficientes para la ejecución del contrato en cuestión, que por regla general serán superiores a los exigidos para simplemente poder ejercer profesión de forma legal. En consecuencia, el título habilitante a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 citado [Art.54.2 TRLCSP] es un requisito de legalidad y no de solvencia en sentido estricto. Lo que pretende el legislador al exigirlo es evitar que el sector público contrate con quienes no ejercen la actividad en forma legal.”

Todo ello, parece debe llevar a la conclusión de que la habilitación debe ser exigida de modo independiente a la clasificación, sin embargo, a falta de otros antecedentes, la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en su resolución TA_CENTRAL_218/2011 da por hecho que la clasificación acredita la habilitación: En el supuesto analizado, el contrato  tenía como objeto (no exclusivo) la prestación del servicio de mudanzas, argumentando los recurrentes, en lo que aquí interesa, que el adjudicatario no disponía del título administrativo habilitante para ejercer el transporte de mercancías por carreteras. El Tribunal consideró que la clasificación “…se obtiene siempre que el empresario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 de la misma Ley ,[Art.67.2 TRLCSP] acredite su personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, por disponer de las correspondientes autorizaciones o habilitaciones empresariales o profesionales y reunir los requisitos de colegiación o inscripción u otros semejantes que puedan ser necesarios, y que no está incurso en prohibiciones de contratar. Ello así, resultando exigible, por razón del tipo de contrato al que se refiere el expediente objeto de los recursos interpuestos, la correspondiente clasificación para participar en el procedimiento abierto convocado para su adjudicación, en concreto, (..), y habiéndose aportado en el momento oportuno por la adjudicataria el certificado acreditativo de la clasificación exigida (…) ha de considerarse –no habiéndose aportado prueba alguna en contrario- que aquella se encuentra legalmente habilitada –al haber obtenido la clasificación exigida en el Pliego a tenor del tipo de contrato licitado- para realizar las actividades que constituyen el objeto del contrato adjudicado a la misma.”

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9.- DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN –GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA- EXIGIBLE EN UN CONTRATO. 

(Nota Previa: La determinación de la clasificación que puede obtener una empresa a través de la tramitación del correspondiente expediente de clasificación será objeto de estudio en la Parte II del presente Tema 9).

“1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a lo establecido en los artículos 75, 76 y 78, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” (Art.67.1 TRLCSP).

Corresponde al órgano de contratación fijar  los grupos, subgrupos, y la categoría en la que deben estar clasificados los participantes en el procedimiento de contratación, si bien tratándose de contratos de obra, el autor del proyecto previamente, acompañará al mismo de una propuesta de clasificación. (Art. 133 RGLCAP). La clasificación exigida se reflejara en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación (Artículos 62, 64.2, 65.4, 149 TRLCSP; Artículos 11, 51, 77 y 133 RGLCAP y anexos II y III del R.D. 817/2009).

La concreción del modo en que se ha de fijar la clasificación exigible en un contrato de obras se recoge en el artículo 36 RGLCAP, remitiéndose para el contrato de servicios, a dicho artículo el 46 del RGLCAP, introduciendo eso sí ciertas peculiaridades.

“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.  (…)”  (Art. 36 RGLCAP).

“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de servicios será determinada con sujeción a lo dispuesto en el artículo 36, con excepción de su apartado 4, y con la salvedad de que el número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, a que se refiere su apartado 2, párrafo a), no podrá ser superior a dos.” (Art. 46 RGLCAP).

El número máximo de subgrupos exigibles en un contrato determinado, salvo casos excepcionales debidamente justificados, será de cuatro en los contratos de obras (Art. 36.2 RGLCAP) y dos en los contratos de servicios (Art.46 RGLCAP). No es procedente exigir dos o más subgrupos de clasificación de forma alternativa para una misma prestación. (BAL_03/2008).

La cuestión se centra pues en determinar para cada contrato de obra o servicios que supera los límites legalmente establecidos (500.000€ obras y 200.000 € servicios) como han de fijarse, por una parte los grupos y subgrupos y por otra, la categoría exigible. Tal determinación llevará a aclarar el concepto y extensión de términos tales como “subgrupo básico”, “categoría”, “valor integro del contrato”, “valor medio anual” “anualidad media” é “importes parciales” a los que hacen referencia el artículo 67 del TRLCSP, y 36 y 46 del RGLCAP.

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9.1.- DETERMINACIÓN DEL GRUPO O SUBGRUPO EXIGIBLE

Fija el artículo 25 RGLCAP, los grupos y subgrupos de aplicación en los contratos de obras y el artículo 37 RGLCAP los correspondientes a los contratos de servicios, según reflejan los dos cuadros siguientes:

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN EN CONTRATOS DE OBRAS

A

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES

F

F5. Con pilotes y tablestacas.
A1. Desmontes y vaciados. F6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
A2. Explanaciones. (A1-A3-A4)   F7. Obras marítimas sin cualificación específica.
A3. Canteras. F8. Emisarios submarinos.
A4. Pozos y galerías.  
A5. Túneles. (A1-A3-A4)  

G

G. VIALES Y PISTAS

G1. Autopistas, autovías. (G2+G3+G4+G5+G6)

B

B. PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS

G2. Pistas de aterrizaje.
B1. De fábrica u hormigón en masa. G3. Con firmes de hormigón hidráulico.(G6)
B2. De hormigón armado.(B1) G4. Con firmes de mezclas bituminosas.(G6)
B3. De hormigón pretensado.(B1-B2)   G5. Señalizaciones y balizamientos viales.
B4. Metálicos.   G6. Obras viales sin cualificación específica.
 

C

C. EDIFICACIONES

H

TPTE.  DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GASEOSOS

C1. Demoliciones. H1. Oleoductos. (H1)
C2. Estructuras de fábrica u hormigón.   H2. Gasoductos. (H2)
C3. Estructuras metálicas.    
C4. Albañilería, revocos y revestidos.

I

I. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C5. Cantería y marmolería. I1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos lum.(I9)
C6. Pavimentos, solados y alicatados. I2. Centrales de producción de energía. (I9)
C7. Aislamientos e impermeabilizaciones. I3. Líneas eléctricas de transporte. (I9)
C8. Carpintería de madera. I4. Subestaciones. (I9)
C9. Carpintería metálica. I5. Centros de transf. y distribución en alta tensión.(I9)
I6. Distribución en baja tensión. (I9)

D

D. FERROCARRILES

  I7. Telecomunicaciones e instal. radioeléctricas. (I9)
D1. Tendido de vías.(D5)   I8. Instalaciones electrónicas. (I9)
D2. Elevados sobre carril o cable. I9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
D3. Señalizaciones y enclavamientos.  

 

D4. Electrificación de ferrocarriles.  

J

J. INSTALACIONES MECÁNICAS

D5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. J1. Elevadoras o transportadoras.
J2. De ventilación, calefacción y climatización.

E

E. HIDRÁULICAS

J3. Frigoríficas.
E1. Abastecimientos y saneamientos.(E4-E5-E7) J4. De fontanería y sanitarias.
E2. Presas. (E1-E4-E5-E7)   J5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.
E3. Canales. (E1-E4-E5-E7)  

 

E4. Acequias y desagües.(E1-E5-E7)

K

K. ESPECIALES

E5. Defensas de márgenes y encauzamientos.(E1-E4-E7) K1. Cimentaciones especiales.
E6. Conduc. tubería presión de gran diám.(E1-E4-E5-E7)   K2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
E7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. K3. Tablestacados.
K4. Pinturas y metalizaciones.

F

F. MARITIMAS

  K5. Ornamentaciones y decoraciones.
F1. Dragados.(F7)   K6. Jardinería y plantaciones.
F2. Escolleras.(F7)   K7. Rest. de bienes inmuebles histórico-artísticos.
F3. Con bloques de hormigón. K8. Estaciones de tratamiento de aguas.
F4. Con cajones de hormigón armado.(F3-F7)   K9. Instalaciones contra incendios.

(Nota: Los subgrupos marcados en negrilla en el cuadro, son subgrupos básicos -acumulativos sino se encuentran subrayados, y alternativos en caso contrario-. Los subgrupos entre paréntesis son subgrupos afines a los descritos en la misma línea. Véase explicación detallada más adelante).

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS

L

L. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Q

Q2. M. y R. de veh. automot., inc. bqs y aeronaves.
L1. Serv. Aux. trabajos adtivos, de archivo y similar. Q3. Desmont. armamento y destrucción de munición.
L2. Serv. de gestión de cobros. Q4. Desguaces.
L3. Encuestas, toma de datos y Serv. análogos.
L4. Lectura de contadores.

R

R. SERVICIOS DE TRANSPORTES

L5. Organ. y promoc. de congresos, ferias y exposic. R1. Transporte en general.
L6. Serv. de portería, control accesos e informac. Pb. R2. Traslado de enfermos por cualq. medio de tpte.

 

R3. Transporte y custodia de fondos.

M

M. SERVICIOS ESPECIALIZADOS

R4. Transporte de obras de arte.
M1. Higienizac., desinfec., desinsectac. y desratizac. R5. Recogida y transporte de toda clase de residuos.
M2. Serv. de seguridad, custodia y protección. R6. Sv. aéreos fumigc., control, vg. aérea y ext. incnd.
M3. Atención y manejo de instalac. de seguridad. R7. Serv. de grúa.
M4. Artes gráficas. R8. Remolques de buques.
M5. Serv. de bibliotecas, archivos y museos. R9. Serv. de mensajería, correspondencia y distribuc.
M6. Hostelería y Serv. de comida.  
M7. Prevención de incendios forestales.

S

S. Sv. DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS Y DESECHOS

M8. Serv. de protección de especies. S1. Tratamiento. e inciner. residuos y desechos urb.

 

S2. Tratamiento de iodos.

N

N. SERVICIOS CUALIFICADOS

 

S3. Tratamiento de residuos radiactivos y ácidos.
N1. Actividades médicas y sanitarias. S4. T. residuos de centros sanit. y clínicas veterinar.
N2. Inspección sanitaria de instalaciones. S5. Tratamiento. de residuos oleosos.
N3. Serv. veterinarios para la salud.

 

N4. Serv. de esterilización de material sanitario.

T

T. SERVICIOS DE CONTENIDOS

N5. Restauración de obras de arte. T1. Servicios de publicidad.
N6. Mto., conserv. y restrc. mat. cinem. y audiov. T2. Servicios de radio y televisión.

 

T3. Agencias de noticias.

O

O. Sv. CONSERVACIÓN Y MTO. DE INMUEBLES

T4. Realización de material audiovisual.
O1. Conservación y mantenimiento de edificios. T5. Servicios de traductores e intérpretes.
O2. C. y M. carreteras, pistas, (…) y vías férreas.

 

O3. C.. y M. de redes de agua y alcantarillado.

U

U. SERVICIOS GENERALES

O4. C. y M. integral de estaciones depuradoras. U1. Servicios de limpieza en general.
O5. C. y M. de mobiliario urbano. U2. Lavandería y tinte.
O6. C. y M. de montes y jardines. U3. Almacenaje.
O7. C.. y M. de monumentos y edificios singulares. U4. Agencias de viajes.

 

U5. Guarderías infantiles.

P

P. Sv. MTO. Y REPAR. DE EQUIPOS E INSTALAC.

U6. Recogida de carros portaeqpj en estac. y aerop.
P1. Mantenimiento y reparación de equipos  e instalaciones eléctricas y electrónicas. U7. Otros Serv. no determinados.
P2. M. y R. de E. e I.  font., conduce. de agua y gas.

 

P3. M. y R. de E. e I. de calefacción y aire acondic.

V

V. Sv. TECNOLOGÍAS INFORMAC. Y LAS COMUNIC.

P4. M. y R. de E. e I. de electromedicina.

 

V1. Sv. captura inform. x medios elec., inform. y tel.
P5. M. y R. de E. e I. de seguridad y contra incendios   V2. Serv. desarrollo y mto. program. ordenador.
P6. M. y R. de E. y maquinaria de oficina.   V3. Serv. mto. y rep. de eq. e inst. inform.. y de telec.
P7. M. y R. de E. y aparatos elevadores y de trslcin   V4. Servicios de telecomunicaciones.

 

  V5. Sv. explotac. y control sist. Inform. e infrstrcts tel.

Q

Q. Sv. DE MTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA

  V6. Servicios  de certificación electrónica.
Q1. Mantenimiento y reparación de maquinaria.   V7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica

 

  V8. Otros Sv. informáticos o de telecomunicaciones.

Además, para  los contratos de servicios, el Anexo II RGLCAP describe los trabajos contenidos en cada uno de los subgrupos de clasificación. No existe tal desarrollo para el contrato de obras, por lo que habrá de estarse a lo que la normativa técnica de cada tipo de trabajo establece como contenido propio del mismo: PG-3, para los subgrupos de viales y obras de fábrica, Reglamento de grandes presas, Reglamentos técnicos de instalaciones, etc.

Como ya ha quedado apuntado, el número máximo de subgrupos exigibles en un contrato determinado, salvo casos excepcionales debidamente justificados, será de cuatro en los contratos de obras (Art. 36.2 RGLCAP) y dos en los contratos de servicios (Art.46 RGLCAP), no siendo procedente exigir dos o más subgrupos de clasificación de forma alternativa para una misma prestación. (BAL_03/2008).

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9.1.1.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN UN GRUPO COMPLETO

“La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo.”  (Art. 36.5 RGLCAP).

El concepto de subgrupo básico se utiliza fundamentalmente en el proceso de obtención de clasificación por parte de la empresa, y en este sentido los subgrupos básicos, son aquéllos que la norma considera de especial importancia dentro de un grupo, y a los que por ello se les reconoce virtualidad para que la empresa que obtenga clasificación en los mismos, la alcance a su vez en todo los demás subgrupos que integran el grupo del que forman parte, lo que supone obtenerla en el grupo mismo. La existencia de subgrupos básicos así  considerados, sólo se da en el expediente de obra (no en el de servicios) y además limitado a los grupos A) a H) (No por lo tanto en los grupos I), J) y, K)). En el cuadro anterior correspondiente a la clasificación de las actividades de obras, se señala en negrilla los subgrupos básicos de cada uno de los grupos (Así por ejemplo los subgrupos A2) y A5) dentro del grupo A, etc,).

Los subgrupos básicos, en aquellos grupos en el que hay más de uno -todos excepto el grupo G)-, son por lo general acumulativos, salvo en los grupos C) y H) que tienen carácter alternativo. Ello quiere decir que para obtener la clasificación en todo el grupo es necesario que se obtenga la clasificación en todos los subgrupos básicos, y así según lo establecido en el artículo 28 RGLCAP:

- Para la obtención de la clasificación en todo el grupo A), es necesario clasificarse en los subgrupos A2) y A5).

