SENTENCIAS TRIBUNALES

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Última actualización: 14/05/2014

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STS 2745/2014  (Ref.-S0132)

• Datos: Fecha: 14-05-14  /  Ley vigente: LCSP  / Tipo de contrato: —.  / Id. Cendoj: Pendiente. / Recurso: 1598/2013.

• Resumen: SON NULAS LAS CLÁUSULAS QUE, BASÁNDOSE EN EL CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR ANUALIDAD, PERMITEN A LA ADMINISTRACIÓN ABONAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. (F.D. Quinto). El PCAP preveía que “Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, la empresa contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.” A juicio del T.S. esta cláusula establece un régimen, en cuanto al plazo de pago y a la fecha de cómputo para el devengo de intereses, que toma en consideración unas circunstancias o elementos que no figuran en el artículo 200 (actual artículo 216 del TRLCSP). La existencia de crédito presupuestario, es una obligación que atañe a la Administración, pero ajena a la relación de esta con el contratista. La certificación de los trabajos es título bastante para exigir de la Administración contratante, sin salvedades, el pago del precio con el régimen de plazo e intereses que establece la Ley. La Administración cuenta con suficientes prerrogativas para evitar que el contratista ejecute a su antojo el contrato sin respetar el programa aprobado y pueda de esta manera anticipar los tiempos de realización de obra y de pago que hayan sido establecidos. El artículo 96 del RGLCAP sobre reajuste de anualidades, debe ser interpretado de acuerdo con el contenido de la Ley y, en consecuencia, a las reglas enunciadas.

SON NULAS LAS CLÁUSULAS RELATIVAS AL ABONO DE INTERESES DE DEMORA, QUE ESTABLEZCAN UN MODO DE CÓMPUTO O UN TIPO DE INTERÉS DISTINTO AL PREVISTO EN LA LEY. IGUALMENTE ES NULA LA CLÁUSULA QUE CONDICIONA EL DERECHO A PERCIBIR EL ABONO DE INTERESES A LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS SUBCONTRATISTAS.

Clausulas del pliego anuladas: “… en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse.”

“Será requisito para que la entidad acreedora pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar: a) El haber cumplido los plazos pactados con las empresas subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación acreditativa de dicho cumplimiento.”

[Y la relativa al tipo de interés a aplicar que por su extensión no reproducimos]

Argumentación del T.S. (F.D. Sexto): “…esta, en lo que se refiere a la fecha inicial de cómputo temporal para el cálculo de los intereses de demora, vuelve a apartarse del régimen que el artículo 100.4 de la Ley 30/2007 impone a la Administración contratante, y así mismo se aparta de lo que sobre el tipo legal  de interés de demora dispone el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A lo que antecede debe añadirse, en primer lugar, que no es de compartir lo que el recurso de casación aduce sobre que no se ha demostrado el carácter abusivo de esta cláusula para que proceda la nulidad que dispone el artículo 9 de la mencionada Ley 3/2004 (modificada por la Ley 15/2010), pues tanto la limitación que produce sobre los derechos que la ley otorga al acreedor, como la operatividad que tiene en un contrato que para el contratista es prácticamente de adhesión y la no oposición por la Administración contratante aquí recurrente de concretas razones objetivas que pudieran justificar esa cláusula 25, son elementos que deben ser ponderados para confirmar como justificada y procedente la calificación de abusiva, desproporcionada y discriminatoria  que para anularla le ha sido atribuida por la sentencia recurrida.

Y en segundo lugar, en lo que más concretamente concierne a lo establecido respecto de los subcontratistas y suministradores, que efectivamente la cláusula significa una indebida interferencia en unas obligaciones del contratista que son ajenas al contenido del contrato existente entre él y la Administración.”

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STS 1429/2014. 04-04-14. Contratación pública. Aprobación de un proyecto de obras. Aplicación del instituto de la caducidad a la contratación administrativa. No tiene porque resultar extraño que también caduquen los pliegos de particularidades contractuales.

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STS 1254/2014. 19-03-14. Obligación del pago de la obra realmente ejecutada.. No puede el juzgador sin más rechazar la prueba pericial aportada por el simple hecho de que esta sea de parte y contraria a la medición realizada por la Administración.

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STS 1135/2014. 19-02-14. No existe incongruencia omisiva en la sentencia recurrida. La Mesa de contratación, aun asumiendo como propias las ponderaciones y valoraciones efectuadas por la Comisión Técnica, ejerce la función que le confiere el art. 88 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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STS 824/2014. 18-02-14. Contrato de obras. Reclamación de perjuicios por parte de la contratista por retrasos en la ejecución de la obra por causas imputables a la Administración Contratante. Improcedencia. Necesidad de justificar la existencia de daños y perjuicios efectivos. La sola suspensión no determina de modo automático el derecho a la indemnización.

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STS 934/2014. 12-02-14. Equipamiento para ampliar la cobertura de TDT en Extremadura. La convocatoria no infringe los principios de libre concurrencia y neutralidad tecnológica, lo cual es independiente de las infracciones en que pueda haber incurrido la posterior adjudicación.

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STS 785/2014. 11-02-14. La legislación de régimen local y contratación administrativa y la jurisprudencia sobre el concepto de “interés social” llevan a concluir que las centrales mayoristas de artículos alimenticios constituyen servicios públicos básicos.

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STS 520/2014. 05-02-2014. Ejecución del contrato de obra. Improcedencia de la reclamación por unidades de obra al ser consecuencia de defectos en la ejecución de las obras por el contratista. No existe valoración de la prueba contraria a las reglas de la sana crítica.

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STS 952/2014. (Ref.- S0131)

• Datos: Fecha: 04-02-14  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Concesión de obras.  / Id. Cendoj: 28079130072014100064.

• Resumen: LA CRISIS ECONÓMICA (Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS ANALIZADAS) NO SON CAUSA QUE DEBAN CONDUCIR AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN. EL ERROR EN LOS CÁLCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA NO ES IMPUTABLE A AQUÉLLA. Alega la concesionaria del contrato que tiene por objeto la construcción, conservación y explotación de una autopista de peaje, que desde la puesta en servicio de la infraestructura (año 2004), se ha producido una drástica e inesperada reducción del tráfico de vehículos respecto a lo previsto en el momento de la licitación tanto por la Administración contratante (previsiones contempladas en el estudio de tráfico que formaba parte del Anteproyecto) como por la Sociedad Concesionaria (previsiones reflejadas en la oferta que resultó adjudicataria de la Concesión). Dicha desviación ha impactado decisivamente sobre la economía del Contrato, hasta el punto de no poder garantizarse la continuidad del servicio. Afirma es un hecho notorio al reflejarse con reiteración en la prensa y haber sido reconocido -como expondrá más adelante- por la propia Administración (Ministerio de Fomento). Considera que si bien el contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, existen excepciones a este principio, cuando, por ejemplo, sobrevienen situaciones extraordinarias razonablemente imprevisibles que provocan un efecto que más allá de lo que cabría considerar con rigor como el riesgo del negocio, situaciones que generan un verdadero derecho al reequilibrio económico del contrato, conforme al artículo 242.b) del TRLCAP.

El Tribunal Supremo en su fundamento de derecho noveno por el contrario, afirma lo siguiente:  “Si ambas partes contratantes erraron de forma amplia en sus cálculos por no prever factores que podían afectan a los mismos (la paralización/disminución del desarrollo urbanístico en el entorno atendido, la crisis económica que reduce la movilidad, las actuaciones de infraestructuras…) no puede ahora la concesionaria imputar tal error a la administración.

No se vislumbra, ni tampoco se ha aducido que el pliego no respondiera al principio de transparencia en el sentido declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a que “todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma” (111, STJusticia de 29 de abril de 2004, asunto 496/1999, CAS Succhi di Frutta SpA).

Debe subrayarse que una característica propia del contrato de concesión es el “riesgo y ventura del contratista”.

El art. 98 del RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio mantiene el tradicional principio de la contratación pública sobre que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo establecido en el art. 144 para el de obras, que aquí no es el caso.

Ninguna duda existe acerca de que el riesgo y ventura se refiere, como dijo la STS de 31 de marzo de 1987 reiterando jurisprudencia anterior, a acaecimientos ajenos a la esfera de actuación de las partes contratantes lo que elimina lo que provenga de su propio actuar. Es consustancial a la contratación pública que el riesgo corre a cargo del contratista. Mas también que debe diferenciarse de elementos extraños al contrato que pueden afectar a su curso normal dando lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión como mecanismo capaz de asegurar el fin público de la obra o servicio en circunstancias normales.

Por ello se ha considerado que debe estarse al principio de riesgo y ventura cuando el incremento de costes deriva de la aplicación de un Convenio Colectivo conocido por los licitadores en la fecha de presentación de sus proposiciones ( STS 18 de diciembre de 2000, rec. casación 5223/1996 ).

Sin embargo se ha aceptado el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión cuando ha habido un incremento considerable e imprevisible del número de usuarios del servicio de recogida de basuras (con el incremento consiguiente de la recaudación derivada de las tarifas satisfechas por los usuarios) superando las previsiones normales que da lugar a un desequilibrio económico en la concesión atendiendo a la justicia distributiva ( STS 1 de julio de 1992 rec. apelación 2701/1990 ). La anterior doctrina esgrimida por la demandante no resulta aquí aplicable dadas las circunstancias. También se ha reputado riesgo imprevisible sobrevenido para restablecer el equilibro económico financiero de una concesión la declaración judicial fijando doctrina legal en recurso de casación en interés de la Ley sobre la improcedencia de la aplicación de bonificación del 95% de la base imponible de Impuesto de Bienes Muebles que venía aplicando una administración autonómica ( STS 15 de octubre 2012, rec. casación 1554/2011 ).

Atendido al desarrollo de la licitación, más arriba expuesta, ninguna duda ofrece que la merma de flujos de vehículos no constituye un riesgo imprevisible sino consecuencia del riesgo y ventura contractual que la licitadora debió examinar y examinó al participar en el concurso. (…)”

Y en su fundamento de derecho décimo manifiesta: “Es hecho notorio que las crisis económicas acontecidas en los siglos XX/XXI han sido cíclicas así como que el desarrollo urbanístico no siempre progresa sino que, en ocasiones, se paraliza. No constituye, pues, una realidad inesperada aunque pueda desconocerse el momento exacto de producción.

Actualmente llevamos años en crisis económica pero en época no muy lejana, década de los 1990 hubo otra crisis económica mundial que también afectó a España provocando reducción de la actividad económica y de consumo. Por ello los estudios de viabilidad de una autopista han de prever no solo un contexto, el alza, sino también las circunstancias económicas que pueden provocar la disminución del consumo.”

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STS 299/2014 (Ref.- S0130)

• Datos: Fecha: 28-01-14  /  Ley vigente: LCSP – LRJPAC  / Tipo de contrato: —-.  / Id. Cendoj: 28079130072014100020

• Resumen: LA RECALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL  ARTÍCULO 110.2 LRJPAC SE APLICA INDISTINTAMENTE A RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. EL DEFECTO DE LA NOTIFICACIÓN DEJA ABIERTO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO PROCEDENTE. Respecto a los pliegos del contrato un potencial licitador plantea un recurso especial en materia de contratación (REMC), ante el propio órgano de contratación, el cual rechaza su tramitación al no encontrarse el contrato sujeto a regulación armonizada. Es de destacar lo siguiente: 1º.- No existe discusión de que efectivamente por la razón apuntada los pliegos no podían haber sido objeto de REMC. 2º.- Aun en el caso de haberlo sido, el recurso habría de ser rechazado por extemporáneo. 3º.- La notificación no incluyó un pie de recurso con la indicación de los recursos que resultaban procedentes.

Hay que anotar así mismo el contenido del artículo 110.2 de la LRJPAC que establece: “2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.”

Pues bien, en lo que aquí interesa, aduce el órgano de contratación, que el REMC “…queda fuera de la previsión del art. 110.2 de la Ley 30/1992 , el cual se refiere, obviamente, a la recalificación de un recurso administrativo ordinario denominado erróneamente por parte del recurrente, siempre y cuando se deduzca su carácter verdadero. Sin embargo, esta posibilidad sólo afecta al régimen general de recursos administrativos que prevé la propia Ley 30/1992 (por ello su ubicación en el capítulo segundo del título VII) y no en casos como el que nos ocupa aquí, donde tratamos un recurso especial dentro de una materia concreta”

El Tribunal Supremo por el contrario considera que: “Tal tesis no es aceptable, pues el art. 110.2 Ley 30/1992 no hace distingo alguno según la índole ordinaria o especial de los recursos interpuestos, careciendo así de la mínima consistencia jurídica el planteamiento de la parte. Resulta así que la fundamentación de la sentencia asentada en el art. 110.2 Ley 30/1992 no resulta desvirtuada por el motivo.

E igualmente resulta no desvirtuada la afirmación de la Sentencia del defecto de notificación de la resolución recurrida, de desestimación (o inadmisibilidad, tanto da) del incorrecto recurso especial en materia de contratación, pues lo que la Administración debió indicar, y no indicó en dicha resolución, era que contra su resolución no cabía ningún recurso administrativo y solo el recurso contencioso-administrativo; por lo que privó al administrado de la información a que tenía derecho.

Tal defecto es el que, como la Sentencia indica, le abre al demandante la vía del recurso contencioso-administrativo. No se trata, pues, en este caso de abrir el acceso a la jurisdicción mediante la formulación de recursos administrativos que no proceden, sino de la formulación de un recurso administrativo procedente, porque la administración no cumplió la exigencia legal del art. 110.2 Ley 30/1992 , como la sentencia con total corrección jurídica razona.”

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STS 150/2014 (Ref.- S0129)

• Datos: Fecha: 28-01-14  /  Ley vigente: LCSP – LRJPAC  / Tipo de contrato: —- .  / Id. Cendoj: 28079130072014100012

• Resumen: LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y EN GENERAL LOS ACTOS DE TRÁMITE DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTÁN SOMETIDOS AL INSTITUTO DE LA CADUCIDAD CUANDO PUEDAN PRODUCIR EFECTOS DESFAVORABLES PARA ALGUNO DE LOS AFECTADOS. En el supuesto analizado que, recurre una sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 1205/2012), queda acreditado que se sometió a información pública un proyecto de obras que habría de ser objeto de licitación. Hasta que se aprobó definitivamente el mismo transcurrieron más de dos años.

Recurrida la decisión se alega entre otros motivos la caducidad del procedimiento. El abogado del estado considera que la aprobación del proyecto de obras es un trámite de la licitación de la obra y que no puede estar sujeto al régimen de caducidad previsto en el artículo 44.2 de la LRJPC, sino al artículo 63.3 de dicha norma. Tanto la Audiencia Nacional en un primer momento, como ahora el Tribunal Supremo, si consideran de aplicación el instituto de la caducidad. Afirma así el Tribunal Supremo en su sentencia: “… ninguna duda existe acerca de la jurisprudencia de esta Sala que ha aplicado el instituto de la caducidad a la contratación administrativa tal como subraya la Sala de instancia, no solo mediante la STS de 13 de marzo de 2008, recurso de casación 1366/2005 sino también mediante la de 19 de julio de 2004, recurso de casación 4172/1999. (…) [menciona diversas sentencias] (…)

Los supuestos en que se aplica el instituto de la caducidad son distintos del aquí concernido si bien no con la singularidad pretendida por la administración. Así en todas las SSTS citadas afecta a la resolución de un contrato. Aquí se trata de la aprobación de un proyecto de obras de los enumerados en el art. 105 de la LCSP mas ello no es óbice para la aplicación de la doctrina. Como recuerda la STS de 13 de marzo de 2008 , FJ 3º B) ” la mayor o menor complejidad de un tipo concreto de procedimientos no demanda de suyo la exclusión del instituto de la caducidad, sino la fijación en la norma oportuna ( artículo 42.2. de la Ley 30/1992 ) del plazo máximo, adecuado a aquella complejidad, en que haya de notificarse la resolución expresa que ponga fin a este tipo de procedimiento”.

En el supuesto recurrido lo relevante, como subraya la Sala de instancia, es que ante la ausencia en la LCSP de norma reguladora de la caducidad de los procedimientos de contratación resulta de aplicación la DF 8 .1. LCSP remitiendo a la LRJAPAC también a la aprobación definitiva de un Proyecto de obras de los enumerados en el art. 105 LCSP .

No tiene porque resultar extraño que también caduquen los pliegos de particularidades que han de regir una determinada contratación cuyo presupuesto de ejecución por contra se cifra en una cantidad concreta en razón a evitar ulteriores modificaciones del precio final del contrato cuando el mismo parte de un precio cierto.”

(Nota: “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos (…) 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.” (Art. 44.2 LRJPAC).

“3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.” (Art. 63.3 LRJPAC).

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STS 93/2014. 22-01-14. Resolución de contrato de obras. La sentencia recurrida tiene por acreditado el incumplimiento del contratista. Inexistencia de falta de motivación de la sentencia. No cabe cuestionar la valoración de la prueba invocando preceptos de legislación ocntractual.

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STS 394/2014. 17-01-14. Resolución de contrato de consultoría y asistencia. Confirmación en casación de sentencia de instancia que no aprecia culpabilidad en actuación de contratista. No vulneración principio de buena fe. No cabe revisar la valoración de la prueba en casación.

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STS 307/2014. 13-01-14. El requisito de la clasificación del contratista rige en los contratos de las Administraciones Públicas. No es preceptivo en los de las restantes entidades del sector público.  

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STS 6368/2013 (Ref.- S0128)

• Datos: Fecha: 16-12-13  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Concesión de obra pública.  / Id. Cendoj: 28079130072013100482

Resumen:  EL PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (¿DE TODOS O SÓLO EL DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA? –Ver comentario-) INCLUYE EL IVA A TODOS LOS EFECTOS. NO PUDIENDO MODIFICARSE, NI AL ALZA NI A LA BAJA POR FLUCTUACIONES DE ESTE GRAVAMEN. En el supuesto analizado, dentro de un contrato de concesión de obras públicas –para la construcción y explotación de un hospital-, se establece la obligación de la Administración de  abonar determinados servicios prestados por la concesionaria. En el momento de formalizarse el contrato se consideraba que el tipo impositivo del IVA a aplicar por tales servicios era el 16%. Debido a una consulta posteriormente realizada a la Dirección General de Tributos, se determino que realmente el tipo a aplicar debía ser del 7%. Suponiendo un precio del contrato –por ejemplo-, de 116 (100 + 16 IVA), considera la Administración, en base a aquella consulta, debe recalcularse ahora el importe a abonar al  concesionario que deberá ser de 107 (100 + 7 IVA), tanto a futuro, como en relación a las facturas emitidas. La sala de lo contencioso del TSJ de la Comunidad de Madrid, se muestra conforme a la interpretación efectuada por la Administración. El Tribunal Supremo por el contrario, considera:

“… lo que se discute en el presente recurso es si el IVA es parte del precio del contrato, como sostiene la recurrente y, por tanto, la reducción de su cuantía le debe corresponder a ella, o por el contrario, como sostiene la Administración, dicho impuesto no integra el precio que corresponde a la actora por la ejecución del contrato, distinguiendo, entre precio cierto o de contrata (sin IVA) y el precio global contractual (con IVA), por lo que el contrato se cumple abonando al contratista el precio cierto incrementado en la cuota de IVA correspondiente al momento en que se devengue el impuesto.(…)

(…) por aplicación de los artículos 14 y 77 del TRLCAP la Administración pública contratante se obliga a abonar al contratista el precio pactado, que incluirá el IVA como un elemento más integrante del importe de este precio con independencia del tipo impositivo aplicable, tipo que puede variar entre el momento de determinación del precio y el momento de abono del mismo por muy diversos factores (errores en la estimación del tipo, cambios normativos sobrevenidos que supongan una alteración del tipo, etc.).

Así, sostiene el recurrente que de acuerdo con el TRLCAP el riesgo y la ventura asociados a la modificación del tipo impositivo del IVA corresponden al contratista, ya que la Administración pública ha de pagarle simplemente el precio pactado, que, en la medida en que incluye el IVA a todos los efectos, no está sujeto a variaciones como consecuencia de la evolución del tipo de gravamen de este impuesto. Todo ello con cita de algunas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

Esta Sala comparte este criterio, acorde con lo dispuesto en el contrato administrativo, en él que las partes reconocen y aceptan que el pliego de condiciones del concurso público convocado refiere que las cantidades correspondientes al IVA deben estar incluidas en el precio de las ofertas.(…)

(…) La legislación vigente en materia de IVA, confirma lo anterior. Las normas reguladoras del IVA que se refieren al precio de los contratos administrativos confirman que el precio del contrato administrativo incluye el IVA a todos los efectos, de forma que la retribución pactada entre la Administración pública contratante y el contratista no puede modificarse, ni al alza ni a la baja, como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de gravamen propio de este tributo.

El artículo 88 uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que:” En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al impuesto cuyos destinatarios fuesen entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido “.

Como sostiene la recurrente, si el precio del contrato no se puede incrementar con el IVA, tampoco se podrá reducir.”

(Comentario: Si bien el principio de riesgo y ventura, alcanza su plena aplicación práctica en los contratos de concesión de obra pública, y en este sentido las referencias que se llevan a cabo en la primera parte de la sentencia parece limitar la regla asentada por el T.S., respecto al IVA a este tipo de contratos, lo cierto es que las referencias posteriores a “contratos administrativos” –sin diferenciar tipos-, e incluso al artículo 88 de la Ley del IVA –que se refiere a entrega de bienes y prestaciones de servicios-, parece extender aquella regla a todo tipo de contratos).

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STS 6477/2013. 09-12-13. Anuncio de licitación de contratos privados por sociedad anónima cuyo capital es de titularidad pública. Competencia de jurisdicción civil. Distinto régimen de las encomiendas previstas en la Ley de contratos y en la Ley 30/1992.

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STS 6289/2013. 04-12-13. La Mesa de Contratación hace suyo acríticamente un informe técnico que incurre en incoherencias e introduce criterios no previstos en el pliego.

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STS 5679/2013. 27-11-13. Otorgamiento de la concesión para el suministro de gas natural por canalización a diversas zonas de la isla de Menorca. No ha lugar al recurso de casación.

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STS 6027/2013. (Ref.- S0127)

• Datos: Fecha: 14-11-13  /  Ley vigente: LCAP  / Tipo de contrato: —- / Id. Cendoj: 28079130012013100078.

• Resumen: CUESTIÓN NEGATIVA DE COMPETENCIA ENTRE AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. RECURSO QUE TIENE POR OBJETO TANTO LA INADMISIÓN DE UN RECURSO ESPECIAL POR EL TACRC, COMO EL FONDO DEL ASUNTO.  Cuestión negativa de competencia entre Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia. En el supuesto analizado el recurso especial en materia de contratación interpuesto ante el TACRC frente al acto de adjudicación de un acuerdo marco acordado por un órgano perteneciente al Ministerio de Defensa,  no es admitido por extemporáneo. El recurrente presenta ahora recurso en vía contencioso-administrativa ante tal inadmisión, pero también recurre de forma directa dentro del plazo de dos meses desde su notificación, la propia resolución. El Tribunal Superior entiende que la competencia para resolver es de la Audiencia Nacional, dado que el objeto del REMC es un acto de un órgano perteneciente a la Administración Central, en tanto la Audiencia Nacional considera competente al Tribunal Superior al recurrirse el fondo del asunto y corresponder según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  a aquél su conocimiento. El Tribunal Supremo considera que el acto recurrido es el del órgano de contratación y no la resolución del TACRC, y en consecuencia el conocimiento del recurso corresponde al Tribunal Superior.

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STS 5434/2013 (Ref.- S0126)

• Datos: Fecha: 13-11-13  /  Ley vigente: LCAP  / Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica / Id. Cendoj: 28079130072013100403.

• Resumen: CONVOCATORIAS PARA CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA QUE EXIGÍAN LA TITULACIÓN DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE  CONTRATACIÓN. INCONGRUENCIA OMISIVA. NECESIDAD DE MOTIVAR SU ELECCIÓN EN LOS PLIEGOS.

El Colegio de Ingenieros de Obras Públicas interpone recurso contra varios actos de la Administración (Generalitat Valenciana), por los que se convocaba concurso para la adjudicación de otros tantos contratos de consultoría y asistencia. En tales contratos se exigía la titulación profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (ICCP), y la consiguiente privación a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (ITOP) de la facultad de acceder a dichas funciones. En primera instancia se desestimo las pretensiones de la recurrente por consideración al carácter técnico que revisten las actividades que son objeto del contrato de consultoría y de dirección. Invocaba además la sentencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1255 del Código civil y 4 de la LCAP, la libertad que asiste a la Administración para definir el contenido de sus contratos siempre que no sean contrarios al interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración, siendo así que la exigencia de titulación objeto de controversia no rebasaba los anteriores límites de la libertad contractual, pues se dirigía, no al propósito de impedir el ejercicio de las competencias profesionales de los ITOP, sino a elegir la capacitación profesional que se consideraba más conveniente a los intereses públicos concernidos en los contratos litigiosos.

La sentencia del Tribunal Supremo después de señalar que existen diferencias “…entre la discrecionalidad administrativa y los conceptos jurídicos indeterminados; porque la primera, como ha declarado la jurisprudencia que la propia demanda cita, permite varias soluciones igualmente justas y por tanto jurídicamente indiferentes, mientras que los segundos no otorgan esa libertad alternativa y lo que reclaman es una operación valorativa que individualice en un caso concreto una previsión normativa definida en términos de excesiva imprecisión…” considera que existe falta de motivación en la decisión adoptada por la Administración: “Lo es, en primer lugar, porque la decisión de la Administración de exigir para poder participar en algunas de sus actuaciones una determinada titulación profesional o académica, como ha hecho en el caso aquí litigioso, conlleva una valoración encuadrable en esa denominada discrecionalidad técnica; y, en segundo lugar, porque en el expediente administrativo no consta motivación que justifique o explique esa decisión de establecer en los pliegos litigiosos para esos puestos que son objeto de polémica la necesaria titulación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.” 

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STS_5406/2013. 30-10-13. Concurso público para la concesión de emisoras. Motivación y congruencia de las sentencias. Motivación de los actos administrativos.

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STS_5211/2013. 23-10-13. Concesión de emisoras de radiodifusión. No incongruencia interna. No vulneración del principio de igualdad en aplicación de la Ley. Suficiente motivación del acto administrativo.

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STS_5118/2013. 07-10-13. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Falta de identidad exigida. Reclamación relativa al abono del IVA correspondiente al coste del aplazamiento pactado en relación con el pago de determinadas certificaciones de obra.

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STC_056/2014 (Ref.- S0125) 

• Datos: Fecha: 07-05-2014.  /  Ley vigente: TRLCSP  / Tipo de contrato: Todos.

• Resumen: “SI BÁSICA ES LA REGLA GENERAL, BÁSICA DEBE SER TAMBIÉN LA EXCEPCIÓN”: NO CABE QUE UNA LEY AUTONÓMICA EXCEPCIONE LA PROHIBICIÓN DE PAGO APLAZADO DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS DE LAS AA.PP.

PLANTEAMIENTO

Establece el artículo 75.7 LCSP (ídem 87.7 TRLCSP)  7. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.”

Una ley autonómica de la C.A. de Cantabria autoriza el pago aplazado de los contratos administrativos de obra cuando su valor estimado sea superior a un millón y medio de euros y su plazo de ejecución sea igual o superior a doce meses.

Con ocasión de un pleito entablado ante el TSJ de Cantabria, éste plantea ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por entender que tal norma vulnera lo dispuesto en los artículos 75.7 y 111 de la LCSP (Actuales 87.7 y 127 del TRLCSP), pues al habilitarse dicha excepción mediante ley autonómica se invade la competencia estatal en  materia de legislación de contratos. En similar sentido –y con mucho más desarrollo- se pronuncia la Fiscalía General del Estado.

Por su parte la Abogacía General del Estado (AGE), insta la desestimación de la cuestión. Entiende que la expresión empleada por el artículo 75.7 de la LCSP “….así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.”, se ha de entender referida tanto a normas estatales como a normas autonómicas. En similar sentido se pronuncia la representación jurídica  del Gobierno de Cantabria.

El Tribunal Constitucional –Fundamento Jurídico 4.a)- excluye la aplicación al caso enjuiciado del artículo 111 LCSP – 127 TRLCSP-: “Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio.”, centrándose por lo tanto la cuestión en determinar si la expresión “….así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.”, se refiere exclusivamente a las leyes estatales, o también a la legislación autonómica, en aquellos casos en que la CC.AA. haya asumido competencias en materia de contratación pública.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Después de analizar diversos preceptos constitucionales y del Estatuto de Autonomía de Cantabria, establece el Tribunal Constitucional (TC) una primera conclusión: “Este precepto estatutario aporta a la Comunidad Autónoma el título específico exigido por la jurisprudencia constitucional, pues con independencia de su atípica ubicación sistemática– le atribuye competencia de regulación en materia de contratos administrativos, «de acuerdo con la legislación del Estado.”

Sin embargo, a pesar de quedar acreditada la competencia autonómica en materia de contratación, el Tribunal Constitucional considera que la excepción a la prohibición de pago aplazado prevista en el artículo 87.7 TRLCSP, sólo puede ser excepcionada por la ley estatal, y lo hace con el siguiente argumento (F.J. 4.b.):

“…De conformidad con esta doctrina, reproducida— [cita diversas sentencias del propio TC]…, procede considerar que el régimen de prohibición de pago aplazado es indiscutiblemente básico, tanto por regular un aspecto nuclear de la contratación administrativa como por su conexión con el principio de estabilidad presupuestaria, que informa y preside todas las políticas públicas con impacto en el gasto y, en lo que aquí interesa, los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

Por la razón expuesta, existe una relación inescindible en este caso entre la regla general de prohibición y las contadas excepciones que fijan su contorno. Admitir la hipótesis contraria sería tanto como dejar sin efecto la regla general de prohibición, con evidentes repercusiones negativas en la disciplina presupuestaria que deben observar rigurosamente todas las Administraciones públicas por imperativo, ahora, del artículo 135 CE. Porque, siendo competencia del Estado, ex artículo 149.1.18 CE, establecer la regla general de prohibición del pago aplazado en los contratos de las Administraciones públicas, la misma lógica se extiende a considerar que sólo el mismo legislador estatal puede determinar las excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla general, actuando como complemento necesario de la misma. Así lo determinamos en… [cita diversas sentencias del propio T.C.]… Y así lo hemos recordado en la STC 17/2014, de 30 de enero, FJ 8: “si básica es la regla general, básica debe ser también la excepción.”

En orden al razonamiento anterior, finaliza la sentencia (F.J. 4.c. y Fallo), declarando la inconstitucional de la norma autonómica respecto a esta cuestión.

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STSJ MAD 12094/2013. 19-09-13. La imposición de penalidades por indebida ejecución del contrato NO son subsumidas por una posterior resolución del mismo por incumplimientos contractuales.

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STS 4629/2013.  17-09-13.  Impugnación de anuncio de contratación de servicio de noticias del Ente Público Radio Televisión   con sociedades privadas por Sindicato de periodistas que cuestiona la externalización de los servicios. Inexistencia de pérdida sobrevenida del objeto por revocación del contrato celebrado durante la pendencia del proceso. Legitimación del Sindicato para el recurso. Inadmisibilidad del recurso porque contra el acuerdo impugnado, procedía el recurso especial en materia de contratación (normativa LCSP previa a la Ley 34/2010).

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STSJ MAD 11515/2013 (Ref.- S0124)

• Datos: Fecha: 12-09-2013.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 28079330032013100820.

• Resumen: Además de otras cuestiones de interés que ya han sido objeto de análisis endiversos resúmenes (La ocupación de las obras y su destino para el uso público equivale a una recepción tácita de las mismas –Ref S0074 y S0040-) aborda la sentencia las siguientes cuestiones: ACREDITACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS A MAYORES COMO CONSECUENCIA DE LAS ÓRDENES VERBALES RECIBIDAS: “De los datos expuestos y recogidos por el Juzgador de la Instancia en la Sentencia apelada, queda acreditado que hubo un exceso de obra realizada por el contratista a instancia de la Administración, mediante órdenes verbales realizadas por el Director de la obra, siendo dicho exceso de obra así como su importe asumido y aceptado por ambas partes, por lo que no puede sostenerse que la ejecución del tan citado exceso de obra respondiera a una decisión unilateral de la contratista que, ciertamente de haber sido así, no habría generado derecho a su pago. Por tanto, esta Sala no puede aceptar, como hace el Juzgador de la instancia, que las modificaciones hayan sido realizadas unilateralmente por la contratista. Por otro lado, la Administración no niega la realidad de las obras , ni propone otro importe a abonar al contratista, por lo que una vez realizadas debió proceder a su pago, sin que sea factible acoger la alegación de la Administración de que es necesaria  la convalidación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para proceder a su abono no siendo posible efectuarlo mientras que dicha convalidación no se produzca, ya que es evidente que el pago de la obra realizada no puede quedar al arbitrio de una de las partes, quien puede demorar sine die el pago con base en dicha argumentación, con evidente perjuicio para el contratista, (…).”

