Ampliación noticia 569.

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569_05/12/16.- EL PARLAMENTO DE CATALUÑA ADOPTARÁ NUEVAS MEDIDAS PARA A GARANTIZAR UN MAYOR NIVEL DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL, LA LIBRE CONCURRENCIA, Y EL FOMENTO DE LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. El proyecto de ley de medidas fiscales que acompaña la ley presupuestaria de 2017 incluye un artículo 134 que establece nuevas exigencias a los procedimientos que limiten la libre concurrencia  (de urgencia, contratos menores,  prórrogas, modificaciones), a los contratos que prevén la subrogación de personal, o aquellos otros en los que se detecten posibilidad de conflictos de intereses.

Se establecen igualmente exigencias de tipo social. Por ejemplo, requisitos mínimos salariales de estabilidad y salud laboral, de responsabilidad ambiental y de medidas de fomento de la igualdad de género, como condición de ejecución del contrato o como (¿?) criterio de solvencia; Incorporación a los pliegos de cláusulas por las que los licitadores, adjudicatarios y subcontratistas o sus empresas filiales o vinculadas se comprometan al cumplimiento riguroso de la legislación tributaria, laboral y de seguridad social, y específicamente a no realizar operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tengan normas sobre control de capitales y sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea; Exigencia de que en los contratos de servicios el presupuesto de licitación deba incorporar todos los costes directos e indirectos asociados a la prestación del servicio. Entre estos figurarán los salariales, los de Seguridad Social, los de formación permanente obligatoria, seguros, prevención de riesgos, vigilancia de la salud, uniformidad y, en todo caso se deben respetar los salarios derivados de la aplicación del convenio sectorial que corresponda. (Acceder aquí al documento original en catalán –Ver Pág. 91 y sig-).

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Traducción (NO oficial) al castellano

Artículo 134. Medidas para promover la libre concurrencia y la prevención del fraude en la contratación pública de la Generalidad de Cataluña y de su sector público

1 Medidas de promoción de la libre concurrencia y la publicidad contractual

1.1. El uso de procedimientos que limiten la libre concurrencia, como el procedimiento de urgencia, las prórrogas y las modificaciones contractuales, requiere un informe justificativo de la adecuación de la medida propuesta en relación a la finalidad del contrato. Este informe se publicará en la Plataforma de Servicios de la Contratación Pública y en el Portal de Transparencia de la Generalidad de Cataluña.

1.2. En los contratos en que exista la obligación de subrogación de personal, el órgano de contratación debe establecer en los pliegos de cláusulas penalidades para la empresa que no facilite o facilite de forma incorrecta los datos del personal a subrogar.

1.3. La formalización de más de dos contratos menores consecutivos con idéntico objeto y adjudicatario en un periodo de tiempo inferior al año o la formalización de contratos menores con idéntico objeto y destinatario durante tres años consecutivos requerirá la emisión de un informe justificativo por parte del órgano de contratación, en el caso de servicios y suministros superiores a 5.000 € IVA excluido y en el caso de contratos de obra de importe superior a 12.000 € IVA excluido. Este informe se publicará en la Plataforma de Servicios de la Contratación Pública y en el Portal de Transparencia de la Generalidad.

1.4. Los órganos de contratación, en caso de que detecten la existencia de un conflicto de intereses durante la tramitación o ejecución de un contrato, lo comunicarán a la Comisión de Ética en la Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña. Ésta, previo informe del órgano competente de la Generalitat en materia de contratación pública, determinará la existencia o no de la situación de conflicto de intereses.

Se entiende que hay conflicto de intereses cuando se dé alguna de las situaciones definidas en el artículo 24 de la Directiva 2014/24 / UE de contratación pública.

1.5. Los órganos de contratación publicarán de forma íntegra los informes de valoración de las proposiciones a la Plataforma de Servicios de la Contratación Pública de la salvo aquella información declarada confidencial.

1.6. Los contratos que tengan por objeto tareas de asesoramiento, trabajos técnicos, ponencias, peritajes o similares y que los realicen personas físicas como miembros de un órgano colegiado se tramitarán como contratos menores y la existencia del contrato acreditará a través de la designación o nombramiento. El reconocimiento de la obligación se efectuará previa la conformidad del secretario del órgano colegiado con el servicio prestado y la factura o documento equivalente, en base a las tarifas establecidas en las disposiciones de creación del órgano.

2. Medidas de fomento de la ética y la responsabilidad social

2.1. Para favorecer las empresas y entidades que tengan un nivel adecuado de compromiso social, los órganos de contratación podrán exigir en los pliegos de cláusulas administrativas, ya sea como criterios de solvencia o como condiciones de ejecución de los contratos, y con el fin de asegurar la calidad de la prestación, que el contratista cumpla unos requisitos mínimos salariales de estabilidad y salud laboral, de responsabilidad ambiental y de medidas de fomento de la igualdad de género y de la conciliación personal en relación al objeto del contrato. Los criterios que se establezcan deben estar vinculados al objeto del contrato, respetar los principios de igualdad y no discriminación y permitir obtener la oferta económicamente más favorable.

2.2. El Gobierno, a través del órgano competente en materia de contratación pública, debe promover, entre otras medidas, la introducción en los pliegos de cláusulas de la exigencia de una declaración responsable o bien la inclusión de una cláusula ética para que los licitadores, adjudicatarios y subcontratistas o sus empresas filiales o vinculadas se comprometan al cumplimiento riguroso de la legislación tributaria, laboral y se seguridad social, y específicamente a no realizar operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tengan normas sobre control de capitales y sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.

2.3. En los contratos de servicios el presupuesto de licitación debe incorporar todos los costes directos e indirectos asociados a la prestación del servicio. Entre estos figurarán los salariales, los de Seguridad Social, los de formación permanente obligatoria, los correspondientes a seguros, los de prevención de riesgos laborales, los de vigilancia de la salud y los de uniformes del personal, cuando el contrato establezca la obligación de adscribir un número determinado de personal en la ejecución del contrato. Los costes salariales deberán respetar los salarios derivados de la aplicación del convenio sectorial que corresponda.