- Para la obtención de la clasificación en todo  el grupo B), es necesaria la clasificación en los subgrupos B3) y, B4).

- Para la obtención de la clasificación en todo el grupo D), es necesaria la clasificación en los subgrupos D1), D3) y, D4).

- Para la obtención de la clasificación en todo el grupo E), es necesaria la clasificación en los subgrupos E2), E3) y, E6).

- Para la obtención de la clasificación en todo el grupo F), es necesaria la clasificación en los subgrupos F1), F2) y, F4).

Para el grupo G),  es necearía la clasificación en  el subgrupo G1), -único subgrupo básico-.

Por su parte, los subgrupos básicos de los grupos C), -C2) y, C3)- y H), -H1) y H2)- tienen carácter alternativo, de modo que la obtención de clasificación en cualquiera de ellos, determina la clasificación de todo el grupo, si bien en el caso del grupo C), además, se habrá de acreditar haber ejecutado construcciones de edificios completos (no sólo estructura que es lo que define los subgrupos C2 y C3).

Si el número de subgrupos básicos de un grupo no es superior a dos –A), B), C) y H)-, la categoría en el grupo será la mínima obtenida en aquellos subgrupos, en tanto que si el número de subgrupos básicos de un grupo es superior a dos –D), E) y, F), la categoría en el grupo será la mínima de las obtenidas en los dos subgrupos en los que haya alcanzado las más elevadas (Art.29.4 RGLCAP). La categoría obtenida en un grupo dará lugar a la clasificación con igual categoría en todos los subgrupos del mismo, salvo que le hubiera correspondido directamente otra mayor en alguno de ellos, en cuyos casos les serán éstas mantenidas (Art.29.5 RGLCAP).

Los grupos de obras I), J) y K), al igual que todos los correspondientes a contratos de servicios carecen de subgrupos básicos, según el sentido con el que aquí son considerados (ver más adelante).

Además de los subgrupos básicos, hay otros que cabría denominar como subgrupos llave, pues la obtención de clasificación en los mismos determina la clasificación en otros subgrupos afines (aquéllos que presentan analogías en cuanto a ejecución o equipo a emplear) del mismo grupo –salvo una excepción-, pero no en todo el grupo. Se identifican en el cuadro anterior al señalarse en cada caso entre paréntesis los subgrupos de los que son llave; así por ejemplo quien obtenga clasificación en el subgrupo A2, la obtendrá también con igual categoría en los subgrupos A1), A3) y A4). En el caso de los subgrupos H1) Y H2), al ser dos, son a la vez grupos básicos –clasifican en todo el grupo- y grupos llave –clasifican en el otro subgrupo del grupo H)-).

Estos subgrupos básicos operan de modo individual salvo en un supuesto (no contemplado en el cuadro): La clasificación simultanea en los subgrupos A2), A5), B3), G3), G4) y, K2), conlleva la clasificación en el subgrupo G1), siendo la categoría en este subgrupo G1) la menor de las categorías de aquellos subgrupos.

Pues bien, de modo similar a como la obtención de clasificación en los grupos básicos determina la obtención de clasificación en todo el grupo,   el artículo 36.5 RGLCAP antes reproducido establece la posibilidad de exigencia de clasificación en un grupo completo, cuando se exija para los grupos básicos de tal grupo.

(Comentario: Si bien cabria plantearse la cuestión de si para la exigencia de clasificación en el grupo completo debería incluir la obra objeto del contrato no sólo trabajos correspondientes a los subgrupos básicos, sino también los correspondientes a todos los demás subgrupos que integran el grupo, tal discusión carece de efectos prácticos, pues no olvidemos que previamente, el licitador que obtuvo clasificación en los grupos básicos, la obtuvo igualmente y con la misma categoría en todos los demás subgrupos que integran el grupo).

En cuanto a los contratos de servicios, -y los contratos de obras respecto a los grupos I), J) y K)-, si bien la no existencia de grupos básicos en el modo en que han sido considerados para el contrato de obras, puede llevar a la conclusión de que no existen en la clasificación de servicios tales grupos básicos, lo cierto es que el artículo 46 RGLCAP señala que el artículo 36 será de aplicación a los contratos de servicios, no excluyendo la aplicación de su párrafo 5º aquí analizado -como si hace por el contrario con el párrafo 4º-. Por ello ha de considerarse que en los contratos de servicios, todos los subgrupos tienen carácter básico y acumulativo.

(Nota: En la práctica la anterior consideración supondrá que, aun encontrándose limitado a dos el número máximo de subgrupos a exigir en los contratos de servicios, cabrá requerir la clasificación en un grupo completo de servicios, cuando sea exigible en todos los subgrupos que conforman ese grupo. Más adelante se volverá sobre esta cuestión).

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5.1.2.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN UN SOLO SUBGRUPO

 “En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.”  (Art. 36.1.  RGLCAP).

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5.1.3.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN VARIOS SUBGRUPOS

 “Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:

a. El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. [Dos en el contrato de servicios –Art. 46-].

b. El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.”  (Art. 36.2. RGLCAP).

“Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.” (Art. 36.4. RGLCAP).

(Nota: Este apartado 4 no aplicable en los contratos de servicios).

De los apartados reproducidos se derivan diversos interrogantes, alguno de los cuales han recibió respuesta por la doctrina de las JCCA y Tribunales, otros sin embargo continúan sin un pronunciamiento claro al respecto, y así:

a) No cabe duda de que el número máximo de subgrupos exigibles (cuatro en los contratos de obra y dos en los de servicios) pueden corresponder a subgrupos dentro de un mismo grupo, ó a subgrupos pertenecientes a grupos distintos (MEH_01/2008, TA_CENTRAL_180/2012, TA_CENTRAL_329/2011, MEH_37/2000).

b) Si bien excepcionalmente es posible exigir clasificación en un número mayor de (4 ó 2) subgrupos, tal exigencia habrá de constar debidamente justificada en el expediente, no siendo posible la justificación ex post, esto es, una vez denunciado el vicio o la irregularidad (Véase STSJ CLM 30/2004, STSJ CAT 13423/2002, STSJ CL 160/2003, STSJ CL 1133/2003, STSJ CAT 11363/2003).

c) Tal número máximo (también) puede ser superado cuando se exija clasificación en un grupo completo, bien sea por que, en los contratos de obra, resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos, bien sea por que, en los contratos de servicios, deba encontrarse clasificado en todos los subgrupos que conforman el grupo (supuesto este último que se antoja prácticamente imposible dada la heterogeneidad de subgrupos que integra cada uno de los grupos de servicios). Esta excepción no ofrece en principio problema alguno de interpretación toda vez que se encuentra recogida en el artículo 36.5 RGLCAP (“La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo.”). Así por ejemplo, si se exigiera clasificación en todo el grupo C), – por exigir la ejecución de un edificio clasificación en alguno de sus dos subgrupos básicos C2 ó C3-, en definitiva se estaría requiriendo clasificación en cada uno de los nueve subgrupos que integran tal grupo.

Ahora bien, si además de la clasificación en un grupo completo existieran otras obras diferenciadas de aquéllas (En el ejemplo anterior, si además de los trabajos de edificación –grupo C- se requirieran por ejemplo trabajos de urbanización -subgrupos A1 y A2-) ¿Habrá de entenderse que los cuatro subgrupos se hayan ya cubiertos por los que conforman el grupo completo, o tal grupo se debe computar a estos efectos como si de un solo subgrupo se tratase? En la práctica, en estos supuestos, la exigencia de clasificación en un grupo completo computa como uno, pudiendo en consecuencia exigirse en su caso clasificación hasta en tres subgrupos más.

d) Suele darse por sentado, que la exigencia de clasificación en un subgrupo requiere que el importe de tal subgrupo supere en todo caso el 20% del valor del contrato, tal y como establece el artículo 36.2 RGLCAP. Pero lo cierto es que tal porcentaje mínimo es exigible en el supuesto de que exista un trabajo principal y otros secundarios que, respecto al mismo, presenten “singularidades” (Art.36.2 RGLCAP), requiriéndose respecto a estos últimos ese porcentaje mínimo del 20%.

(Comentario: Ahora bien, cuando las obras presenten, no “singularidades”, sino “partes fundamentalmente diferenciadas”, el artículo 36.4 del RGLCAP remitiéndose a su apartado 2º, limita el número de subgrupos exigibles a cuatro, pero no asume la exigencia de un porcentaje mínimo (más bien al contrario: “…con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número….”), por lo que deberá entenderse que en los supuestos de partes de obra diferenciadas (no obra principal y obras singulares), se habrá de exigir clasificación (hasta) en los cuatro subgrupos de mayor cuantía, independientemente del porcentaje que representen en relación al valor del contrato.)

Según reseña el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la resolución TA_CENTRAL_092/2011si la obra presenta singularidades no normales o generales a las de su clase, de tal forma que sea preciso exigir clasificación en subgrupos diferentes del genérico que le corresponda, dichas circunstancias deben hacerse constar en el pliego como justificación de su exigencia”.

(Nota: El artículo 36.4 RGLCAP, no es de aplicación en los contratos de servicios).

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9.2.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA EXIGIBLE

9.2.1.- CONCEPTO DE CATEGORÍA

El concepto de categoría se emplea tanto para establecer la que obtiene un contratista para cada grupo o subgrupo en su expediente de clasificación, como la que exige el órgano de contratación para un contrato determinado sujeto a clasificación.

(Nota: Además, el término categoría es empleado por la Ley y Reglamento con otros significados diversos así: Haciendo referencia a tipos o clases de servicios -Artículo 10, 13, 16, 19, 20, 21, 24, etc. TRLCSP y artículo 6 RGLCAP-; Ó también a clases de trabajos en general -Artículo 17, 115, 205, etc. TRLCSP- Ó en fin, con otros significados diversos -Artículos 150, TRLCSP; 29.1.b, 31.1., 31.3., etc. RGLCAP-).

Es conveniente insistir aquí, que la clasificación NO se concreta simplemente en un  “se tiene / no se tiene”, al modo en que pudiese ocurrir con una licencia, un documento habilitante, etc. Veamos desarrollado este razonamiento para el contrato de obras, que de modo idéntico es aplicable a los contratos de servicios.

En primer lugar cuando una empresa se clasifica como contratista de obras lo hace sólo respecto a determinados grupos o subgrupos (si bien también cabe la posibilidad –remota- de que una empresa, a través de la tramitación de único expediente, se clasifique en todos los grupos -11- y subgrupos -69- de obras). Pues bien, por el hecho de clasificarse en tan solo un subgrupo, la empresa se considera clasificada como contratista de obras, lo que tiene su importancia, como se verá más adelante, fundamentalmente, a la hora de que la misma pueda participar, formando parte de una UTE, en una licitación en la que es exigible la clasificación. Pero en cualquier caso, si bien cabe afirmar que la empresa se encuentra clasificada, lo estará en este ejemplo, sólo en un subgrupo de los sesenta y nueve posibles.

En segundo lugar, cuando el empresario se clasifica en un subgrupo, lo es con cierta categoría, y así por ejemplo, no se clasifica –simplemente- en el subgrupo A1), sino que lo hace con una categoría determinada: A1.a) ó A1.b);,…ó, A1.f), en función de, principalmente, de la importancia de las obras del mismo tipo ejecutadas durante un periodo de tiempo.

Pues bien, el mismo planteamiento anotado para la obtención de clasificación por el empresario, es aplicable a la exigencia de clasificación en un determinado contrato. Tratándose de un contrato de obra o un contrato de servicios será exigible clasificación (cuando el valor estimado del contrato supere ciertos límites) en determinados grupos o subgrupos (dependiendo de la naturaleza de los trabajos), y con una determinada categoría según el valor, en ocasiones del contrato –cuando es exigible clasificación en un sólo grupo/subgrupo-, en ocasiones de los trabajos correspondientes a un subgrupo –cuando es exigible clasificación en más de un grupo/subgrupo-. En definitiva, al igual que ocurre para la obtención de clasificación por el contratista, la fijación de la clasificación exigible en un contrato determinado, deberá señalar los subgrupos o grupos, y la categoría en la que el participe deberá encontrarse clasificado, pudiendo concurrir en consecuencia al procedimiento de contratación no las empresas clasificadas, sino las empresas clasificadas en los grupos/subgrupos y con las categorías demandadas en el PCAP.

En los contratos de obras, en los subgrupos pertenecientes a los grupos A) a G), existen seis categorías –identificadas con las letras a) a la f)-, y cinco categorías –identificadas con las letras a) a la e)-, en los subgrupos de los grupos  de obras H) a K).

Para los contratos de servicios el número máximo de categorías es cuatro, identificadas con las letras a) a d).

(Nota: Grupos y categorías se identifican por letras, en tanto los subgrupos lo hacen por números. Para diferenciar grupos y categorías, aquí se señalarán los grupos con letras mayúsculas y las categorías en letras minúsculas).

Las categorías aplicables en los contratos de ejecución de obra, son (Art. 26 RGLCAP):

- De categoría a), cuando su anualidad media no sobrepase los 60.000 euros.
- De categoría b), cuando la anualidad media exceda los 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros.
- De categoría c), cuando la anualidad media exceda los 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros.
- De categoría d), cuando la anualidad media exceda los 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.
- De categoría e), cuando la anualidad media exceda los 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros.
- De categoría f), cuando exceda 2.400.000 euros.

La categoría f) no será de aplicación a los grupos H), I), J) y K) ni tampoco a los subgrupos integrados en tales grupos, cuya categoría máxima será de la e) cuando excedan los 840.000 euros.

Las categorías aplicables en los contratos de servicios, son (Art. 38 RGLCAP):

- De categoría a), cuando la anualidad media sea inferior a 150.000 euros.
- De categoría b), cuando la anualidad media sea igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.
- De categoría c), cuando la anualidad media sea igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.
- De categoría d), cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.000 euros.

Además:

“Los valores de las categorías correspondientes a la clasificación de empresas para los contratos de obras y para los contratos de servicios podrán ser modificados por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en función de la coyuntura económica.” (Disposición adicional  cuarta RGLCAP).

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9.2.2.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA EXIGIBLE AL LICITADOR

“La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” (Art.67.1 2º pfo TRLCSP).

El procedimiento para la concreción de la categoría exigible en cada subgrupo (o en todo el grupo en su caso) se recoge fundamentalmente para el contrato de obras en los artículos 36 y 26 del RGLCAP, y para los contratos de servicios en los artículos 46 –que remite al 36-, y 38 del mismo.  Sin embargo, la redacción dada por la LCSP en el año 2007 a los, en la actualidad, artículos 67.1 y 65.1. TRLCSP (incluso con la variación de este último por la Ley 25/2013 de Impulso de la Factura Electrónica), modifica el modo en que hasta aquella fecha se venía realizando el cálculo de las categorías.