RECLAMACIÓN DE INTERESES DE DEMORA SOBRE TRABAJOS EJECUTADOS A MAYORES: SÓLO SE DEVENGAN A PARTIR DE LA CONVALIDACIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS. “En cuanto a los intereses moratorios, la Sala estima que no deben concederse ya que no es de aplicación la regulación que sobre la materia contiene la legislación de contratos, concretamente el artículo 99.4 del TRLCAP, sino que el fundamento de la estimación del recurso es la teoría del enriquecimiento injusto. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 2 de Julio del 2004 declara que los intereses de las obras realizadas fuera del contrato solo se podían devengar a partir de la convalidación definitiva de la obra, pues hasta ese momento la Administración no podía abonar el importe de las mismas, y si bien es cierto que las obras las había recibido con anterioridad, no cabe olvidar, que el contratista también sabia, que esas obras realizadas fuera del contrato exigían los trámites oportunos, incluida su convalidación, y por tanto se puede incluso presumir, que el contratista al realizar las obras, fuera del contrato, aceptaba que la obligación de la Administración de abonarlas no surgía hasta que se cumplimentaran los mismos. Y no obsta en nada a lo anterior el que se pudiera producir un desequilibrio entre la obligaciones de los contratantes, pues, por un lado, era una situación conocida para ambos, por otro, el contratista también se beneficia al percibir el importe de unas obras fuera del contrato, y por tanto sin la competencia de otras empresas, y sin presentar el oportuno previo proyecto y las fianzas procedentes, y en fin, porque se trata de una situación de hecho, que han posibilitado tanto la Administración como el contratista, en cuanto los dos tienen prohibido realizar obras fuera de las previstas en el contrato. Conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta no procede conceder los intereses solicitados, por cuanto que en el caso debatido no se ha producido la convalidación de la citada obra por la Administración.”

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ATSJ MAD 79/2013. 11-09-13. Auto por el acuerda la suspensión de la resolución de contrato de servicios relativo a la gestión por concesión del servicio público de atención sanitaria en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. La modificación del sistema de gestión de la atención sanitaria especializada de seis hospital es de tal dimensión que haría muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión solicitada, volver a la situación anterior, por lo que la no adopción de la medida solicitada haría que el recurso pudiera perder su finalidad legítima, creándose situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misa en sus propios términos, lo que supone el presupuesto básico para la adopción de las medidas cautelares.

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STSJ MAD 11076/2013; STSJ MAD 11053/2013; STSJ MAD 7287/2013; STSJ AS 2884/2013 (Ref.- S0123).

• Datos: Fecha: Julio a septiembre 2013.  /  Ley vigente: RGLCAP  / Tipo de contrato: obras y servicios  / Id. Cendoj: 28079330062013100574; 28079330032013100785; 28079330012013101015; 33044330012013101175.

• Resumen: DENEGACIÓN O NO RENOVACIÓN DE CLASIFICACIÓN, Y CLASIFICACIÓN EXIGIBLE EN UN CONTRATO. Denegación de clasificación en el subgrupo U7 (STSJ MAD 11076/2013). La vigencia indefinida de las clasificaciones que establece el artículo 59 de la LCSP, se aplica, única y exclusivamente, a aquellas empresas que hayan obtenido la clasificación a partir de la entrada en vigor de la LCSP (STSJ MAD 11053/2013). Denegación de clasificación solicitada por falta de acreditación de la solvencia económica (STSJ MAD 7287/2013). Determinación de la clasificación exigible en un contrato de obras (STSJ AS 2884/2013).

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STSJ MAD 12039/2013 y otros  (STSJ AND 8849/2013; STSJ AND 8945/2013;  STSJ MAD 10342/2013 STSJ MAD 6747/2013 STSJ MAD 6753/2013; STSJ MAD 6716/2013  STSJ MAD 6717/2013, etc.) (Ref.- S0122)

• Datos: Fecha: Julio a septiembre 2013.  /  Ley vigente: LCSP  / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj: 28079330032013100827 y   otros.

• Resumen: DERECHO TRANSITORIO. SÍ ES APLICABLE LA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 200 BIS LCSP (ART.217 TRLCSP) –PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA-, A LAS RECLAMACIONES QUE HAGA EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO PRECEPTO, AUN CUANDO EL CONTRATO SE HUBIESE FORMALIZADO CON ANTERIORIDAD. Dispone el artículo 200 bis LCSP (introducido por la Ley 15/2010) de igual redacción al actual artículo 217 TRLCSP “Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 200.4 de esta Ley, [Art. 216.4 TRLCSP], los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.(…)”. La Disposición transitoria Primera de la Ley 15/2010 que introdujo tal artículo en la LCSP establece: «Disposición Transitoria primera. Aplicación a los contratos. Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor». Bajo estas premisas se plantea la cuestión de si el citado artículo 200 Bis es de aplicación a las obligaciones de pago que si bien surgen con posterioridad a la entrada en vigor del citado precepto, se refieren a contratos formalizados con anterioridad. La sentencia reconoce que: “Tal cuestión ha sido objeto de numerosos pronunciamientos contradictorios por diferentes Juzgados y Salas de lo Contencioso Administrativo, sin embargo ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 7 de noviembre de 2012, recurso 1085/2011 [STS 7873/2012] , y 15 de enero de 2013 recurso 5645/2011 [STS 248/2013]” para a continuación reproducir parte de las sentencias citadas y concluir finalmente: “Pues bien, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo la aplicación de la medida cautelar prevista en el artículo 200 bis de la Ley de Contratos del Sector Público y, en consecuencia, el procedimiento judicial específico regulado en dicho artículo, es de aplicación aunque los contratos respecto los que se pretende hacer valer sean de fecha anterior a su entrada en vigor, si la reclamación es de fecha posterior a la misma, (…).”

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STSJ CL 3779/2013 y otros (STSJ CL 3854/2013 STSJ CL 3778/2013; STSJ CL 2812/2013; STSJ CL 2718/2013; STSJ CL 3554/2013)  (Ref.- S0121).

• Datos: Fecha: Julio a septiembre 2013.  /  Ley vigente: RGLCAP  / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 28079330032013100827 y   otros.

• Resumen: LA ADMINISTRACIÓN EN SU CONDICIÓN DE PROMOTORA DE LA OBRA, NO PUEDE TRASLADAR AL CONTRATISTA GASTOS POR SERVICIOS QUE LE SON PROPIOS Y EXCLUSIVOS (DIRECCIÓN DE OBRAS, INSPECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD). En los supuestos analizados se recurre el PCAP que establece el abono por parte del contratista de un porcentaje sobre el presupuesto de la obra en concepto de honorarios por dirección de obras y coordinación de seguridad. La sentencia considera que ambos servicios son propios del promotor y que en consecuencia no pueden ser trasladados al contratista. La argumentación fundamental de la sala, considera: “ …[las cláusulas X e Y], del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares infringen el art. 131 del Reglamento de Contratación por cuanto que, al incluir los honorarios de la dirección facultativa e inspección de las obras y los honorarios de coordinación y dirección de la seguridad y salud de la mencionada obra en el presupuesto base de licitación del presente concurso, está necesariamente trasladando al contratista -adjudicatario de la obra o del contrato- la asunción de unos gastos y de unos costes que no le corresponden y que no le pueden corresponder, primero porque no pueden integrar ni el presupuesto de ejecución material y tampoco el presupuesto base del licitación, según el trascrito artículo 131, y segundo porque los profesionales que deben llevar a cabo tales funciones debe asumirlos la propia Administración en su condición de promotora y dueña de la obra, bien porque tales labores van a ser llevadas a cabo por sus propios técnicos o bien porque se va a llevar a efecto por profesionales expresamente contratados al efecto por dicha Administración, y por ello en uno y en otro caso por personal dependiente profesionalmente de la propia Administración; y ello es así porque según resulta del art. 94 del Reglamento de Contratación citado “la ejecución de los contratos se desarrollará sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido”; y por ello el órgano de contratación -en este caso la Administración- será la encargada de designar o contratar a los profesionales que deben llevar a cabo tales labores de dirección, inspección y control. Por lo expuesto, y estimando el recurso en este concreto motivo de impugnación procede anular mencionadas cláusulas que quedan por ello sin efecto.”

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STSJ GAL 5428/2013. 20-06-13 De acuerdo con el artículo 156.b del TRLCSP, podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar contratos de gestión de servicios públicos cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años. Por lo tanto, si el contrato tiene una duración de cinco años –caso enjuiciado- no cabrá emplear el procedimiento negociado para su adjudicación.

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STSJ GAL 5034/2013. 19-06-13. Conceptos que integran la base sobre la que aplicar el ICIO. Véase referencia S.-0109.

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SAN 2979/2013. 13-06-13. Revisión de precios. La firma de las certificaciones y el acta e recepción de las obras por parte del contratista sin reparo alguno, no supone renuncia al derecho que le asiste a reclamar que la revisión de precios hubiera de efectuarse en cada una de las certificaciones a las que se tenía derecho y no en la liquidación del contrato.

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STSJ CL_2666/2013 y STSJ CL_2667/2013 (Ref.- S0120)

• Datos: Fecha: 06-06-2013.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj: 47186330012013100363 y 47186330012013100364

• Resumen: NECESARIA CONCESIÓN DE TRÁMITE DE AUDIENCIA AL CONTRATISTA EN EL PROCEDIMIENTO –INICIADO DE OFICIO- QUE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PERO TAMBIÉN IMPUTA A AQUÉL EL RETRASO. En los supuestos analizados (misma Administración, mismo contratista), la Administración ante el incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución del contrato, acuerda primero –de oficio- una ampliación de plazo en la que ya determinada que el retraso en la ejecución es imputable al contratista. Posteriormente tramita expediente para la imposición de penalidades al contratista por su responsabilidad en tal retraso.  Para acordar la ampliación de plazo (que posteriormente llevará necesariamente a la imposición de penalidades) no se da audiencia al contratista (si en la imposición de penalidades). El Tribunal considera que no se siguió en la tramitación que acuerda la ampliación del plazo –pero en la que ya se determina que la causa de la misma fue el incumplimiento por parte del contratista- los trámites procedimentales establecidos por la Ley, al no haber dado audiencia al contratista, para finalizar considerando que: “ Por todo cuanto se ha explicado, y teniendo en cuenta en particular, como se ha visto, que fue en la resolución de (…) donde se determinó que el incumplimiento del plazo resultaba imputable a la contratista, constituyendo así el mismo, como decimos, el presupuesto del que se parte en el procedimiento posterior de imposición de penalidades y cuya resolución es la impugnada en el presente proceso, una vez anulado aquel acto desparece el presupuesto de ésta, que por ello habrá de ser asimismo anulada.” En definitiva, anula el acto en el que se acuerda la ampliación del plazo, por no haber sido dada audiencia al contratista, y el posterior de imposición de penalidades, por ser éste una consecuencia necesaria de aquél.

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STS 3295/2013 (Ref.- S0119)

• Datos: Fecha: 27-05-2013.  /  Ley vigente: LCSP  / Tipo de contrato: Susceptibles de REMC.  / Id. Cendoj: 28079130072013100171

• Resumen: NO EXISTE EXTEMPORANEIDAD EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN CUANDO ESTE SE PRESENTA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN UNA OFICINA DE CORREOS (LCSP REDACCIÓN ANTERIOR A LEY 34/2010). Comentario: La presente sentencia del Tribunal Supremo rompe con la doctrina unánime de los Tribunales Administrativos (TACRC y T.A. Autonómicos) según la cual, para considerar presentado el REMC en  plazo, el mismo habrá de encontrarse en el momento en que finalice el plazo señalado por la ley, bien en el registro del órgano de contratación que dicto el acto recurrido, o bien en el del órgano encargado de su resolución.  A pesar de lo reciente de la sentencia y de que la misma no se pronuncia sobre si el criterio hubiera sido otro en base a la legislación vigente en la actualidad, considero que dada la diferente regulación de la normativa aplicable al asunto y la actualmente vigente, a la luz de esta última, el contenido de la sentencia hubiera sido otro. En efecto, el artículo 37.6 de la LCSP anterior a la reforma operada por la Ley 34/2010, y aplicable en la presente sentencia, establecía en su segundo párrafo: “La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.” Por su parte el artículo 314.3 LCSP que sustituye tras la reforma operada en la LCSP por la Ley 34/2010 al artículo 37.6, y de idéntica redacción al actual artículo 44.3 del TRLCSP  señala: “La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.” Considero que la adicción del término “necesariamente” en la legislación vigente es suficiente para afirmar que, ahora sí, no cabe que la fecha de presentación  del recurso especial en materia de contratación en una oficina de correos haya de considerarse como valida a la hora de determinar si el recurso especial ha sido interpuesto dentro del plazo señalado por la Ley, exigiéndose, tal y como interpretan los Tribunales Administrativos e Recursos Contractuales, que a la finalización del plazo el recurso interpuesto se halle en el registro del órgano de contratación, o del Tribunal Administrativo. Véase como la más actual sentencia de un Tribunal Superior (STSJ MAD 6731/2013), dictada ya en base a la nueva redacción de la LCSP –idéntica a la actual redacción del TRLCSP- confirma el criterio mantenido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Tribunales Administrativos Autonómicos en el sentido arriba expuesto.

Con todo, cabe advertir, que el análisis que lleva a cabo la sentencia del Tribunal Supremo no se centra en el modo en que se encuentra redactado el precepto  de la LCSP (Art.37.6), sino en su contexto normativo. “ De nuevo, la recurrente pretende aislar el artículo 37.6 de la Ley 30/2007 de todo el contexto normativo en el que se integra, desconociendo, así, que uno de los elementos que han de tenerse presentes para establecer el sentido de las normas, según el artículo 3.1 del Código Civil , es, precisamente, ese contexto. Y, situada en el suyo, esta disposición sirve para poner de manifiesto que la presentación del recurso en el registro del órgano de contratación a la que se refiere el artículo 37.6 no es la única manera de hacerlo llegar a la Administración, consideración que enlaza con las prescripciones del artículo 38.4 c) de la Ley 30/1992 , norma legal básica de proyección general cuya aplicación no excluye expresamente la Ley 30/2007.”

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SAN 2597/2013. 16-05-13. Caducidad del procedimiento de imposición de penalidades por haber transcurrido más de tres meses de que disponía la administración para resolver.

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STSJ MAD 5685/2013. 09-05-13. Existiendo acuerdo entre la partes en cuanto al derecho del contratista a ser indemnizado por los daños y perjuicios            causados debido a incumplimientos e la Administración, existen discrepancias respecto a los conceptos y cuantía que deben incluirse en la misma. El Tribunal analiza cada uno de tales conceptos.

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STS 2335/2013. 30-04-13. Resolución del contrato para la adquisición de la concesión de derechos mineros por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Contrato civil y no administrativo. Resolución del contrato improcedente.

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STSJ CL 1474/2013. 30-04-13. Retraso en el pago de las prestaciones del contrato a la sociedad absorbente de la que era contratista de la Administración, alegando esta que no le fue comunicada debidamente tal abosrción.

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STSJ AND 3348/2013 (Ref.- S0118)

• Datos: Fecha: 22-04-2013.  /  Ley vigente: LCSP  / Tipo de contrato: Obra.  / Id. Cendoj: 18087330012013100560.

• Resumen: NO CABE EXIGIR LOS INTERESES SOBRE LOS INTERESES DE DEMORA (ANATOCISMO) CUANDO LA SENTENCIA RECTIFICA (AUN SEA SÓLO PARA ELIMINAR EL IVA) LA BASE DE CÁLCULO. La sentencia comienza por abordar otra cuestión que no está de más recordar aquí una vez más: La fecha que da inicio al plazo (cuatro años) para la prescripción del derecho a reclamar los intereses por demora en el pago de las certificaciones comienza a partir de la liquidación del contrato, no de la fecha de emisión o pago de la certificación. En segundo lugar –objeto del presente resumen-, el contratista solicita se le reconozca el derecho de cobro de los intereses sobre los intereses de demora (anatocismo) a partir del momento en que se presento el recurso contencioso-administrativo y hasta el efectivo pago de estos últimos. Ahora bien, en el caso enjuiciado, el ahora apelante, al fijar la cantidad sobre la que habrían de fijarse tales intereses, incluyo indebidamente –tal y como fallo el juzgado en primera instancia y ahora reconoce el apelante- el IVA y la tasa por dirección de obras en la base de cálculo. El Tribunal Superior considera:   “La reclamación de tales intereses no puede prosperar, por cuanto es presupuesto ineludible de su aplicación el que la cantidad sobre la que se calculan estos intereses de los previos intereses de demora, sea líquida, lo que supone que esté previamente determinada o que su determinación dependa exclusivamente de meras operaciones aritméticas aplicables sobre unos parámetros indiscutibles, es decir, que tales parámetros están ya previamente determinados, y como quiera que, en el presente caso la cantidad sobre la que se calculan los intereses de demora no estaba determinada cuando se interpuso este recurso, al no ser pacífico si en ella se incluía o no el IVA de cada certificación, habiendo sido la sentencia apelada la que ha resuelto la controversia, no podemos tener por líquidas las cantidades sobre las que se piden los intereses de los intereses, por lo que no se acoge esta pretensión de la apelante. El criterio anterior lo afirma con contundencia el Tribunal Supremo ya desde hace algún tiempo, y así se recoge en las sentencias (…)” En similar sentido STSJ BAL 513/2013 y STSJ MAD 4384/2013; STSJ BAL 964/2013. Véase también SAN 2613/2013

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SAN 1738/2013. 09-04-13. Revisión de precios en un contrato de duración inferior a un año, cuyo plazo se alarga por, según el contratista, causa imputable a la Administración que le lleva a modificar el contrato. La revisión no estaba prevista en el contrato (norma vigente TRLCAP),y el modificado fue aceptado por el contratista. Desestimación.

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STS 1673/2013 y STS 1668/2013 05-04-13. Pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de la concesión -administrativa del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera. anulación. Puntuación desmesurada de determinados criterios de valoración de ofertas. Anulación.

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STSJ GAL 2292/2013. 21-03-13. Los pliegos pueden imponer un lugar específico de presentación de las proposiciones.

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STSJ CL 1494/2013  (Ref.- S0117)

• Datos: Fecha: 18-03-2013. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj:  09059330012013100082

• Resumen: LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA  POR EL CONTRATISTA ANTE LA ADMINISTRACIÓN, PRODUCIRÁ, ANTE LA INACTIVIDAD DE ÉSTA,  LA OPERATIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 217 TRLCSP –PAGO DE LA DEUDA- SALVO QUE LA ADMINISTRACIÓN ACREDITE EN VÍA JUDICIAL QUE NO CONCURREN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFIQUEN EL PAGO“La interpretación que se ha de efectuar de este precepto es la de que basta con que el contratista dirija su pretensión de cobro contra la Administración para que debamos entender que, ante la inactividad de la misma, a los efectos propios de la medida incidental analizada y sin prejuzgar el fondo del asunto, como la propia dicción literal del precepto transcrito expresa, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago. Existe de esta forma, por presunción legal, una apariencia de buen derecho de la pretensión de cobro, que la Administración debió desvirtuar, lo que no ha realizado en esta “litis”, contestando expresamente en el plazo que se le ha conferido para ello a la reclamación efectuada.” Nota: Artículo 217 TRLCSP: “Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.”

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STSJ MAD 3271/2013. 15-03-13. Revisión de oficio de expediente de clasificación. La interposición de recurso de alzada, salvo que se acuerde la suspensión de forma motivada, no interrumpe el plazo (de seis meses) de caducidad del expediente.

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STSJ CLM 678/2013. 04-03-13.  La medida cautelar judicial, prevista en el artículo 217 TRLCSP -200 bis LCSP-  (pago inmediato de la deuda por la administración que de modo expreso o por silencio administrativo reconoce la existencia de la deuda) es aplicable respecto a cualquier contrato, anterior o no a la introducción del artículo 200 bis LCSP. (Nota: ver referencia S0107).

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STSJ CL 1188/2013  (Ref.- S0116)

• Datos: Fecha: 08-03-2013. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj:  09059330012013100075

• Resumen: AL CEDENTE DEL CONTRATO LE DEBE SER DEVUELTO EL AVAL UNA VEZ LA CESIÓN SE HAYA HECHO EFECTIVA.Y por lo que respecta al tiempo o plazo respecto del cual el Ayuntamiento debe asumir los gastos de mantenimiento de sendos avales, señala dicha parte [El Ayuntamiento] en su recurso de apelación y considera que el plazo de garantía de un año debe computarse desde la finalización y recepción de la obra, pues el cedente responde siempre de la parte ejecutada por él, y a lo sumo, un año desde la cesión. La Sala no comparte dicho argumento por cuanto que como ya hemos reseñado, el cesionario se subrogó en la totalidad de los derechos y obligaciones del cedente, respondiendo por ello también el cesionario de la parte de obra ejecutada por el cedente y por ello también en la obligación de prestar fianza y aval…”

TRATÁNDOSE DE AVALES, SU NO DEVOLUCIÓN EN PLAZO GENERA EL DERECHO A QUE LE SEAN ABONADOS LOS GASTOS QUE ORIGINAN SU MANTENIMIENTO, PERO NO A LOS INTERESES DE DEMORA. “como quiera que en el presente caso lo constituido no ha sido una fianza en metálico que fuera depositada en poder de la Administración sino sendos avales (…), es por lo que la Sala considera que los daños y perjuicios que la demora imputable a la Administración en la devolución de dichos avales ha causado al actor consisten en los gastos (bancarios, financieros, o en su caso de otra naturaleza) de mantenimiento que le ha supuesto a la entidad actora sendos avales y no los intereses de demora fijados en la sentencia de instancia…”

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STS 2479/2013. 06-03-13. Suspensión del contrato por causas no imputables al contratista y posterior extinción y liquidación del mismo por razones también ajenas a su voluntad. Procedencia de reconocer el lucro cesante correspondiente a la parte de obra no realizada; los intereses de demora; y una indemnización por los costes del personal que hubo de quedar adscrito y disponible mientras duró la suspensión del contrato. Estimación del recurso de casación.

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STSJ_CL_1637/2013  (Ref.- S0115)

• Datos: Fecha: 01-03-2013. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj:  09059330012013100082

• Resumen: SON EMBARGABLES POR LA SEGURIDAD SOCIAL CUALQUIER TIPO DE ABONO A CUENTA A FAVOR DEL CONTRATISTA, INCLUIDOS AQUELLOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 216.7 DEL TRLCSP. En el presente pleito se enfrenta la posición de la administración contratante con la de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta última requiere a aquélla para que embargue las cantidades pendientes de abonar al contratista de una obra. Por el contrario la Administración contratante considera que las cantidades no son embargables, dado que, en primer lugar el contratista presento en su momento certificado de hallarse al corriente con la Seguridad social; en segundo lugar que la ley de contratación establece (Art. 216.7 TRLCSP) que: “Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos: a.- Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.  b. Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.“,  y dado que el artículo 89 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social por remisión al artículo 606 de la Ley 1/2000, exceptúa de la posibilidad de embargo “las cantidades expresamente inembargables por ley” habrá de entenderse que entre las mismas se encuentran precisamente aquéllas a las que NO hace referencia el artículo 216.7 del TRLCSP. Por el contrario el Tribunal considera que:  “…pero olvida esta parte actora el encabezamiento de este artículo 200.7, [Art.216.7 TRLCSP] que se refiere a la posibilidad de que lo restablezcan otras normas de la Seguridad Social al recoger que sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social. Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, que conforme al artículo 92 del Real Decreto 1415/2004 anteriormente recogido, es posible el embargo de estos abonos a cuenta”

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STSJ AS 605/2013. 28-02/13. A los contratos de obra con abono total de precio previstos en el artículo 127 TRLCSP, no le son de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad. (En igual sentido STSJ AS 790/2013, y STSJ AS 962/2013).

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STSJ MU 635/2013  (Ref.- S0114)

• Datos: Fecha: 28-02-2013. / Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj:  30030330012013100209

• Resumen:  CONSIDERADO DEFECTO SUBSANABLE LA PRESENTACIÓN DE VARIAS OFERTAS ECONÓMICAS DE IGUAL CONTENIDO, POR LOS MIEMBROS DE UNA UTE. En el supuesto analizado, las dos empresas miembros de una  UTE –que finalmente resultaría adjudicataria del contrato-, presentan debidamente la documentación correspondiente al sobre 1 (documentación administrativa) y sobre 2 (documentación técnica). Sin embargo, el sobre correspondiente a la oferta económica, contiene dos ofertas, una por cada uno de los dos integrantes de la futura UTE, si bien ambas son coincidentes en su cuantía. Este hecho es considerado como defecto subsanable por el órgano de contratación concediendo un plazo de tres días a tal fin. Otro de los participantes recurre esta decisión por considerar que tal defecto no tenía el carácter de subsanable. El Tribunal considera, de acuerdo con el órgano de contratación, que tal defecto –con las circunstancias relatadas- tiene efectivamente carácter subsanable.

ES SUFICIENTE ACREDITAR LA DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANTE CONTRATO DE ALQUILER, POR UNO SOLO DE LOS MIEMBROS DE LA UTE. Otro de los argumentos esgrimidos por los recurrentes es que los vehículos propuestos por la UTE ahora adjudicataria para la ejecución del contrato de transporte escolar no eran de titularidad de la UTE, ni se hallaban en posesión de la misma en virtud de contrato de Leasing o similar, sino tan sólo a través de contrato de alquiler, -que además lo estaba a nombre de uno sólo de los empresarios-, contraviniendo así lo dispuesto en el PCAP “…relación de vehículos titularidad de la empresa…”. Al respecto “La Sala comparte este criterio dado que, no existiendo obligación legal, ni contractual de ostentar la propiedad de los autobuses no cabía estimar el recurso en la parte primera de la impugnación; pero tampoco en la segunda parte, que reprochaba se encontrasen los autobuses a disposición sólo de uno de los miembros de la U.T.E. En efecto: una vez distribuidas las funciones y cuotas entre los partícipes de la Unión Temporal, nada imponía que se aportasen necesariamente los vehículos mediante negocios jurídicos suscritos por todos y cada uno de los miembros de la Unión, o que pudiera hacerse por acuerdos de alguno o algunos de los miembros de la U.T.E. con terceros. Por eso mismo, tampoco puede estimarse, según parecen sugerir de contrario los recurrentes (…) que el hecho de que algunos vehículos aportados por la U.T.E. licitadora en la documentación de su oferta dejen de ser válidos y no sean admisibles al hallarse inscritos en los registros públicos a favor de los terceros cesionarios y arrendadores de la U.T.E., cuestión que resulta irrelevante.”

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STS_1030/2013. 20-02-13. Medida cautelar de suspensión. Autorización de emergencia de obras para conducción abastecimiento aguas. Pérdida de legítima finalidad, ponderación de intereses.

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STS 701/2013. 18-02-13.  Necesidad de que el objeto social de todas las integrantes de una UTE, guarde cierta relación con el objeto del contrato, lo que de modo evidente no se da en el caso analizado, en el que siendo objeto del contrato de gestión, explotación y mantenimiento de un Palacio de Congresos, el objeto social de una de las empresas que integran la UTE es la de prestar servicios como agencia de viajes.

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STSJ ICAN 171/2013. 13-02-13. Cabe que el órgano de contratación de forma motivada, se aparte de la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación.

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STSJ NAV 3/2013  (Ref.- S0113)

• Datos: Fecha: 13-02-2013. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj:  : 31201330012013100003.

• Resumen: SI BIEN CABE IMPONER PENALIDADES UNA VEZ LOS TRABAJOS HAN SIDO RECIBIDOS, POR DEMORAS PRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN, NO ES POSIBLE IMPONERLAS POR RETRASOS PRODUCIDOS CON POSTERIORIDAD A SU OCUPACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN. “ La causa siguiente de las alegadas en pro de la improcedencia de las penalidades se basa en la extemporaneidad de su imposición que, siguiendo dos sentencias de la Sala homónima del TSJ de Barcelona, se hace derivar del hecho de que ésta, la imposición, sólo es posible cuando los trabajos aún están en ejecución, no cuando ya han finalizado, toda vez que la finalidad de las penalidades es la de estimular al contratista a la ejecución en tiempo de la obra por lo que -dicen aquellas sentencias- no tiene sentido su exigencia cuando la obra ya ha sido recibida. Este Tribunal no comparte tal doctrina en cuanto que entendemos que, además de esa finalidad, la penalidad por demora atiende también a la de indemnizar, compensar o resarcir a la Administración propietaria del perjuicio que indudablemente le supone cualquier retraso en la ejecución. Por lo tanto, también una vez que la demora se ha consumado y aunque la obra esté recibida, resultan exigibles.

Cuestión distinta -y más propia, nos parece, del siguiente- es la suscitada en este apartado relativa a la incidencia de la ocupación de la obra por el Ayuntamiento en la liquidación de la penalidad. Aunque ni en la apelación ni en la demanda se explica qué retrasos son los producidos después limitándose a señalar que se impusieron penalidades por fechas posteriores a la ocupación de la obra, acompañando a esta afirmación una cita (y transcripción) jurisprudencial que, en lo que se nos alcanza, nada tiene que ver con la cuestión. No obstante tan parca fundamentación, entendemos que le asiste la razón toda vez que, producida la ocupación de la obra por la propiedad con la expulsión de ella de la contratista, difícilmente puede apremiarse de éste la ejecución. Podrán demandarse otras consecuencias según el contrato o la ley, pero no responsabilidad por el retraso que a partir de tal fecha se produzca. Por tanto, y en resumen, las penalidades por demora deben liquidarse hasta la fecha misma de la ocupación y no hasta la del acuerdo de imposición.”

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STS 386/2013 04-02-13. Contratación administrativa. Modificación del proyecto. Resolución del contrato al negarse el contratista a continuar la obra. Artículo 146 TRLCAP.

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SAN 294/2013 (Ref.- S0112)

Datos: Fecha: 30-01-2013. / Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 28079230032013100032.

• Resumen: LA FECHA QUE MARCA EL TRANSCURSO DEL AÑO Y LA EJECUCIÓN DEL 20%, NO SUPONE EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN (CUATRO AÑOS) DEL DERECHO DEL CONTRATISTA A RECLAMAR LA REVISIÓN DE PRECIOS.  “Aplicar en esta situación (de falta de liquidación definitiva) la prescripción comporta un trato profundamente discriminatorio para ambas partes contratantes, pues mientras los derechos del contratista están prescribiendo los de la Administración, derivados del contrato, se encuentran intactos y son ejercitables en cualquier momento sin que la prescripción haya comenzado. Es erróneo computar los plazos prescriptorios atendiendo exclusivamente a los avatares de las certificaciones, con olvido del hecho de estar integrados en el contrato del que forman parte y donde las incidencias de éste tienen influencia decisiva en aquéllas. Así pues, no es de apreciar, por lo tanto, prescripción alguna del derecho de la recurrente a la revisión de precios reclamada.”

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STS 478/2013. 25-01-13. Discrecionalidad técnica de la Comisión de valoración. La sentencia de instancia está motivada y tiene congruencia interna. Motivación de los actos administrativos.

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STS 477/2013. 25-01-13.Restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Inexistencia de incongruencia. Cuestión nueva no susceptible de casación. Restablecimiento del equilibrio económico-financiero. Inexistencia de incongruencia.

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STS 392/2013. 25-01-13. La valoración de determinados criterios de valoración de ofertas imposibilita la libre concurrencia. Insuficiente peso de criterios económicos

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STS 334/2013. 25-01-13. Desproporción en la valoración de determinados criterios para la adjudicación.

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SAN 289/2013. 23-01-13. Reclamación por retraso en el pago de la revisión de precios y del derecho al cobro de los intereses de demora devengados.

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SAN 137/2013 .14-01-13. El tipo de interés legal por demora en el pago de certificaciones previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales es de aplicación a los contratos celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, por lo que en el caso analizado, (de obra, de fecha anterior) será de aplicación el artículo 99.4 del TRLCAP. (En sentido similar STSJ MAD 631/2013).

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STS 179/2013. 11-01-13. Falta de motivación de la adjudicación. La Mesa de Contratación hace suyo acríticamente un informe técnico que incurre en incoherencias e introduce criterios no previstos en el pliego.

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STS 462/2013. 11-01-13. Indemnización procedente por la declaración de nulidad del contrato administrativo. Arbitrariedad e irrazonabilidad de la valoración de una prueba pericial. Voto particular.

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STSJ_MAD_615/2013 (Ref.- S0111)

Datos: Fecha: 09-01-2013. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Todos.  / Id. Cendoj: 28079330032013100052.

• Resumen: 09-01-13. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA NO LEGITIMA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA VÍA DE HECHO, DEJE DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES. “… en la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, tanto la actualmente vigente como la anterior, el incumplimiento o el retraso por el contratista de la prestación que le corresponde no faculta a la Administración contratante a no pagar sin más, al margen de todo procedimiento, los pagos mensuales periódicos que constituyen el precio del contrato, por más que aquellos incumplimientos o retrasos sean ciertos, sino que lo que debe hacer la Administración una vez constatadas aquellas circunstancias será bien imponer penalidades al contratista o incoar la resolución del contrato en el caso de demoras en la ejecución de aquel, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del TRLCAP , o bien acordar el procedimiento para la resolución del contrato por incumplimiento del contratista,(…), es decir que la Administración puede sin duda reaccionar frente a los incumplimientos graves del contratista, llegando en su caso a dejar de abonar el precio que corresponda, pero siempre y en todo caso sujetándose a lo dispuesto en la legislación aplicable, que impide que la Administración actué mediante la pura y simple vía de hecho, por más que tenga razón, y es lo cierto que en el caso enjuiciado el Ayuntamiento dejó de pagar las mensualidades sin acordar previamente procedimiento alguno para resolver el contrato o sancionar al contratista, por lo que se desestima este motivo.”

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STS 8334/2012. 03/12/12. Contrato de concesión de obras públicas.  Inexistencia de derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. No consta que las alteraciones de obras invocadas fuesen impuestas por la Administración contratante; y tampoco se solicitó, de conformidad con el Pliego de Cláusulas Generales, el reajuste del inicial Plan Económico Financiero acompañado con la proposición.

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STSJ LR 740/2012 y STSJ LR 741/2012 (Ref.- S0110)

Datos: Fecha: 29-11-2012. / Ley vigente: RGLCAP / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 26089330012012100356 y 26089330012012100357.

• Resumen: NO CABE ESTABLECER LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN FUNCIÓN DE LAS PENALIZACIONES PREVISTAS PARA LA DEMORA. No cabe que la Administración contratante imponga penalizaciones por demora una vez que la obra ha sido ejecutada. La opción de imponer penalidades prevista en la ley y el reglamento lo es para el supuesto de que el contrato se encuentre en ejecución. Tampoco cabe, que el cálculo de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración por demora en la ejecución del contrato, se lleve a cabo aplicando las penalidades que por demora prevén los pliegos, ya que ambas son figuras distintas. La indemnización debe responder del montante real de los daños y perjuicios que efectivamente se hubieren irrogado a la Administración contratante por el retraso.

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STS 8194/2012, (28-11-12) y STS 8382/2012 (26-11-12) Concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local, con cobertura municipal o insular, en régimen de gestión indirecta. Falta de motivación de la adjudicación. La Mesa de Contratación hace suyo acríticamente un informe técnico que incurre en incoherencias e introduce criterios no previstos en el pliego.

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 SAN 4964/2012 (Ref.- S0109)

Datos: Fecha: 28-11-2012. / Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230052012100800.

• Resumen: En el supuesto analizado la Administración contratante, pretendió en un principio resolver el contrato por falta de pago por parte del contratista del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Sin embargo, a partir del Dictamen que sobre el asunto emitió el Consejo de Estado, no llevo a cabo tal resolución, sino que incauto la garantía definitiva, de importe muy similar a la deuda tributaria del citado impuesto, –si bien incluyo en el cálculo de la misma no sólo la cuota, sino también los intereses de demora-. Del pronunciamiento del Tribunal sobre la cuestión, destacan dos aspectos: 1º: LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA al contratista SOLO PUEDE ACORDARSE por el órgano de contratación EN EL CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, PERO NO POR CUALQUIER CAUSA, sino exclusivamente en caso de incumplimiento culpable de aquel, es decir, se exige un incumplimiento total y doloso y no simplemente parcial por culpa o negligencia. En el supuesto analizado ni siquiera procede –dictamen del Consejo de Estado-, ni finalmente se produce la resolución del contrato, por lo que la garantía no puede ser incautada. 2ª.- EL SUJETO PASIVO DEL ICIO ES LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE, no el contratista, Aquél, como dueño de la obra y quien solicita la licencia urbanística, es a quien incumbe no solo el pago del tributo sino también el cumplimiento de las obligaciones formales como son las de practicar la autoliquidación en los plazos establecidos e ingresar el tributo. A partir de ahí, podrá repercutir el importe del impuesto al contratista si así se encontrase previsto en el pliego –como es el caso- : “Pero ese importe a repercutir solo pude ser el de la cuota tributaria, y en ningún caso puede cargar la Administración demandada a la entidad actora el coste del apremio y de los intereses de demora, que se exaccionan por su culpa exclusiva al incumplir como sujeto pasivo las obligaciones formales del pago del impuesto, y mucho menos acordar la incautación de la garantía definitiva (…) que es de todo punto improcedente, cuando no han concurrido las circunstancias exigidas legalmente, según la doctrina jurisprudencial expuesta,…”

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STS 8036/2012. 27/11/12. Asignación de canales de la televisión digital terrestre.

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STSJ CL 5824/2012. 27/11/12. Si el órgano que llevo a cabo la contratación es el Pleno del Ayuntamiento, es a éste, y no al Alcalde, a quien corresponde la competencia para, no sólo acordar la resolución del contrato, sino también aprobar el importe de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista a la Administración en los supuestos de incumplimiento culpable imputable a aquél.

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SAN 4788/2012. 27/11/12, y SAN 4779/2012. 14-11-12. El día en el que finaliza el plazo para la interposición del REMC, el recurso debe hallarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.

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STS 7887/2012. 21/11/2012. Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conocer del recurso contra resolución desestimatoria del REMC de una sociedad mercantil cuyo capital es íntegramente público.

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STS 8584/2012 (Ref.- S0108)

Datos: Fecha: 17-12-2012. / Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Concesión  / Id. Cendoj: 28079130072012100743

Resumen: MOTIVACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y REQUISITOS ACTUALES.  Parte el supuesto analizado, de la adjudicación de un contrato por parte de una Autoridad Portuaria, procediendo ésta inmediatamente, antes de que finalice el plazo para la interposición de recursos por parte del resto de licitadores, a la devolución de la documentación a los mismos, lo que considera el Tribunal de instancia, y confirma en esta sentencia el TS, ha de considerarse como causa de nulidad radical o de pleno derecho de la adjudicación, por infracciones esenciales del procedimiento. Pero igualmente, analiza la sentencia del TS, la falta de motivación de la adjudicación, lo que le permite recordar la evolución jurisprudencial al respecto, para concluir que en la actualidad: “ (…) 5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cual debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.”

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STS 7873/2012 (Ref.- S0107)

Datos: Fecha: 07-11-2012. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Servicios  / Id. Cendoj: 28079130072012100677.

• Resumen: LA MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 217 TRLCSP -200 BIS LCSP-  (PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA POR LA ADMINISTRACIÓN QUE DE MODO EXPRESO O POR SILENCIO ADMIISTRATIVO RECONOCE LA EXISTENCIA DE LA DEUDA) ES APLICABLE RESPECTO A CUALQUIER CONTRATO, ANTERIOR O NO A LA INTRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO 200 BIS LCSP. Ante la falta de pago de una certificación, cuya realidad reconoce la Administración contratante, el contratista solicita al Tribunal de instancia que adopte como medida cautelar, el que se requiera a la Administración el pago inmediato de la deuda, medida prevista en el actual artículo 217 TRLCSP, y anterior artículo 200 bis del LCSP –redacción introducida por la Ley 15/2010-,. En instancia el Tribunal deniega la adopción de tal medida cautelar, por entender que, al ser el contrato de fecha anterior a la introducción del artículo 200 bis, el mismo no es de aplicación “…al ser claros los términos de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 sobre la aplicabilidad de la misma a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor.” Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de la cuestión, el T.S. si lo considera de aplicación concluyendo que : “ (…) la aplicación de la nueva medida cautelar no está concernida restrictivamente por la referida Disposición Transitoria, y que por tanto en la nueva medida cautelar es aplicable sin distinción de la fecha de los contratos de los que deriva la inactividad de la Administración que se pretende vencer con la medida, consideramos que es la que exige el derecho fundamental de tutela judicial efectiva ( artículo 24.2 CE ), en cuanto clave de interpretación del ordenamiento jurídico ( artículo 10 CE ).”  (Nota: La postura contraria a la contenida en esta sentencia del Tribunal Supremo,  ha sido la mantenida hasta la fecha por los Tribunales Superiores. Véase a modo de ejemplo la reciente sentencia -16/11/12- del Tribunal Superior de Justicia de Murcia STSJ MU 2698/2012).

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SAN 4691/2012. 07/11/12 Devengo de intereses por demora en el pago. Intereses de intereses.

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SAN 4544/2012. 07/11/12. El importe de la liquidación por revisión de precios en el momento de la liquidación, sólo procede, y de modo excepcional, cuando no haya podido incluirse en las certificaciones ordinarias o pagos parciales.

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STSJ MAD 13711/2012 (Ref.- S0106)

Datos: Fecha: 31-10-12. / Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Servicios  / Id. Cendoj: 28079330032012101075.

Resumen: CONCEDIDA –INDEBIDAMENTE- POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS, TAL DECISIÓN NO PUEDE PERJUDICAR AL ADJUDICATARIO. En el supuesto analizado el adjudicatario provisional (una UTE) solicita ampliación de plazo para aportar la documentación exigible y poder así  convertirse en adjudicatario definitivo. El documento de solicitud no tiene sello de entrada en el registro. El órgano de contratación concede prorroga en contra de lo que señala la ley de contratación. Otro licitador recurre por tales circunstancias. El Tribunal considera: “Pues bien, aunque es verdad que la solicitud de la UTE no tiene sello de entrada ni consta su envío en determinada fecha por el Servicio de Correos, no lo es menos que el órgano de contratación tiene por cierto que esa solicitud se hace dentro del plazo de quince días que al efecto concede el artículo 135.4 de la Ley de Contratos del Sector Público , gozando las apreciaciones de hecho del órgano de contratación de presunción de veracidad, a lo que se une que dicho órgano de contratación resuelve el 3 de septiembre del año 2010 esto es, poco después de la recepción de la prórroga, que por tanto no puede considerarse ni inexistente ni formulada fuera de plazo.

Por otra parte la adjudicataria provisional presenta la documentación requerida el día 13 de septiembre del año 2010, dentro por tanto del plazo máximo de 8 días hábiles que como ampliación del plazo inicial de 15 días admite el artículo 49 de la LPAC , y aunque es verdad que el Acuerdo del Hospital XXX amplía el plazo máximo más allá de lo permitido por el referido artículo 49, lo cierto es que la presentación de la documentación por el adjudicatario se produce dentro de la prórroga del plazo inicial legalmente admisible, y como por otra parte existían razones objetivas que dificultaban o hacían imposible la aportación de determinados documentos en el plazo inicial, el hecho de que el Acuerdo ampliando el plazo vulnere la Ley no puede perjudicar a la adjudicataria provisional que cumple, solicita en tiempo y forma la ampliación de plazo y aporta lo requerido dentro del plazo legalmente previsto, por todo lo cual se está en el caso de desestimación del Recurso de apelación.”

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STS 4634/2012 (Ref.- S0105)

• Datos: Fecha: 27-06-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Gestión de servicios.  / Id. Cendoj: 28079130072012100429

• Resumen: DISCRECIONALIDAD TÉCNICA Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Destaca en esta sentencia el análisis que lleva a cabo de la evolución de la doctrina de la jurisprudencia del T.S. y Tribunal Constitucional caracterizada por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa ( artículo 106.1 CE ); y cuyas líneas maestras e hitos evolutivos se pueden resumir en lo que sigue: 1.- La legitimidad de lo que doctrinalmente se conoce como discrecionalidad técnica fue objeto de reconocimiento (…)  2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho.(…) 3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el “núcleo material de la decisión” y sus “aledaños” .(…) 4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico.(…) 5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cual debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.(…)”

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STS 5110/2012. 27/06/2012. Incautación de la garantía provisional por no haberse constituido la garantía definitiva. Ley aplicable: Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.

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STS 5178/2012. 25/06/2012  Adjudicación concesión. Canales digitales. Televisión terrestre. Falta de motivación. No aceptable la admisión acrítica por la mesa de contratación de informe elaborado por empresa privada. No Incongruencia. Discrecionalidad técnica.

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STS_4763/2012 (Ref.- S0104)

Datos: Fecha: 25-06-2012.  /  Ley vigente: LCAP / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 28079130072012100440.

Resumen: CONTRATO DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO ÚNICO DEL PRECIO. AL NO ABONAR LA ADMINISTRACIÓN (PARTE DE) LA COMPENSACIÓN FINANCIERA PREVISTA, EL CONTRATISTA ADEMÁS DEL ABONO DE ÉSTA, TIENE DERECHO A PERCIBIR LOS INTERESES POR DEMORA. Se parte aquí de un contrato de obras (ejecución de autovía) con pago único del precio, el cual, según previsión de los pliegos se integra por una cantidad que corresponde a la ejecución de los trabajos y un segundo importe correspondiente a los costes financieros a soportar por la empresa. La obra se finaliza antes del plazo inicialmente establecido pretendiendo por ello la Administración reducir el importe a pagar correspondiente a la compensación financiera (La reducción del plazo inicial fue acordada por la Admon. con la conformidad del contratista). Recurrida esta decisión ante los Tribunales se condena a la Administración al pago de la cantidad restante no abonada hasta el momento en concepto de compensación financiera, pero declarando igualmente el tribunal de instancia que NO procedía el pago de intereses sobre dicha cantidad, puesto que la cuantificación de lo que corresponde abonar constituía en ese momento, precisamente, el objeto de la litis. El contratista recurre ante el T.S. ésta último punto de la sentencia, considerando el T.S. procedente el abono de interés de demora por el retraso en el pago de la compensación financiera, por considerar que el importe a abonar –en concepto de compensación financiera dejada de percibir- es una cantidad fija y fácilmente determinable, que forma parte del precio y que al no ser abonada en el plazo previsto en el PCAP, supone un supuesto de mora en el pago por parte de la Administración. Se reconoce igualmente el derecho del contratista a percibir los intereses legales que correspondan sobre los intereses de demora.

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STS 5291/2012. 18/06/2012 . Contratación administrativa. Retraso en la ejecución de la obra por causas derivadas de la Administración. Disponibilidad de los terrenos y retrasos por motivos meteorológicos. La indemnización pretende restablecer el equilibrio financiero del contrato.

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STS 4513/2012.  15/06/2012. Contratos públicos sobre servicios postales liberalizados y no reservados. Aplicación de las normas de adjudicación del ordenamiento europeo a un convenio suscrito entre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. y el Ministerio de Medio Ambiente.

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STSJ MAD 7264/2012 (Ref.- S0103)

Datos: Fecha: 13-06-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Concesión de obra pública.  / Id. Cendoj: 28079330032012100688

Resumen: SÓLO CABE RESOLVER EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN CUANDO LA MISMA SE ENCUENTRE PREVISTA EN LA LEY. NO CABEN APLICACIONES ANALÓGICAS. Precedentes: El contratista recurre en vía contencioso-administrativo, pretendiendo y logrando en primera instancia, la resolución de un contrato de concesión de obra pública. El contratista venia obligado (y así lo hizo dentro del plazo establecido) a presentar un Proyecto sobre el diseño funcional del aparcamiento objeto del contrato, 19 meses después de la presentación la Administración NO había supervisado y aprobado dicho proyecto. El contratista insta la resolución del contrato por la causa prevista en el artículo 246.f) [TRLCAP [Art.269.f) TRLCSP]  (Causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas: (… )f.- La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligo según el contrato). La sentencia ahora recurrida si bien admite que en los Pliegos no se fijo plazo para que la Administración aprobara el Proyecto, consideró que se trataba de un supuesto en que la ejecución del contrato formalizado está sometida al cumplimiento de una condición, supuesto que guarda notable semejanza con lo que previene históricamente la contratación administrativa cuando concurren elementos adiciones para la ejecución real de un contrato, como por ejemplo el replanteo, así como que carece de sentido que el cumplimiento de una condición que resulta determinante de la ejecución del contrato deba de tener un plazo superior al de seis meses fijado en el artículo 264 f TRLCAP (…) Por ello estima el recurso.

La Administración recurre la sentencia. El TSJ de Madrid estima el recurso al considerar que “el artículo 112.10 TRLCAP [Actual Art.224.7 TRLCSP] señala que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta Ley , lo que es manifestación asimismo del carácter restrictivo que preside la facultad resolutoria del administrado frente a la Administración, dada la finalidad de servicio a la comunidad y de interés general que tienen los contratos administrativos a diferencia de los contratos civiles,(…)

(…) Pues bien, la causa de resolución prevista en el art. 264 f) del TRLCAP,[Art.269.f) TRLCSP]  que aplica la Sentencia apelada, no resulta de aplicación al caso presente por cuanto que se refiere a ” La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato “, situación que evidentemente no es la presente. Tampoco resulta aplicable la causa del art. 149 a)  [Art.237.a) TRLCSP]  referida al contrato de obras y que dice que es causa de resolución de tal contrato la demora en la comprobación del replanteo conforme al art. 142, [Art.229 TRLCSP]  precepto que establece que en los contratos de obras la ejecución del contrato comienza con el acta de comprobación del replanteo, que debe de tener lugar dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados.

En el caso presente nos encontramos aún en una fase previa, muy anterior al replanteo,(…)En los Pliegos no se estableció plazo para que la Administración aprobara el Proyecto de Diseño, la Sentencia considera, que el plazo no podía ser superior al de seis meses que se fija en el art. 264 f) del TRLCAP, a que con anterioridad nos hemos referido, no obstante tal fijación de plazo entendemos que carece por completo de base contractual y legal, por lo que hemos de concluir en que no resultan aplicables al caso presente ninguna de las causas de resolución del contrato en que se fundamenta la Sentencia. (…)

(…) A ello hemos de añadir que los Pliegos no establecían un plazo dentro del cual el Ayuntamiento debía de aprobar el Proyecto de Diseño ni preveían como causa de resolución del contrato la falta de aprobación del Proyecto en un determinado plazo, y que durante el tiempo transcurrido desde la presentación del Proyecto, el recurrente nunca ha requerido a la Administración para que lo aprobara , para que continuara el contrato, ni se ha interesado por las razones del retraso en la aprobación, requerimiento que entendemos necesario en el caso presente al no haberse fijado plazo para el cumplimiento de la obligación y para acreditar la existencia de una voluntad en la Administración deliberadamente rebelde al cumplimiento del contrato (voluntad que ha de ser clara, manifiesta y decidida según la jurisprudencia).

No decimos que el Ayuntamiento obrara correctamente al demorar durante tantos meses la aprobación del proyecto ni que la demora esté ó no justificada, ni que el recurrente no tenga derecho a ser compensado si la demora no fue justificada con una ampliación del plazo (art. 239 TRLCAP [–Art.242 TRLCSP-]) ó incluso económicamente si ello le ha producido perjuicios ó ha alterado el equilibrio de la concesión (previendo específicamente el art. 248 del TRLCAP [Art.258 TRLCSP]  que la Administración debe de restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los supuestos en que el desequilibrio tenga por causa la actuación de la Administración (…)”

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STS 4313/2012. 08/06/2012.  Convenio de colaboración entre Ministerio de Economía y Correos. Nulidad por cuanto su objeto no se limita a la prestación de servicios reservados en exclusiva a dicha Sociedad.

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STS 4371/2012. 07/06/2012. Contratación administrativa: gestión del servicio público del transporte escolar. La valoración de la experiencia no puede se puntuada para la adjudicación del contrato y vulnera la libre competencia en la contratación administrativa. No cabe presentar documentación en otro Registro público, si el pliego NO impugnado  limita su presentación a un Registro concreto o su envío por correo.

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STS 4390/2012. 07/06/2012.  Contrato de obra. Reclamación perjuicios derivados de proyecto modificado y contrato complementario. Improcedencia. Aceptación del modificado sin objeciones. Principio de riesgo y ventura. Legítimo ejercicio del ius variandi. Necesidades imprevistas.

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STSJ CAT 7438/2012 (Ref.- S0102)

Datos: Fecha: 06/06/2012.  /  Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: —.  / Id. Cendoj: 08019330052012100231

Resumen: Se reitera en esta sentencia la doctrina constante de los Tribunales Administrativos en el sentido de que LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN (REMC)  DEBE PRESENTARSE ANTE EL REGISTRO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN O EN EL DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO, según señalaba el antiguo artículo 37.6 LCSP, y en este sentido es de reseñar que a partir de la reforma llevada a cabo en la LCSP por la Ley 30/2007, se doto al artículo –que paso a ser el 314.3 LCSP, actual 44.3 TRLCSP- de mayor rotundidad al expresar a partir de tal reforma que “La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesariamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.”. Indica la sentencia que “No puede ampararse [la recurrente] en el régimen general del art. 38.4.c) de la Ley 30/1992,[LRJPAC] que permite presentar las solicitudes (recurso, en el caso) que se dirijan a los órganos de las Administraciones públicas en las oficinas de correo, y ello porque el citado art. 37.6 de la Ley de contratos (norma de igual rango y posterior) [actual 44.3 TRLCSP que como queda anotado se expresa a este respecto con mayor rotundidad] excepciona de ese régimen común al exigir que el recurso se presente específicamente en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso (—), exigencia que tiene su razón de ser, entre otras, en el hecho de que la interposición del recurso especial determina que quede en suspenso la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por tanto, procederse a la adjudicación definitiva y formalización del contrato (…)”

(Nota: Ello no obsta para que el recurso pueda ser enviado por correo o por cualquier otro medio previsto por la LRJPAC a los registros señalados, ahora bien, la fecha de entrada en tales registros, y no otra, será la que se tome en cuenta a la hora de determinar si existe o no extemporaneidad en la presentación del REMC).

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STS 3920/2012. 04/06/2012. Suspensión de la ejecución de obras del aeropuerto de Castellón.

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STS 3572/2012. 24/05/2012.  Contratación administrativa. La ceremonia de inauguración de las obras no equivale a una recepción tácita.  Ver  referencias 74, 40 y 37 sobre el mismo asunto.

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STSJ_GAL_5003/2012.  24/05/2012.  Las proposiciones deben aceptar el pliego de cláusulas administrativas de forma incondicionada, sin salvedad o reserva alguna, no solamente desde el punto de vista material sino también formal, por lo que toda oferta realizada en términos condicionales tiene que ser rechazada de plano, ya que de lo contrario el órgano de contratación se vería obligado a llevar a cabo una interpretación del significado de esos términos, lo que introduciría en el proceso de selección elementos de discrecionalidad y de inseguridad jurídica.

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STS 3879/2012. 23/05/2012.  Adjudicación de la concesión en exclusiva de servicio de transporte realizada al amparo de Ley autonómica. Validez de los actos administrativos dictados al amparo de una Ley válida que, con posterioridad, es declarada contraria al ordenamiento comunitario.

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STS  3879/2012 (Ref.- S0101)

Datos: Fecha: 23-05-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Gestión de servicios.  / Id. Cendoj: 28079130072012100372

Resumen: VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS AL AMPARO DE UNA LEY VÁLIDA QUE, CON POSTERIORIDAD, ES DECLARADA CONTRARIA AL ORDENAMIENTO COMUNITARIO. Precedentes: La Ley 4/1999 de Galicia declara servicio de titularidad pública el transporte público marítimo de viajeros en la ría de Vigo, a gestionar indirectamente mediante concesión durante un periodo de 20 años prorrogable otros 10, estableciendo como uno de los criterios de adjudicación la experiencia de transporte en la citada ría. Tal concesión mediante concurso se adjudica a la empresa ahora recurrente. Con posterioridad a la adjudicación, una sentencia del TJUE (Asunto C-323/03) declara la inaplicabilidad (no la nulidad que sólo corresponde hacerlo al Tribunal Constitucional) de dicha ley por infringir el Reglamento (CEE) 3577/1992 del Consejo, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los estados miembros.  Este pronunciamiento trae como consecuencia,-además de la derogación y sustitución de la ley autonómica por otra-, el inicio de un procedimiento de revisión de oficio del contrato adjudicado que finaliza declarando la nulidad de pleno derecho de dicha concesión administrativa, que es la resolución que impugna el representante procesal de la sociedad adjudicataria. El recurrente pretende que se declare NO la nulidad de pleno derecho de la concesión sino la resolución del contrato por alguna de las causas señaladas en la Ley. El TSJ de Galicia confirma mediante sentencia la nulidad de resolución. Tal sentencia es recurrida en casación ante el T. Supremo, el cual en este punto, estima las alegaciones formuladas por el recurrente con base a los siguientes argumentos:

a) Comienza por afirmar la indudable aplicabilidad en el orden interno de los Reglamentos comunitarios sin necesidad de acto alguno de incorporación formal al Derecho interno.

b) En lo que se refiere a la validez de la Ley nacional opuesta al ordenamiento comunitario, no existe entre aquélla y los Reglamentos comunitarios una relación de jerarquía, de la que en su caso pudiera derivarse la nulidad de la Ley opuesta al Reglamento comunitario. La sentencia del TJUE se limita a declarar si ha habido o no un incumplimiento del ordenamiento comunitario, siendo en el primer caso el Estado miembro afectado el que debe adoptar las medidas necesarias para poner fin a dicho incumplimiento no sólo garantizando la ejecución exacta, completa e inmediata de la sentencia, sino también haciendo desaparecer jurídicamente los efectos pasados del incumplimiento. En lo que aquí interesa, por tanto, la sentencia del TJUE no deroga la ley, sino que la misma debe ser derogada –como se hizo en el presente caso- por la Administración competente en la materia, en aplicación de la sentencia del TJUE.

c) Si la ley es valida a pesar de la sentencia, los actos nacidos al amparo de la misma (la concesión en la gestión del servicio en el caso que nos ocupa) son validos y eficaces, en modo alguno afectados en origen del vicio de nulidad de pleno derecho.

d) Por todo lo expuesto no cabe –como hizo la Administración y confirmo el TSJ de Galicia- la revisión de oficio declarando la nulidad del acto. “La inadecuación del cauce utilizado no supone la inexistencia en nuestro sistema de otras medios de poner fin al derecho del concesionario por parte de la Administración. Pero, obviamente, no nos corresponde en positivo indicarle a la Administración recurrida cuál debe ser ese cauce. Sólo nos corresponde, como hemos hecho, analizar, y decidir, la conformidad a derecho del acto impugnado, declarando que éste es contrario a Derecho.”

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STSJ_MU_1200/2012. 23/05/2012. Los Colegios Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, etc.), no se encuentran legitimados para impugnar la adjudicación de un contrato administrativo.

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STS 3418/2012 (Ref.- S0100)

Datos: Fecha: 22-05-2012.  /  Ley vigente: LCE / Tipo de contrato: obras.  / Id. Cendoj: 28079130072012100329

• Resumen: LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS, NO HA DE PLANTEARSE POR EL CONTRATISTA, NECESARIAMENTE, CON OCASIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. No podemos dar la razón al Abogado del Estado cuando sostiene que estamos ante un contrato que, al tiempo de formularse la reclamación de daños y perjuicios, se encontraba extinguido al haber cumplido la Administración la totalidad de las obligaciones que le incumbían. Es cierto que el escrito de la entidad contratista solicitando ser indemnizada como consecuencia de los daños generados por la decisión de suspender temporal y parcialmente las obras fue formulado con posterioridad a que la Administración aprobara técnicamente la liquidación final de las obras pero ni se había procedido a su aprobación económica ni a la devolución de la fianza constituida. (…) Pero es que, aun cuando aceptáramos que el acuerdo de la Administración aprobando técnicamente la liquidación final fuera el definitivo para entender extinguida la responsabilidad contractual de la Administración, tal resolución, como bien indica el Abogado del Estado, era susceptible de ser recurrida administrativa o jurisdiccionalmente por la entidad contratista, no pudiendo sostenerse que tal facultad impugnatoria quedara restringida y mucho menos anulada por el hecho de que la adjudicataria del contrato no hubiera formulado objeciones o reparos en las comparecencias efectuadas en los actos de recepción, provisional o definitiva, de las obras por la Administración ya que, (…) la consecuencia que a esa hipotética ausencia de reparos anuda la parte recurrente -negando la posibilidad misma de una posterior impugnación- no tiene cabida en la normativa aplicable, resultando así que la entidad contratista sí podía hacer valer en vía administrativa o jurisdiccional su disconformidad frente al acuerdo de liquidación final, siempre, claro está, que la misma se formulara en el plazo legalmente previsto para ello a contar desde que le fuera notificado.”

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STS 3624/2012.  17/05/2012.  Contrato de concesión de obra pública. No se produce ruptura del equilibrio económico de la concesión ni concurren los presupuestos habilitantes del enriquecimiento injusto, al no darse los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ello.

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SAN 2289/2012 (Ref.- S0099)

Datos: Fecha: 17-05-2012.  /  Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 28079230052012100367

Resumen: LA NO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO NO PUEDE CONSIDERARSE PER SE UNA RETIRADA DE LA PROPOSICIÓN, Y EN CONSECUENCIA NO CABE INCAUTAR LA GARANTÍA PROVISIONAL. Se reconoce en esta sentencia el derecho del licitador a que le sea devuelta la garantía provisional depositada a pesar de que habiendo resultado adjudicatario, no presento dentro del plazo establecido para ello, el certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social –si lo hizo posteriormente-. Entiende el Tribunal que… ha quedado constatado que por la actora se ha presentando la documentación necesaria para la adjudicación definitiva fuera de plazo, como por cierto mantiene la Administración. Ahora bien, la incautación de la garantía provisional se basa en el punto 4 del apartado b del art 91 del mismo texto legal, a cuyo tenor: “4. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. De la propia dicción literal de este precepto, entendemos que el título jurídico en que se basa la Administración para la pérdida de la garantía constituida no es de aplicación al caso, toda vez que no puede deducirse que la actora hubiese per se retirado su proposición. (…)”

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STS 3523/2012. 17/05/2012. Devengo interés de demora y de intereses legales. Su devengo se produce por ministerio de la ley. Previa sentencia del Tribunal Supremo reconociendo derecho al pago de liquidaciones provisionales. Inexistencia de error en valoración prueba ni cosa juzgada.

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STS 3595/2012. 14/05/2012.  Extinción anticipada de concesión para construcción puerto deportivo. Incumplimiento concesionaria. Indemnización por obra ejecutada y no amortizada. Motivación de las sentencias. Equidad. Fijación fecha para inicio amortización. Incongruencia. Caducidad.

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STS 4051/2012. 11/05/2012.  Contratación administrativa: la suspensión temporal de las obras por espacio superior a una quinta parte del plazo total del contrato, o en todo caso, si aquélla excediera de seis meses genera el derecho a la indemnización para el contratista. (Ley aplicable: L.C.E. y su reglamento).

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SAN 2101/2012 (Ref.- S0098)

Datos: Fecha: 11-05-2012.  /  Ley vigente: LCAP / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230082012100238

Resumen: LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS ACORDADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, NO CONCURRIENDO CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, AUNQUE TAMPOCO LO SEA DE LA ADMINISTRACIÓN, OTORGA A AQUÉL EL DERECHO DE SER INDEMNIZADO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN. Precedentes: Firmada el Acta de comprobación de replanteo, en la que consta la disponibilidad de los terrenos, e iniciada las obras, en un momento determinado la actuación de protesta de los vecinos impidió el normal desarrollo del contrato con peligro para la integridad física del personal y medios materiales de la contrata, decidiendo por ello la Administración suspender las obras, levantándose la oportuna Acta de suspensión temporal de las obras.  Finalizada la suspensión el contratista solicita indemnización de daños y perjuicios que con ciertos ajustes en la cuantía es aprobada por los órganos administrativos correspondientes y aceptada por aquél. Sin embargo, la Abogacía del Estado emite informe contrario en el sentido  de que no procede abonar la indemnización solicitada, razonando que cuando no concurre culpabilidad de la Administración, salvo los casos de fuerza mayor, cualquier actuación ajena a las partes cae dentro de los riesgos imprevisibles que debe asumir el contratista en virtud del principio de riesgo y ventura.