(Nota Importante: Aunque tanto el artículo 26 como el 38 RGLCAP hablan de anualidad media, pues bajo la vigencia del TRLCAP era el modo de calcular la categoría, fuera cual fuese la duración del contrato, lo cierto es que –véase artículo 67.1 reproducido- a partir de la LCSP, la determinación de la categoría deberá llevarse a cabo por referencia al valor medio anual, -asimilable a anualidad media-, cuando la duración del contrato es superior a un año, o a través del valor integro, cuando su duración estimada sea inferior. Por lo tanto, aunque se ha respetado la letra de los artículos 26 y 38 RGLCAP, hoy en día la transcripción correcta será:  “…cuando según lo previsto en el artículo 67.1 TRLCSP su valor medio anual ó  valor integro sea…” o similar).

Una primera cuestión deriva del alcance que debe dársele a la expresión valor integro que recoge el artículo 67.1 TRLCSP  (“La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato,…) pues es comúnmente aceptado que el concepto de valor integro abarca el impuesto de valor añadido (IVA) que grava el contrato. Sin embargo, la doctrina de Juntas y Tribunales han venido entendiendo que ya se refiera la ley a ese concepto, o a otros similares –presupuesto, importe del contrato-, a efectos de determinación de la categoría exigible en un contrato, no se tendrá en cuenta el IVA dado que “…para determinar la mayor o menor envergadura de las obras [ó servicios] y, por tanto, la necesidad de exigir una mayor o menor solvencia técnica para ejecutarlas, es absolutamente irrelevante el importe de las cargas fiscales que deban satisfacerse como consecuencia de su ejecución. Esto es aún más claro si se tiene en cuenta que, por sus propias características, el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo que ni siquiera grava al contratista, sino que la obligación de pago incumbe a la Administración contratante.(…) En todo caso, por valor íntegro del contrato deberá entenderse el que representa el importe íntegro que para la ejecución de la obra se fija en el presupuesto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido” (TA_CENTRAL_092/2011).

A igual conclusión, aunque con distintos argumentos llegan los informes MEH_41/2010, y MEH_43/2008, así como la circular de la abogacía del Estado ABO_03/2008. Sin embargo, en sentido contrario, la Recomendación 01/2011, de la JCCA de Aragón señala: Dado que las escalas que figuran en el Reglamento, a efectos de calcular la anualidad media en las categorías de obras y de servicios, desarrollan la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hay que entenderlas con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.”

Para determinar el resultado del cálculo de la categoría exigible para un contrato, se considera oportuno partir de la regulación contenida en el RGLCAP (Primero), para posteriormente analizar de que manera modifica tal regulación el contenido del artículo 67.1 TRLCSP (Segundo), y 65.1 (Tercero), para llegar a partir de ahí a una conclusión (Cuarto), sobre el modo en que en la actualidad debe llevarse a cabo el cálculo de la categoría exigible.

Primero: Antes de la LCSP. El cálculo de la categoría exigible a un contrato se regula fundamentalmente en el artículo 36, apartados 6 y 7 del RGLCAP, en los siguientes términos:

“Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante.”   (Art. 36.6,  RGLCAP).

“En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos.”   (Art. 36.7. RGLCAP).

La lectura en exclusiva del precepto –sin tener en cuenta las nuevas disposiciones hoy vigentes, introducidas por la LCSP- no ofrece dudas: Se aplicaría igual fórmula independientemente de que la duración prevista del contrato fuese inferior o superior a 12 meses, si bien habría que diferenciar si la clasificación exigible lo es en uno o varios subgrupos.

  • Ø Si la clasificación es exigible en un solo grupo o subgrupo la categoría será el resultado de dividir el presupuesto total del contrato (es indiferente aquí el importe de los trabajos del grupo/subgrupo para el que se hace el cálculo) entre el número de meses y multiplicar el resultado por 12 (=anualidad media), llevando el resultado a la relaciones contenidas en los artículos 26 (obras) o 38 (servicios) del RGLCAP.

Formula: K= (P/T)*12. En donde K=categoría; P=Presupuesto contrato; T=Plazo de ejecución del contrato.

Ejemplo 1: Presupuesto obra = 510.000€. Duración= 16 meses. Subgrupo exigible A1.  Categoría = (510.000/16)*12 = 382.500€ = “d” (Según tabla –ver arriba- art. 26).

Ejemplo 2: Iguales datos salvo duración del contrato: 5 meses. Categoría= (510.000/5)*12 = 1.224.000€ = (Tabla art. 26) “e”.

  • Ø Si la clasificación es exigible en varios grupos o subgrupos se aplicará igual formula pero considerando los importes y plazos de tales trabajos. (Nota: Aunque aquí no se refiere el Reglamento a la anualidad media, necesariamente el cálculo se hará a través de ella, pues en otro caso carecería de sentido la exigencia de tener en cuenta “…los plazos también parciales…” de cada uno de los trabajos que integran un grupo o subgrupo diferenciado).

Formula: K= (Ps/Ts)*12. En donde K=categoría; Ps=Presupuesto correspondiente a trabajos integrados en el grupo/subgrupo para el que se hace el cálculo; Ts=Plazo de ejecución de los trabajos del grupo/subgrupo para el que se hace el cálculo.

Ejemplo 3: Presupuesto del contrato: Indiferente (p.ej. 800.000€). Duración contrato: Indiferente en principio (p.ej. 24 meses).

Subgrupo exigible A1: Ppto=200.000€. Duración=3 meses. Categoría= (200.000/3)*12= 800.000€= (Tabla art. 26)  “d”.

Subgrupo exigible A2: Ppto= 400.000€. Duración= 16 meses. Categoría= (400.000/16)*12=300.000= (Tabla art. 26) “c”.

Recordemos que el presupuesto parcial correspondiente a un subgrupo determinado, se encuentra integrado por el presupuesto parcial de ejecución material, sobre el que se aplica los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si no existe especificado un plazo parcial para esas unidades en concreto, hay que pensar que el contratista dispone del plazo total de ejecución  y por lo tanto, el divisor será el número total de meses del plazo de ejecución (24 en el Ejemplo 3).

(Nota: Recuérdese que si bien corresponde al órgano de contratación fijar  los grupos, subgrupos, y la categoría en la que deben estar clasificados los participantes en el procedimiento de contratación, tratándose de contratos de obra, el autor del proyecto previamente, acompañará al mismo de una propuesta de clasificación. -Art. 133 RGLCAP-).

Al igual que, en el supuesto de clasificación exigible en un solo grupo o subgrupo, se toma aquí en consideración no sólo el presupuesto de ejecución material, sino la cifra del importe parcial incrementada con el beneficio industrial y los gastos generales (presupuesto de contrata).

Segundo: Con la LCSP. Parte del proceso que se ha descrito cambia a partir de la nueva regulación introducida por la LCSP en su artículo 56.1, (de igual redacción al actual  artículo 67.1. TRLCSP):

“La clasificación de las empresas (…) determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” (Art.56.1 LCSP = Art. 67.1 TRLCSP).

El precepto introduce una variación en el modo en que se ha de efectuar el cálculo de la categoría exigible cuando la duración prevista del contrato es inferior al año, de modo que:

  • Ø Si la duración del contrato en el que se exige un solo grupo o subgrupo es inferior a un año, no se llevará a cabo el cálculo de la anualidad media, sino que sólo se tomará en cuenta el valor del contrato (“La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año,…”)

Ejemplo 4: Partiendo de los datos del Ejemplo 2: Valor del contrato = 510.000€. Duración= 5 meses. Subgrupo exigible: A1.  Categoría = 510.000€ = (Tabla art. 26)  “d”.

  • Ø Si la duración del contrato en el que se exige un solo grupo o subgrupo es superior al año se aplicará igual formula (valor medio anual = anualidad media) que la prevista en el Reglamento no variando en consecuencia el resultado (… y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior).

Ejemplo 1: Valor del contrato = 510.000€. Duración= 16 meses. Subgrupo exigible A1.  Categoría = (510.000/16)*12 = 382.500€ = (Tabla art. 26) “d”.

  • Ø De igual modo, si para el contrato se exigen varios grupos o subgrupos,  y la duración en la ejecución de los mismos es inferior al año el cálculo de la categoría se hará en función del valor (ejecución material  + % de gastos generales + % de beneficio industrial) de las actividades correspondientes a ese subgrupo y, si por el contrario su duración es superior al año, se efectuara a través del cálculo de la anualidad media.

Ejemplo 6: Partiendo de los datos del ejemplo 3: valor del contrato: Indiferente (p.ej. 800.000€). Duración contrato: Indiferente (p.ej. 24 meses)  

Subgrupo exigible A1: Valor=200.000€. Duración=3 meses. Categoría= 200.000€= (Tabla art. 26) “c”.

Subgrupo exigible A2: Valor= 400.000€. Duración= 16 meses. Categoría= (400.000/16)*12=300.000= (Tabla art. 26) “e”.

Tercero: Con el TRLCSP.  La redacción del artículo 65.1 TRLCSP introdujo cambios en la redacción del anterior artículo 54.1 LCSP.

“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, (…)” (Art.54.1 LCSP)

“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, [posteriormente 500.000.€], o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, [Posteriormente 200.000.€] (…)” (Art. 65.1 TRLCSP).

La nueva redacción dada al artículo 65.1 del TRLCSP, por la Ley 25/2013, no modifica en este punto el alcance respecto a la redacción anterior:

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas…” (Art. 65.1 TRLCSP actual).

(Nota 1: Ya bajo la vigencia del LCSP, la JCCA, entendió que la expresión presupuesto utilizada por el artículo 54.1 LCSP habría de entenderse como valor estimado – MEH_041/2010-).

Esta nueva redacción establece un principio, aclara una duda, y plantea una nueva duda de suma importancia:

El principio que determina es que, -dada la letra del precepto no cabe entender otra cosa-, la exigencia o no de clasificación se determinará en función del valor estimado del contrato no por su presupuesto. Así por ejemplo, un contrato de obras de duración inferior a un año, de 450.000€ de presupuesto y 600.000€ de valor estimado exigirá clasificación.

La duda que despeja es que en dicho valor no se tendrá en cuenta el IVA: “A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,…” (Art. 88 TRLCSP).

(Nota: Recordemos –ver artículo 88 TRLCSP- que el valor estimado estará formado –como conceptos principales- por el presupuesto del contrato, el importe de las eventuales modificaciones previstas, cualquier forma de opción eventual, y el importe que supongan las eventuales prórrogas del contrato).

La duda que se origina se centra en conocer si el valor estimado se ha de utilizar exclusivamente para determinar la exigencia o no de clasificación en un contrato determinado, o si además, habrá de utilizarse para el cálculo de la categoría exigible.

En principio, parecería carente de lógica que el valor estimado del contrato sólo se tomará en consideración para determinar la exigencia de clasificación pero no para el cálculo de la categoría. Ahora bien, son diversas las razones que llevan a la conclusión contraria, y así:

Cuando la ley se refiere al modo en que se ha de llevar a cabo el cálculo de la categoría, no emplea la expresión valor estimado sino la de valor integro y valor medio anual, según ya hemos visto y analizado: “La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.” (Art.67.1 TRLCSP).

Por otra parte es indudable la dificultad que supondría operar con el valor estimado para determinar la categoría en ciertos casos, fundamentalmente cuando, supuesta la exigencia de clasificación en varios subgrupos con una duración inferior a un año, se prevea una modificación que afectase a determinado tipo de actividad pero no a otras ¿Cómo se calcularía entonces la categoría de cada uno de los subgrupos? ¿Según se vean afectados o no por la posible modificación o de forma proporcional al aumento que tal modificación supusiera en el contrato en su conjunto?, Y sí la modificación prevista no afectase a ninguna de las actividades contempladas en el proyecto, sino que previese la introducción de una nueva actividad ¿Habría de exigirse en su caso subgrupo de clasificación respecto a esa eventual actividad que pueda o no ser finalmente ejecutada?

Los únicos pronunciamiento sobre la materia por parte de órgano competente -conocido por el autor de este trabajo- son los del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León en su resolución  TA_CyL_014/2012, y el de la Junta Consultiva de Cataluña en su informe CAT_16/2012. Si bien en ambos pronunciamientos no se aborda directamente la cuestión aquí planteada, si cabe deducir en varios pasajes de los mismos, que el cálculo de la categoría se habrá de realizar en función del valor integro o, en su caso del valor medio anual, pero no en función del valor estimado, que sin embargo si será el parámetro a considerar a la hora de exigir o no clasificación.

Conforme a todo lo analizado, cabe concluir:

  • Ø La exigencia o no de clasificación vendrá determinada por el valor estimado del contrato.
  • Ø El cálculo de la categoría se llevará a cabo del siguiente modo:
      • o No se tendrá en cuenta el IVA.
      • o Tratándose de un solo grupo o subgrupo, siendo la duración del contrato inferior o igual a 12 meses, la  categoría a exigir será la que resulte del valor integro el contrato. Si fueran varios, la categoría a exigir en cada uno será la que resulte del valor estimado de cada una de las actividades (incrementadas con los correspondientes porcentajes de gastos generales y beneficio industrial) correspondientes a cada grupo o subgrupo
      • o Tratándose de un solo grupo o subgrupo, siendo la duración del contrato superior a los 12 meses, la categoría a exigir será la resultante del cálculo de la anualidad media del contrato. K=(P/T) *12. Si fueran varios la categoría a exigir en cada uno será la resultante del cálculo de la anualidad media del grupo o subgrupo considerado. K=(Ps/Ts) *12 (Importe de ejecución incrementado con los correspondientes porcentajes de gastos generales y beneficio industrial).
      • o La cifra resultante, obtenida en cualquiera de los cuatro supuestos, se relacionado con la contenida en los artículos 26 (obras) o 38 (servicios) del RGLCAP, para determinar el carácter (letra) de la categoría exigible.

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9.2.3.- DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA EXIGIBLE AL SUBCONTRATISTA

“En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.” (Art. 36.8. RGLCAP).

Sobre la substitución/integración de la clasificación por/con la del subcontratista ver subapartado 3.4.

En este caso parece que la norma es más clara, pues ya no se refiere en modo alguno al valor estimado, sino que  establece que la categoría se fijara “…a la vista del importe de obra a subcontratar…”, esto es, importe real no estimado.

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9.3.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE EN LOS CONTRATOS LICITADOS POR LOTES

Según doctrina tradicional de la JCCA del Estado, “en el supuesto de adjudicación por lotes la categoría de la clasificación ha de exigirse a los licitadores en función del importe de los lotes a los que concurran y no en función del importe de los lotes que, en su caso, les sean adjudicados”. (MEH_021/1994).