El Tribunal considera Pues bien, nos encontramos de manera clara ante el supuesto previsto en el precitado articulo 103 de la Ley 13/1995 [Art.220 TRLCSP], concretamente en el primero de los supuestos contemplados en su apartado 1, pues se trata de una suspensión acordada por la Administración, cuya consecuencia es el deber de abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos.

Dado que se trata de un supuesto específicamente previsto en la norma legal, desarrollado reglamentariamente, no cabe acudir a la doctrina del riesgo y ventura ni al supuesto previsto en el artículo 144 [Art.231 TRLCSP] para los casos de fuerza mayor (…) En consecuencia con lo expuesto, no existiendo indicio alguno de que la suspensión de la obra fuese imputable a la entidad contratista, cuestión ésta que ni siquiera se ha planteado, la suspensión de las obras acordada por la Administración contratante, hasta tanto se solucionasen los problemas (…), da lugar al derecho de la contratista a ser indemnizada por los perjuicios sufridos como consecuencia de dicha suspensión. Perjuicios cuya realidad ha sido reconocida por diversos informes elaborados por órganos administrativos y cuyo importe, determinado por la Administración, ha sido aceptado por la entidad reclamante.

Cuando el artículo 103 de la ley (102 del TRLCAP) [Art.220 TRLCSP] establece las consecuencias de la suspensión de las obras por parte de la Administración no hace referencia a la concurrencia de culpa o negligencia imputable a la Administración contratante, y, por otra parte, tampoco puede considerarse que la actuación violenta de terceros, que trataron de impedir la ejecución de las obras en un determinado tramo, pueda considerarse un riesgo imprevisible que debe asumir el contratista en virtud del principio de riesgo y ventura, en el sentido mantenido por la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento.

Por todo ello, entiende la Sala debidamente fundada la pretensión deducida por la recurrente, procediendo la estimación del presente recurso.”

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STS 3273/2012. 10/05/2012.  Suspensión temporal de un contrato. Retraso en el plazo de ejecución de unas obras.

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STS 3274/2012. 10/05/2012.   Lesión del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa.

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STSJ CAT 7392/2012 (Ref.- S0097)

Datos: Fecha: 09-05-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 28079230052012100367

Resumen: LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE NULIDAD DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO COMPORTA LA INVALIDEZ DEL PLIEGO EN SU CONJUNTO, y ello aun cuando la nulidad se contraiga a determinados criterios de valoración contemplados en los anexos del PCAP. No puede por ello el órgano de contratación continuar el procedimiento adaptando simplemente la valoración de las ofertas a los nuevos criterios  “…lo que resulta más relevante a los efectos de la presente litis es que los participantes en el concurso, ante la alteración de los criterios de valoración previstos y determinados en su momento, no tuvieron la oportunidad de adaptar sus ofertas a las nuevas prescripciones. (…) Del mismo modo, el hecho de que se continuase el procedimiento de adjudicación, sin aprobar un nuevo pliego de cláusulas y abrir el correlativo plazo de presentación de ofertas, impidió a terceros la participación en el proceso selectivo, cuando hubieran podido tener interés en ello, a la vista de los nuevos criterios de valoración.

Es bien sabido que los pliegos de cláusulas constituyen la lex contractus, y que vinculan tanto a la Administración como a los participantes en el procedimiento de contratación. De ello deriva necesariamente que cualquier modificación del pliego, y en especial de los criterios de valoración, deba ir seguida de una nueva convocatoria que permita a los iniciales participantes adaptar su oferta a las condiciones sobrevenidas, así como que haga posible la participación de los terceros que así lo decidan en vista de los nuevos criterios. De otro modo, la alteración sustancial de las reglas que rigen la adjudicación produciría una absoluta indefensión de los participantes.”

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SAN 2125/2012. 09/05/2012. Fijación de los daños y perjuicios causados por el retraso del contratista en la finalización de los trabajos en un edificio habitado, propiedad de la Administración. El daño no se causó directamente a la Administración sino a los usuarios de las viviendas, luego los legitimados para dicha acción de resarcimiento serían tales usuarios, a menos que la propia Administración los hubiera indemnizado y ejerciera contra el contratista una acción de repetición, que no es el caso.

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SAN 2430/2012 (Ref.- S0096)

Datos: Fecha: 04-05-2012.  /  Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Servicios SARA. / Id. Cendoj: 28079230052012100386

Resumen: EL ANUNCIO DE LICITACIÓN HA DE CONTENER CIERTOS DATOS QUE PERMITAN EN SU CASO RECURRIR EL ACTO EN TIEMPO Y FORMA. En el caso analizado la Administración pública anuncio de licitación sobre un contrato de servicios sometido a regulación armonizada, sin que este dato conste en el anuncio. Uno de los licitadores impugna los pliegos, pero dicho recurso en vía administrativa es inadmitido por presentarse fuera del plazo de diez días señalado por la ley para la interposición de REMC. El licitador interpone recurso en vía contenciosa, por considerar que la resolución administrativa que anuncia la licitación no indica en lugar alguno los recursos frente a la misma ni a los pliegos que han de regir la licitación. El Tribunal, con apoyo en los artículos 58.2 y 60 de la LRJPAC concluye respecto a esta cuestión que Pues bien, en el caso de autos el acto impugnado no formula indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Vicio con unas consecuencias fatales para el interesado, al que no se ha dado la oportunidad por parte de la Administración de examinar el fondo de su pretensión, máxime tratándose de un plazo perentorio (diez días) y que constituye una excepción en el régimen general de los recursos.

La consecuencia de todo ello, es que no procede la Inadmisión declarada por la Administración, por ser una irregularidad contraria lo dispuesto en el precitado art. 60.2 de la Ley 30/1992 , lo que implica una nulidad, cuando menos del art. 63.1 de dicha Ley.”.

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STSJ MAD 4807/2012 (Ref.- S0095)

• Datos: Fecha: 30-04-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079330032012100185

• Resumen: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRAS. LOS COSTES INDIRECTOS QUE EL CONTRATISTA PRETENDE LE SEAN INDEMNIZADOS, HAN DE ACREDITARSE DE FORMA OBJETIVA Y FEHACIENTE, no siendo de aplicación lo previsto en el artículo 130.3 RGLCAP que establece como regla general que tales costes “….se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra,…”, y ello debido a que  “… los costes indirectos a los que alude el precepto que acabamos de transcribir son los que se producen cuando las obras de que se trate se están ejecutando normalmente, siendo obviamente distintos los costes indirectos que se producen cuando las obras se hallan en un período de suspensión, sea ésta total o parcial, porque en tales casos es indiscutible que el personal afecto a la obra se reduce, si la suspensión es total, a los empleados encargados de la vigilancia y guardería de las instalaciones y en su caso al personal necesario para llevar a cabo las labores de mantenimiento, reparaciones y conservación que sean imprescindibles, y si es parcial al personal necesario para ejecutar la parte de la obra no suspendida pero que evidentemente no será todo el destinado en una obra que se ejecuta normalmente y en su totalidad. En cualquier caso, la posibilidad de indemnizar por los costes indirectos pasa porque la empresa acredite cuál ha sido el concreto personal y medios materiales que ha tenido que mantener en la obra en los periodos de suspensión y lo que efectivamente le ha costado, y en el caso de que hubiera personal adscrito exclusivamente a las obras que por causa de la suspensión no sea necesario en las obras de que se trate, pero al tiempo que sigan devengando sus retribuciones y demás cargas, será necesario que la empresa acredite que a ese personal no se le empleó en otras obras que llevase a cabo la empresa o en otras actividades propias de ésta. Pues bien, en el caso de los presentes autos la recurrente no acredita objetiva y fehacientemente lo anterior, pues no basta con aportar las nóminas de trabajadores sin justificar que estuvieran asignados a tareas concretas de la obra suspendida, y sin que quepa otorgar completa virtualidad probatoria a las manifestaciones testificales de tales trabajadores dada su dependencia laboral de la empresa, correspondiendo a ésta, sobre la que recae la carga probatoria, haber propuesto declaración o informe del director de la obra para acreditar los alegados costes indirectos. No procede así la indemnización solicitada con relación a los mismos.”

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Reseña: STSJ MAD 6012/2012.- 27-04-12. En las sociedades con administrador único, la adopción de acuerdos por dicho órgano societario no requiere de especiales formalidades, bastando la voluntad del administrador único de recurrir, manifestada a través del otorgamiento de un poder general para pleitos. Caducidad del procedimiento de resolución del contrato a los tres meses de su inicio.

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Reseña: STS 2961/2012.- 27-04-12. Autopista de peaje. Reclamación de cantidad por la concesionaria. Improcedencia. La implantación del sistema de precobro constituía una obligación de ésta. El incremento del tráfico no puede reputarse como un hecho imprevisible sino altamente probable.

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Reseña:SAN 1985/2012.- 26-04-12 Intereses de demora en el pago de revisión de precios.

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Reseña: STSJ MAD 4900/2012.- 23-04-12. Si bien los defectos en las obras que dieron lugar a la decisión tomada por la Administración de resolver el contrato, tuvieron lugar con posterioridad a su recepción y son de escasa cuantía, la Administración tiene la facultad de ejecutar las reparaciones por sus propios medios a cargo del contratista o resolver el contrato tal y como hizo, siendo por tanto su actuación adecuada a derecho.

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Reseña: STS 3656/2012.-23-04-12. Contrato de obra de una autopista. Incremento extraordinario del precio de litigantes asfálticos y energía. Derecho a la percepción de una indemnización. No contrario al principio de riesgo y ventura.

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Reseña: STSJ EXT 661/2012.- 24-04-12.  Supuestos en los que el orden contencioso-administrativo es competente para conocer las cuestiones relativas a contratos licitados por una sociedad pública. Artículo 21 TRLCSP.

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Reseña: STSJ AND 5068/2012.-20-04-2012. Legitimación de un Colegio Oficial de Arquitectos para recurrir los pliegos de un  concurso para la adjudicación de los trabajos de redacción de proyecto de una obra.

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Reseña: STS 2379/2012.- 18-04-12. Adjudicación de concesión. Televisión local. Impugnación por entidad mercantil que fue excluida del procedimiento de contratación y consintió dicha exclusión. Estimación de la casación. Falta de legitimación de la demandante.

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Reseña: STS 2984/2012.- 16-04-12. Reclamación resarcitoria por retraso en ejecución de obra. La contratista aceptó sin reservas modificados y obras complementarias. Improcedencia de la reclamación. Pacta sunt servanda. No vulneración principio riesgo y ventura. No enriquecimiento injusto.

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Reseña: STSJ CL 1917/2012.- 13-04-12. La presente sentencia del Tribunal Superior, confirma la de instancia que en su día si bien convalido la decisión de resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, anulaba los actos en los que se acordaba  la incautación de fianza y la indemnización de daños y perjuicios, lo que se hizo por apreciar la juzgadora de instancia concurrencia de culpa de la Administración contratante al existir errores de cálculo en el Proyecto y considerar, con base en ello, procedente aplicar un mecanismo de compensación con apoyo en varias sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de 14 de junio de 2002 y de 22 de febrero de 2006).

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Reseña: STS 2341/2012.- 12-04-12. Exclusión de concurso para otorgar gestión indirecta del servicio público de televisión digital. No incorporación de oferta técnica en el sobre correspondiente. Conformidad de la exclusión de la licitación. Requisito formal no subsanable.

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Reseña: STSJ MAD 5611/2012.- 04-04-12. Baja anormal o desproporcionada. Incautación de la garantía provisional. El licitador admitió expresa e inequívocamente que en su oferta económica no había incluido por error determinados costes laborales, lo que legalmente se considera como retirada injustificada de la proposición y conlleva la incautación de la garantía provisional prestada, sin necesidad de mayores argumentaciones a este respecto.

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Reseña: STS 3256/2012.- 04-04-12. Urbanismo. Selección del Agente Urbanizador: Exigencia de publicidad y concurrencia en la adjudicación al agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada.

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Reseña: STS 3258/2012.- 04-04-12. Aprobación del Programa de Actuación Integrada, Plan Parcial y selección del agente urbanizador. Congruencia de sentencia. Precedentes jurisprudenciales.

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Reseña: STS 2414/2012.- 04-04-12. Adjudicación de concurso para transporte de personal de centro penitenciario. Estimación de la casación por incongruencia. Suficiente motivación de la resolución por la que se adjudicó el concurso. No aplicabilidad de derecho de preferencia.

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Reseña: CAT 7458/2012,  y STSJ CAT 7333/2012,  STSJ CV 2787/2012 SAN 1999/2012 STSJ CV 3448/2012 SAN 1564/2012 SAN 1705/2012 SAN 1434/2012, STSJ MAD 7082/2012, STSJ MAD 6005/2012. (Varias fechas abril 2012). Derecho del contratista al cobro de intereses por demora en el pago de certificaciones y certificación final.

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Reseña: SAN 1411/2012. (26/03/12). Derecho del contratista a percibir los intereses de demora generados por retraso en la revisión –se llevo a cabo finalizada la obra- de precios de varias certificaciones, así como los intereses legales sobre los intereses de demora vencidos y líquidos –anatócismo-.

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Reseña: STS 2658/2012. (26/03/12). Resolución de contrato por paralización superior a ocho meses. No se precisaba el dictamen del Consejo de Estado al no ir referida la oposición del contratista a la resolución sino a las consecuencias económicas de ésta derivadas. Estimación. Ver sobre el tema  Ref.- S0076.

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Reseña: STSJ MU 690/2012. (23/03/12). Los arquitectos técnicos –aparejadores-, se encuentran facultados para la elaboración del proyecto base del contrato “Remodelación de la placeta Ortega”, puesto que del análisis del proyecto resulta que “…no existe obra de urbanización, (…) las obras carecen de entidad, no hay estructuras que puedan servir de base a construcción de elementos que puedan suponer riego para las personas en caso de inestabilidad y se trata más bien de una remodelación de tipo ornamental. A lo sumo lo que existe es una pequeña infraestructura de conducción de instalaciones eléctricas y de desagüe de pluviales, pero en ningún caso la proyección de obras de urbanización que exijan un proyecto arquitectónico.” (Nota: Esta sentencia efectúa un completo repaso de la jurisprudencia del T.S. sobre la materia).

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ROJ: STS 1980/2012 (Ref.- S0094)

• Datos: Fecha: 22-03-2012  /  Ley vigente: LCSP / Tipo de contrato: Obras  / Id. Cendoj: 28079130072012100210

• Resumen: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO POR LA LEY -3 MESES-, PARA ACORDAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, SOLO CABE DECLARAR LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO. En los procedimientos iniciados por la Administración para la resolución del contrato, esta deberá dictar y notificar resolución expresa en el plazo de tres meses, transcurridos los cuales y por aplicación del artículo 44.2 LRJPAC, solo cabe declarar la caducidad del procedimiento. En el supuesto analizado, excediendo dicho plazo, la Administración acuerda la resolución del contrato y fija la indemnización de daños y perjuicios. La resolución no es recurrida por el contratista. Posteriormente en ejecución de aquella resolución dicta la Administración una nueva resolución proponiendo la liquidación y fijando el saldo resultante. Esta segunda resolución es recurrida por el contratista. En instancia se desestima el recurso contencioso-administrativo, por considerar que la primera resolución de la Administración había devenido firme al no ser recurrida por el contratista, y que sólo cabía discutir el extremo relativo a la obra ejecutada por el contratista…. Pues bien, el T.S. considera que tanto la Administración en su momento, como el Tribunal de instancia planteado el recurso c-a, debieron haber declarado la caducidad del procedimiento por el motivo expuesto al inicio.

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Reseña: STS 1980/2012. (23/03/12). Reiteración de los argumentos sostenidos en el proceso de instancia. No concurre causa de nulidad en relación con el procedimiento de liquidación del contrato de obras.

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Reseña: SAN 1261/2012 (21/03/12). Estimación de recurso por la realización de obras complementarias al un proyecto modificado de ejecución de obras.

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STS 2316/2012 (Ref.- S0093)

• Datos: Fecha: 20-03-2012  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Suministro / Id. Cendoj: 28079130072012100241

• Resumen: BAJA TEMERARIA, NO BASTA LA EXISTENCIA ARITMÉTICA DE LA BAJA. SE PRECISA JUICIO DE VIABILIDAD. El licitador no resulto adjudicatario del contrato relativo al “Concurso para el suministro de diverso material de oficina….” en el que en principio obtuvo la mejor puntuación, por considerar el órgano de contratación que su proposición económica se encontraba incursa en baja temeraria. Después de un primer informe técnico en el que se apuntaba la posibilidad de tal circunstancia (para esta y otros licitadores), la mesa de contratación pide muestras de los productos y solicita un nuevo informe de valoración, el cual considera que tal empresa tiene 25 de sus productos que podrían incurrir en baja temeraria, y a la vista del examen y en aplicación de lo previsto en el PCAP, esta empresa no cumpliría satisfactoriamente las necesidades a cubrir por el contrato proponiéndose al órgano de contratación como adjudicatario a otra empresa, respecto a la cual ninguno de sus productos incurre en baja temeraria. El licitador recurre,… dándole la razón el tribunal de instancia, recurriendo ahora la Administración ante el T.S., el cual considera que “…La sentencia recurrida, llevando a cabo una completa y exhaustiva valoración del material aportado al proceso de instancia, entendió de manera plenamente ajustada a Derecho, con aplicación de la normativa ya citada, que la determinación de la temeridad de la baja no podía hacerse de forma exclusivamente aritmética, trayendo a colación la doctrina recogida en la S.T.S. de 28 de enero de 2002 (R. O. 179/1998 ), coincidente a los efectos del presente recurso con la expresada en la S.T.S. de 13 de febrero de 2001 (RC 2612/1995 ) En este contexto, el Tribunal de instancia entró a valorar de forma consecuente los datos recogidos en las alegaciones que la empresa formuló en trance de acreditar la viabilidad y el cumplimiento a satisfacción de la oferta presentada, llegando a la conclusión que estas alegaciones, dada su corrección y la diferencia mínima e insignificancia en relación al presupuesto total de la baja no habían obtenido la necesaria reflexión o consideración por parte de la Administración actuante, de manera que no podía entenderse que una diferencia de escasos céntimos en 11 artículos que superaban el 50 % de bajada sobre la media de las ofertas, en el cómputo de los 109 artículos supusiera un riesgo para el debido cumplimiento de un contrato de suministro provisto de un presupuesto total de 470.000 euros.”

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Reseña: STS 1916/2012. (20/03/2012). Convenio de colaboración entre Ministerio de Interior y Correos. Nulidad por cuanto su objeto no se limita a la prestación de servicios reservados en exclusiva a dicha Sociedad.

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STS 1808/2012 (Ref.- S0092)

• Datos: Fecha: 15-03-2012  /  Ley vigente: Otras / Tipo de contrato: Obras  / Id. Cendoj: 28079130072012100190

• Resumen: LA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, NO ES ÓBICE PARA QUE INTERPUESTO YA EL RECURSO C.-A. EL MISMO DEBA SER AMPLIADO CUANDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA TARDÍA MODIFICA AQUÉLLA. En el supuesto analizado el contratista formula  en marzo de 2004 escrito ante la Administración en el que interesa la resolución de  un contrato de obras por causa imputable a la Administración. Ante la desestimación presunta, interpone recurso contencioso-administrativo en noviembre de 2004. En diciembre de 2004 y enero de 2005 la Administración dicta resoluciones expresas por las que desestima las causas aducidas por el contratista y acuerda la resolución y liquidación del contrato. El Tribunal de instancia estima el recurso interpuesto por el contratista, entendiendo que las resoluciones dictadas por la Administración no aportan nada nuevo a la desestimación presunta, no siendo de recibo “…que quien genera mediante una conducta claramente ilegal y contraria al Ordenamiento una situación de inseguridad jurídica pueda esgrimir esa inseguridad a su favor, pretendiendo obtener de ella ventajas frente a quienes sufren los efectos de la inseguridad creada.”.

El T.S. considera que la sentencia de instancia no se encuentra suficientemente motivada (…), considerando así mismo que  “No existe identidad entre la resolución presunta por silencio administrativo a la que se concreta el escrito de interposición y las Resoluciones expresas cuya notificación resultó infructuosa: Resolución de contrato por causa imputable al contratista de 16 de diciembre de 2004 y Resolución de 3 de enero de 2005, por la que se acuerda la liquidación del contrato.” (Comentario: Si bien la sentencia lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la falta de congruencia de la sentencia de instancia, e incluso también sobre el asunto de fondo que le hará concluir que la resolución es imputable al contratista, entiendo adolece del mismo error que el que imputa a aquélla, al no justificar el porque de la no existencia de identidad entre la resolución presunta por silencio administrativo y las resoluciones expresas de la Administración).

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Reseña: STS 1672/2012. (15/03/12). Traspaso de funciones del INSALUD a la Comunidad Autónoma. Al subrogarse la C.A. en las obligaciones pendientes derivadas de un contrato de obras, resulta responsable de su abono.

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STSJ AS 1127/2012(Ref.- S0091)

• Datos: Fecha: 14-03-2012  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato:Obras.  / Id. Cendoj: 33044330012012100251

• Resumen: PRECIOS QUE HAN DE REGIR PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CUANDO LOS DEL CONTRATO PRINCIPAL HA SIDO OBJETO DE REVISIÓN. En el presente asunto, más que la resolución singular del mismo –para lo que “hay que tener en cuenta una serie de circunstancias que nos lleva a estimar dicha pretensión” (El contratista no mostró su conformidad a la no actualización de precios y, ciertos servicios de la Administración se mostraron favorables a la actualización)- interesa el modo en que el Tribunal expone la cuestión y las posturas  -relativamente- enfrentadas sobre el mismo entre JCCA del Estado y Tribunal Supremo.

“La cuestión planteada en el presente recurso contencioso-administrativo estriba en determinar si la expresión “los precios que rigen para el contrato primitivo” [Art. 141.d TRLCAP; y similar Art.171.b. TRLCSP] que utiliza el mencionado artículo, para la realización de obras complementarias que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, pero que resultare necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas, se refiere a los precios de adjudicación del contrato principal, o por el contrario, a dichos precios revisados, cuando haya sido procedente la revisión de precios del contrato primitivo y estos hayan sido efectivamente revisados.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 11/01 de 3 de julio, al tratar dicha cuestión llega a la conclusión de que dicha expresión comprende no solo los precios de adjudicación, sino éstos incrementados con la revisión de precios, cuando dicho contrato tenga derecho a revisión y por cumplirse los requisitos de la Ley se haya efectivamente practicado, y ello no solo en base a una interpretación literal de la palabra “rigen” (…) que alude a una situación de presente, es decir, al momento de adjudicación de las obras complementarias, sino también por la interpretación sistemática y teleológica, dado que si, como afirman los artículos 14.1 [Art. 87.1 TRLCSP] y 104.4, párrafo segundo, [Art. 90 y 91 TRLCSP, si bien no emplean expresión similar] de la referida Ley ” los órganos de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea adecuado al mercado ” y ” que los índices de revisión de precios reflejaran las oscilaciones reales del mercado “, mal se compaginan tales declaraciones con la adjudicación de unas obras complementarias por precio vigente en la fecha de adjudicación del contrato principal, si este último por haber transcurrido más de 1 año(…) desde la fecha de adjudicación ha sido debidamente revisado,(…)

No obstante lo expuesto, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias de 16 y 29 de abril del 2008 , en supuestos similares al planteado, desestiman el recurso con base a la expresa conformidad prestada por la adjudicataria sobre el precio determinado a que quedaba sujeta la ejecución de las obras complementarias; precio convenido a cuyo abono, y no a otro, es al que tiene derecho el contratista, tal y como dispone el artículo 99.1 del Texto Refundido,[Art.216.a TRLCSP] añadiendo que el artículo 141.d) [Art.171.b. TRLCSP]  no impone que el precio del contrato de ejecución de unas obras complementarias adjudicado al contratista de la obra principal por vía o a través del procedimiento negociado sin publicidad sea, necesaria e imperativamente, el que resulte de los ” precios que rigen para el contrato primitivo “, pues el inciso final del párrafo primero de esa misma letra d) habilita también para su fijación contradictoria. A partir de ahí, si no resulta acreditado que la intención de los contratantes fue otra y si los términos del contrato son claros, habrá que estar al sentido literal de sus cláusulas, deviniendo ilícita la extemporánea discrepancia que sobre el precio convenido exteriorice la adjudicataria en el momento posterior en que se procede a la liquidación de aquél, concluyendo el Alto Tribunal que la controversia que ahora se suscita debería haberla planteado la recurrente en el momento de la aprobación de la adjudicación o de la celebración del correspondiente contrato, si no estaba conforme con el precio establecido o con la forma de fijación del mismo.”

(Nota: El artículo 171.b TRLCSP sustituye el término “rigen” del artículo 141.d TRLCAP por el término “rijan”, sin que de la impresión que ello varíe en lo mas mínimo el significado de la expresión).

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Reseña: SAN 1163/2012. (14/03/12). Intereses por demora en el abono de dos certificaciones de un contrato de obra.

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SAN 1110/2012 (Ref.- S0090)

• Datos: Fecha: 14-03-2012  /  Ley vigente: TRLCAP y otrsas / Tipo de contrato: Administrativo especial.  / Id. Cendoj: 28079230062012100144

• Resumen: SUPRESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA,. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. En el supuesto analizado la concesionaria de un contrato (especial administrativo) de servicio de cafetería reclama a la Administración los costes que tuvo que satisfacer a los trabajadores encargados de la prestación del servicio de cafetería, como consecuencia de la extinción de la concesión en el plazo establecido en el contrato. El servicio fue suprimido, no siendo objeto de una nueva convocatoria. El Tribunal, después de analizar los elementos que deben concurrir para que se dé responsabilidad patrimonial por parte de la Administración concluye: “La aplicación de la anterior doctrina al caso actualmente controvertido conlleva la desestimación de la pretensión actora al no poder, en definitiva, apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración sobre la base de las propias cláusulas del contrato voluntariamente suscrito por la propia recurrente, y en ningún momento siquiera contra dichas por la parte. Así resulta indudable que la resolución del contrato se debió a la expiración del plazo del mismo, y una vez culminada y agotada la prórroga contractualmente pactada. Por lo tanto, la resolución del contrato era obligada con arreglo a los propios términos y pactos de la contratación, conocidos cuando licitó en el referido contrato perfectamente por la hoy actora. El hecho de que tuviese o no otros centros de negocios distintos de que constituyan el objeto del contrato en cuestión es algo totalmente ajeno a la decisión administrativa que considera lesiva la parte actora, y sí únicamente a ella imputable como responsable de su estrategia empresarial. Por lo demás, la expectativa de que la Administración convocara una nueva licitación y, aun más, que en ella resultara adjudicataria la actora, no pasa de ser una simple expectativa y, por ello mismo, también ajena a la pretensión indemnizatoria ejercitada, ya que, como tantas veces hemos dicho no podemos admitir como indemnizables aquellas expectativas que sean dudosas y contingentes (“meras expectativas”) , sin estar asegurado en absoluto el que las resultas del concurso fueran favorables a la hoy actora.”

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STS 1515/2012 (Ref.- S0089)

• Datos: Fecha: 07-03-012  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Servicios  / Id. Cendoj: 28079130072012100166

• Resumen: EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LOS PARLAMENTOS DEBEN SOMETER SU ACTUACIÓN A LA LEY DE CONTRATACIÓN. Aprobado acuerdo de resolución de un contrato de servicios por incumplimientos imputables al contratista y, ante la oposición de éste, la Administración Parlamentaria Cortes de Aragón, acuerda la resolución del contrato sin haber solicitado previamente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón (CJAGA), considerando que dicho trámite no resulta exigible para una Administración parlamentaria, lo que apoya en el principio de autonomía administrativa de las Cámaras como manifestación del principio de autonomía parlamentaria. El TSJ de Aragón anula el acuerdo de resolución y ordena retrotraer las actuaciones al momento posterior a la presentación por el contratista del escrito de alegaciones, para que sea solicitado a la CJAGA la emisión de dictamen. Se recurre por las Cortes de Aragón ante el T.S., quien confirma la sentencia, argumentando dos tipos de motivos:

Por una parte el T.S. en lo que se refiere a la autonomía parlamentaria considera que  “La potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno, que es el contenido esencial de la institución parlamentaria, es muy diferente a las actuaciones de gestión de personal, administración y gestión patrimonial dirigidas a ofrecer a esa institución el soporte organizativo de medios personales y materiales para el desempeño de su principal función. Como también debe decirse que no hay razones para que esa actividad materialmente administrativa tenga unos mecanismos de control de legalidad diferentes a los establecidos para los entes que formalmente constituyen las Administraciones públicas, y en esta línea parece orientarse el legislador estatal en esas normas que antes se han transcrito de la LCSP [D.A. 3ª], y del muy reciente TRLCSP [Art.3.2.f.].

Por otra parte, cita la sentencia diversas cláusulas del PCAP, donde se observa el total sometimiento del contrato a la normativa de contratación pública.

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STSJ CL 1282/2012 (Ref.- S0088)

• Datos: Fecha: 06-03-012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato:  Obras  / Id. Cendoj: 47186330012012100146

• Resumen: ES POSIBLE LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS. ” Es muy dudoso que la potestad de la Administración contratante para penalizar una demora en el plazo de ejecución deba ser ejercitada dentro del marco temporal de realización de la obra, pues aquella no deja de ser una alternativa a la resolución del contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 95.3 a 6 del RDL 2/2000, de 16 de junio , y aunque persigue el objetivo de compeler a la contratista al cumplimiento de su obligación principal, no es menos cierto que es un derecho de la Administración que puede ejercitar al momento de conceder la prórroga o antes de la terminación del contrato, concepto este último distinto al de conclusión de la obra y que va más allá de la fechS de esta. Por lo demás, ni aquel artículo ni los artículos 98 a 100 del RD 1098/2001, de 12 de octubre , imponen necesariamente una solución de la índole que propone la parte demandante y cuando el artículo 99 de ese reglamento trata de la efectividad de las penalidades establece dos posibilidades: sobre las certificaciones de obra (pagos parciales) o sobre la garantía de conformidad con el artículo 43.2 del RDL 2/2000 , es decir, cuando no se dedujeron de las certificaciones. En cualquier caso, no existe apoyo legal o reglamentario para establecer un plazo de caducidad del derecho a penalizar por razón de la demora, lo que impide hablar de preclusión. “

(Nota: En sentido contrario las sentencias SAN 1051/2012. STSJ CAT 2036/2006, y el informe  VAL_08/11 ).

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SAN 1074/2012 (Ref.-S0087)

• Datos: Fecha: 06-03-012.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato:  Obras  / Id. Cendoj: 28079230082012100127

• Resumen: EN LOS CONTRATOS MIXTOS Y A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS, SE TENDRÁ EN CUENTA LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, NO LA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DE ACTUALIZACIÓN. Nota previa: Téngase en cuenta que el artículo 89 TRLCSP requiere ahora que hubiese transcurrido un año desde la formalización del contrato, en tanto en el artículo 103.1 TRLCAP (y también la LCSP) aplicable a este supuesto, el requisito se establece desde la adjudicación. De igual modo, téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 2 del RD 1359/2011, el índice subcero se computa a partir de la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. Por lo demás, lo que aquí interesa destacar es que para la actualización el cómputo del plazo NO tendrá lugar desde el inicio de la prestación objeto de actualización.

“(FJ) SEGUNDO.- “ El “petitum” de la demanda presentada en la primera instancia y del presente recurso de apelación se ciñe a que se reconozca y declare el derecho de la interesada a que el cálculo de la revisión de precios del contrato se lleve a cabo computando el umbral del año exento de revisión al que se alude en el artículo 103.1 del TRLCAP a partir del 13 de febrero de 2004 (“un año desde la adjudicación”) y tomando como fecha origen para la determinación de los índices subcero de la fórmula de revisión de precios el 28 de enero de 2004 (“la fecha final de plazo de presentación de ofertas”), como expresa el tenor literal del artículo 104.3 del TRLCAP, condenando a ADIF a que efectúe el cómputo de la revisión de precios en esos términos.

TERCERO.- La cuestión nuclear a dilucidar, por tanto, es si existe impedimento u óbice para la aplicabilidad de los citados artículos 103 a 108, [TRLCAP.  con las consecuencias que de ello derivan. Al respecto, la Sentencia apelada, acogiendo la tesis de la demandada, sostiene que el contrato en cuestión tiene naturaleza mixta, suma de dos contratos, uno en que se acuerda el proyecto de la obra y otro en el que se acuerda la ejecución de la obra, que no empieza hasta que no tiene lugar la aprobación del proyecto, esto es, que para el perfeccionamiento de cada contrato es necesaria la prestación del consentimiento por cada una de las partes que lo suscriben y ello porque en este tipo de contratos existen dos acuerdos diferentes con objeto distinto, por lo que el precio presupuestado ha de ser considerado simplemente como "estimativo". Esa tesis no puede compartirse, ya que el contrato, aún reconociéndole una naturaleza mixta, no es una agregación de dos acuerdos contractuales que tuvieran sustantividad propia, sino de dos prestaciones sucesivas (proyecto y ejecución de la obra), tanto es así que no existe un "precio estimativo", sino concretado en X euros (xx para elaboración del proyecto y xxx para la ejecución de las obras).