Ejemplo: Contrato de servicios dividido en tres lotes de igual naturaleza –esto es en los que caso de ser exigible la clasificación se requeriría igual grupo y subgrupo en todos ellos- y duración inferior a un año en todos los casos, por importes de: L1:80.000€; L2:210.000€; L3: 400.000€. Aplicando el criterio manifestado por  la JCCA del Estado resultará que:

(Recordemos que según el artículo 38 RGLCAP las categorías en el contrato de servicios son (euros): a):<150.000; b):de 150.000 a <300.000; c): de 300.000 e <600.000; d):>600.000, y que la clasificación en los contratos de servicios es exigible actualmente a partir de los 200.000.€).

  • • A las empresas que sólo se presenten al lote 1, no les será exigible clasificación; A las que sólo se presenten al lote 2 les será exigible la categoría b).; A las que sólo se presenten al lote 3 les será exigible la categoría c).
  • • A las empresas que se presenten simultáneamente a los lotes 1 y 2 (80.000+210.000=290.000) les será exigible la categoría b).; A las que se presenten simultáneamente a los lotes 1 y 3 (80.000+400.000=480.000) les será exigible la categoría c).; A las que se presenten simultáneamente a los lotes 2 y 3 (210.000+ 400.000=610.000) les será exigible la categoría d).
  • • A las empresas que se presenten a los tres lotes (80.000+210.000+400.000=690.000) les será exigible la categoría d).

(Nota: También el más reciente informe VAL_004/2013 aborda esta cuestión, aunque aquí de manera tangencial, al centrar su estudio en la cuestión de si el contrato sometido a consulta deba ser licitado como contrato único o por lotes.)

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9.4.- CONSECUENCIAS DEL ERROR EN LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN

De lo hasta aquí expuesto en el presente apartado  cabe deducir que a la hora de exigir o no clasificación para un determinado contrato, la Administración contratante puede incurrir en los siguientes errores:

  • · Exigir clasificación cuando no cabe tal pretensión, o no exigirla cuando debería haberse hecho.
  • · Exigir clasificación en grupos o subgrupos en los que no debe ser requerida, y/o no exigirla en otros en los que  debio ser demandada.
  • · Exigir clasificación con una categoría mayor o menor de la debida.

·  Que además de la clasificación se exija la acreditación de la solvencia por otros medios. A este último supuesto se hará referencia con mayor detalle en el apartado 3.2.

Sea cual fuere el supuesto en el que nos encontremos, a efectos prácticos, y dando por supuesto la efectiva existencia del error, lo transcendental viene determinado por el momento en que se pone de manifiesto tal error, esto es, por el acto frente al cual se recurre, y así:

Si se recurre el PCAP que rige el contrato, la estimación del mismo supondrá la anulación de todas las actuaciones posteriores a su aprobación, retrotrayendo en consecuencia aquéllas, modificando el PCAP y convocando de nuevo el proceso selectivo.

[Doctrina: TA_CyL_065/2013, TA_CyL_039/2013. Exigencia indebida de clasificación en un determinado subgrupo; TA_MAD_157/2013 y TA_ARA_054/2013: Exigencia indebida de clasificación al tratarse de un contrato mixto en el que la prestación principal es un suministro].

Igual ocurrirá y del mismo modo se actuará si es el propio órgano de contratación quién en un momento anterior al cierre del plazo de presentación de ofertas, aprecia el error, revisando de oficio su actuación.

Por el contrario, cuando el recurso se plantea no contra los pliegos sino contra actos posteriores del procedimiento de contratación, teniendo como base de las alegaciones el error en la exigencia o no de clasificación (grupo, subgrupo, categoría..), tanto los Tribunales Administrativos como los de la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncian en el sentido de considerar que los pliegos que elabora la Administración y acepta expresamente el licitador al hacer su proposición, no habiendo recurrido el contenido de los mismos, constituyen la ley del contrato y vinculan, tanto a la Administración contratante como a los participantes en la licitación, por lo que una vez aceptado y consentido el PCAP el mismo deviene firme, y no cabe ya cuestionar ninguno de sus extremos pues los pliegos han pasado a ser entonces “Ley del contrato”.

(Nota: Salvo que se trate de un vicio que traiga como consecuencia la nulidad de pleno derecho. Pero éste no es el caso de la errónea exigencia o no de clasificación.)

[Doctrina: “La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas forma parte de la preparación de los contratos y las consecuencias jurídicas de su eventual incompatibilidad con la disciplina legal deben examinarse a la vista de lo previsto en los artículos 31 a 39 del TRLCSP, en los que se regula el régimen de invalidez de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos. Examinada dicha regulación, puede comprobarse que la infracción del artículo 78.a) TRLCSP a que se ha hecho referencia no integraría, por sí sola, ninguna de las categorías de nulidad de pleno derecho del artículo 32 TRLCSP, debiendo por ello reputarse como únicamente determinante de mera anulabilidad, ex artículos 33 del TRLCSP y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.” (TA_CyL_026/2013)

“Pero se puede constatar que el PCAP exigía con total claridad, y así lo reconoce el propio recurrente, la presentación por parte de los licitadores de la certificación acreditativa de poseer la clasificación en el grupo U, subgrupo 7, a pesar de lo cual, XXX, no impugnó en su momento el citado pliego. Y, de acuerdo con el artículo 99.3 LCSP, [Art.115.3 TRLCSP] “los contratos se ajustarán a los pliegos particulares cuyas cláusulas se consideren parte integrante de los mismos”, por lo que es exigible a todos los licitadores la aceptación del contenido de los mismos, una vez que no los hayan impugnado en el momento procesal oportuno”. (TA_CENTRAL_033/2011).

En este supuesto, el licitador no impugna los pliegos dentro del plazo establecido en el anuncio. En el acto de apertura es requerido para que presente la clasificación exigida –de la que carece- y posteriormente excluido de la licitación, siendo en ese momento cuando inicia el procedimiento impugnatorio que finalmente es objeto de la sentencia analizada, que rechaza tal pretensión] “…cabe señalar la naturaleza contractual y no reglamentaria de los pliegos lo que explica que la falta de impugnación de éstos convalide sus posibles vicios, a menos que se trate de vicios de nulidad de pleno derecho, pues como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de marzo de 2001, recogiendo la de 6 de febrero de 2001, según consolidada doctrina jurisprudencial el pliego de condiciones constituye la Ley del concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases y condiciones carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos, como acontece en el caso de autos …” (STSJ AS 386/2002).]

La clasificación reflejada en los pliegos y el anuncio, vincula y es ley del contrato no sólo respecto a los licitadores o candidatos, sino también respecto a la propia entidad que promueve la contratación. Véase al respecto la sentencia del Tribunal Supremo STS 4195/2001, en la que se anula la adjudicación de un contrato en el que habiéndose exigido por parte de la Administración la clasificación, entre otras, en un subgrupo determinado, interpreto posteriormente el órgano de contratación que el requerimiento de tal clasificación en ese concreto subgrupo era improcedente, pues carecía de trascendencia para la ejecución de la obra objeto de licitación, permitiendo la participación de empresas no clasificadas y adjudicando finalmente el contrato a la oferta de menor importe presentada por una empresa que no poseía clasificación en aquel subgrupo. Es de destacar que en esta misma sentencia se rechaza la pretensión del recurrente de que a él le fuera adjudicado el contrato (su oferta en la subasta fue la segunda más baja por detrás de la del adjudicatario), por considerar el Tribunal Supremo que el Ayuntamiento al reconocer y exigir a las empresas licitadoras una clasificación improcedente, impidió a las que no la tuvieran tomar parte en la subasta. El procedimiento de adjudicación estaba viciado por lo que lo pertinente era, no adjudicar el contrato al siguiente licitador –ahora recurrente-, que si poseía la clasificación requerida sino, una vez anulada la adjudicación, convocar nueva licitación en la que se suprimiese el requisito de clasificación en el subgrupo exigido indebidamente.

Es de señalar que si al potencial licitador o candidato le es desestimado el recurso que ha interpuesto en vía administrativa (reposición, alzada, especial en materia de contratación), frente a los pliegos por considerar que la clasificación en ellos exigida no es la adecuada, y que la misma no le permite participar en la licitación por carecer de aquélla, (disponiendo de la que si considera debe exigirse), tiene abierta como es obvio la vía contenciosa, si bien salvo que así lo acuerde el propio Tribunal contencioso, el procedimiento de adjudicación y la ejecución misma del contrato no queda suspendida.

Aun en el supuesto de que en sede judicial el potencial participe no admitido o excluido, lograse le fuesen estimadas sus alegaciones, es proceder general que las sentencias no le reconozcan derecho a indemnización alguna, en base al argumento de que si bien debió haber sido admitido a la licitación, no hay modo de acreditar que, de haber concurrido, fuese él, finalmente, el adjudicatario del contrato. De ahí, entiendo, la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo STS 7645/2011, (recurso de casación 2800/2009), donde en un supuesto con todos los precedentes apuntados el Tribunal consideró: “…lo cierto es que el daño se le ocasiona de forma irreparable, desde el momento en que, con un mal funcionamiento del servicio público, se le impide ilícitamente el participar en el proceso selectivo, por lo que se produce un daño, derivado de la falta de dicha participación, que ciertamente no asegura que de haber participado sería la adjudicataria, pero esta circunstancia deviene imposible, por lo que procede la reparación de dicho daño, que por analogía puede aceptarse debe alcanzar al seis por ciento de beneficio industrial, tal como solicitó la recurrente, pues aunque esta es la cantidad que se derivaría de la falta de adjudicación del contrato, según lo previsto en la el articulo 131.1.b) del real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y cierta jurisprudencia, es de aplicación por analogía al caso presente en que se impide por un acto contrario a derecho la participación en el proceso de contratación.”

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9.5 MOMENTO Y PERIODO EN EL QUE EL LICITADOR DEBE OSTENTAR LA CLASIFICACIÓN REQUERIDA

La adjudicación del contrato a quién carece de la clasificación exigida en el PCAP, supone la nulidad de la adjudicación, y en su caso, del contrato mismo.

“Son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: (…) B.- La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario,(…)” (Art.32.b. TRLCSP).

Cualquier inaptitud (incapacidad de obrar, prohibición de contratar, incompatibilidad, falta de habilitación, falta de solvencia ó clasificación), inicial, esto es desde el momento en que se presenta la oferta o candidatura hasta el momento en que se formaliza el contrato, provoca la nulidad del contrato así celebrado. (Ver excepción más adelante).

[Doctrina: Supuesto particular lo supone el contemplado en la resolución TA_ARA_23/2013, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Aragón, que parte de una acuerdo anterior del propio Tribunal (TA_ARA_07/2013), por el que éste estimo un REMC presentado contra la exclusión de una empresa que formaba parte de una UTE –y como consecuencia, la exclusión de la UTE misma- por no justificación de la clasificación empresarial. El Tribunal ordeno se retrotrayeran las actuaciones al momento anterior a la exclusión, concediendo al licitador excluido el preceptivo plazo de subsanación para justificar su solvencia. Cumplimentado lo ordenado por el Tribunal, la empresa presenta justificación de estar en posesión de la clasificación requerida, y finalmente la UTE de la que forma parte resulta adjudicatario del contrato. Contra tal adjudicación recurre ahora otro licitador alegando en esencia que aquella empresa (y la UTE) debió ser excluida, pues  no reunía la solvencia técnica por no haber obtenido la clasificación en el momento al que se debieron retrotraer las actuaciones, que entienden que es la fecha de apertura de los sobres nº 1, sino en un momento posterior, incluso posterior al acuerdo del Tribunal (por ser más precisos en una fecha coincidente con el último día del que disponía para subsanar defectos una vez requerida por el órgano de contratación en cumplimiento de aquella resolución anterior del Tribunal). Considera el Tribunal: “La anulación de actuaciones, y su retroacción, tiene como consecuencia el tener «por no existidos» los trámites anteriores, exigiendo dar cumplimiento «ex novo» a las exigencias legales en relación a la subsanación de documentos, lo que en la práctica supone que será el día de la nueva notificación, ex artículo 81.2 RGLCAP, el dies ad quem para computar el plazo de tres días para subsanar.”]

“Las mesas de contratación, en la calificación previa de la documentación presentada por los licitadores, comprobarán si éstos se encuentran clasificados en los subgrupos exigidos y con categorías en ellos iguales o superiores a las establecidas para los mismos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, procediendo a rechazar las que no cumplan este requisito. Cuando concurran empresas no españolas de un Estado miembro de la Comunidad Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26.2 de la Ley y 9.2 de este Reglamento.

Cuando el licitador sea una unión temporal de empresarios clasificados individualmente, comprobarán si entre todos reúnen la totalidad de los subgrupos exigidos. En cuanto a las categorías en estos subgrupos, la comprobación tendrá lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.” (Art. 51 RGLCAP).

Ahora bien, a pesar de la afirmación anterior, en cuanto a que la clasificación debe poseerse desde el momento de la presentación de la oferta, la LCSP, -sólo respecto a la clasificación-, vino a establecer una regla especial que actualmente recoge el TRLCSP en los siguientes términos:

“Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.” (Art. 146.1.b. 2º pfo TRLCSP).

No estamos aquí propiamente ante la posibilidad que tiene cualquier licitador de subsanar un error al no haber adjuntado junto con el resto de documentación, el documento que acredita la clasificación que ya poseía con anterioridad a la presentación de su oferta, posibilidad reconocida por la norma (Art.81.2 RGLCAP) (TA_CENTRAL_304/2012) como omisión subsanable en la documentación presentada, sino que va más allá, al posibilitar que el documento por el que se concede la clasificación sea de fecha posterior a la finalización del plazo de presentación de las ofertas (MEH_19/2009).

En todo caso la operatividad de tal posibilidad, se hace depender de que el licitador presente, junto con el resto de documentos, aquél que acredita haber tramitado la correspondiente solicitud de clasificación, y finalmente, presente el certificado de clasificación –no admitiéndose otro documento (TA_AND_27/2012; TA_AND_116/2012) -, dentro del (escaso) plazo de tres días hábiles señalado en el artículo 81.2. del RGLCAP.

Además, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 146.3 TRLCSP

“Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) del apartado 1 se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.” (Art.146.3 TRLCSP).

Al respecto, si bien el artículo 146.1.b. tan solo refiere queLas proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: (…) b.- Los que acrediten la clasificación de la empresa (…),  tal y como señala el informe de la JCCA de Baleares BAL_11/2008, “…Cabe recordar que la acreditación de la clasificación empresarial del empresario se puede hacer por medio de la certificación del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, pero también mediante el certificado de clasificación empresarial expedido ad hoc por el órgano competente en materia de clasificación.”

Es de subrayar, que la clasificación (al igual que en su caso la capacidad de obrar, la solvencia y, la ausencia de prohibiciones de contratar), es exigible no sólo en el momento de la presentación de la oferta, (o más tarde concurriendo las circunstancias que acabamos de analizar), sino también en todo el periodo que se extiende desde ese momento hasta el de la formalización del contrato.