Esta consideración está avalada, con claridad meridiana, en la Cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ("Revisión de Precios del Contrato") -orillada en sus consideraciones por el "a quo" y por la representación de ADIF (…)”

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Reseña: SAN 958/2012. (01/03/12). Intereses por demora en el abono de dos certificaciones de un contrato de obra.

STS  1745/2012 (Ref.- S0086)

• Datos: Fecha: 29-02-2012.  /  Ley vigente: TRLCSP  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072012100186

• Resumen: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Contratada una obra por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e iniciada la misma se comprueba después de realizar un estudio geológico que el terreno no ofrece la resistencia adecuada para la cimentación prevista en el proyecto, lo que supone la elaboración de un proyecto modificado. La falta de resistencia se debe a las obras de metro ejecutadas en la misma zona por otra Administración (Comunidad de Madrid), a la que la AEAT en un principio pretende reclamar el valor del modificado y la posible reclamación (no interpuesta aun en ese momento) de daños y perjuicios por parte del contratista. Finalmente la AEAT desiste de continuar la reclamación ante la Comunidad de Madrid, ya que un informe jurídico interno considera que la misma no llegará a prosperar, dado que la existencia de tales obras eran anteriores –y conocidas- al proyecto de la obra contratado por la AEAT. Posteriormente, la empresa adjudicataria, reclama el pago de determinada cantidad en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la paralización de las obras. La AEAT –en lo que aquí interesa- desestimo la reclamación argumentando que: "en el espacio resultante entre la falta de imputabilidad de la AEAT y la no culpabilidad de la suspensión del contratista, no rige sino el principio de riesgo y ventura de cualquier negocio jurídica de carácter contractual, lo que sin duda reduce la posibilidad indemnizatoria a favor de cualquiera de las partes".  Recurrida en vía contenciosa, la primera sentencia deniega la indemnización al contratista por considerar que la modificación del contrato consentida por aquél absorbe la reclamación de los daños y perjuicios, si bien también argumenta “…aun si hubiera sido jurídicamente procedente la condena a la Administración al pago de la indemnización…” el no haberse acreditado la realidad de los daños reclamados imposibilita tal indemnización El contratista recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).

El T.S. después de acoger la incongruencia de la sentencia ya que la demanda del contratista invocó las concretas razones por las que la paralización litigiosa debía considerarse imputable sólo a la Administración y, pese a ello, la sentencia recurrida guardo silencio sobre esa cuestión, considera, entrando en el fondo del asunto, lo siguiente: “…que las actuaciones ofrecen datos, algunos procedentes de la propia Administración demandada, que ponen de manifiesto que la paralización litigiosa fue imputable exclusivamente a dicha Administración contratante y totalmente ajena al contratista. La resolución…de la AEAT que denegó la indemnización litigiosa ya reconoce que la paralización fue debida a la alteración de las condiciones del terreno que produjeron las obras (…); que este hecho nuevo motivó un segundo estudio geotécnico; y que el resultado de este fue lo que motivó la redacción del Proyecto Modificado que recogiera el cálculo y la definición de la nueva cimentación de acuerdo con los últimos parámetros del terreno obtenidos. Lo que antecede descarta que al contratista le pueda incumbir cualquier clase de culpa o responsabilidad en esa paralización,….” Todo lo cual conduce a declarar haber lugar al recurso interpuesto por la empresa contratista y condenar a la Administración al pago de la indemnización e intereses correspondientes.

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Reseña: SAN 1051/2012. (29/02/12). El expediente para imposición de penalidades por demora en la ejecución del contrato debe iniciarse vigente el contrato, no cuando la prestación prevista en el mismo ha sido realizada.

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SAN 1087/2012 (Ref.- S0085)

• Datos: Fecha: 29-02-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Servicios  / Id. Cendoj: 28079230042012100111

• Resumen: LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR DESISTIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE QUE ÉSTA JUSTIFIQUE DEBIDAMENTE LA CAUSA ALEGADA. CONSECUENCIAS. En el supuesto analizado el contrato de servicios de dirección de obra es resuelto por la Administración alegando falta de confianza en el director contratado. La sentencia, después de analizar los hechos concurrentes, concluye, “….que no queda objetivamente justificado ni se ha razonado ni motivado, en qué se concreta esa pérdida de confianza en la dirección facultativa por parte del apelante y poder de dirección respecto… [al contratista de las obras…], pérdida de confianza que debe redundar en un perjuicio que se causaría al interés público de seguir el apelante en esa dirección facultativa…” por ello anula la resolución administrativa, y concluye que corresponde indemnizar al director facultativo que debe ser resarcido en la totalidad del beneficio dejado de percibir, y no sólo con el 10%  del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener, que señala el artículo 215.3 TRLCAP (309.3 TRLCSP).

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STSJ BAL 199/2012 (Ref.- S0084)

• Datos: Fecha: 28-02-2012.  /  Ley vigente: LCSP y Otras  / Tipo de contrato: Otros.  / Id. Cendoj: 07040330012012100164

• Resumen: INADMISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSO DE ALZADA FRENTE A UNA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL PARTICIPADA (100%) POR AQUÉLLA. En el supuesto analizado una Sociedad participada al 100% por capital público demanda a través de anuncios en periódicos autonómicos, la necesidad de arrendar un local de determinadas características para que sirva de sede a una Consejería de la Administración Autonómica, contemplándose así mismo la posibilidad de que le sea ofrecido el local en arrendamiento con opción de compra. Finalmente la Sociedad concierta el alquiler (con opción de compra), con una empresa, solicitando otra de las que presento su candidatura mayor información al respecto; una vez respondida la solicitud de información interpone recurso de alzada ante la Consejería de la que depende la Sociedad. Tal recurso es Inadmitido por entender la Consejería que la LCSP (Art. 4-1 p) excluye del ámbito de esa ley los contratos de arrendamiento y demás negocios análogos sobre bienes inmuebles, y que la Sociedad adjudicadora es, dada su naturaleza recogida en Estatutos, un ente de derecho privado, al cual no le es aplicable la legislación en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas.

Interpuesto el recurso contencioso administrativo, y en lo que respecta a la Inadmisión del recurso de alzada, analizados por el Tribunal los Estatutos de la sociedad adjudicadora, considera que si bien la sociedad tiene condición mercantil, y por tanto es un sujeto de derecho privado que no se ve afectado por la normativa estatal o autonómica reguladoras del patrimonio de las Administraciones, el artículo 4.2 LCSP establece un régimen supletorio para aquellos casos que están excluidos de la aplicación de esa ley, consistente en la observación de unos principios contemplados en dicha ley, lo que unido a que tiene la naturaleza de poder adjudicador  supone que los contratos y negocios jurídicos que esta sociedad concierte, aunque sometidos al régimen jurídico del derecho común, civil y mercantil, sin embargo, además, en lo relativo a los actos de preparación y adjudicación del contrato, estarán sujetos a los principios señalados en el artículo 1 LCSP esto es, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, competencia y utilización eficiente de los fondos. Por ello:

“En consecuencia si el objeto de debate directo es el análisis de la Inadmisión del recurso de alzada que denunciaba precisamente el quebrantamiento de determinados principios de la contratación, aun y a pesar de que la comunicación de xx de xxxx de 2.xxx, que recurrió en alzada la parte no era un acto administrativo, sin embargo, la administración no podía escudarse en el carácter de ente privado de aquella sociedad y el régimen jurídico al que se someten los negocios jurídicos por ella concertados, sino que venía obligada a analizar si en lo que afectaba a los actos separados de aquel negocio jurídico se cumplió con la legalidad, y ello a pesar de que el régimen jurídico que regulaba el negocio jurídico de arrendamiento con opción de compra fuera y se rigiera por el derecho común, pues lo que al derecho administrativo interesa y no ha de escapar a su control son únicamente los actos separados realizados por esa sociedad anónima participada íntegramente por capital público que desembocaron en la decisión adoptada y cuyo ámbito de conocimiento no está sometido a nuestra jurisdicción. Y esos actos son la comprobación del cumplimiento de los principios de libre concurrencia, competencia, publicidad, transparencia y eficaz disposición de los fondos. Por lo tanto la Inadmisión acordada es disconforme a derecho y ello obliga a anular el acto administrativo.”

A pesar de lo anterior, el Tribunal entra, en aras al principio de economía procesal, a pronunciarse sobre el fondo del asunto, razonando que si bien por lo apuntado procedería la retroacción de las actuaciones al momento en que la administración resolviera las cuestiones planteadas en el recurso de alzada, previsiblemente la resolución no diferiría de lo alegado en vía judicial por la sociedad. Y precisamente sobre el fondo del asunto el Tribunal considera que la actuación de la sociedad licitadora ha respetado los principios generales de la contratación. 

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Reseña: SAN 830/2012. (27/02/12). SAN 689/2012. (20/02/12). SAN 703/2012. (20/02/12). Liquidación de Tasa 203, de Dirección e Inspección de Obra.

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Reseña: SAN 833/2012. (27/02/12). Recurso contra resolución presunta  desestimatoria de la reclamación de los intereses de demora generados por retraso en el pago de la certificación y de la revisión de precios de determinadas certificaciones.

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STSJ MU 394/2012 (Ref.- S0083)

• Datos: Fecha: 28-02-2012.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: —.  / Id. Cendoj: 30030330022012100160.

• Resumen: NATURALEZA DE LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA BAJO LA VIGENCIA DEL TRLCAP. No parece ofrecer demasiadas dudas que vigente la LCSP, y ahora su texto refundido, la incautación de la fianza tiene como fin resarcir los daños y perjuicios efectivamente causados, por lo que si éstos son menores que el importe de la garantía, corresponderá devolver la diferencia al contratista, y en sentido contrario si son mayores, aparte del importe de la garantía habrá de reclamarse por el importe que exceda de la misma. Sin embargo la redacción del anterior TRLCAP, inclinaba a interpretar el carácter punitivo de la incautación de la garantía definitiva, de modo que acreditado el incumplimiento culpable del contratista se incautaba la totalidad del importe de la fianza independientemente de que los daños y perjuicios fueran inferiores, y en el caso de que fueran mayores, el contratista habría de hacer frente a la diferencia. La novedad que presenta la sentencia aquí analizada, es que sobre un supuesto en que la normativa a aplicar es la contenida precisamente en el TRLCAP, interpreta esta (Art. 113.4 TRLCAP), en el mismo sentido que actualmente se hace del TRLCSP, esto es, reconoce carácter de resarcimiento y no punitivo de la incautación de la fianza.

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Reseña: STSJ CL 879/2012. (24/02/12).Competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  para conocer de los litigios suscitados en relación a los contratos de obras celebrados entre las Juntas de Compensación y un tercero y cuyo objeto sea la realización de las obras de urbanización.

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Reseña: STSJ CL 1174/2012. (24/02/12). Recurso contra desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación efectuada por el adjudicatario del contrato de obras, relativa al abono de los intereses de demora devengados como consecuencia del retraso sufrido en el pago de la revisión de precios.

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Reseña: STS 1102/2012. (23/02/12). Concesiones de Televisión Digital Terrestre local. No hay incongruencia. Requisitos formales que la ley establece en relación con el recurso de casación para su viabilidad dada su naturaleza. Desviación de poder

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Reseña: STS 1137/2012. (23/02/12). Servicio público de estiba y desestiba de buques. Renuncia de sociedad estibadora a prestar el servicio público.

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STS  1752/2012 (Ref.- S0082)

• Datos: Fecha: 22-02-2012.  /  Ley vigente: Otras.  / Tipo de contrato: Gestión de servicios.  / Id. Cendoj: 28079130072012100188

• Resumen: LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO. Adjudicado un contrato de gestión de servicio público (transporte escolar), una empresa que no había participado en la licitación recurrió la adjudicación de la misma. La sentencia ahora recurrida acogió el recurso contencioso-administrativo interpuesto. Recurrida esta sentencia por la empresa adjudicataria.

El Tribunal Supremo considera que lo alegado por la empresa que recurrió la adjudicación “… fue principalmente lo siguiente: (1) que esas rutas de transporte escolar eran coincidentes con los tráficos comprendidos en una concesión de que era titular; (2) que esa coincidencia había determinado que con anterioridad la prestación del servicio correspondiente a esas rutas escolares hubiera sido también encargado a ella; y (3) que, a pesar de esos precedentes, la Consellería había decidido… convocar concurso para la adjudicación del servicio de transporte escolar, incluyendo… esas rutas de transporte escolar que con anterioridad había realizado…”

Esos datos ponen de manifiesto que la posible lesión que [la empresa que recurrió la adjudicación] hubiera sufrido, en esos derechos que invoca a realizar las rutas escolares, no habría sido producida por el acto de adjudicación que directamente ha sido impugnado en el proceso de instancia sino por esa convocatoria del concurso que fue publicada… y no fue impugnado en dicho proceso.

Así pues, efectuado el análisis casuístico que la jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo en esta materia, ha de concluirse que XXX, no tenía legitimación para la impugnación que dedujo frente a la adjudicación del lote A-10, pues la anulación de esa adjudicación directamente recurrida no restablecería el supuesto derecho que ha invocado para apoyar su impugnación.”

Y citando una sentencia anterior “…frente a la resolución del concurso, pueden hacerse valer cuantos derechos correspondan a los participantes en relación con la adjudicación del contrato, lo que incidirá en la selección del contratista, pero no caben pronunciamientos sobre la decisión de convocar el contrato y atender de esa forma al interés público afectado por el mismo que se plasmaron en actos anteriores, que no son objeto del proceso”.

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Reseña: STS 1071/2012. (21/02/12). Notas diferenciadoras del contrato administrativo especial respecto a los contratos privados.

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Reseña: STSJ CL 1155/2012. (21/02/12). Imposición de penalidades por incumplimiento de plazo de ejecución en contrato de obras.

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Reseña: SAN 811/2012. (20/02/12). Resolución del contrato de obras por demora en la ejecución, alegando el contratista recurrente haber solicitado modificación del proyecto y admitido, al menos tácitamente, la Administración las causas alegadas para ello. Desestimación.

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Reseña: STS 936/2012. (20/02/12). Contrato de obras. Reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Cuestión nueva y desviación de la controversia planteada en el litigio.

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STS  892/2012 (Ref.- S0081)

• Datos: Fecha: 20-02-2012.  /  Ley vigente: Otras (Ley de Ordenación de la Edificación).  / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 28079130072012100094.

• Resumen: COMPETENCIA PROFESIONAL (ARQUITECTO vs INGENIERO) PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE UN BIEN DE INTERÉS CULTURAL (PUENTE). La pretensión del recurrente (Colegio de Ingenieros) se dirige a la declaración de nulidad o, en su caso, de anulabilidad del anuncio de concurso con el objeto anteriormente señalado,  el cual exige para participar en el mismo la titulación de Arquitecto Superior. La argumentación que se contrapone en este asunto es por una parte la del órgano de contratación (confirmada por la sentencia de instancia) quien considera que es aplicable al supuesto la normativa recogida en la Ley de Ordenación de la Edificación, y que además siendo el eje fundamental de la actuación, la restauración de un Bien de interés cultural, debe requerirse para participar en la licitación, la titulación en arquitectura, dada la  formación de estos profesionales sobre la materia (aspectos históricos, artísticos y relativos a la restauración), de la que carecen los Ingenieros. Por su parte, el Colegio de ingenieros considera que no es de aplicación en este supuesto la LOE al ser el objeto del contrato un puente y no un edificio, y que precisamente dado el objeto sobre el que se va a actuar, el profesional competente deba ser un ingeniero y no un Arquitecto. En su sentencia el Tribunal Supremo rechaza tanto la competencia exclusiva de los ingenieros como la de los arquitectos, considerando que ambas titulaciones son profesionalmente competentes para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.

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Reseña: STSJ CL 1139/2012. (17/02/12). Resolución de la Administración por la que acuerda la continuación de la ejecución de un contrato de obra, imponiendo penalidades por incumplimiento del plazo, sin dar audiencia al contratista.

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Reseña: STSJ MU 200/2012. (17/02/12). Resolución de contrato de obras.

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Reseña: STS 872/2012. (16/02/12). Desestimación del recurso en relación con solicitud de indemnización y nulidad de contrato de prestación de servicios de cafetería. Academia de Guardias Civiles. Indebida denegación de práctica de prueba pericial causante de indefensión.

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SAN 591/2012. (Ref.- S0080)

• Datos: Fecha: 15-02-2012.  /  Ley vigente: Otras (LRJPAC).  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230042012100066.

• Resumen: RECURSO CONTRA RESOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA QUE SE DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS INTERVINIENTES EN UNA OBRA (AUTORES DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE, EMPRESA CONSTRUCTORA) UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GARANTÍA. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO A TODOS LOS INTERVINIENTES. “… SEXTO.- Respecto del contrato administrativo típico de obra pública, en lo que ahora interesa la legislación de contratación administrativa prevé que, expirado el plazo de garantía, si la obra se arruina por vicios ocultos de la construcción debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá por daños y perjuicios. (…)

SEPTIMO.- Con esta reclamación la Administración ejerce una potestad administrativa de autotutela al no precisar la tutela de los tribunales para ser resarcida por los daños derivados de la relación contractual. Si la TGSS no lo entiende así lo lógico es que hubiera acudido a la jurisdicción civil y no que hubiera dictado un acto sujeto a Derecho Administrativo. Por tanto, como para el ejercicio de tal potestad administrativa no se prevé procedimiento especifico es por lo que rigen las reglas generales de la Ley 30/1992, luego el plazo general de tres meses del artículo 42.3. Y al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio en el que se ejercita, por lo ya dicho, una potestad administrativa de resarcimiento, su falta de resolución en plazo no puede ser otra sino la caducidad ( artículo 44.2), instituto éste aplicable a la contratación administrativa (…).

OCTAVO.- A estos efectos el término potestad de “intervención” empleado por el artículo 44.2 Ley 30/1992 debe ser entendido en este pleito en sus justos términos y no identificarlo, en lo más amplio, con las manifestaciones propias de un sistema de economía mixta o más en concreto, con potestades de policía comercial, tarifaria, de prestación de servicios, etc. Por “intervención” y a los efectos del citado precepto, debe entenderse el ejercicio de potestades de gravamen, tal y como precisa el propio artículo, es decir, aquellas que se plasman en actos susceptibles de limitar, cercenar o contradecir la esfera de intereses jurídicos o patrimoniales del administrado.

NOVENO.- Un procedimiento administrativo implica la concatenación de actos de la Administración y de los administrados y finaliza con una resolución mediante la que se ejerce una potestad administrativa. En el caso de autos, al ejercerse una potestad pública para la que no se prevé un procedimiento específico habrá que estar, como se ha dicho, al procedimiento administrativo común (Título VI Ley 30/1992) en el que ya sean las alegaciones o la audiencia -como manifestaciones del principio de contradicción-, no son trámites yuxtapuestos o ajenos al procedimiento, sino trámites consustanciales del mismo, lo que tiene respecto de la audiencia relevancia constitucional [cf. artículo 105.c) in fine de la Constitución ] y cuya omisión causa al menos su anulabilidad por irrogar indefensión (cf. artículo 62.3 Ley 30/1992 ).

DECIMO.- En consecuencia, puesto que el trámite de audiencia forma parte del procedimiento la Administración tiene la carga de concluirlo en un plazo que comprenda dicha fase o trámite por lo que carece de base sostener, como sostiene la TGSS, que del plazo de duración del procedimiento debe excluirse el destinado a trámite de audiencia y referir tal plazo tan sólo al tiempo que tiene la Administración “para trabajar”, según su propia expresión. Tal planteamiento implica un palmario olvido tanto de la estructura de ese procedimiento común, como del principio de contradicción en que se inspira. (…)

(…) DÉCIMO NOVENO.- Ante este panorama la Sala decidió oír a todas las partes en los términos del

Antecedente de Hecho Sexto, pues si se aprecia la caducidad para uno de los intervinientes al ser único el procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria, no cabe que caduque para uno y no para los otros en función de que se alegue o, de hacerlo, se haga convenientemente (…)”

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Reseña: STSJ AS 679/2012. (15/02/12). Recurso contra resolución administrativa que impone en concepto de daños y perjuicios por resolución culpable del contrato imputable al contratista la diferencia entre el precio del primitivo contrato y el del que a éste sustituye. Desestimación.

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Reseña: STS 934/2012. (15/02/12). Principio de riesgo y ventura en la prestación del contrato. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares reguladores de las condiciones contractuales.

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Reseña: STS 611/2012. (13/02/12). Penalización por incumplimiento de contrato. Ausencia de crítica razonada de la sentencia.

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Reseña: STS 642/2012. (09/02/12). Recurso de casación para la unificación de la doctrina. Desestimación. Inexistencia de identidad sustancial en los hechos enjuiciados. Liquidación de retribución variable de contrato de concesión de obra de construcción de carretera.

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Reseña: STS 541/2012. (08/02/12). Recurso de casación. Invocación de jurisprudencia no vinculada con la controversia suscitada y discrepancia con la apreciación de la prueba. Resolución de contrato de obra por causa imputable al contratista.

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Reseña: STSJ GAL 1168/2012; STSJ GAL 1170/2012; STSJ GAL 1170/2012; (09/02/12). Obligación de la Administración de que la certificación recoja la revisión de precios sin esperar a la certificación final, y que en la base de cálculo de la misma se incorporen los gastos generales y el beneficio industrial, aplicando el IVA sobre la cantidad resultante.

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Reseña: STS 541/2012. (08/02/12). Recurso de casación. Invocación de jurisprudencia no vinculada con la controversia suscitada y discrepancia con la apreciación de la prueba. Resolución de contrato de obra por causa imputable al contratista.

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Reseña: STS 549/2012. (03/02/12). Prórroga de contrato de la concesión de la Plaza de Toros.

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Reseña: STS 1043/2012. (02/02/12). Adjudicación de concesión para la cesión de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas. Infracción del pliego de cláusulas administrativas particulares que no conduce a la estimación del recurso porque la actora no ha demostrado que, de no mediar ese defecto, le habría correspondido a ella la adjudicación del contrato.

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Reseña: STS 549/2012. (03/02/12). Adjudicación del contrato de explotación plaza de toros.

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Reseña: STSJ LR 46/2012. (01/02/12). Ejecución de la garantía provisional por no haberse acreditado estar al corriente de las obligaciones tributarias.

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Reseña: STS 230/2012 (25/01/12). Determinación de la Administración obligada al pago de las cantidades reclamadas en concepto de modificado de proyecto, liquidación y revisión de precios de contrato de obras en los supuestos de traspaso de competencias. (Nota: Cuestión similar en la STS 228/2012).

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Reseña: STS 147/2012 (24/01/12). Resolución tácita de un contrato de consultoría y asistencia al licitar la Administración un nuevo contrato de concesión que incluye la redacción del proyecto. Derecho a indemnización por parte del adjudicatario del primer contrato por existir desistimiento tácito del mismo por parte de la Administración actuante.

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Reseña: STS 231/2012 (20/01/12). Contrato de obra. Solicitudes de modificación, prórroga y suspensión del plazo de ejecución de la obra. Improcedencia. Inexistencia de incongruencia. Inexistencia de error en la valoración de la prueba pericial.

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STS 306/2012 (Ref.- S0079)

• Datos: Fecha: 19-01-2012.  /  Ley vigente: Otras (LOE).  / Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.  / Id. Cendoj: 28079130072012100027

• Resumen: Se plantea la cuestión de si LOS INGENIEROS DE CAMINOS, -y en general otros técnicos distintos de los arquitectos y aparejadores- SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO. Partiendo de que el artículo 10.2.a. -2º párrafo- de la Ley de Ordenación de la Edificación reserva en exclusiva a los arquitectos la elaboración de aquellos proyectos de edificación cuyo uso principal sea Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente ó cultural. La sentencia del recurso de casación considera….

“… De esta forma, el criterio jurisprudencial claramente aplicable resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al Arquitecto y, en su caso, al Arquitecto técnico, pero cuando como sucede en este caso, se convoca un concurso de un contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de un proyecto técnico básico y de ejecución de construcción de un complejo polideportivo en Instituto de Enseñanza Secundaria, en que concurren, por su carácter multidisciplinar diversos factores (estudio de salud y seguridad, dirección de obra y el complejo no está destinado, con exclusividad, a vivienda urbana) no se da una atribución específica competencial, ya que como hemos subrayado, por el análisis de la jurisprudencia precedentemente invocada, la tendencia es no admitir un monopolio profesional en la proyección de todo tipo de construcciones, sino que, en estos casos los conocimiento del técnico se corresponden con la naturaleza y clase del proyecto.

Por otra parte, esta Sala ha rechazado el monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior predeterminada amparando el título facultativo superior oficial basado en el nivel de conocimientos que se correspondan con el proyecto en cuestión….

Se impone, así, la conclusión de primar el principio de idoneidad al de exclusividad, doctrina que subraya la capacidad técnica de los licitadores y es coherente con la jurisprudencia del TJUE sobre la libre concurrencia… y la jurisprudencia de esta Sala….”

(Nota: En sentido similar la sentencia STSJ BAL 55/2012)

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SAN 136/2012 (Ref.- S0078)

• Datos: Fecha: 18-01-12.  /  Ley vigente: Otras TRLCAP.  / Tipo de contrato: Suministro.  / Id. Cendoj: 28079230052012100021

Resumen: (Nota Previa: Esta sentencia es de igual contenido a la sentencia de la Audiencia Nacional SAN 4855/2011; en la del 2011 se parte del recurso frente a la resolución administrativa por la que se acuerda no haber lugar a la resolución del contrato, y en la del 2012 del recurso frente a la resolución que desestima el recurso de reposición contra el acuerdo de levantamiento de la suspensión y reinicio de los trabajos cuyo resumen se recoge en la Ref.- 052. Sobre el fondo del asunto nos remitimos a la mencionada Ref.-052, tratando aquí otros aspecto de indudable interés).

A LAS UTES NO LE SON DE APLICACIÓN EL REQUISITO PREVISTO EN LA LRJPAC DE ACOMPAÑAR A LA DEMANDA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA ENTABLAR ACCIONES. La sentencia, después de efectuar un repaso sobre las notas que caracterizan la naturaleza de la UTE, y en lo que se refiere a la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado, por ausencia de acuerdo corporativo, de conformidad con el art. 69.b) de la LRJPAC , en relación con el art. 45.2.d) de la misma Ley, concluye que “a la entidad recurrente, que es una Unión Temporal de Empresas, no le es de aplicación lo estipulado e el artículo 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción de 13 de julio de 1998, de acompañar con el escrito de recurso -el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones-, porque tal requisito, a tenor de dicho precepto, solo es obligatorio para las persona jurídicas, y la actora, no lo es.”

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Reseña: STS 134/2012 (17/01/12). En esencia el contratista recurre la sentencia por entender inculcado su derecho a la defensa. En la sentencia recurrida después de haberse practicado la prueba pericial solicitada, la Sala niega, por diversos motivos, la posibilidad de que por parte del perito se completen y aclaren determinados extremos del informe. Se desestima el recurso.

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Reseña: STS 382/2012 (16/01/12). La Administración concursal impugna el anuncio y la adjudicación de un contrato de concesión de obra pública. De forma previa a esta licitación la Administración había resuelto el contrato de concesión de obra en su día adjudicada a la empresa concursada con el mismo objeto a la ahora licitada, aquella resolución del contrato había sido objeto de otro proceso judicial en la que se habían estimado en parte sus pretensiones, y que se encuentra aun pendiente de sentencia en recurso de casación… Se plantea ahora la cuestión de si la empresa concursada (a través de su administración concursal) se encuentra legitimada a recurrir la licitación del nuevo contrato al que no ha concurrido, ni tendría posibilidad de hacerlo dada la situación concursal en la que se encuentra. El TS, valorando las circunstancias concurrentes en el caso y coincidiendo con la sentencia de instancia considera que la Administración concursal no se encuentra legitimada para recurrir la resolución administrativa.

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SAN 77/2012 (Ref.- S0077)

• Datos: Fecha: 16-01-2012.  /  Ley vigente: Otras TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cen.oj: 28079230012012100005

• Resumen: Respecto a la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LOS INTERESES, alegada por el Abogado del Estado fundamentada en que habían transcurrido más de cuatro años entre la emisión de la certificación y la presentación de la reclamación, considera la AN en base fundamentalmente a la sentencia STS 403/1998 del TS quien considera no existe autonomía de las certificaciones parciales de pago respecto del contrato y, en consecuencia, el cómputo del plazo de prescripción a de iniciarse desde la fecha de la liquidación definitiva del contrato. Igual criterio respecto a las obras complementarias se recoge en la  STS 591/2003 (En el mismo sentido SAN 78/2012).

DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INICIAL Y FINAL DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE INTERESES. Respecto del día inicial del cómputo de los intereses será el siguiente al cumplimiento de los meses de carencia, tal y como se desprende del artículo 99.4 TRLCAP, (siendo de aplicación hoy en día lo previsto en el artículo 216.4 TRLCSP). Y respecto del “dies a quem”, el cómputo de los intereses de demora debe abarcar hasta el día en que efectivamente se produjo el cobro de las certificaciones o de la liquidación y no el de la fecha de ordenación de pago, sin que quepa descontar el día de cobro el cual deberá incluirse por aplicación del sistema de cómputo civil de plazos y en atención a la falta de computación del primer día.

ANATOCISMO. En cuanto a los intereses de los intereses el TS ha declarado al respecto qu en eplicación dle artículo 1109 del Código Civil ha de partirse siempre de la existencia de una cantidad exigible, es decir, liquida y determinada, lo que no ocurre cuando no ha resultado precisado lo que se debe y su importe ha de determinarse previamente en el proceso por existir discrepancias entre las partes. Ahora bien, si la determinación de la cantidad sólo precisa de una mera operación matemática –caso analizado- la suma debe calificarse de liquida, procediendo entones la condena en los intereses de los intereses desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

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• Reseña: STS 43/2012 (12/01/12). Exclusión de licitador en contrato de suministro de mobiliario y material escolar. Desestimación.

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• Reseña: STS 44/2012 (12/01/12). Contrato de asistencia técnica. Falta de motivación de la sentencia. Vulneración artículos 1282, 1285 y 1288 del Código Civil sobre interpretación de los contratos. Enriquecimiento injusto. Desestimación.

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STS 52/2012 (Ref.- S0076)

• Datos: Fecha: 9-01-2012.  /  Ley vigente:TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072012100003

• Resumen: NO ES PRECEPTIVO EL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO U ÓRGANO CONSULTIVO EQUIVALENTE DE LA C.A. CUANDO ES EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO QUIEN SOLICITA SU RESOLUCIÓN. “….la Sentencia de instancia, ha confundido, al no distinguirlos correctamente, la resolución del contrato administrativo, con los efectos que derivan de la resolución como es la liquidación.

La Administración declara la resolución del contrato si concurre alguna de las causas prevista en el art.111 [225 TRLCSP] y art. 149 del TRLCAP [237 TRLCVSP]. El expediente para la resolución del contrato, según dispone el art. 109 del RGLCAP, en la redacción vigente al tiempo de dictarse la resolución recurrida, puede iniciarse: de oficio por la Administración, y en tal caso se deberá dar audiencia por plazo de 10 días naturales al contratista, para que muestre su conformidad o disconformidad con la resolución del contrato; o a instancia del propio contratista, como fue el caso. Es en esta fase donde puede opera la oposición a la resolución del contrato por parte del contratista, y en tal supuesto será necesaria ex art. 59.3º,a) del citado texto el preceptivo informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. En el caso de autos la resolución fue a instancia del propio contratista; por lo que no había oposición a la resolución del contrato.

En resolución aparte, resolución que puede ser sucesiva o simultánea (si las obras deben ser continuadas por otro contratista o por la Administración), se determinan los efectos que derivan de su resolución según dispone el artículo 151 de la TRLCAP [239 TRLCSP]. La oposición del recurrente en la instancia venía referida a los efectos de la resolución del contrato, siendo que la parte había interpuesto el correspondiente recurso contra la liquidación definitiva del contrato efectuada por la Administración, dando lugar al Recurso Contencioso-administrativo que se seguía ante la Sala de Instancia con el nº 2483/2006. Procede por tanto estimar el recurso de casación, al haber interpretado y aplicado incorrectamente la Sentencia de instancia los artículos 59.3º,a) y 149 y 151 de TRLCAP.”