[Doctrina:…ha de analizarse si, cumpliendo la empresa XXX el requisito de la clasificación en el momento de resultar adjudicataria del contrato (partiendo de la hipótesis de que así fuera), el hecho de que con posterioridad al momento de la adjudicación, pero antes de la formalización del contrato, se le notificara la revocación de la clasificación, determina que la empresa no pueda formalizar el contrato con la Administración.[al respecto]… debemos señalar que, si bien la legislación aplicable no contiene una previsión específica sobre este particular, la interpretación de los preceptos de la normativa vigente en materia de contratación administrativa, en relación con las condiciones exigidas para contratar con la Administración debe conducir a la conclusión de que los requisitos de solvencia, legalmente exigidos como condiciones de aptitud para contratar con la Administración, deben concurrir en el contratista tanto en el momento de la licitación, es decir, en el momento de la presentación de su oferta, como en el momento de la perfección del contrato administrativo, lo que, de acuerdo con el artículo 27.1 del TRLCSP, se produce con la formalización del contrato. En este sentido cabe citar el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa núm. 19/09, de 25 de septiembre, así como la Circular de la Abogacía General del Estado 1/2012…” (TA_CENTRAL_308/2012).

La citada resolución TA_CENTRAL_308/2012, señala igualmente que la revocación de la clasificación no es eficaz en el momento de dictarse, sino en el momento en que la misma le es notificada al licitador, por lo que en el supuesto de que habiéndose formalizado el contrato en fecha posterior a la revocación de la clasificación, pero sin que tal revocación hubiese sido debidamente notificada al contratista, tal contrato será válido.

(Nota: En el supuesto analizado por esta resolución, finalmente no hubo lugar a la firma del contrato, pues la revocación de la clasificación fue notificada con posterioridad a la adjudicación pero con anterioridad a la formalización. Ahora bien, el que no se hubiese formalizado el contrato en plazo el Tribunal Administrativo lo consideró imputable al (no) proceder de la Administración, apuntando el T.A. que por ello la empresa licitadora/adjudicataria, pueda exigirse responsabilidad patrimonial a la Administración).

Si la inaptitud inicial supone la nulidad de las actuaciones realizadas, incluidas en su caso la del propio contrato formalizado, por el contrario, la inaptitud sobrevenida durante la ejecución del contrato, puede conllevar su resolución, pero nunca su invalidez. En particular, “el requisito de la clasificación (…) referido al momento de la adjudicación del contrato,(…)  la pérdida posterior de tal clasificación no debe producir efecto en la ejecución del contrato, dado que ni siquiera tal pérdida ha sido configurada como causa de resolución [por la ley] (MEH_027/1997). Incluso, como señala el informe CAN_003/2010: “Los acuerdos que recaigan en los procedimientos de revisión de clasificación y de prohibición para contratar, no pueden por sí mismos actuar como causa retroactiva de nulidad de un contrato celebrado anteriormente, pues tales acuerdos sólo surtirán efectos a partir del momento en que se adopten.”

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10.- CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES

La Unión Temporal de Empresas (UTE), – Ver Tema 8.- Uniones Temporales de Empresas- se configura como un sistema de agrupación de empresas que da lugar a una organización sin personalidad jurídica, que tiene como fin la ejecución de una obra, servicio o suministro determinado.

A pesar de la regulación parcial y dispersa de la UTE en normas de tipo fiscal y administrativo, no siempre coincidentes, y de la falta de regulación civil y mercantil sobre la misma, si pueden establecerse una serie de notas definitorias:

  • · La UTE carece de personalidad jurídica.
  • · Las obligaciones son asumidas por los miembros de la UTE con carácter solidario.
  • · La UTE tiene carácter temporal.
  • · De resultar adjudicataria del contrato, la unión temporal ha de formalizarse en escritura pública.

Si bien UTE y clasificación son dos figuras independientes, es más, la finalidad de la UTE no necesariamente se desarrolla vinculada a la contratación pública, no cabe duda, que la practicidad de la UTE alcanza su plena vigencia en relación a aquellos contratos públicos en los que es exigible clasificación, puesto que posibilita la participación en la licitación de empresas que por sí solas no poseen la clasificación exigida para el contrato objeto de contratación, pero que en unión temporal (para ese contrato en particular) con otras, puede alcanzarla a través del denominado procedimiento de acumulación previsto en la normativa sobre contratación pública.

Son presupuestos previos, ineludibles para que pueda darse el proceso de acumulación, que las empresas que pretendan participar en la licitación tengan por sí mismas capacidad de obrar para ejecutar el contrato licitado, y que se encuentren clasificadas –siendo indiferente el grupo o subgrupo en el que lo estén- bien como contratistas de obras, cuando el contrato licitado sea de obras, bien como contratistas de servicios, cuando se trate de un contrato de servicios. Evidentemente, tal principio se excepciona en aquellos supuestos en que por las razones previstas en la norma no es exigible la clasificación a ciertas empresas (Véase en este punto los apartados X e Y …. Comunitarias… excepciones y exenciones).

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10.1.- PRESUPUESTOS DE LA ACUMULACIÓN: CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y CAPACIDAD DE OBRAR

Para que las empresas integrantes de la UTE, y la UTE misma –pues la falta de los requisitos exigibles en alguna de las empresas participantes supondrá por lo general la exclusión de la UTE de la licitación- puedan participar en un proceso de contratación en el que es exigible clasificación todas las empresas participantes en la misma habrán de encontrarse clasificadas y tener capacidad de obrar para ejecutar el contrato.

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10.1.1.- EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA UTE

“A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados en el caso del artículo 59, se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea en el apartado 4 del artículo 59.” (Art.67.5 TRLCSP).

“A los efectos establecidos en los artículos 24.2 [Art.59.4 TRLCSP] y 31.2 [Art. 67.5. TRLCSP] de la Ley, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso, para la valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, [Art. 72.2. TRLCSP] 16, 17 y 19 [Art. 74 a 76, y 78 TRLCSP] de la Ley.”  (Art.52.1 RGLCAP).

Por lo tanto, exigida la clasificación para un contrato determinado, se plantea la cuestión del modo en que las empresas que participan en la UTE (salvo las pertenecientes a la Unión Europea y Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o que hubiesen obtenido la exención para la presentación de la clasificación) han de encontrarse clasificadas, esto es, si las empresas que van a formar parte de la Unión Temporal de Empresas que participará en el procedimiento de selección deben:

a) Encontrarse clasificadas en los grupos y subgrupos exigibles en la licitación, ó

b) Estar clasificados al menos en los grupos de los que forman parte los subgrupos requeridos, ó

c) Tratarse de empresas clasificadas como contratista de obras si se licita una obra, ó como contratista de servicios si lo que se licita es un servicio, ó

d) Si es suficiente con que se encuentren clasificadas en obras o servicios con independencia del tipo de contrato -obra o servicio- licitado.

e) Si basta con que una o varias de las empresas se encuentren clasificadas en los subgrupos y con las categorías exigibles, aunque el resto de empresas que forman parte de la Unión Temporal carezcan de cualquier tipo de clasificación.

Si bien es cierto que con anterioridad a la vigencia de la LCAP se pueden encontrar interpretaciones que consideraban suficiente que sólo una o varias de las empresas integrantes de la UTE estuvieran clasificadas con la categoría exigida, aunque el resto de las participantes no tuvieran ningún tipo de clasificación, la interpretación, ahora unánime, de doctrina y jurisprudencia, considera (opción c.) que el primer presupuesto que se ha de cumplir para que una UTE participe en la licitación de un contrato en el que se exige clasificación es que, tratándose de un contrato de obras, todas las empresas integrantes de la UTE sean titulares de un expediente de clasificación de obras, independientemente de que lo estén o no en los grupos, subgrupos y categorías exigibles en la concreta licitación y, de igual forma, tratándose de un contrato de servicios, todas las empresas que forman parte de la  UTE habrán de encontrarse clasificadas como empresas contratistas de servicios, independientemente del grupo, subgrupo o categoría.

[Doctrina: Véase al respecto los siguientes informes y resoluciones: TA_AND 046/2012 TA_AND 045/2012 TA_AND 048/2012 ,  TA_AND_047/2012, TA_CENTRAL_158/2011, TA_MAD_044/2011, MEH_046/2002, MEH_040/2000, MEH_022/1996, AND_001/1996, MEH_008/1994, MEH_022/1996. Por todos ellos el TA_CENTRAL_077/2012  señala Es cierto, como señala la mesa de contratación, que la empresa XXX, S.A., no se encuentra clasificada en el grupo y subgrupo exigidos en el pliego para participar en la presente licitación, pero no es menos cierto que se encuentra clasificada como empresa de servicios (…), y la única exigencia de la Ley para poder proceder a la acumulación de las clasificaciones de las empresas que concurren en UTE es que todas ellas se hallen clasificadas como empresas, en este caso de servicios, requisito que se cumple en el supuesto que nos ocupa.” Y el informe la expresión utilizada en el artículo 32.2 LCAP  [Art.67.5 TRLCSP] “en relación con el contrato al que opten” no puede ser interpretada en el sentido de exigir a las empresas que concurran en unión temporal clasificación en todos los grupos o subgrupos exigidos, sino en el más general de excluir la exigencia de doble clasificación en los supuestos de contratos mixtos de obras y de consultoría y asistencia o de servicios y, en consecuencia, debe precisarse que, en los contratos de obras, la clasificación exigible a los empresarios que concurran en unión temporal será exclusivamente la de contratista de obras correspondiente y, por el contrario, en los contratos de consultoría y asistencia o de servicios, exclusivamente la clasificación correspondiente a estos tipos de contratos. ]

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10.1.2.- CAPACIDAD DE OBRAR DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA UTE

Si bien la capacidad de obrar no se configura como un presupuesto para la acumulación de las clasificaciones –al que haremos referencia en el subapartado siguiente-, sino respecto a la posibilidad misma de presentar oferta en una licitación, sea exigible o no clasificación, participe o no el licitador formando parte de una UTE, la mayor problemática, o una problemática específica, se dará en aquellos supuestos en los que siendo exigible clasificación no todas las empresas integrantes de la UTE poseen la capacidad de obrar respecto al objeto del contrato.

El diferente alcance que en general, para todo tipo de contratos y respecto a todo tipo de licitadores, tiene la clasificación y la capacidad de obrar ha sido tratado en extenso en el subapartado 8.1. Trasladando el planteamiento general allí analizado al supuesto específico de las UTEs, se pueden distinguir, teóricamente, dos situaciones de hecho.

Un primer supuesto en que todas las empresas que se presentan a una licitación formando parte de una UTE poseen un objeto social que tiene relación directa o indirecta con las prestaciones que integran el objeto del contrato, ya sea parcialmente o totalmente.

Un segundo supuesto sería aquél en el que algunas de las empresas que integran la UTE tienen un objeto social totalmente o parcialmente coincidente con el objeto del contrato, pero también se incorporan a esta UTE otras empresas cuyo objeto no tiene relación alguna, ni directa ni indirecta, con el objeto del contrato.

Pues bien, en este último supuesto, teniendo en cuenta la legislación administrativa y mercantil sobre la materia, la UTE será excluida del procedimiento de contratación. Así, concluye el informe CAT_ 008/2005 que “… se tiene que afirmar también que siempre tiene que haber una vinculación entre el objeto social de cada una de las empresas integrantes de la UTE y alguna de las prestaciones que conforman el objeto contractual.” En definitiva, Todas las empresas que integran una UTE tienen que acreditar, al menos, una relación directa o indirecta, ya sea total o parcial, entre su objeto social y el objeto del contrato, y eso con independencia que dichas empresas estén clasificadas. Corresponde a la mesa de contratación o a los servicios del órgano de contratación el análisis y apreciación de este requisito.”

En el mismo sentido, la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León TA_CyL_006/2012: “En cuanto a la adecuación del objeto social de la empresa XXX …. [al objeto del contrato]… hay que tener en cuenta, (…)  que la necesaria vinculación entre el objeto social de las empresas que integran la UTE y el objeto contractual debe interpretarse en sentido amplio y no restrictivo, por lo que es suficiente con que exista una relación indirecta, ya sea total o parcial, entre el objeto social y el del contrato. En definitiva la constitución de una U.T.E. tiene como finalidad la cobertura de las diversas prestaciones de un contrato y el órgano de contratación debe verificar si éstas quedan debidamente cubiertas con los objetos sociales de las empresas que integran la U.T.E.”

(Véase también, en igual sentido, las resoluciones del TACRC, TA_CENTRAL_148/2011 y, TA CENTRAL 247/2011).

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10.2. PROCEDIMIENTO DE ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES

 “2. Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal esté clasificado en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida.

3. Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes de la unión temporal de empresarios estén clasificados individualmente en diferentes subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las máximas categorías ostentadas individualmente.” (Art.52.2. y 3. RGLCAP).

Exigiéndose clasificación para participar en un procedimiento de contratación determinado, tal y como hemos visto, es presupuesto necesario que las empresas que participen en la UTE cuenten por sí mismas con clasificación. Ahora bien, como también ha quedado reseñado, no es exigible que cada empresa se encuentre clasificada ni con la categoría requerida, ni siquiera en el grupo o subgrupo requerido. Pero en todo caso, la UTE en su conjunto, al igual que cualquier otro participe, habrá de alcanzar la categoría requerida en el grupo y/o subgrupos señalados en el PCAP. Ello se logra, bien cuando alguna de las empresas que participa en la UTE tiene por sí sola la/s categoría/s exigidas para tales grupos o subgrupos, bien cuando sin tenerla ninguna de las empresas por sí, la suma de clasificaciones de las empresas integrantes alcanza la requerida en el contrato.

En principio, no plantea mayor dificultad el modo en que ha de  tener lugar la acumulación de clasificaciones cuando una o varias de las empresas participantes en la UTE se encuentran clasificadas en el/los grupo-s / subgrupo-s requeridos con la/s categoría/s exigible/s o superior/es: La UTE alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las máximas categorías ostentadas individualmente. (Art. 52.2 y 3 RGLCAP). Propiamente aquí no es necesario proceder a acumular clasificaciones, dado que la clasificación de una se extiende a todas, o por mejor decir, a la UTE misma.

La única duda que cabe plantearse en estos supuestos, es la de determinar si a las empresas integradas en la UTE que por sí solas cumplen la clasificación requerida en el contrato, le es aplicable la regla prevista en el artículo 52.4. RGLCAP, -ver subapartado siguiente-, en el sentido de que su participación en la unión temporal haya de ser igual o superior al 20%. Al respecto, no deja lugar a dudas el sentido negativo de la respuesta que da a esta cuestión la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA) del Estado en su informes MEH_001/1992 y  MEH_002/2004, afirmando esta última: “Que en las uniones temporales de empresarios, cuando una de las empresas que concurren en la unión ostenta la clasificación en el subgrupo exigido con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanza directamente dicha clasificación con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la unión.”