CAUSAS DE ANULABILIDAD EN LAS QUE INCURRE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: CAUSA DE RESOLUCIÓN: PRIMERA EN EL TIEMPO / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS AL TIEMPO QUE EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN / ACUERDO SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PERDIDA, DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. Considera igualmente la sentencia que la resolución administrativa incurre en tres causas de anulabilidad:

1ª.- El contratista solicita la resolución del contrato por dos causas: Suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses y modificación del contrato en porcentaje superior al 20% (Ley vigente TRLCAP). La entidad contratante acuerda resolver el contrato por esta última causa, sin motivar o explicar por que no concurría la primera de ellas “siendo que dicha cuestión no era irrelevante, pues determinaba el derecho del contratista a percibir una mayor indemnización.” La sentencia entiende que es de aplicación la primera de las causas por ser la primera en el tiempo.

2º.- La entidad contratante dispuso con carácter de urgencia se iniciara la contratación de las obras con otro empresario, por lo que conforme al art. 172.3º del RGLCAP , la liquidación de las obras, que comprende la constatación y medición de las obras ya realizadas que sean de recibo y la fijación de los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, debió de notificarse al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución, dada la dificultad que entrañaría a posteriori determinar quien ha realizado las obras.

3º.- Por último el acuerdo de resolución del contrato debería contener pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía, cuestión sobre la que no se pronuncia el acuerdo de resolución.

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Reseña: STSJ CL 468/2012 (26/01/12). Vulneración por la mesa de contratación de los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, quien en relación a un criterio otorgo puntuación a la oferta del adjudicatario cuando la misma incumplía exigencias requeridas por el PPT  y, en otro de los criterios estableció un límite a la valoración no contemplada en los pliegos.

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Reseña: STSJ MU 3030/2011. La Administración no se encuentra obligada a esperar que transcurra el plazo de ejecución señalado en el contrato, para dar inicio al expediente de resolución del contrato, si se constata la imposibilidad de cumplir el plazo por el contratista y ello supone un perjuicio para el interés público.

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STSJ CAT 11972/2011 . (Ref.- S0075)

• Datos: Fecha: 27-12-2011.  /  Ley vigente: —-.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 08019330052011100771

• Resumen: INADMISIBILIDAD DEL RECURSO POR NO APORTAR ACUERDO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO POR PARTE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE. Entre la documentación a aportar con el escrito del recurso, se ha de cumplir la exigencia señalada en el artículo 45.2.d. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA) referente a los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas, en el caso concreto que se analiza el acuerdo de interposición del recursos por parte del órgano social competente, según estatutos de la entidad. De no cumplirse este requisito cabe que de ser apreciada el defecto de oficio por el propio órgano judicial este requiera al demandante para que subsane el error. Ahora bien, cabe la posibilidad de que la parte contraria sea la que ponga de manifiesto ese hecho en cuyo caso no es necesario que sea el órgano judicial quien requiera, sino que debe ser el propio interesado quien proceda a dar contestación a la excepción formulada aportando y subsanando la documentación oportuna. Por no haberlo hecho así, en el supuesto analizado, el Tribunal declara la inadmisibilidad del recurso.

(Nota: Art.45.2.d. LRJCA:“A este escrito [de recurso] se acompañara…El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.”)

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STS 8902/2011. (Ref.- S0074)

• Datos: Fecha: 23-12-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072011100924

• Resumen: LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN NO IMPLICA NECESARIAMENTE LA RECEPCIÓN TÁCITA DE LAS OBRAS, pues lo que establece al respecto la Ley (147.6 TRLCAP en el supuesto analizado y con igual dicción el Art. 235.6 TRLCSP   / 218.6 LCSP)  es que habrá recepción tácita  cuando se acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, no traduciéndose ineludiblemente la inauguración en puesta en servicio. (Ver tambien Referencias S0037 y S0040)

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• Reseña: STS 8742/2011. Contrato de obra concertado bajo la modalidad de abono total del precio, sobre el que posteriormente se aprueba un modificado que afecta al plazo de ejecución. Existen diferencias entre Administración y contratista respecto al cálculo de la compensación financiera a percibir por éste. (Nota: Se trata de un supuesto particular pues la discusión se centra en la interpretación y aplicación correcta de una de las cláusulas del pliego.)

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STSJ CL 7097/2011 (Ref.- S0073)

• Datos: Fecha: 23-12-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 09059330012011100499

• Resumen: ANTE LA RECLAMACIÓN DE PAGO EFECTUADA EN VÍA ADMINISTRATIVA POR EL CONTRATISTA Y NO HABIENDO DADO RESPUESTA A LA MISMA, NO PUEDE PRETENDER LA ADMINISTRACIÓN AMPARARSE EN VÍA JUDICIAL, EN LOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE AQUÉL. Se parte en el presente asunto de la reclamación efectuada en vía administrativa por parte del contratista para que la Administración le abone las certificaciones de obra pendientes y los intereses correspondientes a cinco obras, frente a esta reclamación la  “… Administración no dio ninguna respuesta por escrito pese a que la Ley 30/1992 (LRJPAC) le obligaba a responder a dicha pretensión, por lo que al interponerse el recurso se desconoce los motivos y hechos en virtud de los cuales se deniega acceder a dicha reclamación económica….” Interpuesto el correspondiente recurso en vía contenciosa (primera instancia), en su oposición a la demanda la Administración alega la existencia de defectos constructivos y otros incumplimientos por parte del contratista y, efectivamente, esta primera instancia considera acreditados la existencia de la practica totalidad de tales incumplimientos. Sin embargo el Tribunal considera que “…la apelante lo que reclama son el abono de las certificaciones de obra expedidas, así como el pago de intereses de demora por no abonarse el importe de las mismas en el tiempo legalmente previsto, y el pago de intereses que devenguen tanto el principal como los intereses de demora desde la presentación de la reclamación judicial, siendo esta reclamación la que fue denegada presuntamente en vía administrativa y que ahora es objeto de examen judicial. No estamos ante el examen de una resolución administrativa que liquida un contrato, o que determina la resolución del contrato por presunto incumplimiento ni ante una resolución que impone al contratista una indemnización de daños y perjuicios, o que acuerda la incautación de la fianza. Por ello la Sala, como debiera haber hecho el Juzgado de Instancia, debe ceñirse a enjuiciar si la reclamación económica con apoyo en tales certificaciones de obra es o no ajustada a derecho, sin que la Sala pueda enjuiciar y valorar los presuntos incumplimientos denunciados por la Administración apelada en la ejecución de las citadas obras…” insistiendo en que la Administración en su momento (vía administraría) no se pronuncio ante la reclamación efectuada por el contratista  “…amen de que estos incumplimientos o defectos de ejecución denunciados, de ser ciertos, son posteriores a las certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa de las obras y aprobadas por la Administración contratantes, certificaciones cuyo abono es obligatorio y preceptivo según resulta de los preceptos aplicables, y que no impiden a la Administración contratante exigir “a posterior” responsabilidades al contratista pero en la forma y por los trámites que también se recogen y se exponen en la normativa administrativa trascrita, pero no por la vía compensatoria que esgrime dicha Administración en el presente recurso, y menos aún cuando en vía administrativa desestimó presuntamente la reclamación económica efectuada…”

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STS 9175/2011 (Ref.- S0072)

• Datos: Fecha: 22-12-2011. / Ley vigente: —. / Tipo de contrato: Concesión de obras  / Id. Cendoj: 28079130072011100938

• Resumen: DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA DEL LUCRO CESANTE POR IMPOSIBLE EJECUCIÓN ESPECÍFICA DE LA SENTENCIA. Se plantea aquí fundamentalmente la cuestión de si la indemnización ha de calcularse en estos casos sobre la base del 6% del beneficio industrial, o por si el contrario el cálculo debe efectuarse sobre el lucro que realmente hubiera podido obtener el adjudicatario y que el apelante considera acreditado pericialmente. El Tribunal acoge la primera posibilidad dado “…que la recurrente nunca ha explotado el negocio, el cálculo del lucro cesante carece de una base posible de referencia a una explotación real…”. En cualquier caso hay que advertir respecto a esta sentencia que el propio Tribunal considera en varios lugares de la misma,  limitada la doctrina en ella contenida, dado el modo en que plantearon las pretensiones las partes y así… “…en la medida en que estamos constreñidos por los estrechos límites de un recurso de casación, no podemos movernos en el amplio margen que, en su caso, permitiría un discurso genuino sobre cuestiones de indudable interés general sobre los criterios de indemnización en casos como el actual, en los que en realidad, según se razonará de inmediato, de lo que se trata es de calcular un lucro cesante referido a una explotación que no ha tenido lugar; por el contrario, y puesto que las líneas de nuestro discurso quedan acotadas por los propios términos de la resolución a ejecutar y de los autos de ejecución aquí impugnados nuestro análisis necesariamente debe contraerse a los límites de los mismos, sin que podamos aventurarnos en planteamientos alternativos, tal vez posibles, que en la instancia no se han suscitado,…”

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STSJ CAT 11944/2011 (Ref.- S0071)

• Datos: Fecha: 20-12-2011. / Ley vigente: LRJPAC. / Tipo de contrato: Concesión de obras  / Id. Cendoj: 08019330052011100743

• Resumen: PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO POR QUIEN ES TITULAR DE UN DERECHO AFECTADO POR LA LICITACIÓN. Habiendo adjudicado la Administración un contrato para la construcción y explotación de una dársena deportiva, el recurrente, que no es uno de los licitadores del contrato sino un tercero titular de una concesión que el considera se ve afectada negativamente por la adjudicación, interpone la correspondiente acción judicial una vez tiene noticia de dicha adjudicación. La sentencia dictada en primera instancia declara la inadmisibilidad de dicho recurso por haber sido interpuesto fuera de plazo, considerando debe computarse el mismo –dos meses- una vez el acto de adjudicación se publico en el diario oficial correspondiente. Por el contrario el Tribunal Superior considera que “… el plazo de dos meses para recurrir actos expresos del art. 46 LRJCA solamente puede empezar a computarse desde que el actor (que manifiesta ser interesado y denuncia la revocación de sus derechos sin habérsele dado audiencia) tuvo conocimiento del contenido del expediente. Y ello sólo sucedió el X/X/X, al dársele vista del mismo. En consecuencia, el recurso interpuesto el x/x/x estaba dentro de plazo, por lo que procede revocar la sentencia apelada, admitir el recurso interpuesto y entrar a resolver el fondo del mismo”. Precisamente, respecto al fondo del asunto, desestima el Tribunal el recurso interpuesto por considerar que el nuevo contrato licitado, no causó ningún perjuicio ni lesionó o restringió los derechos de la actora.

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• Reseña: STS 9063/2011.- Concesionaria de autopista. Reclamación de daños y perjuicios por construcción de nueva autopista. Desestimación. Potestad administrativa para mejora de comunicaciones terrestres. No se trata de hecho extraordinario o imprevisible. Riesgo y ventura.

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• Reseña: STS 8488/2011.- Contrato de asistencia técnica. Reclamación de pago de honorarios profesionales. No procede integración de hechos. No infracción de doctrina que proscribe enriquecimiento injusto ni a la Administración incumplidora oponer la doctrina de los actos propios.

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• Reseña: STS 8855/2011.- Concesión otorgada para la construcción, conservación y explotación de autopista de peaje. Doctrina del riesgo imprevisible y su relación con el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.

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• Reseña: STS 8250/2011.- Orden autonómica –País Vasco- reguladora del expediente previo a la declaración de la prohibición de contratar a los sancionados en materia de prevención de riesgos laborales. Conformidad a derecho. Desarrollo de la normativa básica estatal sobre contratos.

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STSJ CAT 12128/2011.- (Ref.- S0070)

• Datos: Fecha: 01-12-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 08019330052011100918

• Resumen: ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA EN LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO. Habiéndose presentado a un concurso público de servicios de transporte, una Agrupación de Interés Económico (AIE) es excluida del mismo por no haber acreditado ser titular de una autorización exigida por el PCAP, si bien se presento en un primer momento la autorización correspondiente a las empresas que integraban la AIE y, cuando la mesa de contratación requirió la de la AIE, la misma también fue aportada, si bien la fecha de esta última autorización era posterior a la del cierre del plazo para la presentación de ofertas, razón por la cual fue excluida. La AIE recurrió en vía contenciosa, y la sentencia de primera instancia fallo a su favor considerando que la autorización expedida a nombre de los integrantes de la AIE era suficiente porque los requisitos de solvencia técnica son acumulativos y que, además, aunque se entendiese que el requerimiento era necesario, el mismo debía hacerse solamente para justificar el cumplimiento de los requisitos en el término de presentación de las solicitudes, independientemente de la fecha de expedición de la certificación. Recurrida esta sentencia por quien resulto adjudicataria del contrato, el Tribunal Superior de Justicia estima el recurso, (tomando como base otra sentencia anterior que enfrentaba a las mismas partes en relación con un acto idéntico), considerando que la acreditación obtenida por la AIE resulta extemporánea, por haber sido otorgada con posterioridad al plazo de presentación de las ofertas. Además, considera que las AIE “…no pueden desarrollar, por expresa prescripción legal, las mismas actividades que sus miembros, sino que han de limitarse exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la de aquéllos, resulta obvio que los requisitos de solvencia técnica que se predican de cada uno de los socios no pueden ser extendidos a la Agrupación en sí misma, puesto que los respectivos ámbitos de actuación no son coincidentes y, por ello, no cabe predicar automáticamente de la Agrupación las características que reúne cada uno de sus miembros en sus respectivas áreas de actuación. En realidad, lo que ha ocurrido en este caso es que la Agrupación recurrente ha pretendido obtener la adjudicación del concurso de autos, dedicándose con ello a una actividad coincidente con la de sus socios, lo cual le está expresamente vedado por el artículo 3.1 de la Ley 12/1991”, concluyendo que la exclusión de la oferta por la mesa de contratación había sido ajustada a derecho.

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SAN 5351/2011 (Ref.- S0069)

• Datos: Fecha: 28-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230082011100650.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS, INTERESES DE DEMORA Y ANATOCISMO. Con argumentos similares a los recogidos en la sentencia, en parte reproducida en la referencia S0025,  reconoce ésta el derecho del contratista a percibir los intereses de demora generados por retraso en la revisión –se llevo a cabo finalizada la obra- de precios de varias certificaciones, así como los intereses legales sobre los intereses de demora vencidos y líquidos –anatócismo-.

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STS 7955/2011 (Ref.- S0068)

• Datos: Fecha: 24-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 280791300720111008322

• Resumen: NO CABE UTILIZAR LA EXPERIENCIA EN GENERAL, Y EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO EN PARTICULAR, COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. [En el supuesto analizado el PCAP, establecía –entre otros- como criterio de adjudicación para un contrato de servicios consistente en la fumigación con avión de diversas plantaciones, el conocimiento del territorio. La sentencia con apoyo en una prolija jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, concluye que el conocimiento del territorio no puede ser considerado como un criterio de adjudicación salvo circunstancias excepcionales que así lo justifique.]

“…Aplicando dicha doctrina al caso enjuiciado, debe decirse que, en contra de lo que razona la sentencia recurrida, el conocimiento del territorio que resulta imprescindible para llevar a cabo con la adecuada eficacia y operatividad la actividad que constituye el objeto del contrato litigioso es de presumir en cualquier empresa española como la recurrente que, dedicada a la actividad que era objeto de la contratación, opera habitualmente en nuestro país. Y así ha de ser mientras no consten singulares razones, técnicas o de otra naturaleza (lo que no acontece en el caso enjuiciado), que pongan de manifiesto que la concreta campaña a que se refería el contrato litigioso presentaba unas específicas circunstancias que hacían imprescindible o muy aconsejable haber realizado con anterioridad idéntico servicio en el mismo territorio.

Sexto.- Lo anterior determina que la sentencia recurrida deba ser anulada (…) se declarara también inválida la adjudicación (…). Así mismo debe reconocérsele el derecho que reclamó a ser adjudicataria del mencionado contrato porque, descartada la que correspondía a ese discutido criterio que aquí es anulado, en la puntuación final resultante la que correspondería a la aquí recurrente resulta superior a la de quien fue adjudicatario inicial. Como también procede otorgarle la indemnización que ha sido pedida para que tenga lugar el debido restablecimiento de ese derecho a ser adjudicataria que aquí se le reconoce, por haber transcurrido ya el plazo que había sido previsto para la ejecución del contrato.

Y esta indemnización debe cuantificarse en el margen correspondiente al beneficio industrial, como se defiende en la demanda, por lo siguiente: (a) no es de acoger la falta de resultado lesivo que como única oposición a la pretensión indemnizatoria esgrimió la Administración en su contestación a la demanda, al ser claro que se privó a la recurrente de las ganancias que en circunstancias normales habría obtenido con la ejecución del contrato; y (b) siendo de apreciar la existencia de lesión, ese criterio del beneficio industrial que ha sido invocado para cuantificar la indemnización no ha sido directamente combatido.”

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STSJ CLM 3196/2011 (Ref.- S0067)

• Datos: Fecha: 24-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 02003330012011100818

• Resumen: MEDIDAS CAUTELARES. PRESUPUESTOS En el presente caso, el precedente se sitúa en la solicitud del contratista al Ayuntamiento para que se resuelva el contrato de obras por suspensión de las obras por tiempo superior a ocho meses. La Administración desestima dicha petición y a la vez levanta la suspensión (parcial) ordenando la reanudación de las obras. El contratista solicita ante el Juzgado de lo contencioso se acuerde como medida cautelar la suspensión de los actos recurridos; el Juzgado deniega la solicitud y el contratista recurre el auto del Juzgado ante el TSJ.  Dos son los posibles intereses en conflicto; la perturbación grave del interés general que supondría el acordarse la suspensión de la orden de reanudación de los trabajos, y los perjuicios que la no suspensión causaría al apelante. A partir de este planteamiento se reproduce la STS 7364/2010 que establece bajo que presupuestos y circunstancias los juzgados y tribunales han de acceder a la adopción de medidas cautelares.

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SAN 5351/2011 (Ref.- S0066)

• Datos: Fecha: 24-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 15030330022011101115

• Resumen: ABONO DE UN SERVICIO NO CONTRATADO. ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. [En el presente asunto, el demandante reclama el abono de una cantidad por inserciones de publicidad de un organismo público en un diario, sin que exista un expediente de licitación/contratación al respecto ni, en consecuencia, contrato firmado por las partes, si bien existen determinados indicios de que hubo relaciones entre las partes al respecto. La demanda finalmente es desestimada por no haberse acompañado a la misma documentación de relevancia en el asunto, en particular copias de las inserciones publicitarias. Sin embargo interesa aquí reproducir la llamada que la sentencia lleva a cabo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo….]

“ (…)Pero incluso la falta de constancia por escrito no sería obstáculo para que pudiesen prosperar las pretensiones de la demanda en aplicación del principio que impide que pueda producirse un enriquecimiento injusto. Al respecto dice la STS de 18 de julio de 2003 , cuyas declaraciones reiteran las de 18-6-2004 y 6-2-2004: “El ámbito propio de la doctrina del enriquecimiento injusto (…) son las actuaciones realizadas por un particular en beneficio de un interés general cuya atención corresponde a una Administración pública, y su núcleo esencial está representado por el propósito de evitar que se produzca un injustificado desequilibrio patrimonial en perjuicio de ese particular. Pero se exige algo más con el fin de que esas situaciones no sean un fácil medio de eludir las exigencias formales y procedimentales establecidas para asegurar los principios de igualdad y libre concurrencia que rigen en la contratación administrativa: el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración” (…)”

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SAN 5261/2011 (Ref.- S0065)

• Datos: Fecha: 21-11-2011.  /  Ley vigente: LCAP.  / Tipo de contrato: Obras. / Id. Cendoj: 28079230082011100644

• Resumen: DAÑOS POR LLUVIAS. REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO COMO UN SUPUESTO DE FUERZA MAYOR. [En el presente asunto, ante la solicitud –entre otras- por parte del contratista a que le sean abonados los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de unas lluvias torrenciales constitutivas según él de fuerza mayor, se hace un  repaso de lo establecido en diversas sentencias de la propia Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, en relación a los principio de riesgo y ventura, fuerza mayor y, enriquecimiento injusto, para finalmente, y en relación al asunto sometido a su consideración, y en lo que se refiere a la concurrencia o no en el caso de fuerza mayor, concluir ….] “SEPTIMO.- Tampoco puede prosperar la invocación de fuerza mayor por la existencia de unas lluvias intensas durante determinado periodo de la ejecución del contrato, pues, como es bien sabido, el carácter “catastrófico” de unas lluvias, para que pudiesen constituir una causa de indemnización al contratista, se precisa una alteración grave del orden regular de las cosas -en el sentido de que fueren excepcionales o extraordinarias- proyectando una alteración sustancial sobre la realidad contractual, incidiendo en el equilibrio económico-financiero del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1972 , 28 de junio de 1983 , 25 de enero de 1997 y de 20 de octubre de 1997 , entre muchas otras). Y es que, en el supuesto ponderado, no sólo no avalan la concurrencia de fuerza mayor las circunstancias advertidas por la Dirección facultativa (deficiencias en la evacuación de aguas, omisiones en la adecuada limpieza de la zona, inobservancia de medidas preventivas…), también los propios datos meteorológicos oficiales sobre las lluvias en cuestión y la inexistencia de una declaración de zona catastrófica. Como concluye el juzgador de instancia, no es dable deducir una naturaleza excepcional, marcadamente desacostumbrada o extraordinaria en el nivel pluviométrico producido en los períodos significados por el contratista.”

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STS 7914/2011 (Ref.- S0064)

• Datos: Fecha: 22-11-2011.  /  Ley vigente: Otras.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072011100822

• Resumen: MODALIDAD PAGO ÚNICO. EL PAGO HA DE EFECTUARSE RECEPCIONADA LA OBRA, NO DENTRO DE LA ANUALIDAD EN LA QUE LA OBRA SE RECEPCIONA . “… Prevenía la cláusula 15.3 del PCAP que ” Dentro de la anualidad en la que tenga lugar la entrega de la obra, una vez terminada y recibida la misma, la Administración abonará, al contratista de aquélla, el importe P, … . De la misma, la Sala de instancia extrajo la conclusión de que, con arreglo a ella, la Administración ostentaba la facultad de pagar el precio inicial de contrato P en cualquier momento de la anualidad en que se terminara y recepcionara la obra, interpretación que, sin embargo, debe ser rechazada por resultar excesivamente literal y producir resultados ilógicos y difícilmente compatibles con la normativa reguladora del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio.

No se puede olvidar que, salvo los supuestos en que el pago del precio se fraccione en diversas anualidades -que no es el caso del presente contrato- tanto el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre [Art. 127 TRLCSP] , como el artículo 7 del Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo , por el que se regula el régimen jurídico, presupuestario y financiero de dicha clase de contrato, ligan el pago del precio del contrato al momento en que la obra se termina y es recepcionada por la Administración, señalando, en concreto, el citado artículo 147 [Art. 127 TRLCSP] que el precio “(…) será satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la terminación de la obra, obligándose el contratista a financiar la construcción adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra ” o, tal y como preceptúa el artículo 7 , que el pago del precio se realizará “(…) a la recepción de la obra terminada, cuanto el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto “. En este sentido, el propio apartado 4 de la cláusula 15 del Pliego señalaba que ” El abono del precio del contrato se documentará a partir de la fecha de terminación total de la obra”. Por tanto, cumplidas satisfactoriamente por el contratista las prestaciones a las que se comprometió, no era admisible escindir, tal y como hizo la Sala de instancia, los actos de entrega y recepción de la obra, por un lado, y de pago del precio del contrato, por el otro, y mucho menos, dejar el cumplimiento de la obligación de pago del precio al arbitrio exclusivo de la Administración que, unilateralmente, según la tesis mantenida por la Sala de instancia, podría decidir, con independencia del momento de recepción de la obra, cuándo, dentro de dicha anualidad, consideraba procedente su abono, generando, en consecuencia, dicha interpretación un claro desequilibrio contractual sin apoyo normativo alguno.

(…) Y a lo anterior, no obsta la doctrina mantenida por la Sala en las sentencias que cita el Abogado del Estado toda vez que, en todas ellas, se están contemplando supuestos de contratos de obra bajo la modalidad de abono total del precio en los que, a diferencia de lo que ocurre en el que es objeto del presente recurso, se había fraccionado el pago en diversas anualidades, negando la Sala que dicho pago contractualmente establecido en diversas anualidades pudiera dar lugar a la percepción de los intereses de demora que se reclamaban, siempre y cuando el abono se produjera dentro de dicho plazo.

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STSJ EXT 1715/2011 (Ref.- S0063)

• Datos: Fecha: 22-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obra.  / Id. Cendoj: 10037330012011101183

• Resumen: DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE EXPDTE DE RESOLUCIÓN; DE CONSERVACIÓN DE ACTOS Y NUEVA DECLARACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, TODO ELLO EN UN MISMO PLENO MUNICIPAL. [En el presente caso el Pleno del Ayuntamiento declara la caducidad del expediente de resolución del contrato, dispone la conservación de todos los actos, trámites y actuaciones y, acuerda iniciar un nuevo expediente para la resolución del contrato, acordando, así mismo, en ese mismo pleno, resolver el contrato. El contratista solicita (entre otros) que se declare la nulidad de la resolución que se recurre, dado que se ha prescindido absolutamente del procedimiento establecido.]

“…No existe nulidad por vulneración de los trámites del procedimiento. En primer lugar, el Tribunal Supremo ha sentado la doctrina de que la nulidad procedimental es excepcional, no siendo suficiente para declararla la mera inobservancia de algún trámite, por importante que éste sea, jurisprudencia que se expone con detalle en la sentencia de instancia. El demandante considera que sólo la iniciación de un nuevo procedimiento con todos sus trámites garantiza plenamente sus derechos, y que la incorporación de lo actuado en el expediente caducado al nuevo expediente lesiona su derecho de defensa.

El art. 66 de la Ley 30/1992 , en primer lugar, dispone que “el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción”. A su vez, el art. 92 permite iniciar un nuevo expediente siempre que la acción ejercitada no haya prescrito.

Así sucede en el presente caso, donde las actuaciones del primer expediente son reproducidas en el segundo, que concluye inmediatamente con la resolución de incautación de la garantía, pero cumpliendo todas las exigencias previstas legalmente previstas para su tramitación.

(Nota: Además el contratista considera que no procede la incautación de la garantía al no haberse acreditado los daños y perjuicios causados. El Tribunal desestima también este motivo pues de lo establecido en el artículo 113.4 TRLCAP, la perdida de la garantía deviene como consecuencia del incumplimiento contractual imputable al contratista, sin perjuicio de la existencia de otros daños y perjuicios. Ahora bien, téngase en cuenta que con la regulación introducida por la LCSP y mantenida en su texto refundido, es discutible y discutido que el efecto respecto a la incautación automática de la garantía hubiera sido bajo la nueva ley el mismo .Ver al respecto en el Tema 10.- Régimen de las garantías,  el comentario: COM.10.01.- ¿El hecho de la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, supone la perdida de garantía y, además, la obligación de  hacer frente a la responsabilidad de daños y perjuicios en lo que exceda de aquélla o, solamente, la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados?).

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STS 8740/2011 (Ref.- S0062)

• Datos: Fecha: 22-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072011100912

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS EXCLUIDA EN EL PCAP POR DURACIÓN DE LA OBRA < 12 MESES. SI FINALMENTE LOS TRABAJOS TIENEN UNA MAYOR DURACIÓN NO CABE POR ELLO LA REVISIÓN DE PRECIOS SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA SUSPENSIÓN ES IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN. “… necesidad de determinar si la prórroga del plazo de ejecución del contrato de obra, aprobada por la … a petición de la mercantil contratista (actual recurrente en casación) por motivos a ésta no imputables, puede dar lugar a la aplicación de la revisión de precios regulada en el artículo 103 del TRLCAP, [89 TRLCSP] toda vez que, como consecuencia de aquélla, el plazo efectivo de ejecución de las obras superó el de un año, previsto en el citado artículo, y ello, a pesar de que tal posibilidad resultó en su día expresamente excluida en el PCAP en atención al plazo de ejecución inicialmente previsto. La respuesta a tal cuestión ha de ser necesariamente negativa, tal como hemos decidido en otro recurso de casación interpuesto por la ahora recurrente en relación con un motivo idéntico (Sentencia de 21 de julio de 2011, recurso de casación nº 110/2009 ), cuyo criterio ha de seguirse aquí en virtud de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la Ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución ).

En primer lugar, porque la calificación de los motivos de concesión de la prórroga como no imputables al contratista lo es a los exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 96.2 del TRLCAP, [213.2 TRLCSP] en cuya aplicación se concede, esto es, para permitir a aquél que cumpla sus compromisos, porque en otro caso, si la demora en la ejecución obedeciera a causa imputable a aquél, de acuerdo con el artículo 95.3 del TRLCAP, [212.4 TRLCSP] la regla general es que la Administración puede optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias que en él se establecen. Y evidentemente que esas causas se califiquen como no imputables al contratista, lo que aquí no es objeto de discusión, no implica que la demora en el plazo de ejecución resulte por ello imputable a la Administración, supuesto éste (el de la imputabilidad a la Administración) contemplado en las Sentencias de esta Sala de 21 de julio de 1986 y 14 de febrero de 1989 , citadas por la recurrente, para afirmar que las prórrogas por causas no imputables al contratista no privan a éste del derecho de revisión de precios, pues en los casos citados obedecían, bien a la modificación por la Administración del contenido inicial de las obras o a la demora en la entrega de permisos para explosivos, circunstancias completamente distintas a las del caso que nos ocupa, por lo que la jurisprudencia en ellas contenida no resulta de aplicación al presente caso.

En segundo lugar porque la prórroga del plazo de ejecución del contrato concedida al contratista no supone la alteración del principio general contenido en el artículo 98 de la TRLCAP,[215 TRLCSP] según el cual la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 144,[231 TRLCSP] que significa que el contratista ha de soportar las consecuencias derivadas de circunstancias no previstas en el contrato, no imputables a la Administración y que no tengan la consideración de fuerza mayor (supuesto previsto en el citado articulo 144 del TRLCAP). Y tampoco en este caso puede entenderse, constitutiva de una modificación del plazo de ejecución inicialmente estipulado en el contrato, pues faltan para ello los requisitos sustantivos y procedimentales exigidos a tal fin por el artículo 101 y 146 del TRLCAP y 158 y siguientes del RD 1098/2001, de 12 de octubre , como explica con acierto la sentencia impugnada.

Y en tercer lugar porque la revisión de precios, …  quedó clara y tajantemente excluida – sin atisbo alguno de la oscuridad que a través de la invocación del artículo 1288 del Código Civil y de la sentencia de esta Sala de 3 de febrero de 2003 (RCUD 2927/2001 ) denuncia la recurrente- en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obra que aquí nos ocupa, de conformidad con el principio de libertad de pactos contenido en el artículo 4 del TRLCAP en relación con el artículo 103.3 del mismo texto legal [89 TRLCSP] , cuyos términos y motivación fueron aceptados voluntariamente por la mercantil hoy recurrente, tanto al concurrir al concurso regido por tales PCAP, como al suscribir el propio contrato de adjudicación de las obras, siendo estos los elementos sobre los que, en su caso, debe aplicarse la idea de claridad u obscuridad, y en los que en el caso actual no apreciamos obscuridad alguna, que exija interpretación, y no actos ulteriores, como la certificación final de obra. (…)”

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STS 7707/2011 (Ref.- S0061)

• Datos: Fecha: 17-11-2011.  /  Ley vigente: LCE.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079130072011100803

• Resumen: EL DERECHO DEL CONTRATISTA A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO SE VE ANULADO POR, Ó INCLUIDO EN, UNA POSTERIOR REVISIÓN DE PRECIOS Y/O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  “… Nada tiene que ver el precio de la obra con la indemnización de daños y perjuicios derivada de una suspensión por causas imputables a la Administración, que es el objeto de este debate, de suerte que la modificación del contrato y la revisión de precios, si bien pudieran suponer el necesario ajuste en el equilibrio económico-financiero del contrato, no implican, por tratarse de conceptos distintos, que el contratista renuncie a resarcirse de los daños y perjuicios que le ha causado la paralización de las obras.