Ejemplo 1: Exigiéndose en una determinada licitación la clasificación en los subgrupos y categorías siguiente: A1e) y G4f), tres empresas que participan en compromiso de constitución de UTE disponen de la clasificación siguiente: Empresa 1: A1f); Empresa 2: G4f); Empresa 3: C2d). La clasificación de la empresa 1 –A1f)- cubrirá la clasificación/categoría exigida A1e) y, la clasificación de la empresa 2 –G4f)- cubrirá la clasificación/categoría exigida G4f). A partir de ahí, es indistinto que el resto de empresas –en el ejemplo, la empresa 3- carezcan de la clasificación en los subgrupos y categorías exigidas (siempre y cuando, como en el ejemplo, se encuentren clasificados como contratistas de obras), pues ya la empresa 1 respecto al subgrupo A1, y la empresa 2 respecto al subgrupo G4, ostentan por si solas la categoría exigida para tales subgrupos.

Cuando ninguna de las empresas integrantes de la UTE alcanza por si sola la categoría requerida, procede acudir al procedimiento que para la acumulación de clasificaciones prevé el artículo 52.4. RGLCAP.

 “4. Cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión temporal, en dicho grupo o subgrupo, será la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las respectivas categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas, siempre que en la unión temporal participen con un porcentaje mínimo del 20 %.

Para obtener el valor medio (Vm) de las categorías se aplicará la siguiente fórmula: Vm = (Límite inferior + límite superior) / 2

Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje del 20 %, al valor medio del intervalo de la categoría se le aplicará un coeficiente reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A estos efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor medio de su intervalo, se considerará que el valor máximo del mismo es el doble del valor mínimo.” (Art.52.4. RGLCAP).

Dispone el artículo 26 RGLCAP en relación a los contratos de obras que:

“Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:

    • Ø De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.
    • Ø De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros.
    • Ø De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros.
    • Ø De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros.
    • Ø De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros.
    • Ø De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. “

Y por su parte, en relación a los contratos de servicios dispone el artículo 38 RGLCAP que:

Las categorías de los contratos de servicios, a las que se ajustará la clasificación de las empresas, serán las que se relacionan a continuación en función de su anualidad media:

    • Ø Categoría a), cuando la anualidad media sea inferior a 150.000 euros.
    • Ø Categoría b), cuando la anualidad media sea igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.
    • Ø Categoría c), cuando la anualidad media sea igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.
    • Ø Categoría d), cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.000 euros.”

(Nota Importante: Aunque tanto el artículo 26 como el 38 RGLCAP hablan de anualidad media, pues bajo la vigencia del TRLCAP era el único modo de calcular la categoría, lo cierto es, que a partir de la LCSP, la determinación de la categoría deberá llevarse a cabo por referencia al valor medio anual –asimilable a anualidad media- cuando la duración del contrato es superior a un año, o a través del valor integro, cuando su duración estimada sea inferior. Por lo tanto, aunque se ha respetado la letra de los citados preceptos reglamentarios la lectura correcta sería  “…cuando según lo previsto en el artículo 67.1 TRLCSP su valor medio anual ó  valor integro sea…” o similar).

Presuponiendo la participación de todas las empresas agrupadas en una UTE en un porcentaje superior al 20%, la acumulación de clasificaciones se lleva pues a cabo en dos pasos.

Primeramente se calcula el valor medio  de la categoría de cada una de las empresas participantes en la Unión temporal –no confundir con anualidad media o valor medio anual del contrato-mediante la fórmula Vm = (Límite inferior + límite superior) / 2., siendo tales  límites inferior y superior los contenidos para cada categoría en los artículos 26 y 38 del Reglamento, según se trate de un contrato de obras o servicios.

En un segundo paso se procede a la suma de los valores medios de las empresas participantes trasladando el resultado a la relaciones contenidas en los artículos 26 ó 38 RGLCAP, para conocer la categoría alcanzada por la UTE.

(Nota importante: Los cálculos de los ejemplos 2 a 5, se lleva a cabo siguiendo la interpretación habitual, esto es, la que de la normativa sobre acumulación de clasificaciones lleva a cabo la JCCA del Estado. Como se analizará más adelante, -subapartado 10.2.1.- la JCCA de Cataluña realiza una interpretación distinta de la normativa, que en ciertos supuestos puede dar lugar a significativas diferencias).

Ejemplo 2: En un contrato de obras se requiere la siguiente clasificación: A1f), siendo la categoría en el subgrupo A1 de cada una de las tres empresas integrantes de la UTE –con una participación todas ellas superior al 20%- la siguientes: Empresa1 (E1)-=A1b; Empresa2 (E2)=A1c; Empresa3 (E3)=A1e.

Paso 1: Calculo del valor medio. VmE1= (60.000 + 120.000)/2= 90.000.; VmE2= (120.000 + 360.000) / 2= 240.000.; VmE3= (840.000 + 2.400.000) / 2 = 1.620.000.

Paso 2: Suma de los valores medios: 90.000 + 240.000 + 1.620.000 = 1.950.000 €. Relacionando este importe con el artículo 26 RGLCAP se observa que el mismo se encuentra entre los límites correspondientes a la categoría e) -840.000 a 2.400.000-, por lo que la categoría que obtendría la UTE serie la e), insuficiente en este caso para optar al contrato en el que se exige categoría f) –A1f)-.

Ejemplo 3: En un contrato de servicios se requieren la siguiente clasificación L1d) y M1d) siendo la clasificación de las tres empresas integrantes de la UTE –con una participación de todas ellas superior al 20%- la siguientes: Empresa 1 (E1): O2; Empresa 2 (E2): L1d) y M1c).; Empresa 3 (E3): L1c) y M1c).

Previo: No es necesario el cálculo del valor medio respecto al subgrupo L1 puesto que la empresa 2, por si sola posee la categoría exigida -L1d-, aplicándose lo previsto en el artículo 52.3 RGLCAP anteriormente analizado.

Respecto al subgrupo M1…

Paso 1: Calculo del valor medio tanto de la empresa E2 como de la empresa E3 –que será el mismo en ambos casos al tener igual categoría. Vm (E2 y E3)= (300.000 + 600.000)/2 = 450.000.

Paso 2: Suma de los valores medios: 0 + 450.000 + 450.000 = 900.000€.  Relacionando este importe con los tramos contenidos en el artículo 38, se observa que el mismo  se encuentra por encima del importe requerido para la categoría d) (>600.000€), por lo tanto la UTE alcanzará la categoría d)

La UTE cumplirá así la exigencia de clasificación en los dos subgrupos.

“Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje del 20 %, al valor medio del intervalo de la categoría se le aplicará un coeficiente reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A estos efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor medio de su intervalo, se considerará que el valor máximo del mismo es el doble del valor mínimo.” (Art.52.4. RGLCAP).

Por lo tanto, en el caso de que alguna de las empresas no participe en un porcentaje mínimo del 20%  habrá de aplicarse el índice corrector previsto en el artículo 52.4 RGLCAP.

Ejemplo 4: Partiendo de los datos del ejemplo 3, consideremos que la empresa 1 participa en un porcentaje del 15%. El cálculo no varía, pues la clasificación de la empresa 1 –por carecer de ella en los subgrupos exigidos- no ha sido tomada en consideración para el cálculo de la clasificación que alcanza la UTE.

Ejemplo 5: Iguales datos que en el ejemplo 3, siendo la empresa 2 la que participa en un porcentaje del 15%

Previo: No es necesaria la acumulación de clasificaciones respecto al subgrupo L1 puesto que la empresa 2, por si sola posee la categoría exigida (L1d) –Art.52.3 RGLCAP-, siendo indiferente respecto a este subgrupo, según interpretación de la JCCA del Estado, el porcentaje de participación de la misma en la unión temporal.

Respecto al subgrupo M1:

Paso 1: Calculo del valor medio de la empresa 2: VmE2= [(300.000 + 600.000)/2]*(15/20) = 450.000 * 0.75 = 337.500

Calculo del valor medio de la empresa 3: VmE3= (300.000 + 600.000)/2 = 450.000.

Paso 2: Suma de los valores medios: 0 + 337.500 + 450.000 = 787.500€.  Relacionando este importe con los tramos contenidos en el artículo 38, se observa que el mismo  se encuentra por encima del importe requerido para la categoría d) (>600.000€), por lo tanto la UTE alcanzará la categoría d), cumpliendo así la exigencia de clasificación en los dos subgrupos requeridos.

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10.2.1.- INTERPRETACIÓN SOBRE LA NORMATIVA DE ACUMULACIÓN DE LOS INFORMES  MEH_046/2002 Y CAT_003/2004.

Hasta aquí se ha desarrollado en los distintos ejemplos la interpretación de la normativa que sobre acumulación de clasificaciones ha llevado a cabo la JCCA del Estado en su informe MEH_046/2002. Sin embargo la JCCA de Cataluña en su informe CAT_003/2004, efectúa una interpretación diferente del modo en que se ha de proceder al cálculo de las categorías. De las divergentes interpretaciones contenidas en ambos informes derivan consecuencias de indudable trascendencia económica, pues puede suponer el acceso o la imposibilidad de acceso de ciertas empresas a determinadas licitaciones que, como veremos, se resuelve en uno u otro sentido, en base a la consideración, o no, de un céntimo de euro (0,01 €).

 

Criterio de la JCCA del Estado. Informe MEH_046/2002

La JCCA en su informe MEH_046/2002, se remite, para la explicación que lleva a cabo a fin de determinar el valor medio, a la legislación anterior al RGLCAP, ya que “la regulación actualmente vigente contenida en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 52 del Reglamento General de la Ley no difiere sustancialmente de la incorporada a las Órdenes ministeriales anteriormente citadas” y en concreto no difiere respecto, “a la explicación [que] de su aplicación, con ejemplos numéricos, viene incorporada al acuerdo de esta Junta de 10 de mayo de 1991 (…)” que además, aunque referido a los contratos de servicios, “…es perfectamente aplicable, en sus propios términos, a los contratos de obras.”.

El acuerdo de 10 de mayo de 1991 señala que para la obtención del valor medio (que por un error de transcripción denomina valor mínimo) de cada categoría y en aplicación de la formula: Vm de las categorías= Límite inferior + límite superior / 2,:

(Nota: “LI”= Límite inferior de grupo o subgrupo que se trate.  “LS”= Límite superior).

“para cada categoría [en los contratos de servicios] resulta:

Categoría A: LIA = 0; LSA = 25.000.000. VmA=0+25.000.000/2=12.500.000 Pts.

Categoría B: LIB = 25.000.000; LSB = 50.000.000. VmB=25.000.000+50.000.000/2=37.500.000 Pts.

Categoría C: LIC = 50.000.000; LSC = 100.000.000. VmC=50.000.000+100.000.000/2=75.000.000 Pts.

Categoría D: Como es la categoría máxima, si una empresa la tiene en algún grupo o subgrupo, clasifica directamente a la ate en dicho grupo o subgrupo.

A  título de ejemplo, se deduce fácilmente que una ATE [Agrupación Temporal de Empresas= UTE actual] constituida por dos empresas clasificadas en el mismo subgrupo con categoría A, no obtiene la categoría B, ya que la suma de las dos VmA,  iguala pero no sobrepasa el límite de 25.000.000, que es lo exigido”

Es de hacer  notar que en el año en que se aprobó el acuerdo -1991- los límites inferior y superior de cada categoría para los contratos de servicios, además de expresarse en pesetas, eran de cuantía distinta a la que actualmente recoge el vigente RGLCAP (Art.38) para el contrato de servicios. Pero lo que interesa del acuerdo transcrito es el modo en que se lleva a cabo el cálculo del valor medio, que es asumido como correcto por el citado informe MEH_046/2002, ya vigente el RGLCAP. Pues bien, trasladado el citado modo de cálculo a los contratos de obras, y con los límites actualmente vigente resultará:

    • o Categoría a): LIa)= 0; LSa)= 60.000.; VMa)= (0 + 60.000)/2= 30.000€.
    • o Categoría b): LIb)= 60.000; LSb)= 120.000.; VMb)= (60.000 + 120.000)/2= 90.000€.
    • o Categoría c): LIc)= 120.000; LSc)= 360.000.; VMc)= (120.000 + 360.000)/2= 240.000€.
    • o Categoría d): LId)= 360.000; LSd)= 840.000.; VMd)= (360.000 + 840.000)/2= 600.000€.
    • o Categoría e): LIe)= 840.000; LSe)= 2.400.000.; VMe)= (840.000.000 + 2.400.000)/2= 1.620.000€.
    • o Categoría f): Como es la categoría máxima, si una empresa la tiene en algún grupo o subgrupo, clasifica directamente la UTE en dicho grupo o subgrupo, (supuesto recogido en los apartados 2 y 3 del artículo 52 RGLCAP), por lo que no es necesario el cálculo del valor medio.

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Criterio de la JCCA de Cataluña. Informe CAT_003/2004

La JCCA de Cataluña lleva a cabo una lectura diferente del artículo 26 del RGLCAP, centrada en las expresiones “exceda” y “no sobrepase”. Y así por ejemplo para el cálculo de la categoría “c”, teniendo en cuenta que el citado artículo reglamentario señala: “De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros”, considera la JCCA de Cataluña que la cifra que como límite inferior se ha de considerar en la formula VMc= LIc + LSc) / 2, no será 120.000 euros sino la cifra que exceda de 120.000 euros, que conforme a la normativa aplicable sobre introducción del euro, será 120.000,01 euros, de lo que resultará como valor medio de la categoría “c” el siguiente: (120.000,01 + 360.000,00) / 2 = 240.000,01 € (con redondeo hacia arriba según artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro). En cualquier caso el valor exacto -240.000,005- superaría los 240.000€).

Aplicando igual criterio y la misma fórmula al resto de categorías resultarán los siguientes valores medios:

    • o Categoría a): LIa)= 0; LSa)= 60.000.; VMa)= (0,00 + 60.000,00)/2= 30.000,00€.
    • o Categoría b): LIb)= 60.000,01; LSb)= 120.000,00.; VMb)= (60.000,01 + 120.000,00)/2 =90.000,01€.
    • o Categoría c): LIc)= 120.000,01; LSc)= 360.000,00.; VMc)= (120.000,01 + 360.000,00)/2= 240.000,01€.
    • o Categoría d): LId)= 360.000,01; LSd)= 840.000,00.; VMd)= (360.000,01 + 840.000,00)/2 =600.000,01€.
    • o Categoría e): LIe)= 840.000,01; LSd)= 2.400.000,00.; VMe)= (840.000,01 + 2.400.000,00)/2= 1.620.000,01€.