El motivo es estimado por cuanto que el contratista tiene derecho a ser indemnizado como consecuencia de los daños y perjuicios derivados de la suspensión de las obras en aquellos casos en los que, como sucede en el aquí analizado, la Administración contratante no procedió expresamente a declarar esa suspensión, pero sí se produjo una suspensión de las obras. Esta Sala, en reiteradas sentencias (por todas, las de 13 de noviembre de 1978 , 4 de junio de 1982 , 26 de abril de 1985 , 27 de enero de 1989 , 18 de mayo de 2009 y 3 de noviembre de 2011 ) ha declarado que la inexistencia de una declaración formal de suspensión temporal de las obras no desvirtúa el hecho cierto y real de que la verdadera causa de paralización de tales obras no puede imputarse al contratista sino a la Administración, que incurrió así en un claro e inequívoco incumplimiento contractual. Por consiguiente, cuando la propia Administración se ha visto en la necesidad de conceder prórrogas sucesivas del plazo de finalización de las obras por no haber puesto a disposición del contratista, y a su debido tiempo, los medios necesarios y precisos para que pudieran iniciarse dichas obras y ello unido a la necesidad técnica de modificar un proyecto que posteriormente, devino deficiente para que pudiera ser adaptado a la realidad existente, las circunstancias concurrentes determinan la presencia de una excepción al principio de riesgo y ventura del contratista y la ulterior responsabilidad de la Administración por incumplimiento del contrato, (…) ”

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SAN 5276/2011 (Ref.- S0060)

• Datos: Fecha: 16-11-2011.  /  Ley vigente: LCSP (RGLCAP)  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230052011100971

• Resumen: LA LIMITACIÓN A CUATRO DEL NUMERO DE SUBGRUPOS EXIGIBLES EN LOS PCAP OPERA CON RESPECTO A TODOS LOS REQUERIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUAL SEA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN EN EL QUE SE INCLUYEN. [En el supuesto analizado se interpone recurso contra el Acuerdo que aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en concreto respecto a una de las cláusulas que exigía a las empresas licitadoras estar clasificadas en cuatro subgrupos del Grupo C y en otros dos subgrupos (I-9 y J-2). El artículo 36.2.a) del RGLCAP, establece que “el número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.” La cuestión se centra en conocer si el máximo de cuatro subgrupos opera exclusivamente dentro del mismo grupo de clasificación o, por el contrario opera respecto a todos los requeridos. La sentencia, analizando el contenido del artículo 36 RGLCAP, e invocando sentencias del Tribunal Supremo y doctrina de la JCCA, considera que…] “…ha de compartirse el razonamiento de la parte demandante de que la limitación a cuatro subgrupos opera con respecto a todos los requeridos, cualquiera que sea el grupo de clasificación en el que se incluyen, rechazándose la sostenida por la Administración demandada de que el tope sólo juega dentro de cada grupo…”

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STSJ  CV 8925/2011 (Ref.- S0059)

• Datos: Fecha: 15-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 46250330032011101250

• Resumen: LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO POR UNO DE LOS INTEGRANTES DE UNA UTE “(…) TERCERO.- Una segunda causa de inadmisión propuesta por la parte demandada -también con base en el art. 69 b) LJCA – consiste en que la recurrente no está legitimada para interponer el recurso contencioso-administrativo por cuanto no puede representar a la UTE “de acuerdo con la reciente doctrina del Tribunal Supremo que se recoge e el Fundamento de derecho sexto de la STS de 22-6-2009 “. Tampoco puede ser acogida la causa de inadmisión propuesta, ello después de un examen atento de la propia doctrina jurisprudencial que invoca la Administración demandada. En efecto, dicha STS de 22-6-2009 se remite a otras de 13-5-2008 y 23-7-2008, las cuales consideran procedente y admisible el ejercicio de acciones por uno de los miembros que componen la asociación empresarial, en la medida que la acción judicial individual de uno de los partícipes de la UTE es admisible siempre y cuando se realice “sin oposición de los restantes” (por ejemplo, cuando uno de ellos ha renunciado al ejercicio de la acción judicial). Y aquí no consta que el otro de los componentes de la UTE, …,haya mostrado su oposición a la interposición del presente recurso contencioso-administrativo por parte de la actora.”

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STSJ EXT 1726/2011 (Ref.-0058)

• Datos: Fecha: 10-11-2011.  /  Ley vigente: LCSP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 10037330012011101194

• Resumen: SUBSANACIÓN DE DEFECTOS. COMUNICACIÓN.  Establece la sentencia la no obligación por parte del órgano de contratación de comunicar de  manera individualizada a los licitadores los defectos a subsanar en la documentación por ellos presentada, salvo en el supuesto de que tal obligación de comunicación personalizada se recogiese en el pliego de condiciones administrativas. En caso contrario, y con base en el artículo 81 del RGLCAP, la comunicación verbal en el acto de apertura de la documentación administrativa y su publicación en el perfil de contratante –supuesto analizado-, es suficiente para dar por notificado tales circunstancias a los licitadores.

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STSJ BAL 1342/2011 (Ref.-0057)

• Datos: Fecha: 09-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Concesión de obra.  / Id. Cendoj: 07040330012011100846

• Resumen: OMISIÓN DE TRÁMITE EN EL EXPEDIENTE. En el supuesto analizado, y por lo que se refiere al fondo del asunto, el Tribunal considera que, en el caso enjuiciado, la omisión del estudio de viabilidad económica, no se traduce en motivo de nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento; Si bien es cierto que el artículo 227 del TRLCAP contemplaba que “con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma”, en el contrato licitado “…precisamente lo que se saca a concurso no sólo es el contrato de concesión de obra pública, sino la redacción de un proyecto que debe efectuar la valoración económica de rentabilidad de la concesión….” Además de éste, otros factores hacen que un “estudio de viabilidad” como el precisado en el art. 227 del TRLCAP , sería un estudio inocuo y falto de contenido sustancial ya que o bien ya está previsto en el PGOU, o bien forma parte del proyecto que precisamente deben redactar los licitadores. No concurre así, la “inobservancia absoluta de trámites” que derivarían en nulidad plena.”

ARBITRARIEDAD EN LA VALORACIÓN DE LAS PUNTUACIONES. Recuerda la sentencia que: “La ausencia de motivación en las resoluciones de adjudicación de contratos ha dado lugar a una reiterada doctrina jurisprudencial que se concreta en que:

a) la Administración ha de expresar las razones que le inducen a otorgar preferencia a uno de los solicitantes frente al resto de los concursantes, haciendo desaparecer así cualquier atisbo de arbitrariedad y permitiendo, al mismo tiempo, que el no beneficiario pueda contradecir, en su caso, las razones motivadoras del acto y el órgano judicial apreciar si se ha actuado o no dentro de los límites impuestos a la actividad de los poderes públicos; b) tal exigencia de motivación no puede ser suplida por la simple fijación de puntuaciones; y c) con esa exigencia no se trata de sustituir el criterio técnico de la Administración, sino de conocer en que ha consistido éste y cuáles han sido los datos determinantes de la decisión” (en este sentido SSTS de 27 de enero , 31 de enero , 2 de febrero , 15 de marzo , 12 de abril y 10 de julio de 2000 , y 12 de julio de 2004 ).

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STSJ BAL 1339/2011 (Ref.-0056 )

• Datos: Fecha: 09-11-2011.  /  Ley vigente: LCSP.  / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 07040330012011100843

• Resumen: PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. INCOMPATIBILIDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN.-  En el supuesto analizado se recurre la resolución de la Administración que considera decaída la adjudicación provisional del contrato “Asistencia Técnica para la realización de un auditoria técnica y económica de las obras realizadas en Eivissa” realizada a favor de una UTE por participar en la misma una persona que había sido miembro, concretamente Director de Comercio, de la Conselleria de Comercio e Industria de las Islas Baleares; El pliego del contrato de servicios licitados establecía que “es una condición sustancial del contrato que exista una absoluta separación de intereses empresariales o personales entre el adjudicatario y cualquier empresa o persona física o jurídica que haya intervenido en cualquier forma, directa o indirectamente, en la redacción de los proyectos o la ejecución de las obras objeto de la auditoria, e incluye cualquier situación de hecho o de derecho que razonablemente ponga en peligro la apariencia pública de independencia de la empresa consultora respecto a los trabajos a realizar”, lo que según la sentencia  afecta “…a los empleados públicos y órganos administrativos que también participaron en la redacción y supervisión de la ejecución de los proyectos viarios, pero no alcanza a quienes, perteneciendo a la Administración de la Comunidad Autónoma, no participaron ni directa ni indirectamente en la redacción de proyectos y ejecución de las obras.” En el caso analizado si bien queda acreditado la intervención de la Conselleria de Comercio e Industria, en alguna de las obras objeto de Auditoria, no es menos cierto que la misma se llevo a cabo a través de la Dirección de Industria, no de la de comercio por lo que “ …ya se advierte que no concurría en el Sr. —-, ninguna situación de hecho o de derecho que pusiera en peligro la apariencia pública de independencia de la empresa consultora, por lo que no es cierto que la recurrente incumpliese la cláusula de incompatibilidad.”. Por ello se estima el recurso contencioso administrativo, declarando nulo el acto administrativo impugnado.

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STSJ  CL 5787/2011 (Ref.-0055)

• Datos: Fecha: 08-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obra.  / Id. Cendoj: 4718633001201110092

• Resumen: ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. Tiene su origen esta sentencia en el silencio administrativo por de la Administración, ante la solicitud por parte del contratista de que las obras por él ejecutadas le fueran recepcionadas por aquélla. Recurrida en vía judicial  en primera instancia la sentencia considera “Que estimando en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad — frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación deducida en fecha —, en solicitud del pago de la cantidad de — euros; debo declarar y declaro que dicha resolución no es conforme a derecho, dejando sin efecto la misma y condenando al Ayuntamiento demandado a pagar a la actora la suma de — euros.” El Ayuntamiento recurre la sentencia reiterando como argumento principal de que dado que la obra no se ajustaba al proyecto en su momento aprobado se opuso a su recepción; siendo ello un hecho que impide reconocer la petición de pago formulada por el contratista. Considera el Tribunal que de acuerdo con la legislación vigente “…, el ayuntamiento actual demandado-apelante no actuó correctamente con lo que afirma fue su negativa a recibir las obras … porque de no estar de acuerdo en la manera en que fueron realizadas lo que tendría que haber hecho sería extender un acta de no recepción y conminar a la contratista a corregir los defectos detectados concediéndole a tal fin un plazo. Esto es, estaba obligado a realizar una determinada actuación contractual expresa y específica sin que fuera acertado mantener una actitud de simple pasividad.”  “Ahora bien, ese incorrecto proceder municipal no puede generar, sin más, el derecho de la parte contratista a que le paguen el precio de la obra que reclama debido a que el mismo surge como tal y a su favor siempre y cuando la prestación principal de aquella contratista estuviera realizada en los términos legales y contractuales (artículo 99.1 TRLCAP), lo que implica que existan las condiciones de cumplimiento previstas en el artículo 110.1 y 2 de aquella norma (realización de la obra de conformidad con los términos convenidos en el contrato y a satisfacción de la Administración). Pues bien, esas condiciones de cumplimiento, fuera por lo que consta en el fundamento de derecho 4º de la sentencia que refiere una variación en demasía de una partida de la obra no autorizada por el contratante, o fuera por los defectos en la ejecución detallados en el fundamento de derecho 5º de la expresada resolución judicial, no concurren en el supuesto de la presente apelación y por ello no es acertada la conclusión de la Juzgadora a quo de reconocer una determinada cantidad a favor de la contratista-demandante- apelada. A juicio de esta Sala, existe un trámite que es de inexcusable observancia y que la sentencia soslaya, siendo el de la recepción o su alternativa de no recepción de la obra tratado más atrás, sin el que no es posible sostener en su caso la existencia de un derecho al pago del precio a favor de la empresa contratista; por esta razón la resolución judicial infringe los artículos precedentemente mencionados y la impugnación contra la misma tendrá que prosperar.” En definitiva, existe un “…deber concreto de actuación al ayuntamiento de — que consiste en extender en el plazo de un mes un acta formal de recepción negativa de las obras de urbanización, en la que se especifiquen los defectos concurrentes y en la que se conceda a la contratista un plazo para que los corrija, y en caso de que efectúe esa corrección: recibir la obra, liquidar la misma y satisfacer su importe a la sociedad limitada demandante-apelada de conformidad con lo prescrito en el ya citado artículo 147 , sus concordantes normas reglamentarias y los pliegos de la contratación.”

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STSJ GAL 8762/2011 (Ref.-0054)

• Datos: Fecha: 03-11-2011.  /  Ley vigente: —.  / Tipo de contrato: Varios.  / Id. Cendoj: 15030330022011100996

• Resumen: PAGO DEL PRECIO. CANTIDADES YA ABONADAS. En ejecución de sentencia, la Administración abona a diversas empresas las cuantías fijadas en aquélla.  “…tras haberle sido abonadas a esas empresas la suma a que se refería el fallo, se detectó que una parte de las facturas ya había sido pagada con anterioridad a la demanda, hecho que aquéllas sabían, pero no el ente local, que lo desconocía e ignoraba debido al defectuoso archivo de los expedientes y al “maremágnum” de personal que fue ocupando, de forma provisional o en comisión de servicios, los puestos de Intervención y Tesorería entre los años 1998 y 2006, todo lo cual califica como “motivos de fuerza mayor”. La Administración en base a ello interpone recurso especial de revisión. El Tribunal considera “En orden a interpretar si puede prosperar el recurso extraordinario de revisión … una constante jurisprudencia preconiza que, dada su naturaleza extraordinaria y excepcional, exige un enjuiciamiento inspirado en la estricta concurrencia de las causas o motivos taxativamente señalados en la ley …; ya en el motivo particular que aquí interesa, puesto que se alude a la aparición de “documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado”…, ha de subrayarse el dato de que, además de que tales documentos deben ser decisivos y relevantes para provocar la alteración del fallo, se requiere que, antes de que se dicte la sentencia, su recuperación fuera indisponible, bien por fuerza mayor, o bien por maniobra exclusivamente imputable al litigante que logró la resolución judicial favorable. Pues bien, arreglo a ese régimen jurídico debe resolverse el presente recurso, en el que se trae un débil argumento para apoyar la pretensión de revisión de la sentencia firme, circunstancia que determina que se tenga que desestimar tal recurso, ya que el defectuoso archivo de los expedientes y, por lo tanto, la dificultad en encontrar facturas ya abonadas, es de exclusiva responsabilidad de la propia entidad local, sin que se le pueda trasladar al particular, por serle ajenas las obligaciones de conservar tales documentos …”

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SAN 5134/2011 (Ref.- 0053)

• Datos: Fecha: 03-11-2011.  /  Ley vigente: Otras.  / Tipo de contrato: Servicios.  / Id. Cendoj: 28079230052011100946

• Resumen: CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Con apoyo en diversas sentencias del Tribunal Supremo, el Tribunal considera que  “…la determinación de su plazo (de caducidad), viene determinado, ante la ausencia de un plazo marcado por ley sectorial o reglamentariamente, ha de aplicarse el principio general del articulo 42.3 de la Ley 30/1992 , de tres meses, tal y como establecen las sentencias arriba citadas, al que puede adicionarse, los plazos de suspensión…” . En el caso enjuiciado el plazo supero los tres meses por lo que el Tribunal sentencia la caducidad del procedimiento. Es de destacar que el plazo de tres meses se suspende en determinados supuestos, uno de ellos, aplicable al caso cuando se solicita preceptivo informe del Consejo de Estado, ahora, bien, sin que dicha suspensión exceda de los tres meses. En el caso enjuiciado, desde la suspensión del procedimiento hasta su reanudación transcurrieron-debido a la demora en la emisión del Dictamen por parte del Consejo- más de tres meses, por lo que considera el Tribunal que al haberse excedido del plazo de suspensión, este debe computarse por tres meses.

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SAN 4855/2011 (REf.- 0052)

• Datos: Fecha: 03-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230052011100896

• Resumen: EFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN. SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. En el supuesto analizado estamos ante un contrato que se haya suspendido por la Administración desde hace más de cuatro años, excediendo ampliamente el plazo establecido por el TRLCAP (1 año), a partir del cual el contratista puede solicitar su resolución. El día 17 de febrero la Administración acuerda el levantamiento de la suspensión cuya notificación es recibida por el contratista el día 24. El día 18 de febrero el contratista solicita la resolución del contrato.

“La controversia se suscita a la hora de decidir si cuando la hoy demandada solicita la resolución de contrato mediante escrito, con sello de entrada del 19 de febrero del 20xx al amparo de lo dispuesto en el artículo 192.b) del TRLCAP, el contrato de suministros se encontraba o no suspendido, porque en caso de ser así, (…) no existiría causa legal para instar la resolución contractual, ya que el contrato estaba vivo a todos los efectos. Sin embargo, la propia resolución por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión, dictada con fecha 17 de febrero de —, marca ya los propios efectos de la suspensión:”desde el día siguiente a la notificación fehaciente de esta resolución al adjudicatario”.  Notificación que tuvo lugar, el 24 de febrero de (…), y es a partir de esta fecha cuando la resolución produce plenos efectos, tal y como indica la propia resolución, en concordancia con el artículo 57.2 de la Ley 30/1992 , que excepciona la regla general de que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producen efectos desde la fecha en que se dicten, demorando su eficacia, entre otros supuestos, cuando esté supeditada a su notificación, como ocurre en el caso de autos, en el que se precisa la notificación del acto al afectar a sus derechos e intereses (Art. 58.1 de la Ley 30/92 ). (…) Por otra parte, y respecto del escrito de la recurrente (…) conviene recordar que el Real Decreto 772/1999, 7 mayo , por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, reconoce la eficacia de los escritos presentados en el registro del órgano administrativo competente desde el día de su presentación. En particular, señala en su artículo 4 que “la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior en las oficinas de registro del órgano competente para su tramitación producirá como efecto el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo máximo para notificar la resolución expresa”.

En definitiva, cuando la recurrente solicitó la resolución de contrato, el mismo se encontraba aún suspendido, y tal solicitud debe desplegar toda su eficacia, en virtud de lo dispuesto en el citado art. 192.b) TRLCAP, que establece como una de las causas de resolución del contrato`”la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la Administración”.  Con lo cual, contrariamente a lo que se sostiene por la Administración, el levantamiento de la suspensión no se produjo y causó efectos en fecha anterior a la formulación por parte de la adjudicataria de su pretensión de resolución, sino que esta tuvo lugar con anterioridad a dicho levantamiento de la suspensión.

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SAN 4889/2011 (Ref.-0051)

• Datos: Fecha: 03-11-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP  / Tipo de contrato: Obra.  / Id. Cendoj: 28079230052011100905

• Resumen: CERTIFICACIÓN DE OBRA. NATURALEZA JURÍDICA DE LA MEDICIÓN GENERAL DE OBRA. El recurso de apelación se dirige contra el Auto por el que el Juez Central, estimando la alegación previa planteada por el Abogado del Estado, ha declarado inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la impugnación presentada contra la medición general efectuada en la obra adjudicada a la entidad recurrente (…) Considera el Tribunal que  “…la medición general se inserta dentro de la sucesión de actos necesarios para la liquidación del contrato, constituyendo una típica manifestación de los actos de trámite, categoría en la que no sólo se incluyen los actos de ordenación, pues comprende todos aquellos que, instrumentalmente, preparan la resolución final, contribuyendo a su acierto. Así se infiere de la regulación contenida en el artículo 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, El carácter instrumental de la medición general se manifiesta en la finalidad que persigue: determinar la obra realmente ejecutada de acuerdo con el proyecto para aprobar la certificación final.” (…) Ha de realizarse observando los pasos previstos en el referido artículo 166 del Reglamento . Entre esos pasos interesa destacar que, efectuada materialmente la medición, se ha de levantar un acta, por triplicado, y notificarse el resultado de la medición al contratista para que, en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos; en este último supuesto, el director de la obra efectuará un informe al respecto, sin perjuicio de que expida y tramite la correspondiente certificación final, si bien es el órgano de contratación el que ha de aprobar la certificación final de las obras ejecutadas. (…) Por consiguiente, ha de convenirse con el Juez Central que la medición general es un acto de trámite. (…) La condición de acto de trámite impide la impugnación al margen de la del acto final, siendo con ocasión de ésta cuando han de invocarse las posibles infracciones en las que se haya podido incurrir durante la tramitación, lo que, aplicado al supuesto de referencia, supone que los defectos sustantivos o formales de la medición general, tales como los errores en las partidas o conceptos evaluados, así como la hipotética falta de citación del contratista a la realización de la medición, han de alegarse al reaccionar contra el acto final.”

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SAN 4767/2011 (Ref.-0050)

• Datos: Fecha: 27-10-2011.  /  Ley vigente: TRLCSP  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230012011100483

• Resumen.-DEMORA EN EL PAGO. ABONO DE INTERESES.-  “ … afirma la Abogacía del Estado que no existió retraso que determine el abono de interese por cuanto el artículo 108 TRLCAP … prevé que la revisión de precios pueda llevarse a cabo en la liquidación efectiva que fue abonada dentro del plazo establecido para ella, cabe examinar el invocado artículo 108 …Ha reiterado esta Sala… que si el citado precepto, solo admite excepcionalmente que el importe de la liquidación por revisión de precios se haga en el momento de la liquidación cuando no haya podido incluirse en las certificaciones o pagos parciales, lo normal es que el abono se haga conjuntamente con la certificación parcial. Si la Administración efectúa esta determinación con la liquidación del contrato debe justificar y motivar las razones por las que demoró el pago, sin embargo nada ha expuesto ni justificado la Administración sobre las razones por las que demoró el pago, por lo que resulta de aplicación la regla general, pues solo si las razones de demora tienen una explicación razonable puede ser admitida tal excepción…”

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STSJ GAL 7933/2011 (Ref.-0049)

• Datos: Fecha: 13-10-2011.  /  Ley vigente: LCAP  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 15030330022011100910

• Resumen: CERTIFICACIONES DE OBRA. COMPUTO DEL PLAZO PARA EL PAGO. ”…la administración demandada fundamenta su negativa al abono de intereses reclamados alegando que el “dies a quo” de dos meses, debe computarse a tenor de lo dispuesto en el artículo 99. 4) Ley de Contratos , desde los dos meses siguientes a la fecha de entrada de la certificación en el Registro administrativo correspondiente, no desde la fecha en que el Director de Obras certifica,…”

“La Sala considera que carece, por lo tanto, de toda base la referencia al momento del acceso de la certificación a los correspondientes registros de la administración, que nuevamente vendría a suponer, la interpretación de la necesidad de que exista reclamación ante dicha administración.” e invoca la sentencia del TS Sala 3ª, sec. 6ª, S 10-9-2010, rec. 477/2009 dictada en recurso de casación para unificación de doctrina que establece los siguiente “…….al respecto, de conformidad con el artículo 99.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio EDL 2000/83354 , es de significar que contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida y en armonía con lo sustentado en la de contraste, es suficiente para el inicio del devengo de intereses el transcurso del plazo de sesenta días a computar desde la fecha de la expedición de la certificación final de obra, sin necesidad de intimación por parte del contratista. La dicción del citado artículo 99.4 pocas dudas ofrece. En su inciso primero establece la obligación de la Administración de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras y en su inciso final que la demora en el pago conlleva el abono de intereses de demora a partir del cumplimiento del plazo de los sesenta días……” Por último, la sentencia del TSJ de Galicia precisa “………La presentación al cobro que se exige en la sentencia recurrida podría tener sentido en el caso de facturas, en cuanto que hasta que se presentan, por razones obvias, no pueden ser objeto de abono, pero carece su exigencia de toda justificación cuando el cobro pretendido se refiere a una certificación final de obra……”

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SAN 4739/2011 (Ref.- S0048)

• Datos: Fecha: 31-10-2011.  /  Ley vigente: LCSP.  / Tipo de contrato: Obras.  / Id. Cendoj: 28079230082011100572

• Resumen: NATURALEZA PUBLICA/PRIVADA DE LAS CONTRATACIONES DE OBRA EFECTUADAS POR AENA.  “…estamos ante un contrato de obra celebrado por una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Fomento, creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general (…) comparte esta Sala el criterio del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, plasmado en sentencia de su sección 3ª, de S 19-2-2008, nº 170/2008 (rec. 1610/2005 ) en el siguiente sentido: (…) a diferencia de lo que manifiesta Aena no cabe duda alguna que cuando convoca un concurso de obras en un Aeropuerto público, cuando fija las condiciones de este contrato redactando los respectivos pliegos y cuando abona la obra encargada y decepcionada, está realizando actuaciones propias del derecho administrativo, dado el carácter público que AENA tiene, siendo indiferente que la misma sea un Organismo Autónomo del Ministerio de Fomento o una entidad pública empresarial ya que el objeto del presente proceso es una consecuencia de un contrato de obras adjudicado, y realizado y recepcionado con arreglo a la ley de contratos del Estado sin que se oponga a esta calificación ni la disposición transitoria sexta de la vigente ley de Contratos de la Administración Pública ni el hecho de que haya actividades de las que realiza el ente público que puedan ser excluidas del cambio administrativo (…)Procede, en consecuencia con lo expuesto, la estimación del recurso de apelación y la consiguiente revocación del auto recurrido, declarando competente al orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto por la entidad XXX contra la resolución desestimatoria presunta de AENA sobre solicitud de revisión de los precios del contrato. “

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SAN 4553/2011 (Ref.- S0047)

• Datos: Fecha: 20-10-11.  /  Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contratos: Servicios.  /  Id. Cendoj: 28079230032011100665

• Resumen: SUBSANACIÓN DE ERRORES. En el supuesto analizado uno de l/s licitadores recurre la decisión de la Administración /de otorgar un segundo plazo para la subsanación de defectos a otros dos licitadores. Remarca el Tribunal que este segundo plazo que se concedio en base al artículo 22 del RGLCAP (A los efectos establecidos en los artículos 15 a 20 de la ley, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6.)  considerando que “habiendo sido motivada la discutida concesión del plazo a dichas empresas visitadoras, no cabe entender en el caso litigioso que la posibilidad de subsanación concedida por la mesa de contratación fuera arbitraria o contraria a los actos propios y al no suponer ventaja para aquellas debe descartarse vulneración alguna del principio de igualdad -artículo 11 del texto refundido de la Ley -o, como la recurrente también alega, de falta de falta de equidad”.

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SAN 4437/2011 (Ref.- S0046)

• Datos: Fecha: 11-10-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Obra.  /  Id. Cendoj: 28079230062011100408

• Resumen: DESISTIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS. La cuestión que se plantea en el caso analizado, en el que esta acreditado el desistimiento de la Administración antes del inicio de las obras, es conocer si es de aplicación la indemnización (3% del precio de adjudicación) prevista en el artículo 151.3 TRLCAP (Art. 239.3 / TRLCSP / 222.3 LCSP) para el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis meses o, la prevista (6% del precio de las obras no ejecutadas) en el artículo 151.4 TRLCAP (Art. 239.4 TRLCSP / 222.4 LCSP) “En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses…”. En definitiva, si el desistimiento se traduce en cualquier caso –se hayan o no iniciado las obras- en una indemnización del 6% o, si por el contrario, sólo cabe esta indemnización cuando el desistimiento tiene lugar en el momento en que las obras se hayan iniciado. Esta última posibilidad es la que acoge y argumenta el Tribunal, y en consecuencia, en el caso enjuiciado, dado que el desistimiento se produjo sin que se hubiera iniciado la obra, la indemnización a la que tiene derecho el contratista es la del 3% del precio de adjudicación.

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STSJ CL 5160/2011 (Ref.- S0045)

• Datos: Fecha: 07-10-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Obra.  /  Id. Cendoj: 47186330012011100885

• Resumen: IMPOSICIÓN DE PENALIDADES UNA VEZ RECEPCIONADA LA OBRA. Aunque la sentencia reconoce que no ha lugar a la imposición de penalidades por retraso en la ejecución una vez expedida la certificación final y recepcionada la obra, en el caso enjuiciado, este principio se excepciona, toda vez que la Administración se reservó el derecho a imponer penalidades antes del certificado final de la obra.

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SAN 4552/2011 (Ref.- S0044)

• Datos: Fecha: 06-10-2011.  / Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Obras.  /  Id. Cendoj: 28079230012011100469

• Resumen: INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES. Reproduce para el caso analizado dos sentencias del Tribunal Supremo. La primera de ellas de fecha 10/09/2010 establece que “… es suficiente para el inicio del devengo de intereses el transcurso del plazo de sesenta días (30  días –Art. 216.4 TRLCSP / 200.4 LCSP –Ver sin embargo también derecho transitorio Disp. transitoria octava) a computar desde la fecha de la expedición de la certificación final de obra, sin necesidad de intimación por parte del contratista.” La segunda, la STS de 28 de mayo de 1999 (Rec. 4621/1993)   admitiendo la aplicación del anatocismo al supuesto de reclamación de intereses concretos y liquidados tomando como “dies a quo” la fecha de interposición del recurso en los siguientes términos: “Partiendo de lo dispuesto en dicho precepto (articulo 1.109 del Código Civil ), según el cual “los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados…”, ninguna duda cabe acerca de que, tratándose del proceso civil, la reclamación judicial se produce en el momento de presentación de la demanda, con la cual se inicia el procedimiento judicial (art. 524 LEC ). Tal interpretación, por el contrario, no deja de encontrar dificultades si la reclamación se efectúa en vía jurisdiccional contencioso-administrativa, en la que el proceso se inicia con la interposición del recurso. Cierto es que también en el proceso contencioso administrativo la pretensión se fundamenta y formula en la demanda, pero ello no excluye que la acción procesal impugnatoria del acto administrativo se haya ejercitado en el momento de interposición del recurso contencioso administrativo, acto procesal que debe merecer la consideración de interpelación judicial a los efectos del citado precepto del Código Civil…”

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STSJ MAD 10652/2011 (Ref.- S0043)

• Datos: Fecha: 03-10-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP. Obras.  / Tipo de contrato: Obras.  /  Id. Cendoj: 28079330032011100981

• Resumen: DEMORA EN EL PAGO. INTERESES Y ANATOCISMO “… el recibo por el contratista del capital sin reserva de los intereses de demora, tanto si se trata de certificaciones ordinarias como de la certificación final ( vid artículos 99.4, 110.4 y 147.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000 ), no es de aplicación en la contratación administrativa el artículo 1.110 del Código Civil en el que la Administración demandada funda su postura, pues en los contratos administrativos el devengo de lo intereses de demora por retraso en el pago de lo debido por la Administración, se produce ex lege, sin necesidad por tanto de manifestación alguna del acreedor demostrativa de su rechazo a la renuncia tácita a los intereses que regula el precepto citado del Código Civil, y basta para verificar la conclusión que mantenemos la lectura de los artículos mencionados del Texto Refundido, de los que aparece con claridad meridiana que el devengo del interés legal por el retraso en el pago de lo debido es automático, y se produce por el simple transcurso de los plazos establecidos en esa legislación de contratos de las Administraciones Públicas. (…)  En lo que hace a los intereses legales de los intereses de demora reclamados, también procede su concesión, al disponer el artículo 1109 del Código Civil que: ” Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio en este punto “, porque este precepto reconoce un derecho a todo aquel que reclama a otro unos intereses vencidos, líquidos y exigibles, que solo está condicionado a que tales intereses que sirven de fundamento a los intereses posteriores – anatocismo -, cumplan con aquellas condiciones, como sucede en este caso, sin que de otra parte haya habido una controversia real y mínimamente fundada sobre las pretensiones de la demandante, al ser meramente retórico el motivo de oposición articulado por el Abogado del Estado en relación a los intereses de demora reclamados. ( En igual sentido TSJ MAD 10648/2011  de 29/9/11).

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SAN 4609/2011 (Ref.- S0042)

• Datos: Fecha: 5-10-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.  /  Id. Cendoj: 28079230042011100512

• Resumen: RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA “…cabe concluir que el proyecto de obra, al carecer de estudio geotécnico, que en este caso se ha revelado como una omisión esencial, condicionó de forma determinante el curso de ejecución de los trabajos, y que (…) no puede imputársele al contratista el incumplimiento culpable del contrato en el plazo fijado, al haberse constatado defectos e indefiniciones sustanciales en el proyecto inicial, que no pueden calificarse de imprevistos, y en el modificado que impedían la correcta ejecución de la obra, lo que excedía del riesgo y ventura que la entidad debía asumir, y sin que la Administración diera cumplida respuesta a las alegaciones efectuadas por la empresa al amparo del artículo 146.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000. La consecuencia de lo expuesto, es la obligada conclusión de que los errores de la Administración en la falta de aprobación de un estudio geotécnico que valorase las interferencia de la obra con los servicios públicos, así como la falta de precisión y subsanación de este problema en el proyecto modificado, hacen obligado entender que procede indemnizar a la actora…”

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STSJ MAD 11055/2011 (Ref.- S0041)

• Datos: Fecha:28-09-11.  /  Ley vigente: No definida.  /  Tipo de contratos: Obras.  /  Id. Cendoj: 28079330032011101008

• Resumen: LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ACREDITA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. Supuesto muy interesante de recomendable lectura en el que el contratista ejecuta la totalidad de la obra, así como otros trabajos a mayores que en un principio le fueron reconocidos por la Administración en alguna de las certificaciones ordinarias pero que finalmente en la certificación final son regularizadas, no contemplándose parte de estas obras a mayores en la misma. El contratista basa su reclamación en la teoría del enriquecimiento injusto; La Administración por su parte fundamenta su negativa en el apartado 6.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas que establece que “estas relaciones valoradas no tendrán mas que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en ella se comprenden”. El Tribunal concluye que “… la aprobación y expedición de las certificaciones de obra presupone la efectiva realización de las unidades de obra a las que se refieren por el contratista, previamente comprobada su medición y valoración conforme a los datos expuestos, siendo suscrita por la dirección técnica de la obra. Cuestión distinta es que dichas certificaciones se trate de meros pagos a cuenta y no supongan la aprobación de las obras que en ella se comprenden; aprobación de las obras por la Administración que se efectuará con la recepción de las mismas.”