La JCCA de Cataluña finaliza su informe con la siguiente conclusión Los valores mínimos [Limite Inferior (LI)] de las categorías de clasificación empresarial como contratista de obras y de servicios son los que corresponden a las cifras que para cada categoría fijan los artículos 26 y 38 del RGLCAP, incrementadas en una centésima de euro, y los valores máximos [Límite superior (LS)] son las cifras que se identifican en los mencionados preceptos.”

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Diferencias en la aplicación práctica de aplicar uno u otro criterio

Tal y como indica el artículo 52.4 RGLCAP, “cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión temporal, en dicho grupo o subgrupo, será la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las respectivas categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas.” En la práctica, en la mayoría de los casos, no varía la categoría que finalmente obtiene la UTE por aplicar el criterio de una u otra Junta Consultiva. Sin embargo si se produce variación según cuál sea el criterio empleado en los siguientes supuestos:

(Número) y Categoría en el grupo/subgrupo de las empresas que participan en la UTE

Categoría alcanzada por la UTE aplicando el criterio de la JCCA del Estado

Categoría alcanzada por la UTE aplicando el criterio de la JCCA de Cataluña

(2) a) + b)

30.000,00 + 90.000,00 = 120.000,00€

Categoría alcanzada por la  UTE = b)

30.000,00 + 90.000,01 = 120.000,01€

Categoría alcanzada por la  UTE = c)

(2) c) + d)

240.000,00 + 600.000,00 = 840.000,00€

Categoría alcanzada por la  UTE = d)

240.000,01 + 600.000,01 / 2 = 840.000,02€

Categoría alcanzada por la  UTE = e)

(4) b) + b) + b) + b)

90.000,00 * 4 = 360.000,00€

Categoría alcanzada por la  UTE = c)

90.000,01 * 4 = 360.000,04€

Categoría alcanzada por la  UTE = d)

(4) d) + d) + d) + d)

600.000,00 * 4 = 2.400.000,00€

Categoría alcanzada por la  UTE = e)

600.000,01 * 4 = 2.400.000,04€

Categoría alcanzada por la  UTE = f)

Conclusión

No parece que el valor de una céntimo de euro deba repercutir de modo tan notable en la clasificación de las UTEs en los contratos de obras, pero lo que resulta indudable es que la redacción del artículo 26 del Reglamento y, además, en contraposición a éste, la del artículo 38, da pie a interpretaciones distintas, por lo que sería recomendable la variación de la formula contenida en el RGLCAP, o el establecimiento de otros parámetros que despejaran tales divergencias interpretativas.

Contratos de servicios

Si bien la JCCA de Cataluña considera que la interpretación dada para el contrato de obras, es igualmente válida para los contratos de servicios (Los valores mínimos [Limite Inferior (LI)] de las categorías de clasificación empresarial como contratista de obras y de servicios son los que corresponden a las cifras que para cada categoría fijan los artículos 26 y 38 del RGLCAP, incrementadas en una centésima de euro, y los valores máximos [Límite superior (LS)] son las cifras que se identifican en los mencionados preceptos.” ) lo cierto es que aplicando el mismo criterio ad litteram empleado para los contratos de obras, esto es, ateniéndose estrictamente a la letra, en este caso del artículo 38 RGLCAP el resultado de tal interpretación no puede ser el mismo en los contratos de servicios debido a que, precisamente, la literalidad del artículo 38 del RGLCAP difiere sustancialmente –en lo que aquí interesa- de la del artículo 26. En efecto, establece el artículo 38:

“Las categorías de los contratos de servicios, a las que se ajustará la clasificación de las empresas, serán las que se relacionan a continuación en función de su anualidad media:

Categoría a), cuando la anualidad media sea inferior a 150.000 euros.

Categoría b), cuando la anualidad media sea igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

Categoría c), cuando la anualidad media sea igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

Categoría d), cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.000 euros.”

Nótese la diferencia con el artículo 26 del RGLCAP en donde, por ejemplo, se establece: “De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros.”

Ello supondría, aplicando el criterio basado en la literalidad del precepto que lleva a cabo la JCCA  de Cataluña para el contrato de obras que los valores medios de las distintas categorías de los contratos de servicios serian:

    • o Categoría a): LIa) = 0; LSa) = 149.999,99. VMa)= (0,00 + 149.999,99)/2= 75.000,00€.
    • o Categoría b): LIb) = 150.000,00; LSb)= 299.999,99.; VMb)= (150.000,00 + 299.999,99)/2= 225.000,00€.
    • o Categoría c): LIc)= 300.000,00; LSc)= 599.999,99; VMc)= (300.000,00 + 599.999,99)/2= 450.000,00€.
    • o Categoría d). No es necesario el cálculo del valor medio.

Por lo que finalmente, los resultados aquí no serian distintos de los obtenidos aplicando el criterio de la JCCA del Estado.

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10.3.- UNIONES TEMPORALES EN LAS QUE PARTICIPAN EMPRESARIOS EXTRANJEROS.

“No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.” [Art. 66.1 TRLCSP].

“Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.” (Art. 59.4 TRLCSP).

“A los efectos establecidos en los artículos 24.2 [Art.59.4 TRLCSP] y 31.2 [Art. 67.5. TRLCSP] de la Ley, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso, para la valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, [Art. 72.2. TRLCSP] 16, 17 y 19 [Art. 74 a 76, y 78 TRLCSP] de la Ley.”  (Art.52.1 RGLCAP).

“1. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I de este Reglamento, en función de los diferentes contratos. 

2. Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 25.2 [Art. 66.1 TRLCSP] de la Ley deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada.” [Art.9 RGLCAP).

Por lo tanto, los empresarios extranjeros pertenecientes a países de la Unión Europea (o a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo), podrán participar en una licitación para la que se exija clasificación, formando parte de una UTE (o también directamente por si sola), sin que deban encontrarse clasificados. Ahora bien, si la empresa comunitaria hubiese tramitado en España su expediente de clasificación, habrá que estar a lo que al respecto se recoja su certificado, en otras palabras, le será aplicable el régimen de la clasificación del mismo modo que si de una empresa española se tratase.

“Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley [acreditación de solvencia por empresa comunitaria] deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada.” (Art.9.2. RGLCAP)

(Nota: Sobre exención de clasificación a empresarios no españoles miembros de Estados de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ver subapartado 3.3.1.).

Al resto de empresarios pertenecientes a otros Estados distintos de los indicados que pretendan, por si solos o integrados en una UTE, participar en una licitación en la que es requerible clasificación, les es exigible ésta del mismo modo que a los españoles. (Ver ciertas excepciones en el 3.3.1.- Empresarios no españoles miembros de la U.E.).

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10.4.- AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO

Uniones Temporales de Empresas y Agrupaciones de Interés Económico (AIE) tienen un origen normativo común –ver nota abajo-, sin embargo existen notas diferenciales entre ambas figuras que determinan que a las empresas que se presentan al procedimiento de contratación a través de una AIE no les sean aplicables las reglas que sobre acumulación prevé  la normativa, de modo  exclusivo, para las UTEs.

El aspecto que fundamentalmente diferencia las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) respecto a las Uniones Temporales de Empresas, estriba en  que aquéllas poseen personalidad Jurídica y carácter mercantil, lo que supone, a los efectos de contratar con el sector público, que su capacidad de obrar, solvencia, ausencia de prohibiciones para contratar y, en su caso clasificación, no se deriva de la que tengan sus socios, sino que han de ser las propias de la AIE. Además, la responsabilidad de los socios es solidaria entre sus miembros en el caso de la UTEs, en tanto en las AIEs es subsidiaria respecto a la de la propia Agrupación. No cabe por lo apuntado aplicar a las AIE por analogía la normativa específica de clasificación de las UTE.

Al respecto véase el informe de la JCCA de Cataluña CAT_009/2006, que después de confirmar que las AIE pueden participar en un procedimiento de contratación, así como obtener clasificación empresarial como contratista de obras y/o servicios, concluye afirmando que como entidad jurídica independiente una AIE que quiera presentarse a una licitación en la cual se exija el requisito de la clasificación empresarial, tiene que acreditar el cumplimiento de este requisito por sí misma, con independencia de las entidades que forman parte integrante de la AIE.” En el mismo sentido TA_MAD_68/2011, MEH_07/1992, y EXT_02/2009.

(Nota: Las hoy conocidas como Uniones Temporales de Empresas, tienen su origen en las Agrupaciones Temporales de Empresas, reguladas en la Ley 196/1963. Posteriormente, la Ley 61/1978  diferenció las Uniones Temporales de la Agrupaciones Temporales. La Ley 18/1982 (LUTE) en su redacción original distinguía entre Uniones Temporales de Empresas y Agrupaciones de Empresas. Finalmente, la Ley 12/1991 creo la figura de las Agrupaciones de Interés Económico, derogando a su vez los preceptos de la LUTE relativos a las Agrupaciones de Empresas. Esta evolución, debe ser tenida en cuenta, puesto que, dependiendo de la época de su emisión, algunos informes de las JCCA, y algunas sentencias de los Tribunales, se refieren a las UTEs indistintamente como Agrupaciones Temporales, Agrupaciones Temporales de Empresas o, simplemente, Agrupaciones, pudiendo estas denominaciones hacer pensar que la sentencia o el informe se refiere a una Agrupación de Interés económico, cuando realmente describe una UTE. Buen ejemplo de ello lo constituye el acuerdo de la JCCA del Estado de 10 de mayo de 1991, anteriormente reproducido, que al tratar la cuestión de la acumulación de la clasificaciones, denomina a la UTE  Agrupación Temporal de Empresas”).

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10.5.- DIVERSAS CUESTIONES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN RELACIÓN A LA ACUMULACIÓN DE CLASIFICACIONES EN LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

Se transcriben a continuación diversas cuestiones, alguna de ellas ya analizadas en los subapartados anteriores, recogidas en el Tema 8.- Uniones Temporales de Empresas.

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¿Existe algún supuesto en el que para un contrato en el que es exigible clasificación, pueda participar en la UTE empresas que carezcan de ella? (C.08.07)

Sí, según la sentencia STSJ CAT 5625/2002, a la que hace referencia el informe CAT_08/2005.  La sentencia referida analiza el supuesto de un contrato mixto de obras y gestión de servicios, en el que la prestación más importante la constituye esta última, por lo que de acuerdo con las reglas que establece la Ley al respecto (Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. -Art. 12 TRLCSP-), habría de aplicarse las normas del contrato de gestión de servicios y, en consecuencia, no haber sido requerida clasificación. Ahora bien, en el caso analizado el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no fue impugnado en su momento, y que en consecuencia paso a ser ley del contrato, si exigía la clasificación en obras de los licitadores. Al contrato se presenta entre otras una unión temporal de empresas, uno de cuyos integrantes –empresa consultora y de servicios-, carece de clasificación. Se acredita igualmente que tal empresa no participará en la ejecución de la obra sino en la fase posterior de gestión del servicio.

Con los antecedentes señalados, el tribunal realiza el siguiente pronunciamiento: “Cuanto antecede no puede obviar, sin embargo, que los pliegos de condiciones económico-administrativas administrativas particulares requerían efectivamente la clasificación como contratista de obras (cláusula 7ª). Ahora bien, en tal caso, resulta aplicable la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1990, que acertadamente invoca la Administración demandada, de la que se desprende que, en el caso de contratos mixtos como el de autos, no resulta exigible la clasificación como contratista de obras a aquellas empresas integrantes de una unión temporal que se limitan a intervenir en la fase de explotación, sin tomar parte en la realización de la obra. En consecuencia, el hecho de que la entidad “XX, S.A.” carezca de la clasificación como contratista de obras no determina la invalidez de la adjudicación, de modo que debe desestimarse en su integridad el presente recurso.”

(Comentario: A la vista del artículo 67.5 del TRLCSP: -“…En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten…”-, es ciertamente dudoso que tal criterio pueda ser mantenido hoy en día. Además, cabe señalar que, tratando de identificar la sentencia del Tribunal Supremo a la que hace mención la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,-pues sólo señala su fecha pero ningún otro dato-, ésta parece referirse bien a la sentencia STS 11240/1990, bien a la sentencia STS 5722/1990. Pues bien, en ambas, lo que se analiza es la falta de calificación –que no de clasificación- de una de las empresas integrantes de la UTE.).

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¿Cuál será la consecuencia de la participación en una UTE de una empresa que no se encuentre clasificada, si el resto de empresas que integran la Unión Temporal si ostentan la clasificación exigida?

La Unión Temporal de Empresas será excluida de la licitación. Así lo establece de modo incuestionable al artículo 52.1 del TRLCSP.

“A los efectos establecidos en los artículos 24.2 y 31.2 de la Ley, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea,…” (Art. 52.1 TRLCSP).

[Doctrina: Véase igualmente cualquiera de las siguiente resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía: TA_AND_048/2012TA_AND_047/2012TA_AND_046/2012TA_AND_045/2012; TA MAD 044/2011].

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¿Puede una empresa con expediente, únicamente, de clasificación como contratista de servicios formar parte de una UTE que opte a un contrato en el que se exija, sólo, clasificación de obras?

No, de hacerlo la proposición presentada por la UTE no será admitida. E igual resultado –exclusión de la oferta- se dará cuando forme parte de una UTE que participe en la licitación de un contrato de servicios, una empresa únicamente clasificada en obras.

[Doctrina 09: “… y, en consecuencia, debe precisarse que, en los contratos de obras, la clasificación exigible a los empresarios que concurran en unión temporal será exclusivamente la de contratista de obras correspondiente y, por el contrario, en los contratos de consultoría y asistencia o de servicios, exclusivamente la clasificación correspondiente a estos tipos de contratos.” -MEH 022/1996-.

“… deben considerarse requisito ineludible, para que una agrupación de empresas sea admitida a una licitación de obras en la que se requiera una determinada clasificación, el que todas las empresas que concurren en la agrupación estén clasificadas como contratistas de obras, sin que pueda admitirse que una de las empresas agrupadas carezca de tal clasificación.” –  MEH_008/1994- ].

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De exigirse en una licitación clasificación tanto en obras como en servicios, ¿Todas las empresas que formen parte de la UTE han de poseer ambos tipos de clasificación?

No cabe exigir clasificación simultáneamente en obras y servicios.

[Doctrina 10 (C.08.10): “… esta Junta Consultiva observa que (…) licitó un contrato mixto de obras y de servicios exigiendo clasificación, al mismo tiempo, en subgrupos de empresas contratistas de obras y de empresas de servicios. Ello, entiende esta Junta Consultiva, no es conforme con el artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público [Ídem artículo del TRLCSP], ni con la interpretación que esta Junta viene dándole, referida al precepto regulador de la cuestión en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto su artículo 32.2 y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública en su artículo 52, precedentes de la regulación de tal aspecto en la actual Ley de contratos del sector público, en cuyo artículo 56.5 señala por referencia al tipo de contrato al que opten, ya sea de obras o de servicios. Así en los informes, entre otros, 24/96, de 30 de mayo de 1996, [MEH 024/1996 ] y 31/04, de 12 de noviembre de 2004, [MEH 031/2004],  esta Junta considera que el artículo 6 de la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, equivalente al actual artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público, supone que “en los contratos mixtos la prestación más importante desde el punto de vista económico determina la aplicación total de las normas que definen su régimen jurídico sin que quepa acudir a las relativas a otro tipo de contratos”.

Nótese que el ámbito del criterio de la prestación económicamente más relevante ha quedado limitado en el actual artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público a la determinación del régimen jurídico aplicable a la adjudicación, debiéndose aplicar la denominada técnica de la yuxtaposición de regímenes jurídicos en lo que se refiere a la preparación y ejecución del contrato. Dentro de las normas que rigen el procedimiento de la adjudicación del contrato se encuentran aquéllas que regulan la clasificación de empresas contratistas. De lo que sigue que, tal y como se indica en los informes arriba reseñados, la clasificación o clasificaciones exigibles a los licitadores deberán determinarse con arreglo a ese único régimen jurídico. Así, “de considerarse la aplicación de la normativa correspondiente a los contratos de servicios, en función de la importancia económica de sus prestaciones, la clasificación o clasificaciones que habría que exigirse a los licitadores sería la que resultara de lo establecido en el artículo 46, en relación con el artículo 36, ambos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función del importe que se atribuye a las diferentes prestaciones propias de los contratos de servicios”.

Dicho esto quedan expuestas las razones por las cuales esta Junta Consultiva considera que los órganos de contratación no pueden en ningún caso exigir clasificación a los licitadores, al mismo tiempo, en obras y en servicios” -MEH 29/2010-.

Nota: Además de los citados MEH 24/1996 y MEH 31/2004, véase también en igual sentido los informes MEH 22/1996 y MEH 46/2002.].

En una licitación convocada por la Administración estatal en la que es exigible clasificación, ¿Puede participar en una UTE que opte al contrato, una empresa que ostente –solamente- clasificación otorgada por una Junta Autonómica?

No, lo impide el artículo 68 del TRLCSP.

“1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Hacienda.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que los haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.” (Art.68 TRLCSP).

[Doctrina 11: Ver en este sentido la resolución TA_CENTRAL_059/2013, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales]

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¿Puede adjudicarse un contrato a una UTE, cuando no se encuentra vigente la clasificación de una de las empresas integrantes de la misma?

NO, Las empresas han de encontrarse clasificadas en el momento en que concurran a la licitación, o al menos dentro del plazo de subsanación de errores (ver más adelante), y en el momento en que se adjudica y formaliza el contrato.

[Doctrina 12: “El requisito de la clasificación de empresas, en los supuestos en que es exigible, debe concurrir en el momento de la adjudicación o celebración del contrato, como se desprende de los artículos 20 y 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que utilizan las expresiones de que “en ningún caso podrán contratar” y la de “para contratar con las Administraciones Públicas…. Será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación”. (Nota: Los artículos 60 Y 65 TRLCSP  utilizan expresiones similares).

Para las uniones temporales de empresarios el artículo 31 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, después de establecer la clasificación por acumulación de características en su apartado 1, señala en el apartado 2º que, “en todo caso será requisito básico para la acumulación de las citadas características que todas las empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras y de servicios en relación con el contrato al que opten”. (Nota: Se expresa de modo similar el artículo 59.4 TRLCSP).

A la vista de los anteriores preceptos y de los datos del escrito de consulta puede concluirse que en la fecha de adjudicación del contrato … una de las empresas integrantes de la unión temporal carecía de clasificación, al haberle caducado …, por lo que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la adjudicación debe considerarse nula de pleno derecho, sin perjuicio de que, como preceptúa el propio artículo 22, el órgano de contratación pueda acordar la continuación de la ejecución del contrato por el tiempo indispensable para evitar perjuicios del interés público correspondiente.” (Nota: De modo similar se expresa en los artículos 32 y 35 TRLCSP). -MEH 029/2002-.].

A pesar de lo afirmado en el informe reproducido de la JCCA del Estado, habrá de tenerse en cuenta que a la luz del actual artículo 146.1.b) del TRLCSP, la empresa que formando parte o no de una UTE licite a un contrato para el que se exige clasificación, puede, en el momento de presentar la oferta no hallarse aun clasificada, siempre y cuando acredite que ha solicitado la clasificación. En todo caso habrá de acreditar haber obtenido la clasificación dentro del plazo que se le otorgue para la subsanación de defectos. Véase en tal sentido la resolución TA_ARA_007/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

“1. Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de los siguientes documentos (…)

b.- Los que acrediten la clasificación de la empresa, (…) Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.” (Art. 146.1.b del TRLCSP).

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¿Es necesario, en todo caso, aplicar el coeficiente de reducción previsto en el artículo 52.4. RGLCAP, cuando en la UTE participe alguna empresa en porcentaje inferior al 20%?

NO en aquellos casos en los que la empresa que participa con un porcentaje inferior al 20% ostente por si sola la categoría exigida

[Doctrina 13:“Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende: Que en las uniones temporales de empresarios, cuando una de las empresas que concurren en la unión ostenta la clasificación en el subgrupo exigido con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanza directamente dicha clasificación con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la unión.” -MEH 002/2004-. Nota: En igual sentido el informe MEH 001/1992].

(Comentario: Cabe sin embargo plantearse varios supuestos más, alguno de ellos indirectamente contestados en los informes mencionados:

a) ¿Cuándo uno de los integrantes en la unión alcanza por si mismo la categoría exigida, la participación del resto debe ser superior al 20%? A mi entender es discutible una respuesta positiva a tal pregunta pues el supuesto contemplado en el apartado 4º del artículo 52 del RGLCAP, -que es el que determina la necesidad de participación en un porcentaje superior al 20%- se prevé para aquellos supuestos en que es necesario el cálculo del valor medio de la categoría. En consecuencia, si no es necesario dicho cálculo –por alcanzar uno de los integrantes de la UTE por si sólo la categoría exigida- habría de concluirse que tampoco se haría necesaria la participación del resto de integrantes en porcentaje superior al 20%. En todo caso el criterio del informe reproducido es contrario a esta opinión, pues la exención del mínimo de participación la refiere (“…dicha empresa…”) de manera exclusiva, únicamente a la empresa que ostenta por si misma la clasificación exigida.

b) ¿Si la categoría máxima exigida es alcanzada por varias de las empresas que componen la UTE, pueden todas ellas participar en un porcentaje inferior al 20%? Se deduce igualmente del informe citado que, efectivamente, todas las empresas que alcancen por si solas la categoría exigida no están obligadas a participar en un porcentaje superior al 20%.

c) ¿Si son varios los subgrupos y categorías exigidas y alguna de las empresas de la UTE ostenta la categoría exigida en determinados grupos –pero no en el resto-, y otra la categoría máxima exigida en el resto –pero no en aquéllos primeros- es exigible la participación de todas ellas en porcentaje superior al 20%? En este caso debe ser de aplicación la previsión contenida en el artículo 52.3 del RGLCAP (“Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes de la unión temporal de empresarios estén clasificados individualmente en diferentes subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las máximas categorías ostentadas individualmente.”) y en consecuencia no exigir la participación mínima de aquellas empresas que alcancen alguna de las categorías exigidas –puesto que la participación mínima sólo se prevé en el supuesto del artículo 52.4-.

d) ¿Si en supuesto similar al anterior, una de las empresas alcanza la categoría exigida en un subgrupo pero no en el resto de subgrupos, ni tampoco las demás integrantes de la UTE lo alcanzan -habiéndose de calcular en consecuencia el valor medio para tales subgrupos-, aquélla que sí ostenta la categoría exigida en uno de los subgrupos puede participar en la UTE en porcentaje inferior al 20%? Ni directa ni indirectamente la norma o los informes aludidos contestan a esta cuestión. De todos modos, siguiendo el razonamiento seguido por la JCCA del Estado para el resto de supuestos, creo debe concluirse que en este supuesto, como en todos aquéllos en que se ha de efectuar el cálculo de los valores medios, todas las empresas han de participar en porcentaje superior al 20%).

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ANEXO I. DOCTRINA JUNTAS CONSULTIVAS y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS SOBRE EXIGENCIA Ó IMPROCEDENCIA DE CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUBGRUPOS EXIGIBLES

A lo largo de los años de funcionamiento de la Junta Consultiva de Clasificación  del Estado y de las diversas Juntas Consultivas autonómicas, han sido múltiples las consultas realizadas a las mismas sobre la necesidad de exigir o no clasificación para ciertas actividades, así como sobre la fijación del grupo o subgrupo de clasificación en el que deben encuadrarse las mismas. Con la reciente creación de los Tribunales Administrativos, y a través de los recursos planteados, éstos han abordado también tales materias.

En este anexo se han tratado de recoger todos esos pronunciamientos de Juntas y Tribunales. Para un estudio sistemático de los mismos se divide el contenido en dos subapartados. El primero recoge aquéllos supuestos en que tales órganos se pronuncian sobre la procedencia o improcedencia de exigir clasificación. El segundo trata sobre la determinación de los subgrupos exigibles según la actividad objeto del contrato.

(Nota importante: En los informes de las JCCA anteriores a la vigencia del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas –RGLCAP- se venia aplicando, para los contratos de servicios, la clasificación establecida en la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modificada por la Orden de 30 de enero de 1991. El RGLCAP, en su anexo XII, establece la tabla de correspondencia entre los nuevos subgrupos de clasificación –de servicios- recogidos en el Reglamento respecto a los recogidos en la orden ministerial aludida. Aquí, directamente se hará sólo referencia, de acuerdo con la citada tabla, al grupo y subgrupo aplicable bajo el RGLCAP).

(Nota:  Véase  “Calificación por su objeto de los contratos celebrados por las Administraciones Públicas”).

I.- IMPROCEDENCIA/PROCEDENCIA DE LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN

CUESTIONES GENERALES

  • No cabe exigir clasificación en contratos de importe inferior al señalado por la Ley (MEH_23/1996).
  • No es exigible la clasificación en la tramitación de emergencia. (MEH_24/2001).
  • No cabe excepcionar la exigencia de clasificación a las Asociaciones (MEH_02/1997) y otras entidades sin ánimo de lucro (VAL_05/2008).
  • La clasificación en los contratos mixtos, se determina en función de la prestación económica más relevante (TA_CENTRAL_243/2011).
  • No es procedente exigir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares dos subgrupos de clasificación de forma alternativa para una misma prestación. (BAL_03/2008).

TIPOS DE CONTRATO

No cabe exigir clasificación en contratos:

    • Administrativos especiales y privados (MEH_75/2004).
    • Suministro -Suministro de combustible y aceite a buques-.(MEH_31/2004).
    • Gestión de servicios públicos (MEH_04/1996, MEH_41/1995). Transporte escolar (MEH_40/2003). Recogida de basura y tratamiento (MEH_04/1996). Prestación a los ciudadanos de servicios sociales de ayuda domiciliaria o servicios sanitarios de rehabilitación (CAT_05/1998).
    • Concesión de obra pública aunque incorpore un contrato de ejecución de obra (MEH_02/2008, MEH_49/1997).
    • Contratos considerados de consultoría y asistencia  bajo la anterior legislación (MEH_09/2011):
    • Otros contratos de servicios en los que si bien en principio es exigible la clasificación dada su naturaleza e importe, carecen actualmente de normas que prevean la existencia de un grupo y un subgrupo bajo el cual incluir la figura contractual (MEH_09/2011).
    • Contratos encuadrados en las categorías 26 –en parte- y 27, en los que, en consecuencia, no es exigible clasificación  (MEH_09/2011).
      • Categoría 26: Subtitulado, repicado de imágenes, telécine y transcripción a video (MEH_41/1999); Servicios de actividades deportivas (MEH_57/2011).
      • Categoría 27: Servicio de localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados por las U.R.E. de la TGSS. (TA_MAD_014/2012); Prestación del servicio de colaboración en la gestión tributaria y recaudatoria de los recursos económicos de un ayuntamiento  (TA_MAD_128/2012).

II.- DETERMIACIÓN DEL GRUPO/SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN EXIGIBLE

G.- Viales y pistas. 6.- Obras viales sin cualificación específica.

  • Ejecución de vial en cantería y piedra de mármol (MEH_37/2000).
  • Aplicación de lechada bituminosas sobre firmes de viales (MEH_26/2006).

I.- Instalaciones eléctricas. 9.- Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

  • Instalaciones para generar electricidad con placas solares fotovoltaicas (MEH_06/2005).

K.-Especiales. 6.- Jardinería y plantaciones.

  • Trabajos relacionado con la acción sobre el terreno que pretenden transformar activamente la realidad de una zona natural en la que se incluyen, además de los trabajos de repoblación forestal de nueva planta, trabajos de recuperación ambiental de zonas degradadas, y actuaciones infraestructurales de mejora de hábitats, (MEH_10/2003).

M.- Servicios especializados. 6.- Hostelería y servicios de comida.

  • Manutención de personal a bordo de buque (MEH_31/2004).

O.- Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles.

O1.- Conservación y mantenimiento de edificios.

O2.- Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas

  • Servicio de mantenimiento de cunetas no ajardinadas de la red viaria (BAL_06/2008).

 O6.- Conservación y mantenimiento de montes y jardines.

  • Labores de mero mantenimiento de hábitats, que no supongan introducción de nuevos pies, alteraciones de paisaje, ni cambios en estructura de las masas vegetales, entre las que se comprenden los trabajos puntuales de retirada de residuos, podas simples sobre ramas muertas o trabajos similares (MEH_10/2003).

P.- Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. 1.-Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.

  • Gestión del mantenimiento de los equipos (maquinaria principal y auxiliar, equipamiento científico, etc.) de un buque (MEH_31/2004).
  • Mantenimiento de alumbrado Público (MEH_49/1996).

R.-Servicios de transportes. 1.-Transporte en general

U.-Servicios generales.

U5.-Guarderías infantiles.

Monitor para niños de jardines de infancia durante la franja horaria del mediodía  (CAT_05/2007).

U7.-Otros servicios no determinados.

  • Sobre el ámbito general del subgrupo U7 (CAT_07/2007).
  • Servicios técnicos de iluminación, sonido y regiduría (MEH_19/2007).
  • Monitores de comedor de centros docentes públicos (AND_06/2011).

V.- Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

V4.- Servicios de Telecomunicaciones.

  • Gestión de las comunicaciones a bordo de un buque (MEH_31/2004).

V8.-  Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones.

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