Así mismo, el Tribunal considera  que la Administración “…ha incumplido la normativa en la materia, por cuanto que el director de la obra no comunicó al contratista la fecha para el inicio de la medición final de las obras, por lo que este no pudo comparecer, realizándose la misma, única y exclusivamente por el representante de la Administración y no conjuntamente con el contratista, como exige dicha normativa, lo que es evidente que, además de una infracción legal y del Pliego de Prescripciones Técnicas, produce indefensión a la actora, sin que la misma quede subsanada por el otorgamiento del trámite de audiencia, que, por otra parte, esta previsto, asimismo, en el artículo 166.5 de la norma reglamentaria, para el supuesto de medición general conjunta.”

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SAN 4339/2011 (Ref.- S0040)

• Datos: Fecha: 26-9-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Obra.  /  Id. Cendoj: 28079230082011100519

• Resumen: RECEPCIÓN TÁCITA DE LAS OBRAS. INAUGURACIÓN. Interesa destacar en esta sentencia la interpretación que hace el Tribunal relativa a que la inauguración de las obras no supone necesariamente la recepción tácita de las mismas, pues lo que establece al respecto la Ley (147.6 TRLCAP en el supuesto analizado y con igual dicción el Art. 235.6 TRLCSP / 218.6 LCSP)  es que habrá recepción tácita  cuando se acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, no traduciéndose ineludiblemente la inauguración en puesta en servicio.

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STS 6548/2011 (Ref.- S0039)

• Datos: Fecha:23-09-2011.  / Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Suministro.  /  Id. Cendoj: 28079130072011100715

• Resumen: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. En el supuesto analizado, entre los criterios de adjudicación se puntuaba el porcentaje de trabajadores fijos con minusvalia en plantilla. Con ocasión del requerimiento por parte de la Administración de cierta documentación, la empresa que a la postre seria adjudicataria del contrato presenta una comunicación al INEM de conversión en indefinido del contrato de trabajo temporal del trabajador minusvalido. Esta comunicación es de fecha posterior a aquella en la que finalizo el plazo de presentación de ofertas. El TS confirma la anulación de la adjudicación

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STS 6390/2011 (Ref.- S0038)

• Datos: Fecha: 06-10-2011.  /  Ley Vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS. El contratista, habiendo firmado un contrato para la ejecución de un proyecto complementario, reclama posteriormente a la terminación y abono de las obras una nueva revisión de precios, esgrimiendo que la revisión efectuada, lo fue con unos índices que no eran los vigentes a la fecha de adjudicación del contrato, publicándose los correspondientes con posterioridad a dicha fecha y resultando ser superiores, por lo que reclama la diferencia resultante entre la aplicación de unos índices y otros. La sentencia del TS  rechaza la pretensión, toda vez que la entidad contratista era perfectamente consciente de lo que firmaba sin que pueda sustituir una actuación encaminada a cambiar un acto propio, alegando razones de legalidad que debió oponer al suscribir el contrato y que ahora se suscita como cuestión nueva.

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SAN 4408/2011 (Ref.- S0037)

• Datos: Fecha: 05-10-2011.  /  Ley Vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: RECEPCIÓN TÁCITA DE LAS OBRAS. La inauguración y puesta en servicio de las obras no acredita necesariamente la recepción tácita de las obras. (Nota: Interesa destacar aquí, que a la luz del artículo 235.6 TRLCSP (218.6 LCSP), la decisión de la sala posiblemente fuese otra. “Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.” –Art.235.6 TRLCSP-).

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SAN 4400/2011 (Ref.- S0036)

• Datos: Fecha: 03-10-2011.  /  Ley Vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: ADMINISTRACIÓN OBLIGADA AL PAGO. En el supuesto analizado, se elaboraba periódicamente una doble certificación, siendo la factura correspondiente a cada una de ellas abonada por una Administración distinta. El contrato de la obra ha sido firmado por el contratista y por una sola de las Administraciones, colaborando la otra a su financiación, en base a un convenio previo firmado entre ambas. Reclamados por el contratista a la Administración contratante la totalidad de los intereses por demora en el abono de las certificaciones emitidas, independientemente de que hubieran de ser pagadas por una u otra Administración, considera la Administración contratante/demandada que, en su caso, ella sólo vendría obligada al pago de los intereses que derivan de las certificaciones cuyo principal esta obligada a abonar, pero no de los de aquellas otras a las que debe hacer frente la otra Administración. El Tribunal sentencia que debe ser la Administración firmante del contrato, única firmante a su vez de los modificados de la obra y única ante la que se constituyo las garantía, quien debe abonar al contratista el pago de los intereses, independientemente de que en base al convenio suscrito con la otra Administración pueda repetir frente a ella el pago efectuado correspondiente a los intereses de demora de las certificaciones a las que esta debería haber hecho frente. En definitiva, la Administración demandada ejecutó la obra bajo su responsabilidad y la relación contractual de la que se derivan los intereses de demora dimana del contrato suscrito por ésta con el contratista sin intervención de ninguna otra Administración.

REVISIÓN DE PRECIOS CUANDO EXISTEN ANTICIPOS A CUENTA. Aun en este caso, acreditada la ejecución de las obras las cantidades se encuentran sujetas a revisión (Nota: No se considera verdaderamente sólido en este caso el argumento del Tribunal que se apoya en que “…como lo demuestra el hecho de que la propia Administración realizó después, en la certificación final, el cálculo correspondiente a la revisión de precios…” de dichas certificaciones.

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SAN 4383/2011; SAN 4378/2011; SAN 4304/2011; SAN 4302/2011; SAN 4112/2011; SAN 4110/2011; SAN 4110R/2011 (Ref.- S0035)

• Datos: Fechas: varias.  /  Ley vigente: LCSP.  /  Tipo de Contrato: Obras.

• Resumen: TASA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. La liquidación de la Tasa de Dirección e Inspección de Obra ha de tomar como base el importe liquido de las certificaciones pero no debe incluir las cantidades que se abonan al contratista en concepto de revisión de precios.

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STSJ EXT 1471/2011; STSJ EXT 1443/2011; STSJ EXT 13333/2011; STSJ EXT_1306/2011 (Ref.- S0034)

• Datos: Fechas: varias.  /  Ley vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Servicios.

• Resumen: ALCANCE DEL CONTROL JUDICIAL SOBRE LA VALORACIÓN TÉCNICA. Las sentencias –todas ellas con el mismo cuerpo de texto- analizan cual debe ser la función de los Tribunales en los casos en los que el objeto de la impugnación es la valoración técnica otorgada a los licitadores, concluyendo que “En definitiva, el control judicial tiende al cumplimiento de las garantías organizativas y procedimentales, y aunque incluye el de la legalidad de los criterios tenidos en cuenta para la decisión, el Tribunal no puede sustituir materialmente el de la Administración si no evidencia en su razonamiento que ha efectuado una aplicación arbitraria de los conceptos que incorpora la norma.”

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STSJ AS 3274/2011 (Ref.- S0033)

• Datos: Fecha: 23-09-2011.  / Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: GASTOS DERIVADOS DEL DERECHO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. En el supuesto analizado y en base a la previsión establecida en el PCAP “Serán de cargo del contratista los derechos de acometida que giren las compañías suministradoras para dotar de los servicios precisos a la edificación y tasas de acometida o de suministro de los servicios municipales o de las empresas que gestionen los mismos” el Tribunal sentencia que el pago de los derechos de acometida deben ser asumidos por el contratista  reproduciendo el artículo 44 del R.D. 1955/2000 que define a aquéllos como “contraprestación económica que debe ser abonada a la empresa distribuidora por la realización del conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo suministro o para la ampliación de uno ya existente”, considerándose “acometida” a la parte de instalación comprendida entre la red de distribución y la caja o cajas generales de protección para suministros en baja tensión, debiendo entenderse que la red de distribución comprende las ejecutadas con la finalidad de llevar las líneas hasta el punto en que el empalme por los particulares sólo precise construir la acometida individual que una dicha red de distribución con el punto de mínima distancia a la caja de protección del usuario. “ Por ello, si en el proyecto de obras aprobado se calificaba como solar el terreno, es claro que se hacía preciso llevar a cabo la acometida de suministro de energía suficiente para abastecer las necesidades planteadas por las 12 viviendas y local objeto de las obras de rehabilitación, dotación de la que si carecía habría que proporcionársela, y de resultar insuficiente la acometida aérea próxima a las viviendas, como era el caso, preciso resultaba reforzar la línea eléctrica que servía al edifico con la infraestructura adecuada desde el centro de transformación más próximo”

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STSJ AS 3253/2011 (Ref.- S0032)

• Datos: Fecha: 23-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. OBRAS EJECUTADAS NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO. En el supuesto enjuiciado el contratista reclama el abono de una cantidad por la ejecución a mayores de diversas obras no contempladas en proyecto, considerando en consecuencia modificado el contrato por la vía de hecho, prescindiendo del procedimiento que para dicho trámite se prevé en la Ley, sufragando unos gastos adicionales que factura de manera independiente a las certificaciones ordinarias de la obra, y que ahora la Administración se niega a reembolsar. El Tribunal falla a favor del contratista en base a la doctrina del enriquecimiento injusto, trayendo a colación diversas sentencias del Tribunal Supremo  “el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos sin causa -enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el régimen administrativo. Mas estos efectos, sin causa, por la forma, se convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara” ó “(…) la doctrina del enriquecimiento injusto que pudiera derivar de la ejecución de una obra para la Administración y del equilibrio económico que debe mantenerse en el cumplimiento del contrato (…) significa la exigibilidad por el contratista del pago del exceso de obra necesario para completar el proyecto.” ó “ el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración Pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración.”

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STSJ AS 3249/2011 (Ref.- S0031)

• Datos: Fecha: 23-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. En el supuesto analizado la Administración lleva a cabo la revisión de precios con ocasión de la liquidación del contrato. El contratista impugna el acto exigiendo que, además, se le abone los intereses devengados por el importe de la revisión de precios, desde la fecha de cada una de las certificaciones con derecho a revisión de precios hasta la de pago, así como los intereses devengados por la cantidad resultante desde que han transcurrido dos meses de la aprobación de la liquidación. La Administración considera no haber lugar al reconocimiento de la pretensión del contratista toda vez que las incidencias que acompañan al sistema de revisión de precios justifican en la mayoría de los casos practicar la revisión de precios en una liquidación final, de lo que era consciente yen lo que estaba conforme el contratista, como lo patentiza que en ningún momento anterior reclamara a la Administración el pago de las revisiones de precios con cada una de las certificaciones de la obra. El Tribunal reconoce el derecho del contratista, que le es reconocido por la Ley (Art.108 TRLCAP –ídem Art. 94 TRLCSP / 82 LCSP-), no siendo oponible su falta de oposición a las certificaciones emitidas que no incluían la revisión de precios “…pues el consentimiento del contratista lo que hace firme son los conceptos que integran la liquidación, como sería el caso de que el importe principal de determinadas certificaciones no se abonara tras los dos meses de expedidas éstas sino con ocasión de la liquidación, en cuyo caso la falta de impugnación de esa liquidación por el contratista cuando la conoce le veda discutir más tarde el importe de tales certificaciones, pero no hace firmes otros conceptos distintos que en puridad no forman parte de la liquidación, y que por eso en principio no tienen por qué ser incluidos en ella, como ocurre con los intereses de demora devengados por el retraso en el pago del principal de las certificaciones o de las revisiones de precios, por lo que en definitiva decae la causa de oposición opuesta por el representante de la Administración.” (Ver sobre este mismo asunto, Ref.- S0025) (También SAN 4139/2011 –escaso desarrollo argumental-).

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STSJ EXT 1350/2011 (Ref.- S0030)

• Datos: Fecha: 22-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. La sentencia realiza un recorrido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo quien determina que no cabe la subsanación de deficiencias materiales aunque si de los errores formales cometidos en la presentación de la documentación en el plazo de tres días antes de la apertura de la presentación de las proposiciones económicas, habiéndose admitido como subsanable la defectuosa constitución de un aval, la falta de bastanteo en aval presentado en garantía provisional, o la ausencia de la firma en la proposición económica, etc. Ahora bien, tratándose de documentación técnica que debe ser objeto de valoración “…No nos hallamos(…) ante una cuestión de subsanación de un requisito formal, sino de contenido material, indispensable para la valoración técnica. Tampoco se trataba de los requisitos a los que la Normativa contractual pública otorga una posibilidad de subsanación y que se contienen como hemos visto en el art 130. Se trata en consecuencia de documentos de carácter técnico competitivo, de alegación de méritos o mejor dicho de alegación de que se cumple con lo que el pliego exige.”(Nota: Sobre subsanación de defectos ver Tema 6.-Capacidad, solvencia, habilitación y compatibilidad)

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SAN 4155/2011 (Ref.- S0029)

• Datos: Fecha: 15-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: RIESGO IMPREVISIBLE. El contratista pretende ser indemnizado por la imprevista e imprevisible alza de los precios de los productos derivados del petróleo, que influyeron en el precio de los betunes utilizados en la obra. El Tribunal, destaca que tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico, no ha sido reconocida en la Administración General del Estado, con carácter general, la teoría de la imprevisión, -admitiéndose tan solo en la Administración Local, si bien referida únicamente a la concesión de servicios. Ello no ha constituido obstáculo para que en determinados casos excepcionales, cuando se trate de elevaciones de precios en los contratos, que no puedan ser compensados por la revisión de precios y que produzcan desequilibrios tan importantes y desproporcionados que rompan de modo muy cualificado el equilibrio financiero, pueda ser admitida la doctrina de la imprevisión. Sin embargo, en el caso analizado, rechaza la pretensión del contratista, por insuficiencia en las pruebas presentadas y, por considerar que, no estando de acuerdo con la formula de revisión de precios en vía administrativa –presentando escrito al respecto que fue rechazado por la Administración-, debería haber proseguido por este cauce a través de la vía contenciosa.

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STSJ GAL 6933/2011 (Ref.- S0028)

• Datos: Fecha: 22-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Servicios.

• Resumen: VALORACIÓN DE OFERTAS. La Administración, aunque no se recoja así en el pliego, esta facultada para solicitar cuantos informes internos o externos considere conveniente a fin de valorar las ofertas (Art. 160 TRLCSP /144.1 LCSP). No existe obligación de trasladar el informe técnico a los licitadores como trámite previo a la propuesta, sin que ello suponga quebrantar el principio de transparencia y los criterios de adjudicación. De considerar el contratista que su oferta debía tener una valoración superior a la de la adjudicataria debería haber interesado la práctica de prueba al respecto y/o aportar un informe técnico y objetivo y/o reflejar las puntuaciones alternativas que considera justas.

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STSJ GAL 6937/2011;  STS GAL 6936/2011;  STS GAL 6935/2011;  STS GAL 6934/2011;  STS GAL 6930/2011;  STS GAL 6929/2011 (Ref.- S0027)

• Datos: Fecha: 22-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Servicios.

• Resumen: VALORACIÓN DE OFERTAS. ACCESO DEL LICITADOR AL EXPEDIENTE. El artículo 153 TRLCSP / 137.1 LCSP (tras la reforma introducida por la ley 34/2010, el artículo 135.4 sin que cambie el alcance del mismo en lo que aquí respecta) debe ser interpretado en el sentido de que si alguno de los licitadores deseara conocer en toda su extensión el contenido de las proposiciones, el órgano de contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el expediente e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser interpretado en el sentido de que se entregue copia de la documentación presentada por los demás licitadores, especialmente si se trata de proyectos u otros documentos similares respecto de los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor de los demás participantes en el proceso licitador. En el supuesto de interponer el recurso contencioso-administrativo se daría entonces traslado de todo el expediente.

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STSJ EXT 1349/2011 (Ref.- S0026)

• Datos: Fecha:22-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: OBJETO SOCIAL Y OBJETO DEL CONTRATO. Es el objeto social definido en los estatutos el que ha de primar a efectos de contratación con las Administraciones Públicas, siendo irrelevante el epígrafe en el que esté dada de alta la empresa en el I.A.E. e incluso el hecho de que la Administración invitara a la recurrente a contratar, o que en otras ocasiones anteriores incluso hubiera sido adjudicataria de concursos similares, por cuanto no puede exigirse a la Administración que mantenga unas actuaciones incorrectas de modo repetido, sino que opere conforme a la legislación aplicable.

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SAN 4065/2011;  SAN 3908/2011 (Ref.- S0025)

• Datos: Fecha: 22-09-2011 y 08-09-2011.  /  Ley Vigente: TRLCAP.  /  Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS. PAGO DE INTERESES. La revisión de precios  se ha de llevar a cabo mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales, y solo procederá el abono de la revisión de precios en la liquidación provisional cuando al tiempo de emisión de las certificaciones de obra ordinarias no se conozca el índice correspondiente o excepcionalmente y por razones fundadas, que habrán de ser explicitadas, no sea posible su práctica en las certificaciones ordinarias. En caso contario la entidad contratante que abona la revisión junto con la liquidación vendrá obligada a abonar, así mismo, los intereses de demora por el abono tardío de la revisión. De igual modo proceden los intereses legales sobre los intereses de demora vencidos y líquidos (anatócismo), desde la interposición del recurso contencioso administrativo y hasta su efectivo abono.

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STSJ EXT 1303/2011 (Ref.- S0024)

• Datos: Fecha:20-09-2011.  /  Ley Vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Servicios.

• Resumen: LICITACIÓN. UNA AGRUPACIÓN DE INTERES ECONÓMICO NO PUEDE PRESENTAR OFERTA PARA LA MISMA LICITACIÓN A LA QUE SE PRESENTAN TODOS O ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES. … Pues  o bien la Agrupación se adjudica un contrato para que sus socios lo ejecuten y se beneficien económicamente o si lo hiciera con carácter principal, existiría ánimo de lucro con lo cual desaparecería el criterio “auxiliar” y la propia nota de ausencia de lucro que la Ley esencialmente les atribuye. Además, si se obtiene la adjudicación para que en definitiva se beneficien los socios y sean estos quienes ejecuten el contrato, resultará incompatible licitar frente a los propios socios integrantes de la Agrupación, pues se estaría alterando las reglas de libre competencia y de libertad real de acceso a las licitaciones a las que se refiere el art 1 de la LCSP

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SAN 4042/2011;  SAN 4041/2011;  SAN 4034/2011;  SAN 4030/2011;  SAN 4029/2011;  SAN 4027/2011;  SAN 4025/2011;  SAN 3938/2011;  SAN 3988/2011;  SAN 3934/2011;  SAN 3924/2011;  SAN 3920/2011 (Ref.- S0023)

• Datos: Fechas: varias.  / Ley vigente: LCSP.  / Tipo de Contrato: Obras.

• Resumen: TASA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. La liquidación de Tasa de Dirección e Inspección de Obra ha de tomar como base el importe liquido de las certificaciones pero no debe incluir las cantidades que se abonan al contratista en concepto de revisión de precios.

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STSJ CL 4402/2011 (Ref.- S0022)

• Datos: Fecha: 16-09-2011.  /  Ley vigente: LCSP.  /  Tipo de Contrato: Obras.

• Resumen: CONTRATO DE OBRA BAJO MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO. La Tasa por Gasto de Dirección e Inspección de Obras no puede considerar dentro de la base imponible, la compensación financiera prevista en cuanto destinada a compensar la obligación del contratista de “financiar la construcción adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra terminada “, pues se trata de un concepto que nada tiene que ver con los mentados trabajos facultativos de dirección e inspección de obras.

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STSJ GAL 6765/2011 (Ref.- S0021)

• Datos: Fecha:15-09-2011.  /  Ley vigente: TRLCAP.  /  Tipo de Contrato: Servicios.

• Resumen: PRORROGA DE CONTRATO. PAGO DE LA PRESTACION AMPLIADA. La prorroga de un contrato que suponga que el contratista ha de realizar nuevas prestaciones (supuesto analizado: prestación de servicio de transporte), que amplían las inicialmente contratadas han de suponer que las mismas han de ser abonadas por la entidad contratista, y ello aun en el caso de que se hubiera pactado que tal modificación no supondría “ninguna alteración de las condiciones económicas iniciales previstas para la ejecución de este contrato”, pues de no hacerlo, claramente estaríamos ante un supuesto de enriquecimiento injusto.

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SAN 4009/2011 (Ref.- S0020)

• Datos: Fecha: 12-09-2011  /  Ley vigente: LCSP.  /  Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: DEMORA EN EL PAGO. COMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. Las certificaciones parciales no son autónomas del contrato principal, en consecuencia, el plazo de prescripción para reclamar su importe o el de los intereses de demora se computara desde el momento en que se liquide definitivamente la obra.

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SAN 3740/2011 (Ref.- S0019)

• Datos: Fecha: 26-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: DEMORA EN EL PAGO. Los intereses a favor del contratista se generan transcurrido el plazo señalado por la ley para el pago, siendo el “dies aquo” (día inicial) el de la expedición de la certificación NO la fecha factura NI tampoco la de, en su caso, la reclamación efectuada por el contratista (no es precisa la intimación para el devengo de intereses de demora). Tendrá derecho así mismo el contratista a los intereses de los intereses vencidos desde el momento en que se interpone la reclamación judicial.

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STSJ EXT 1277/2011 (Ref.- S0018)

• Datos: Fecha: 26-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: PROHIBICIONES DE CONTRATAR. Independientemente del grado de culpabilidad la declaración de concurso es causa de resolución y a la vez causa de prohibición. (Nota: Ha de tenerse en cuenta que con el TRLCSP -Art. 60,1,b / 49.1.b. LCSP.- la declaración de concurso es causa de prohibición “salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio”).

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STSJ GAL 6113/2011 (Ref.- S0017)

• Datos: Fecha: 22-07-2011. / Ley vigente: ¿?. / Tipo de contrato: Servicios.

• Resumen: DEMORA EN EL PAGO. INTERESES. 1º.- En el supuesto de facturas en cuya elaboración no interviene la Administración (a diferencia de lo que ocurre con las certificaciones de obra) el “dies a quo” -día inicial para el computo cumplimiento del plazo del que dispone la Administración para el pago- es el de la presentación de las facturas a la Administración NO la fecha de la factura. 2º.- Para el cálculo de los intereses de demora no se debe tener en cuenta el IVA. 3º.- Cuando las cantidades reclamadas no son concedidas en su integridad, por ser rebajadas judicialmente, no procede estimar los intereses privilegiados de la Ley 3/2004 por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales no habiendo lugar tampoco al anatocismo de las cantidades reclamadas.

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STSJ GAL 6538/2011 (Ref.- S0016)

• Datos: Fecha: 21-07-2011. / Ley vigente: LCSP. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: OFERTA. Si el pliego de condiciones valora el ofrecimiento por parte del licitador de mejoras complementarias a las obras a ejecutar, como tales NO pueden considerarse -supuesto analizado- el compromiso de realizar una obra adicional en el lugar que la entidad local creyera más conveniente. Tampoco pueden ser ni incluidos en los pliegos, ni valorados, el compromiso del licitador a contratar trabajadores en función de su vecindad.

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STS 5428/2011 (Ref.- S0015)

• Datos: Fecha: 21-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS. No cabe la revisión de precios cuando en un contrato cuya duración inicial es inferior al año, supera este periodo por solicitar prorroga el contratista -concediéndosela la Administración-, y no siendo imputable al contratista pero tampoco a la Administración la causa del retraso.

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SAN 3772/2011 (Ref.- S0014)

• Datos: Fecha: 19-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Cuestión analizada: Negativa del contratista a ejecutar el proyecto modificado, negándose en consecuencia una vez levantada la suspensión a reanudar los trabajos, prestar la garantía complementaria y firmar el contrato; La Administración resuelve el contrato con incautación de la garantía. La Sentencia anula esta resolución/incautación. .-Si existen unidades nuevas el contratista puede negarse a su ejecución y ello aun en el caso de que la modificación del contrato obedezca a razones de interés público. .- En el caso analizado no se acredita que la Dirección Facultativa exigiera al interesado el cumplimiento del contrato en las unidades contenidas en el proyecto original (a lo que si estaría obligado) sino que lo que se le exigió es la ejecución del proyecto (entero) modificado a lo que no estaba obligado. (Nota: La sentencia analiza otras cuestiones -menores- de acreditación de prueba….)

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STSJ MU 1869/2011 (Ref.- S0013)

• Datos: Fecha: 18-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP.  / Tipo de contrato: Obras

• Resumen: PAGO Y ANULABILIDAD DEL CONTRATO. Acreditado el encargo verbal de obras por parte de la Administración, esta no puede ampararse en defectos formales a ella imputable (la falta de la firma del contrato) para no proceder al pago. En estos casos la obligación de pago subsiste aun cuando el contrato pudiera contener elementos determinantes de anulabilidad, de no ser así estaríamos ante la quiebra del principio que impide el enriquecimiento injusto.

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STSJ CLM 2005/2011 (Ref.- S0012)

• Datos: Fecha: 18-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Suministros.

• Resumen: LEGITIMACIÓN / CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 1º.- Las asociaciones empresariales están legalmente habilitadas para impugnar ante los Tribunales los criterios de adjudicación contenidos en los Pliegos de Condiciones, siempre que exista relación directa entre el objeto de la asociación y el de la licitación. 2º.- Los criterios de adjudicación deben tener relación con el objeto del contrato, no siendo admisible – supuesto analizado- como criterio de adjudicación el I+D+I que no se refiera a características o condiciones propias de los bienes objeto de suministro.

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SAN 3819/2011; SAN 3818/2011 ;SAN 3817/2011 ;SAN 3789/2011 ;SAN 3790/2011 ;SAN 3626/2011; SAN 3619/2011 (Ref.- S0011)

• Datos: Fechas: 18-07-2011 las dos últimas y 26-07-11 resto. / Ley vigente: LCSP. / Tipo de Contrato: Obras.

• Resumen: TASA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. La liquidación de Tasa de Dirección e Inspección de Obra ha de tomar como base el importe liquido de las certificaciones pero no debe incluir las cantidades que se abonan al contratista en concepto de revisión de precios.

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STS 5165/2011 (Ref.- S0010)

• Datos: Fecha: 14-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: RECURSOS. Carece de legitimación para impugnar una adjudicación la empresa que no ha presentado oferta a la licitación.

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STSJ MAD 7656/2011 (Ref.- S0009)

• Datos: Fecha: 14-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: SUJECIÓN DE OBRAS AL ICIO. Las obras ejecutadas que introducen elementos nuevos y mejoras que antes no existían exigen -de acuerdo con la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid- licencia para su ejecución y, en consecuencia, están sujetas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. (Nota: Téngase en cuenta que en el presente asunto incide normativa Autonómica -Comunidad de Madrid-).

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STSJ MAD 8668/2011 (Ref.- S0008)

• Datos: Fecha: 13-07-2011. / Ley vigente: Se desconoce. / Tipo de contrato: Obras.

• Resumen: PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO. Las certificaciones de obra carecen de vida autónoma respecto del contrato principal, es decir, que su nacimiento y extinción NO es independiente del contrato del que son causa, por lo que el computo a efectos de prescripción habrá de iniciarse una vez el contrato se encuentre liquidado de modo definitivo.

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STSJ CL 3732/2011 (Ref.- S0007)

• Datos: Fecha: 08-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Obra.

• Resumen: REVISIÓN DE PRECIOS. No cabe la revisión de precios aun cuando el periodo de ejecución del contrato exceda el plazo inicialmente previsto cuando la exclusión de la revisión -supuesto analizado- este prevista en el pliego y en el contrato, y nada se dice en los dos modificados firmados por las partes (Nota 1: Aunque se refiera a ellas de modo indirecto parece deducirse que, además, la sentencia ha tenido en cuenta otras circunstancias para no admitir la revisión de precios como son el que el exceso en la duración real de la obra no fue significativa) (Nota 2: En esta misma sentencia se hace referencia a otro motivo de recurso: el error en la valoración de la prueba por parte de juzgado de 1ª instancia, siendo rechazado por el Tribunal al no detectar la concurrencia de un error patente y notorio).

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STS 5431/2011 (Ref.- S0006)

• Datos: Fecha:07-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo ce contrato: Gestión de servicios públicos.

• Resumen: VALORACIÓN DE OFERTAS. Se admite la posibilidad de que la Comisión de Valoración desarrolle y concrete los criterios de valoración contenidos en el pliego una vez abiertas las ofertas. En cualquier caso serán requisitos el haber aplicado a todos los concursantes los mismos criterios; el que la evaluación se ajuste a las bases del concurso y, que no exista dolo, coacción o error manifiesto en la evaluación.

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STSJ GAL 6105/2011 (Ref.- S0005)

• Datos: Fecha: 07-07-2011. / Ley vigente: LCSP. / Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: VALORACIÓN DE OFERTAS. En la licitación analizada, el pliego exige que se relacionen los medios que se pondrán a disposición para la ejecución del contrato, pero no requiere que sean propiedad de los ofertantes.

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STSJ GAL 6156/2011 (Ref.- S0004)

• Datos: Fecha: 07-07-2011. / Ley vigente: LCSP. / Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.

• Resumen: VALORACIÓN DE OFERTAS. .- La mesa de contratación se puede auxiliar de una empresa externa, pese a no haberse previsto en los pliegos tal circunstancia –Art. 160.1 TRLCSP / 144.1 LCSP-. .- La mesa no tiene obligación de trasladar el informe técnico a los licitadores como trámite previo a la propuesta que la mesa deba elevar para adjudicar el contrato, sin que ello suponga una anomalía formal ni el quebrantamiento del principio de transparencia y los criterios de adjudicación, pues nada dispone sobre esa audiencia previa ni la normativa contractual, ni los pliegos, a lo que se debe añadir que el artículo 105 c) de la Constitución española no obliga q que la audiencia tenga que tener lugar en todo caso, sino solo “cuando proceda”…

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STS 5502/2011 (Ref.- S0003)

• Datos: Fecha: 06-07-2011. / Ley vigente: TRLCAP. / Tipo de contrato: Suministro.

• Resumen: LICITACIÓN IMPUGNACIÓN. Licitación declarada desierta por considerarse que las ofertas no cumplían con las exigencias técnicas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Nulidad por no haber motivado la Administración en términos aceptables su decisión, y haber demostrado la recurrente que el sistema de comprobación empleado es obsoleto e inaceptable.

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STSJ MAD 8203/2011 (Ref.- S0002)

• Datos: Fecha: 05-07-2011. / Ley vigente: LCAP. / Tipo de Contrato: Gestión de Servicios.

• Resumen: RUPTURA EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO.  Expone la sentencia las circunstancias que han de concurrir y los requisitos a cumplir para que al contratista se le pueda reconocer e indemnizar los perjuicios sufridos, con fundamento en la existencia de un hecho sobrevenido e imprevisible que suponga una grave alteración del equilibrio de las prestaciones fijadas en el contrato. En esta sentencia el TS no reconoce esta situación al contratista que alega una subida desproporcionada e imprevisible del precio del gas, por no probar en el modo requerido el alcance del perjuicio ocasionado.

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SAN 3612/2011; SAN 3608/2011; SAN 3607/2011; SAN 3606/2011; SAN 3604/2011; SAN 3284/2011; SAN 3283/2011 (Ref.- S0001)

• Datos: Fechas: 04-07-2011 las dos últimas y 11-07-11 resto. / Ley vigente: LCSP. / Tipo de Contrato: Obras.

• Resumen: TASA DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA. La liquidación de Tasa de Dirección e Inspección de Obra ha de tomar como base el importe liquido de las certificaciones pero no debe incluir las cantidades que se abonan al contratista en concepto de revisión de precios.